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El alcalde de Avilés critica el aplazamiento de la subasta de interrumpibilidad

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EFE.- El alcalde de Avilés en funciones, Luis Ramón Fernández Huerga, ha considerado «lamentable la nueva vuelta de tuerca» del Gobierno central con el aplazamiento de la subasta de interrumpibilidad que, a su juicio, demuestra que la industria no está entre sus prioridades. «A la incertidumbre generada por este Gobierno con una subasta criticada por todas las partes implicadas, se añade ahora esta nueva incertidumbre limitando los plazos y los márgenes de maniobra de las empresas», lamentó Fernández Huerga.

«Esto es una mala noticia de un Ministerio que no tiene ministro, porque tuvo que dimitir por otras cuestiones, y de un Gobierno en funciones que no cumple con sus funciones, porque esta subasta se podría haber hecho dentro de sus funciones sin mayor demora», denunció. Ante esta situación, Luis Ramón Fernández Huerga demandó «una política industrial seria», ya que lo contrario afecta «sobremanera a esta comarca», donde hay una gran concentración de multinacionales que, en mayor o menor medida, dependen de la energía eléctrica como materia prima para producir. Todas estas empresas, con Alcoa como la más electrodependiente, necesitan despejar el precio de la tarifa para planear su futuro.

El Ministerio de Industria revoca las autorizaciones otorgadas entre 2002 y 2014 para instalar 8 ciclos combinados de gas

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Javier Angulo.- El Ministerio de Industria ha revocado la autorización a 8 proyectos para instalar ciclos combinados de gas natural en diversos puntos de la geografía nacional. Las autorizaciones a Iberdrola, Endesa e incluso a Unión Fenosa (actualmente Gas Natural Fenosa) responden a la solicitud entre 2002 y 2014 para instalar una nueva central de ciclo combinado, de un grupo a sumar a una central ya existente o de la sustitución de una térmica de carbón por un grupo generador con gas natural.

El excedente de capacidad de generación instalada en España unido a la caída de la demanda de electricidad con la crisis económica ha supuesto un nivel de funcionamiento muy reducido para las centrales de ciclo combinado de gas natural, por debajo del 20% de sus posibilidades, lo que ha hecho que estos proyectos perdieran interés para las compañías que habían solicitado la autorización. Hay que recordar que Iberdrola consiguió autorización del Ministerio para hibernar el ciclo combinado de Castellón y Endesa también trató de conseguirlo para alguna de sus instalaciones.

Dado que ha transcurrido el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor del real decreto 1074/2015 sin que las compañías hubieran presentado el correspondiente aval, el pasado 28 de abril se acordó el inicio del presente procedimiento con el fin de retirar las autorizaciones. Según la normativa, para las instalaciones de producción, antes de realizar la solicitud de acceso a la red de transporte, el solicitante deberá presentar ante el órgano competente para otorgar la autorización de la instalación el resguardo acreditativo de haber depositado una garantía económica por una cuantía equivalente a 10 euros por kilovatio instalado.

Las autorizaciones revocadas para construir desde cero una central de ciclo combinado de gas corresponden, por ejemplo, al proyecto más antiguo que se queda sin permisos, el de Unión Fenosa para levantar un ciclo combinado de 850 megavatios (MW) en Osera del Ebro (Zaragoza). Una planta autorizada desde 2002 y que ya no se levantará. También se retira la autorización a Iberdrola Generación para instalar un ciclo combinado en Alange (Badajoz). La autorización para la planta, de 850 MW de potencia, se concedió en 2011. El acuerdo de revocar la autorización fue notificado a Iberdrola y la empresa promotora respondió días después con un informe en el que manifestó su «no oposición» a la decisión de Industria, según la resolución.

Es el mismo caso de la central de ciclo combinado de La Pereda en Mieres (Asturias), impulsada por la hullera pública Hunosa y por Endesa, iba a ser de 410 megavatios de potencia e iba a estar constituida por un grupo de ciclo combinado que utilizaría el gas como combustible principal. Se construiría aneja a la central térmica de Hunosa en Mieres. Tenía prevista una inversión de aproximadamente 200 millones de euros. La instalación de este equipamiento de ciclo combinado en el concejo de Mieres conllevaba la construcción de una nueva subestación eléctrica de 400 megavatios, que debería garantizar la evacuación de la energía producida.

