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El Gobierno tramitará por vía urgente las condiciones técnicas y administrativas para regular el autoconsumo energético en España

Europa Press.– El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado la tramitación mediante real decreto de las condiciones técnicas y administrativas que regularán el autoconsumo de energía en España. El Ejecutivo concluye que la tramitación ha de realizarse por vía de urgencia, dado que el real decreto-ley 15/2018, convalidado por el Congreso de los Diputados, establece el mandato al Gobierno de realizar este desarrollo reglamentario en 3 meses desde su entrada en vigor el pasado 6 de octubre.

En el decreto aprobado el pasado mes de noviembre se llevó a cabo una modificación profunda en la regulación del autoconsumo, eliminando entre otras medidas el denominado impuesto al sol, «con el objetivo de que los consumidores-productores de energía y la sociedad en su conjunto se beneficien de las ventajas que puede acarrear esta actividad en términos de menores necesidades de red, mayor independencia energética y menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento global», indicó el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así, la norma recogía la necesidad de tramitar y de aprobar un reglamento que regule varios aspectos que permitan implementar completamente el autoconsumo. El Ministerio subrayó que, particularmente, era preciso regular las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de instalaciones de producción asociadas al autoconsumo, los mecanismos de compensación entre déficits y superávit de los consumidores acogidos al autoconsumo con excedentes para instalaciones de hasta 100 kW y la organización de un registro administrativo. Por ello, considera que la aprobación de una norma que regule estas cuestiones resulta «imprescindible y urgente». El Gobierno concluye que concurren circunstancias extraordinarias para autorizar que esta regulación sea tramitada de forma urgente mediante real decreto.

El Gobierno aprueba ayudas por 12,9 millones de euros para proyectos que presenten una alternativa en zonas mineras del carbón

Europa Press.- El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC) la convocatoria de ayudas por un importe de 12,9 millones de euros dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras para 2018.

El fin de las ayudas es paliar las consecuencias sociales y económicas del cierre de las minas en las comarcas mineras del carbón, incentivando el empleo e impulsando la ampliación y la diversificación de las actividades de las empresas existentes. En concreto, se trata de ayudas de apoyo a la inversión, su ámbito es regional y su régimen es el de concurrencia competitiva. Además, permite priorizar los proyectos en función del interés para la zona en la que se vayan a desarrollar y sus necesidades específicas. El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 fue suscrito en 2013 por el entonces Ministerio de Industria, con los sindicatos y la patronal Carbunión.

El Gobierno reintegra en la orden de peajes de 2019 los derechos de cobro de Enagás por el almacén Castor

Europa Press.- El Gobierno ha reintegrado en la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 los derechos de cobro de Enagás por los costes de mantenimiento y operación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, que fueron paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de este año tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En su propuesta de orden para el próximo año se reconoce a Enagás Transporte la cantidad de 8,73 millones de euros en concepto de costes de mantenimiento y operatividad del Castor. Asimismo, se da el visto bueno para que el operador del sistema gasista recupere las cantidades que no fueron abonadas como consecuencia de la sentencia del Constitucional. En concreto, se reconoce a Enagás los costes por Castor correspondientes a 2017 y 2018, «al haber sido detraídos y no haberse abonado respectivamente». En ambos ejercicios, la cantidad asciende a 8,73 millones de euros, el mismo importe por este concepto recogido en la orden para 2019.

«Al objeto de evitar el abandono incontrolado de la instalación, se considera perentorio dotar a la empresa responsable de la administración de las instalaciones de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente», señala el Ministerio para la Transición Ecológica en su propuesta de orden.

Lo que no se incluye en la orden de peajes y cánones del sistema gasista para el próximo año son los costes de unos 80 millones de euros anuales para hacer frente al pago de la deuda por Castor, paralizada en enero por la CNMC tras la sentencia del Constitucional. En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

Esa deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. En su sentencia de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en su aprobación como un Real Decreto de urgencia.

En consecuencia, la CNMC paralizó en enero los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que están en manos de los tres bancos. El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban «de ser sujetos del sistema de liquidaciones».

Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé en su la memoria de su propuesta de orden un superávit de más de 5 millones de euros del sistema gasista para 2019. En concreto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera estima unos ingresos previstos del sistema vía peajes y cánones de 3.022,67 millones de euros, frente a unos costes de 3.017,31 millones de euros.

El Gobierno podría adelantar aspectos urgentes de la Ley de Cambio Climático mientras Ciudadanos denuncia su “baja técnica legislativa”

Europa Press.- Mientras Ciudadanos ha pedido explicaciones al Gobierno acerca del asesoramiento y los informes utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar el proyecto de Ley de Cambio Climático, la ministra Teresa Ribera confirma que el Gobierno podría adelantar los aspectos más urgentes en materia de energía en un Real Decreto ley, aunque prevé «en las próximas» semanas presentar un texto base que garantice una «buena ley» en la que las premisas principales cuenten con «suficiente debate público y consenso«.

En este sentido, Ribera ha defendido que el Gobierno ha trabajado en un texto «bastante completo y amplio» y que, de momento, está «barajando» si algunas de las cuestiones recogidas en él y que considera «urgentes» deben ser «adelantadas» en forma de Real Decreto Ley. Respecto a las fechas, ha precisado que el texto provisional se compartió con los grupos parlamentarios, que ahora están recogiendo sus comentarios para incorporarlos y, precisamente, se está «ultimando» la actualización de este documento «oficial» que será presentado para su debate público «en las próximas semanas», sin perjuicio de que algunos aspectos puedan ser adelantados.

En cuanto a la ambición y liderazgo en materia de lucha contra el cambio climático, apuntó que el Ejecutivo quiere intentar liderar ese proceso sin que «nadie» desde fuera imponga nada, sino porque desde dentro parece lo más responsable para los españoles de hoy y los españoles de mañana y garantizar que hijos y nietos puedan tener un contexto de prosperidad de acceso a la energía, de agua, de estabilidad, de paz importante. «Eso requiere liderar o facilitar un proceso de cambio sin que se produzcan grandes tensiones», ha manifestado.

La propuesta, según ha recordado, pasa por reducir un 20% las emisiones en 2030 respecto a 1990, lo que supone reducir 37 puntos las emisiones. En ese sentido, ha concluido que plantear en 11 años una transformación «tan importante» del modelo energético, con la capacidad de digestión que ese cambio requiere, es un esfuerzo colectivo importante» y por ello ha dicho que busca el consenso sobre esta transición para que sea independiente de quien gobierna.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno

Por otro lado, a Ciudadanos le llama la atención la «indefinición y baja técnica legislativa» del proyecto de ley, que contiene «más de una decena de mandatos al Gobierno». Apunta la formación naranja que parece más una proposición no de ley, que insta al Ejecutivo a hacer algo, que una norma que recoja obligaciones. Por el contrario, sí existe una «concreción sorprendente», considera Ciudadanos, en lo que se refiere a medidas contra la contaminación y las emisiones. «Este es el caso de la prohibición a partir del año 2040 de la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono», apuntan.

Para Ciudadanos, este cambio «tan radical» tendría «efectos directos sobre la industria de producción del automóvil en España», siendo el país el octavo del mundo en esta materia, con 2,8 millones de unidades producidas en 2017. En este sentido, recuerda que, en la actualidad, se fabrican 5 modelos de vehículos eléctricos en España, 4 de ellos furgonetas, que suponen unas 10.000 unidades. El partido que preside Rivera cree que una medida así debería ser presentada con tiempo y en el marco de un plan general a sindicatos, asociaciones empresariales y usuarios. «Y éste no parece ser el caso», apunta, para pedir explicaciones al Gobierno sobre los datos consultados para incluir esta iniciativa en la ley.

A través de una iniciativa parlamentaria, Ciudadanos también pide explicaciones sobre el objetivo de lograr 100.000 rehabilitaciones de edificios al año para obtener ganancias en eficiencia energética, y que también se incluye en el texto. Los naranjas aseguran que los estudios independientes, como el de la Fundación La casa que ahorra, fijan en torno a 350.000 viviendas anuales el ritmo necesario para cumplir con los objetivos para 2030 y 2050.

«Para Ciudadanos es una prioridad aprobar una Ley de cambio climático y transición energética para España», explica el partido, que para ello ve necesario establecer objetivos vinculantes ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050«. A su juicio, ese marco normativo para la economía sostenible del siglo XXI debe asegurar «fuertes inversiones y guiar una transición de primera magnitud» y «no puede ser fruto de la improvisación» como, en su opinión hace el Ministerio, sino de «una planificación exhaustiva y un amplio consenso».

El Gobierno se plantea «anticipar» los aspectos «más urgentes» de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Europa Press.- El Gobierno tiene un debate interno en curso sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuyo borrador se está ultimando, para su posterior tramitación parlamentaria según ha desvelado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera ha reiterado el compromiso del Gobierno con «la seriedad en el marco estratégico regulatorio en materia de clima», algo que considera «fundamental» para incorporar la visión de conjunto y para orientar las políticas y las sendas clave de la transición así como las señales para cada uno de los sectores clave. Así, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene un texto que está «ultimando» y que recoge todos los contenidos del proyecto de ley, pero incidió en que su tramitación oficial aún «no se ha producido».

«Hay un debate en curso en el seno del Gobierno sobre la conveniencia de anticipar aquellos elementos más urgentes, entre otras cosas porque el secretario general de la ONU junto con los organismos financieros internacionales están destacando que es urgentísimo y que hay que acelerar el proceso de cambio», ha precisado Ribera. De esta forma, se abriría la puerta a que el Gobierno tramite mediante un Real Decreto algunos aspectos «urgentes» de la transición ecológica antes de su tramitación como proyecto de ley. Según han apuntado fuentes del Ministerio, se están estudiando distintas vías y no se descarta ninguna opción.

La voluntad del anterior equipo de Gobierno, de Mariano Rajoy, era presentar al final del verano un proyecto de Ley de Cambio Climático para su tramitación. Con la llegada del equipo de Sánchez, la ministra Ribera desechó el borrador de proyecto de ley para modificarlo y elevar la ambición climática. Si bien, aunque la propuesta normativa se ha trasladado a los distintos grupos parlamentarios, la negociación y modificaciones del articulado del texto no terminaron aún.

Al principio de su mandato, Ribera indicó su voluntad de que el proyecto de ley iniciara su tramitación antes de final de año y que antes del 31 de diciembre estuviera presentado a la Comisión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima, una fecha obligada para los Veintisiete. La aprobación de un real decreto que después se tramitaría como proyecto de ley sería una de las posibles fórmulas legales que tendría el Ejecutivo para dar el pistoletazo de salida de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En todo caso, ha reiterado el «consenso total» del Gobierno respecto de la necesidad, las fechas, los objetivos de la futura Ley de Cambio Climático así como de la oportunidad que significa para la modernización de la economía establecer un marco «estable» que permita «de manera predecible» acompañar «todo» el proceso de cambio. Asimismo, ha añadido que el Ejecutivo tiene también la «convicción total» sobre la necesidad de prestar «particular atención» al ámbito de la energía y a la industria del automóvil, entre otros, aunque admite que estos son los que «quizá» más interés han suscitado en la opinión pública.

La ministra ha subrayado la «urgencia» de actuar contra el cambio climático ya que tanto el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como los datos científicos reclaman urgencia para actuar. Esto, según Ribera debe reflejarse en el cumplimiento «escrupuloso» de los calendarios marcados. La ministra ha señalado que en la cumbre del G-20, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la «trascendencia» que tiene introducir la acción climática «a toda velocidad» para la estabilidad económica y la recuperación mundial.

Por otro lado, Ribera ha agregado que las «líneas maestras» del Gobierno en materia de clima «coinciden básicamente» con la Estrategia de descarbonización aprobada por la Comisión Europea y con la Estrategia de Energía y Clima presentada por Francia y que incluyen indicaciones sobre el tipo de vehículos que circularán por las carreteras en 2040. Ribera insiste en que la transformación de la industria del automóvil es fundamental si no se quiere perder un sector «importante» en España conciliándolo con los objetivos de clima y energía, a pesar de que genera una reacción «en gran medida no ajustada a la trascendencia que tiene este asunto».