Respecto a ciclos combinados a sumarse a una central ya existente, es el caso de la autorización que recibió Iberdrola en 2014 de 400 MW para la central de Aceca en el término municipal de Villanueva de la Sagra (Toledo), o de la que recibió en 2013 Fuerzas Eléctricas de Navarra (100% de Iberdrola) para ampliar en 425 MW la central térmica de Castejón 2,

También se ha dejado sin efecto la autorización administrativa concedida en 2010 a Endesa para instalar dos nuevos grupos de ciclo combinado en la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil (León). Tras más de seis años, la compañía energética no ha presentado los avales necesarios para la realización de la obra, lo que supone su renuncia definitiva a la instalación de los nuevos grupos de generación con gas en la central térmica.

La compañía inició el proceso en 2006, cuando solicitó la autorización administrativa para instalar tres grupos de ciclo combinado de aproximadamente 400 MW cada uno, que vendrían a sustituir a dos de los cinco grupos convencionales de carbón que alberga la central. Tras obtener en 2009 la declaración de impacto ambiental y la autorización de la Junta para el proyecto, en 2010 la Dirección General de Política Energética y Minas autorizó a Endesa Generación la instalación de los nuevos grupos y le exigió un aval por una cuantía del 2% del presupuesto de la instalación.

La anulación de la autorización administrativa por no presentar los avales económicos confirmó la intención de la compañía de abandonar el proyecto, una intención que ya quedó patente en el año 2012 cuando Endesa retiró la maquinaria que tenía que utilizarse para la construcción de los dos nuevos grupos de ciclo combinado. Ese fue el auténtico carpetazo de un proyecto de 470 millones de inversión con el que según algunos cálculos se podrían haber creado en torno a 1.000 empleos.

Sobre la sustitución de una central térmica de carbón por un ciclo combinado de gas, se deja sin la autorización de 2012 al proyecto de Endesa para instalar un ciclo de 500 MW para reemplazar a la planta de Foix en el término municipal de Cubellas (Barcelona), que cerró definitivamente en 2015. La resolución oficial no es más que la culminación administrativa de una renuncia ya conocida desde hace años.

El Tribunal Supremo solicita al Ministerio de Industria las auditorías de costes de mantenimiento de Enagás del almacén gasista Castor

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Redacción / Agencias.– El Tribunal Supremo ha dispuesto que se solicite al Ministerio de Industria las auditorías sobre las labores concretas y costes de mantenimiento y operatividad realizadas por Enagás en relación con las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor (Castellón).

Asimismo, reclama a Industria una copia certificada de la resolución de noviembre de 2015 por la que se estableció la retribución adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de los gastos de operación y mantenimiento de Castor por una cuantía adicional de 42,3 millones de euros. La Sala de lo Contencioso-Administrativo adoptó esta decisión en el marco de un auto en el que acuerda practicar las nuevas pruebas solicitadas por la Generalitat de Cataluña en su recurso contra la orden de peajes del gas para 2015, que se oponía a que los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor se carguen a la factura del gas.

En su recurso, la administración catalana consideraba que el coste de mantenimiento de la instalación no puede cargarse a usuarios y consumidores dado que, entre otras razones, se trata de una infraestructura que nunca ha entrado en servicio. En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento, ubicado frente a Vinaroz, después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona.

También otros 17,31 millones reconocidos

El auto resuelve además que se pida al Ministerio que actualmente encabeza Luis de Guindos en funciones la notificación a la Comisión Europea del pago a Enagás Transportes de la cantidad de 17,31 millones de euros que le reconoce la Orden de peajes, impugnada en el presente procedimiento o, caso de no haberse producido, la inexistencia de la misma. La Generalitat de Cataluña presentó un recurso contencioso-administrativo contra la citada Orden y, posteriormente, solicitó que se realizara una prueba adicional a la vista de los nuevos hechos incorporados en la contestación a la demanda por el Abogado del Estado, que se negó a esta prueba.

A petición de la Sala, Cataluña explicó que esos nuevos hechos se refieren a que en la contestación a la demanda se afirma que la Orden siguiente a la impugnada vuelve a fijar la misma cantidad a Enagás, por lo que la prueba de las auditorías tiene como finalidad determinar si la cantidad que se paga responde a la realidad de los costes o a otros intereses. Del mismo modo, justificó la prueba de la notificación a la Comisión Europea del pago a Enagás de 17,31 millones de euros en que aunque no se trate de una ayuda de Estado, como sostiene el Abogado del Estado, es necesaria su notificación.