«Es imposible pensar en una economía descarbonizada si no se descarboniza la movilidad. Esto es un desafío de gran alcance para la industria del automóvil que repercute positivamente en nuestra salud pero también en la competitividad de ese sector que genera tanto empleo directo e indirecto», ha sentenciado. Finalmente, se ha defendido al comparar la propuesta española con la Estrategia de Francia, que tiene medidas «muy similares» a las que ha propuesto el Gobierno y con la propuesta «calcada» del comisario de Clima de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete.

Feijóo defiende ante Ribera una transición energética para Galicia «planificada y moderada» y no «abrupta” o que eleve los precios

Europa Press.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que aunque desde su Ejecutivo se trabaja para cumplir con los objetivos de la transición energética, ésta se debe llevar a cabo de forma «planificada y moderada», y no de forma «abrupta» para lograr que no se incremente el precio de la energía.

Así se lo trasladó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una reunión. Según explicó al término, Galicia es «una de las comunidades con mayor porcentaje de producción eléctrica vía renovables», con un nivel que alcanzará en breve el 20% del total. «Decimos que las transiciones se deben hacer de forma ordenada, moderada y planificada, y no de forma abrupta o improvisada; estamos de acuerdo con los objetivos», reiteró. Para Feijóo, el objetivo de esta moderación es evitar que suba el precio de la energía, precio que hace perder competitividad a la industria y que aumenta la factura mensual de los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que le ha trasladado a Ribera su preocupación por el futuro de las empresas electrointensivas. «En Galicia hay 10 empresas que dan empleo a 5.000 personas y necesitamos un marco estable del precio de la energía para aquellas compañías», ha señalado, para luego matizar que el coste de la energía supone entre un 30% y un 40% del gasto. Por este motivo, ha recalcado que esas 10 empresas necesitan planificación y un precio para la energía que consumen, y señaló que estas empresas, incluido el caso de Alcoa «que está en situación crítica», necesitan concreción de precios para hacer viable el mantenimiento de su actividad.

«El precio de la energía debe ser competitivo como en el resto de países de Europa, que no haya deslocalización hacia otros países de Europa; debe haber estabilidad en las subastas», ha añadido. Sobre esto, Ribera ha trasladado a Feijóo que próximamente se celebrará la subasta de interrumpibilidad, a lo que el presidente gallego le ha mostrado su preocupación porque esa subasta tendrá menos bloques y «por lo tanto habrá menos energía a precio contenido» que en 2017. Asimismo, Feijóo señala que son necesarios mecanismos compensatorios vía ley de Presupuestos.

Por otro lado, Feijóo ha recalcado que las centrales térmicas de Meirama y As Pontes son fundamentales para que la comunidad siga siendo excendentaria energética, y ha añadido que «no pueden permitirse el lujo de desconectar esas centrales de respaldo». «En 2017 triplicaron su producción y actividad, no se pueden desconectar sin alternativa«, ha puntualizado, para luego señalar que desde el Ministerio les han trasladado que las declaraciones del secretario de Estado que ponía fecha a su cierre «fueron malinterpretadas».

Así, ha anunciado que no hay límite en 2020 y 2030 para el cierre, que Enel hace inversiones en As Pontes, y que ahora Naturgy debe hacer lo propio en Meirama para mantenerla operativa y que cumpla con las exigencias de emisiones. «Tenemos que conseguir que sigan trabajando en Galicia los años necesarios hasta que Alemania u otros países haga la desconexión de sus plantas de ciclos combinados», ha añadido.

Por otro lado, el presidente gallego ha señalado que dado que su región contiene el 40% de la madera que se corta en España anualmente, el papel de la biomasa como energía renovable es «estructural». Así, han pactado con el Ministerio que propondrán dos ubicaciones nuevas para dos plantas de biomasa que le trasladarán próximamente, y que se sumaran a la existente. Además, puntualizó que esas tres plantas «necesitarán primas porque producir biomasa es caro y está fuera del mercado».

«Es una energía estructural porque supone menos costes en la prevención y extinción de incendios, menos impacto ambiental y un impacto económico positivo, primero porque dejamos de gastar en extinción de incendios y segundo porque utilizamos una energía autóctona que es toda la biomasa que se genera en los bosques gallegos«, ha recordado. Además, durante la reunión han hablado de hacer una serie de inversiones en el Parque Natural Illas Atlánticas que permitan prescindir del diesel para dar luz a los vecinos de la zona y de los diferentes campings.

Las petroleras creen que prohibir los vehículos que no son eléctricos «socava la libertad y el progreso» del sector

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, ha lamentado que la intención del Gobierno de prohibir en 2040 la circulación de vehículos que no sean eléctricos «socava los principios de libertad y progreso» del sector. En este sentido, Aires consideró que esta medida, recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno, va en contra del «progreso y la neutralidad tecnológica» y, además, crea «incertidumbre» en el sector automovilístico.

En presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de la AOP defendió que el sector ha demostrado ser «valiente», como cuando en plena crisis invirtió 8.000 millones de euros en modernizar las refinerías en España, y aseguró que no «le asusta competir», ya que la gestión de riesgos «está en su ADN». No obstante, lamentó que la decisión de prohibir desde 2040 vehículos que no sean eléctricos puros «no es una medida sensata» y restringe «la libertad de desarrollo del sector», poniendo además en riesgo «la competitividad y el empleo».

Asimismo, subrayó que esta «incertidumbre» lleva a que se retrasen las decisiones de compras de vehículos por los consumidores, lo que «afecta a la modernización del parque automovilístico». Por ello, pidió que se permita que las distintas tecnologías «compitan» en igualdad de condiciones y solicitó medidas que incentiven la renovación del parque automovilístico, «sea de la tecnología sea», ya que ayudará a mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Por otra parte, consideró que la obligación para las estaciones de servicio de instalar puntos de recarga, con sanciones que pueden llegar hasta los 30 millones de euros en el caso de no llevarse a cabo, «no parece respetar el principio de libertad«. ¿Quién va a pagar esas inversiones, que no se van a amortizar en su vida útil?. ¿Vamos a generar un nuevo déficit de tarifa como el de las primas renovables?, se cuestionó.

Mientras, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone «un golpe en la línea de flotación de la economía española». Así, el ejecutivo de Repsol pidió al regulador «humildad» y apostó por no ser «pretenciosos» y respaldar la «neutralidad tecnológica». «No hipotequemos al ciudadano», apuntó. Imaz consideró que si la gente tiene «incertidumbre» no decidirá comprar y cambiar de coche, por lo que el parque automovilístico seguirá siendo viejo y contaminante. «Estamos en un círculo perverso», añadió.

Por su parte, el consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, pidió hacer «el esfuerzo de pensar en medidas eficientes y no efectistas. «Medidas que no pretendan impresionar o llamar la atención», destacó. Además, Aires (BP) indicó que se pagan unos 17.000 millones de euros por impuestos especiales a los carburantes, por lo que se cuestionó «qué impuestos se van a subir para recaudar esa cifra cuando prolifere el coche eléctrico».

Ribera invita al sector petrolero a «trabajar juntos» para establecer los horizontes 2040 y 2050 para avanzar hacia la descarbonización

Europa Press.- Mientras la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el objetivo del Gobierno es que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea «consensuada» con todos los actores, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha invitado al sector petrolero a colaborar en establecer las sendas a 2040 y 2050 para alcanzar los objetivos de descarbonización de manera eficiente.

En su intervención en la jornada de celebración del 25º aniversario de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Ribera propuso al sector «ponerse de acuerdo en dónde debemos estar en 2040 y 2050» y «trabajar juntos» para perfilar las sendas con el fin de «maximizar las oportunidades identificadas». La ministra, que confió en que los próximos 25 años del sector sean «de éxito, modernización y cambio», destacó la importancia del papel de la industria en la economía del país, donde es uno de los sectores «más complejos, pero también más acostumbrados a trabajar en escenarios volátiles y difíciles».