Tras examinar esos hechos nuevos, la Sala Tercera considera «razonable» la petición de ampliación de la Generalitat y «pertinentes» los medios solicitados, motivo por el que admite que se practiquen las citadas pruebas. Enagás finalizó el pasado mes de marzo el proceso de hibernación del almacenamiento Castor, con un doble sellado de los pozos, lo que supone un refuerzo adicional a otras dos válvulas ya existentes en cada uno de los pozos. Con esta medida, la compañía cumplía la labor encomendada por el Gobierno a través del decreto ley 13/2014.

Industria prevé que la subasta de interrumpibilidad se celebre a finales de año y Asturias critica la incertidumbre que genera

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EFE.- El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Francisco Blanco, lamenta «la incertidumbre» que siembra el anuncio del Ministerio de Industria de aplazar hasta finales de año la subasta de interrumpibilidad, servicio que retribuye a algunas industrias por desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad, para la asignación de los bloques para 2017 de energía eléctrica a las empresas, inicialmente prevista para el mes de septiembre como en el pasado ejercicio.

Según indicaron fuentes de Industria, el Ministerio ya trabaja en la normativa para la nueva subasta, que tiene que superar diferentes procedimientos antes de la convocatoria, prevista para finales de año. Desde 2014, el servicio de interrumpibilidad se asigna mediante un mecanismo de subasta competitiva, es decir, que se organiza en una serie de bloques que se asignan a los interesados dispuestos a cobrar una compensación menor. Las empresas han reclamado reiteradamente que la subasta se realice con una duración superior al año, lo que les daría mayor visibilidad sobre los ingresos por este concepto.

Asturias critica que se retrase

Por su parte, el consejero de Empleo, Industria y Turismo de Asturias, Francisco Blanco, considera que la decisión es «una mala noticia» especialmente para casos como el de Alcoa, sumida en un proceso de búsqueda de inversores, lo que «lógicamente añade incertidumbre«. Francisco Blanco ha hecho notar el retraso que supone ese cambio de fecha, ya que la actual tarifa asignada perderá vigencia el 31 de diciembre «y eso deja muy poco margen para ajustes y presupuestos, así que sí que es una mala noticia».

El consejero volvió a cuestionar el modelo de la subasta de interrumpibilidad, que no le convence «por ser muy inestable». «Nosotros lo que reclamamos es un marco estable donde las industrias conozcan los precios y que éstos sean estables y más bajos», indicó el consejero, que cree que «no se puede castigar a las empresas con los costes que puedan surgir como consecuencia de las ineficiencias del sistema o de las subvenciones que se quieran hacer a las renovables«. El Principado defiende en este punto que hay determinados gastos que no deben influir en la competitividad de las empresas, que esos gastos deberían de ser con cargo al Presupuesto, y que la subasta se ajuste más «a las necesidades reales».

Almonte rechaza el almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana por «no generar beneficios» mientras Podemos carga contra Felipe González

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EFE / Europa Press.- La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, criticó que el Parque Nacional de Doñana está pagando las «consecuencias y efectos» del sueldo de «127.000 euros anuales» que Gas Natural estuvo pagando al expresidente del Gobierno Felipe González, que a su vez formó parte del consejo asesor del Parque Nacional. Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), municipio del PSOE en el que se localiza el proyecto Marismas Occidental, mostró su rechazo al mismo por «no generar beneficios».

Se trata de la primera vez que este Consistorio, a través de su equipo de gobierno, liderado por Rocío Espinosa, se pronuncia al respecto, toda vez que ha comenzado la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados en este término municipal. Entiende, según comunicó, que el proyecto gasista «ni genera ningún beneficio para el municipio ni coincide con el modelo de desarrollo que este gobierno municipal socialista defiende, como fundamental, para Almonte y Doñana».

Este proyecto ha sido declarado de utilidad pública por el Ministerio de Industria y cuenta con la autorización de las Administraciones implicadas: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en septiembre de 2010 y la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en noviembre de 2010. Se trata del único de los cuatro proyectos que impulsa la compañía Gas Natural Fenosa que cuenta con luz verde de la Junta, que mantiene que pese a estar situado en el entorno del espacio natural no afecta a su interior.

Según el concejal de Medio Ambiente de Almonte, Isidro Medina, «el anterior equipo de gobierno municipal, del PP, guardó silencio sobre este proyecto, haciendo con ello que el Ayuntamiento de Almonte perdiera la oportunidad de realizar alegaciones y de posicionarse oficialmente en las fechas oportunas«. Como consecuencia, el nuevo equipo de gobierno socialista «se encuentra a su llegada al Ayuntamiento un proyecto con una tramitación en su fase de finalización y sin la posibilidad de realizar alegaciones de ningún tipo», ha dicho. Medina lamentó que el PP «nos imponga un proyecto que no aporta nada”.

Podemos se acuerda de González

Por su parte, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, aseguró que Doñana está pagando las «consecuencias y efectos» del sueldo de «127.000 euros anuales» que Gas Natural estuvo pagando al expresidente del Gobierno Felipe González. «Felipe González decidió hace tiempo poner su trabajo, su influencia y su talento a sueldo de las grandes compañías, como Gas Natural, que ponen en riesgo a Doñana. Podía haber dedicado su vida a defender los derechos humanos, o a luchar por otras causas, pero no ha sido así, y ahora estamos viendo sus consecuencias directas sobre la mayor reserva de la biosfera de Europa, el Parque Nacional de Doñana», afirmó Rodríguez.

La dirigente de Podemos ha apuntado que entre el Gobierno de Rajoy y la «complacencia y lentitud» del Ejecutivo andaluz de Susana Díaz, «todos ellos influenciados por Felipe González», Doñana está pasando por «una de sus mayores crisis, tal y como vienen alertando diferentes informes, como el de la Comisión Europea». Rodríguez también ha destacado que «mientras Susana Díaz negaba que Felipe González estuviera atrapado en una puerta giratoria, conocíamos las expropiaciones en Almonte, consecuencia directa de la influencia comprada del expresidente socialista, al que Susana Díaz solo dedicó halagos y ni un solo reproche«.

«Sabemos que no es fácil encontrar soluciones para recuperar el equilibrio en el Parque Nacional de Doñana, pero la negación no es el camino», indicó la dirigente de la formación morada, para quien la actividad humana sostenible y el ecosistema deben convivir, «pero al Gobierno andaluz le falta audacia y voluntad política”. Para la líder de Podemos Andalucía, «Felipe González se ha puesto del lado del PP para apoyar proyectos que destruyen el patrimonio natural ya no solo de Andalucía, sino de la humanidad, como es Doñana, mientras que, de forma intolerable, el Gobierno andaluz permanece inmóvil y rinde su patrimonio cultural más valioso a quienes quieren expoliar nuestra tierra».

Reunión del Consejo de Participación

Tras la reunión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, afirmó sobre la iniciativa para la extracción, almacenamiento y gasoductos de gas natural en el entorno del espacio natural de Doñana que la postura de la Junta «no se ha movido, siempre de parte de la legalidad». Por último, el portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, hizo hincapié en que «Doñana está declarada como Patrimonio de la Humanidad y al respecto la Constitución dice que tiene que prevalecer el interés público sobre el privado y ocurre todo lo contrario».

Industria prepara una nueva subasta de energías renovables para finales de año

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EFE.- El Ministerio de Industria trabaja en el lanzamiento de una nueva convocatoria de potencia renovable para finales de año, con características similares a la celebrada en enero, según confirmaron fuentes del departamento, que señalaron que previsiblemente se realizará tras la constitución del futuro Gobierno. En cuanto al diseño, será similar a la última convocatoria realizada, que utilizó un sistema de subasta mediante el cual se adjudicaba la potencia a quienes menos ayudas reclamaran.

De hecho, los 500 megavatios (MW) eólicos y 200 MW de biomasa se adjudicaron con un descuento del 100% en ambos casos, es decir, que las instalaciones adjudicadas no recibirán ayudas y solo tendrán derecho a cobrar el precio de mercado. Industria no ha desvelado la capacidad que se subastará en esta convocatoria, que el diario El País cifra entre 1.500 y 2.000 megavatios (MW).

Industria no llega al 6% en la subida del margen de comercialización que la CNMC cifraba en el 31%

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Redacción / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo reconoce un impacto de más de 26,11 millones de euros en los ingresos de las comercializadoras de referencia de electricidad por la regularización del margen de comercialización dentro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en los últimos tres años. Esta subida, más pronunciada para 2015 que en 2014 y 2016, apenas llega al 6% en su nivel máximo frente al 31% que pidió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la propuesta de real decreto, el Gobierno cifra un impacto de 4,48 millones de euros por la regularización de los ingresos en 2014, de 12,71 millones de euros en 2015 y de 8,91 millones de euros en 2016, estimando en este ejercicio una potencia facturada igual que en 2015. En concreto, el margen de comercialización será para 2014 de 4,08 euros por kilovatio, 4,24 €/kW para 2015 y 4,17 €/kW para el presente año.