Así, alabó los esfuerzos «notabilísimos» hechos por el sector petrolero, pero consideró que «todavía hay que apurar el camino». «Es obvio que todavía hay margen de mejora», afirmó, subrayando que es posible mantener una apuesta por la reconversión del sector en el ámbito energético, «de tal forma que siga siendo un actor fundamental». Posteriormente, precisó que se podrán mantener los incentivos a los combustibles fósiles en sectores donde se necesitará el acompañamiento, como el agroganadero, el transporte pesado o marítimo. «No es descartable que tengamos que mantener ciertos apoyos y nos obligue a repensar limitar las subvenciones a los combustibles fósiles, teniendo presente ese componente social durante la transición«, indicó.

El objetivo es el consenso

Por su parte, Maroto subrayó que todavía «no hay nada aprobado» respecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Hemos abierto un debate sobre las medidas a poner en marcha en materia de cambio climático y espero que cuando esa Ley se apruebe sea de manera consensuada con el sector, la sociedad civil y las fuerzas políticas«, indicó.

La titular de Industria defendió que las fechas que recoge el documento para la prohibición de la venta de coches de combustión e híbridos en 2040 «son las que se están abordando en otros países». «Ahora estamos hablando con el sector. Se nos ha criticado por no hacerlo antes y les he insistido que no lo habíamos hecho porque estábamos trabajando en un borrador de un documento que se ha filtrado y nos ha llevado a ponernos a trabajar con los sectores», añadió al respecto.

Maroto también anunció que el Gobierno está ultimando la agenda de la industria química y del refino, un documento que presentará el próximo 21 de enero. La ministra subrayó que es necesario «ponerse en movimiento ya» para que otros países «no nos pasen por hacerlo mejor». «El desafío es la transición hacia una economía descarbonizada y no lo vais a hacer en solitario», añadió. Además, consideró que los últimos datos del sector automovilístico son positivos, «a pesar del ruido generado por la Ley de Cambio Climático, por lo que destacó que «los impactos habrá que empezar a medirlos una vez que el borrador sea consensuado».

El número de clientes acogidos al bono social de la electricidad es ya muy próximo al millón

Europa Press.- Casi un millón de clientes están acogidos ya al bono social eléctrico, después de que en el último mes y medio se hayan suscrito 172.000 nuevos usuarios, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez subrayó que la pobreza energética no es «una situación que esté resuelta y se tiene mucho trabajo por delante«, ya que más de 4 millones de personas la sufren en España.

Así, Domínguez Abascal señaló que se han recibido 1,3 millones de solicitudes para acogerse al bono social, de las cuales se han concedido casi un millón «en este momento«, lo que permite dar cobertura a casi 2,4 millones de personas en situación de pobreza. «Pero nos quedan otros dos millones y el trabajo que tenemos por delante es grande», apuntó.

El Gobierno aprobó en octubre, mediante un real decreto-ley, un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos mesesen el precio de la electricidad.

Hasta el 31 de diciembre

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, que amplía las coberturas del anterior bono social eléctrico, Domínguez destacó que el ritmo al que se está accediendo a esta protección para los consumidores vulnerables «es importante», con esos 172.000 nuevos clientes suscritos en el último mes y medio. El plazo para acogerse al bono social eléctrico para aquellos consumidores acogidos al antiguo, que con la anterior normativa expiraba el pasado octubre, se amplió hasta el próximo 31 de diciembre.

A este respecto, valoró que desde la llegada del Gobierno del PSOE afrontar el problema de la pobreza energética ha sido prioritario y con real decreto-ley se han afrontado «algunas cuestiones de urgencia». «Ya no se puede cortar la luz en España en una vivienda donde no hay capacidad económica o habitan menores», destacó. Asimismo, invitó a participar en la tramitación del real decreto-ley a Ley, ya que es el momento «para introducir algunos elementos adicionales», y destacó también que el objetivo es cumplir con el mandato recogido en la normativa de que en 6 meses, antes del mes de abril, esté redactada una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por su parte, el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solá, destacó que la pobreza energética es «una manifestación de la pobreza en general» y consideró necesario el trabajo conjunto de las empresas, administraciones y agentes sociales para mitigarla. A este respecto, Solá señaló la necesidad de eliminar las barreras burocráticas existentes en su gestión para que la productividad de los servicios sociales «sea más alta» y pidió la creación de un registro único de familias de clientes vulnerables.