Según consta en la propuesta de Industria, que ha sido puesta en trámite de audiencia, para los años 2017 y 2018 el valor del término fijo de potencia será de 3,09 euros por kilovatio (kW), el mismo que en 2016. Asimismo, el valor del término variable del margen comercial a aplicar en 2016 será de 0,001699 euros por kWh. El pasado mes de mayo, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo emitió un auto en el que obligaba al Gobierno a aprobar antes de que finalizara junio una metodología para calcular el margen de las comercializadoras de referencia de electricidad dentro del PVPC.

En 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR) por este precio regulado, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector, esto es, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Este margen de comercialización, que estaba fijado por el Gobierno en 4 euros por kW al año, ronda el 3% del recibo final y había sido denunciado por las compañías eléctricas por ser insuficiente y abocar a sus comercializadoras a operar en pérdidas. Así, el fallo obligaba a revisar el margen de comercialización desde la implantación del PVPC, esto es, abril de 2014.

Lejos del planteamiento de Competencia

A mediados de junio, la CNMC presentó un informe en el que advertía de que el margen actual de la tarifa eléctrica regulada no cubría los costes de comercialización en que incurren las empresas, y que para hacerlo debería subir al menos un 31%. De este modo, estimaba que el margen de comercialización debería subir al menos a 5,24 euros por kW contratado y año. Esto supondría para una familia media una subida de 5 euros anuales. No obstante, la CNMC también consideraba que debía incluirse un margen de retribución de la actividad, para lo cual se habían analizado distintos escenarios y se habían determinado los costes de captación y retención de los clientes por si fuera procedente su inclusión.

En lo que respecta a los costes de captación, Industria señala en su propuesta de decreto que no deberían incorporarse ya que «no existe tal coste para los comercializadores de referencia y, además, el PVPC pretende ser un producto básico, un contrato mínimo de garantía, por lo que es preciso ser especialmente cuidadoso con los costes que incluye» y no estaría en absoluto justificado que se cargara al consumidor”. En la propuesta, Industria, según datos de la CNMC, señala que el número de consumidores con derecho a acogerse al PVPC era de 15 millones en enero de 2014 y en enero de 12,45 millones, por lo que se ha reducido en más de 2,5 millones.

“Ocultar” subida de la luz

Por su parte, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) ha denunciado la «irresponsabilidad política» del Gobierno por haber esperado «hasta el último momento, con criterios claramente electoralistas», para establecer una metodología para el cálculo del margen de comercialización dentro del PVPC, como exigía el Supremo. La asociación Px1NME estima que este impacto supondrá un incremento medio del 0,2% del recibo de la luz y una facturación de atrasos de unos 2 euros por familia, «muy inferior al propuesto inicialmente por la CNMC, aunque considera que el efecto retroactivo del ajuste será, «sin duda, relevante a efectos de incrementar la enorme confusión que existe actualmente con la facturación eléctrica».

La Plataforma subraya que la propuesta «dista mucho de eliminar la permanente incertidumbre que se cierne sobre el recibo de la luz» y se trata de la tercera vez desde 2012 en la que se efectúan refacturaciones sobre consumos de energía pasados, «complicando aún más la de por sí difícil interpretación del recibo y abonando el terreno para los abusos de comerciales de las eléctricas, aprovechando la complejidad reinante para engañar al consumidor haciéndole creer que debe aceptar unas ofertas comerciales supuestamente muy ventajosas; pero que, según Competencia, finalmente resultan en un coste mayor que la tarifa oficial del Gobierno».

Facua: «una tomadura de pelo»

Asimismo, Facua-Consumidores en Acción considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya «agotado el plazo» para proponer la nueva metodología de cálculo del margen de comercialización dentro del PVPC, «a fin de pasar las elecciones generales y minimizar el impacto electoral» de una nueva subida de la luz. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, consideró que «más allá del ajuste» que supondrá en el recibo de la luz, la medida supone continuar con las actuaciones en la regulación energética «en la última legislatura». Así, Sánchez señaló que, más allá del modelo de PVPC, «habría que revisar el sistema para acabar con las prácticas oligopolísticas».

El Tribunal Supremo plantea dudas de constitucionalidad sobre el impuesto eléctrico del 7% y dos tributos nucleares

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos regulados en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y su supuesta finalidad “medioambiental” ya que admite que dicha norma pudo tener por objeto financiar el déficit tarifario. Se trata del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, gravado al 7%, del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, y del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos.

Estas dudas han llevado al Alto Tribunal a plantear cuestión de inconstitucionalidad contra 12 artículos de la Ley 15/2012. La Sala Tercera del Supremo tiene dudas sobre la finalidad “medioambiental” de dichos impuestos, que los magistrados entienden que podrían estar gravando el mismo hecho imponible o la misma manifestación de riqueza ya gravada por otros impuestos. Por ello, creen que el Tribunal Constitucional debe dilucidar si vulneran el artículo 31.1 de la Constitución, que señala que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad ha sido acordado por la Sala al examinar los recursos de la Asociación Española de Industria Eléctrica (Unesa), Iberdrola y Endesa contra las órdenes de Hacienda que establecen los modelos de dichos impuestos. En sus resoluciones, el Supremo destaca que los recurrentes pudieran tener razón al afirmar que la verdadera realidad perseguida con el establecimiento de dichos impuestos es financiar el déficit tarifario.

El Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2012 la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema energético, que preveía la creación de nuevos gravámenes para acabar con el déficit tarifario, un agujero de 24.000 millones generado porque los ingresos del recibo de la luz no cubren todos los costes que se pretende remunerar con ellos. Entre los impuestos, destacaba una tasa del 7% sobre la generación y gravámenes sobre residuos nucleares, el uso del gas para la producción de electricidad o el gas natural, entre otros. La norma despertó desde su implantación un fuerte rechazo entre la patronal y las empresas eléctricas, que alegan que dificultan cualquier inversión y ponen en riesgo la viabilidad del sector.

El gas licuado por canalización sube un 2,1% a partir de este martes en su parte variable

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El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subirá a partir de este martes un 2,1%, según una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se situará desde este martes en 63,4227 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 62,1130 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subirá un 2,75% a partir de este martes, hasta los 48,8318 céntimos por kilogramo. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete (transporte) y la cotización entre el euro y el dólar. También se han tenido en cuenta los costes de comercialización establecidos en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas dictada el pasado mes de julio.

El Gobierno fija en 6.872 millones de euros la retribución en 2016 por el transporte y distribución de electricidad

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Europa Press.- La retribución que recibirán las compañías eléctricas este año por sus actividades de transporte y distribución de energía ha quedado fijada en un importe global de 6.872,6 millones de euros, según figura en dos órdenes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En concreto, el Gobierno ha establecido que la retribución por las actividades de distribución de energía sea durante este año de 5.162,6 millones de euros, mientras que las actividades de transporte serán retribuidas con casi 1.710 millones de euros.

Dentro de las actividades de distribución, Endesa será la que recibirá una retribución mayor este año, con 2.023 millones de euros, seguida de Iberdrola (1.655,4 millones de euros). Entre ambas concentran el 71% del importe total fijado para 2016. Por su parte, Gas Natural Fenosa percibirá 718 millones de euros; Hidrocantábrico contará con 182,5 millones de euros y Viesgo, con 154,8 millones. En las actividades de transporte, la que más dinero recibirá es el gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), con 1.681,3 millones de euros, el 98,3% del montante global establecido por el Gobierno. Gas Natural Fenosa será retribuida con 27,8 millones de euros; Vall de Sóller con 662.105 euros y Estebanell y Pahisa, con 209.356 euros.

La Ley del Sector Eléctrico establece que las metodologías de retribución de las actividades de transporte y distribución de energía se fijarán reglamentariamente atendiendo a los costes necesarios para construir, operar y mantener las instalaciones eléctricas. Posteriormente se estableció una metodología para calcular la retribución de estas actividades mediante una formulación «clara, estable y predecible» con el objetivo de aportar estabilidad regulatoria y reducir los costes de estas actividades eléctricas.

La orden sobre retribución por las actividades de distribución fue firmada por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, que asumió Industria, Energía y Turismo tras la marcha de José Manuel Soria, decidiera inhibirse alegando un posible conflicto de intereses por su pasado como consejero de Endesa.