España aplicará las directrices de la OIT para no dejar atrás a los más afectados por la transición ecológica

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica y la Oficina Española de la Organización Internacional del Trabajo (Agencia especializada de la ONU), han acordado establecer un marco de colaboración como «socios estratégicos» para aplicar las directrices del organismo internacional en el proceso de la transición energética española con el objetivo de dar «preeminencia» a la transición justa, una cuestión que para la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es trascendental para «no dejar a nadie atrás«.

En el XIV Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), el director de la oficina española de la OIT, Joaquín Nieto, anunció este compromiso alcanzado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de varias comunicaciones en las que han coincidido en que la transición ecológica, además de ser un «imperativo es una oportunidad» para el desarrollo del empleo.

Nieto destacó que la OIT estima que las medidas de transición ecológica a nivel mundial crearán de aquí a 2030 en torno a 24 millones de empleos, cuatro veces más de los que se perderán. Respecto a España, ha advertido de que, a falta de un estudio específico, es «de esperar resultados sin iguales o incluso más positivos», algo que en el caso de España, donde el desempleo es «un problema estructural, esto es esencial». Así, considera que para «muchos» territorios españoles que sufren elevado desempleo estructural, esta es una oportunidad «única y tal vez irrepetible», pero admite que, como toda transición tendrá impactos desiguales en unos y otros territorios.

Por ello, señala que para desarrollar «plenamente» todas las potencialidades de la transición energética y minimizar los efectos adversos, es «necesario» que la transición sea justa. En el marco de CONAMA se presentó un estudio que analiza las oportunidades de aplicación de las directrices de la OIT en la transición justa en España. Asimismo, insistió en que en el proceso se debe contar con el diálogo de todas las partes, organizaciones y sectores, para hacerla con «la máxima inclusión», pero sin ralentizar el proceso para lograr un marco de acuerdo de sociedad, político, con un marco regulatorio estable y un enfoque fiscal que de señales al mercado y al consumo.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado la trascendencia que tiene la transición ecológica en materia de equidad porque es necesario que el proceso se haga «no dejando a nadie atrás». «Las sociedades solidarias deben contribuir a avanzar en el cambio«, ha manifestado. En su intervención, advirtió de que no basta con tener un gran conocimiento en el problema de lo necesario para frenar el cambio climático sino que «hay que actuar».

En el proceso hacia la transición ecológica, se ha referido a los distintos aspectos fundamentales de este proceso que deben hacerse, en su opinión dentro de la búsqueda de consensos, del diálogo y favorecer la capacidad de avanzar de «forma unida, complementaria» porque los términos del debate público han cambiado y ya no basta con saber lo que se debe hacer, sino que es necesario hacerlo «razonablemente deprisa» y «juntos».

Ribera considera también que una economía moderna y equilibrada necesita que los sectores estratégicos, entre ellos los energéticos, entiendan que hay que hacer una transformación y que deben buscarse sinergias. «Desde el Gobierno estamos trabajando para ofrecer ese marco en el que quepamos todos e intentando identificar las mejores rutas compartidas por todos. Clima, energía, transición justa y el cumplimiento de las obligaciones que tenemos por delante, son algunos de los vectores fundamentales», ha concluido.

Los contenidos de CONAMA tuvieron como eje transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la adaptación ante el cambio climático, la Agenda Natural Urbana, la economía circular y la inclusión de la justicia social como elemento ineludible de la transición ecológica. El jefe de Unidad Adjunto para Energías Renovables de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Antonio López-Nicolás Baza, expuso las novedades del programa Clean energy for all europeans en la sala 2030-Clima y energía. También se prestará atención especial a la transición energética en el transporte.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, intervino en una sesión técnica Cambio climático y transición energética donde avanzó los planes del Gobierno en esta materia antes de ir a la COP24 de Katowice. Además, se habló de energías renovables con la sesión técnica Energías renovables: Valores sociales y ambientales para la descarbonización. CONAMA también se enfocó en el ámbito local en la sesión sobre ciudades en transición energética de la mano de Energy Cities. La movilidad urbana sostenible fue también un asunto abordado en CONAMA 2018, con más de una decena de sesiones en las que intervinieron gestores públicos de la administración central y local, empresas y entidades del tercer sector.