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Nueva demanda de arbitraje presentada por inversores alemanes contra España ante el Ciadi por la normativa renovable

Europa Press / EFE.- Los inversores KS Invest GmbH y TLS Invest GmbH presentaron una nueva demanda de arbitraje contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por los cambios en la normativa renovable, según los datos ofrecidos por el organismo. Con esta demanda, España suma 15 procesos abiertos por cuestiones renovables ante el organismo para la resolución de conflictos entre inversores y países del Banco Mundial. Los inversores alemanes concentran más de un tercio de las denuncias: 6 de 15.

De hecho, los 16 arbitrajes a los que se enfrenta España, contando también un proceso por cuestiones inmobiliarias, la colocan como el tercer país del mundo con más casos pendientes en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina. La última de las denuncias fue presentada por dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest. Hace apenas diez días, un grupo inversores alemanes presentó una denuncia similar. Estos dos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país: Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE.

Las demandas de arbitraje contra España han llegado progresivamente desde noviembre de 2013. La de KS y TLS es la séptima presentada en lo que va de año. Están en juego cientos de millones. Recientemente, el Ciadi registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo. Anteriormente, el Ciadi había iniciado la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.

Tras conocerse hace un año el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que «no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría». Aparte de las denuncias ante el Ciadi, el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana, ha anunciado su intención de denunciar internacionalmente también a España.

Soria recuerda que la interrumpibilidad no sirve para gestionar el empleo sino la demanda eléctrica

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, recordó que el sistema de interrumpibilidad, por el que se paga a determinadas industrias por estar dispuestas a desconectarse del sistema cuando este lo necesita, no es una herramienta más para gestionar el empleo, sino para gestionar la demanda eléctrica, aunque no ha aclarado si tiene intención de convocar una nueva subasta en las próximas semanas ni en qué condiciones.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, la diputada socialista Mariví Monteserín preguntó a Soria si piensa que la subasta de interrumpibilidad es la mejor fórmula para mantener el empleo en las empresas electrointensivas y le reprochó el «sufrimiento» que su falta de respuesta a la situación de estas empresas causa a los trabajadores de las comarcas asturianas y gallegas donde están instaladas empresas como Alcoa. «Sus políticas cortoplacistas producen estrés social a consecuencia de la incertidumbre, la inseguridad y la falta de soluciones a medio plazo, imprescindibles para evitar cierres y deslocalizaciones silenciosas o explícitas», insistió la diputada, que considera que el sistema de subastas anuales de la interrumpibilidad está generando un «gravísimo problema«.

Además, Monteserín criticó que tanto el Ministerio como Red Eléctrica de España (REE) estén «aferrados y enrocados en su error» y mantengan el sistema, anunciando «supuestamente» una nueva subasta para las «próximas semanas«. Y es que, según la diputada, los costes eléctricos en algunas empresas intensivas en consumo pueden llegar a suponer «siete veces el coste laboral», lo que hace «imposible competir en el mercado mundial con este lastre«. «Usted es ministro de Industria, no sólo de Turismo, pero en más de tres años nunca se ha acercado a conocer nuestra realidad. Solucionar este problema depende de su voluntad, desgraciadamente hasta ahora para nosotros», concluyó.

Sin embargo, José Manuel Soria recordó a la portavoz socialista que la política de interrumpibilidad es «una herramienta para la gestión de la demanda eléctrica» y no para la gestión del empleo, que requiere de «políticas económicas para corregir los desequilibrios, tales como la consolidación fiscal, y de reformas estructurales, entre ellas la energética«. En este sentido, defendió que la Ley del Sector Eléctrico de 2013 permitió convertir el déficit energético en superávit, estabilizar y bajar posteriormente los precios de la energía, congelar los peajes que financian las actividades reguladas del sistema y que no dejaban de subir, o bonificar el 85% del Impuesto de la Electricidad a las empresas electrointensivas, sean grandes o pequeñas.

Además de estos avances, la industria también cuentan con el sistema de interrumpibilidad, que el año pasado pasó de un procedimiento administrativo a una subasta «a petición del propio sector», que temía que sucediera como en Italia, a la que la Unión Europea multó con 300 millones de euros por un sistema similar que fue considerado ayudas de Estado. «Por eso se hizo el sistema de subastas, que gestiona el operador del sistema bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que tiene la enorme bondad de ser un mecanismo competitivo al que se pueden presentar todas las empresas electrointensivas», concluyó Soria, sin aclarar si convocará una subasta próximamente ni en qué condiciones.

Los pagos por interrumpibilidad antes se asignaban «administrativamente», como ha explicado Soria, pero desde el pasado año se conceden mediante una subasta, por la que los distintos lotes van a parar a las industrias que realizan pujas más competitivas. Esto generó cierta polémica porque algunas grandes industrias que tradicionalmente habían disfrutado de esta retribución no lograron entrar en la primera fase de la puja, por lo que amenazaron con cerrar sus plantas. Finalmente, se realizó una segunda fase para asignar los lotes que no se habían adjudicado e Industria planteó que la subasta para el próximo año se realizaría con más tiempo, antes del verano.

Soria dice que los 100 millones de euros de superávit eléctrico de 2014 se destinarán a disminuir el déficit acumulado

Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, cifró en torno a 100 millones de euros el superávit registrado en el ejercicio 2014 en el sistema eléctrico, y aseguró que este mayor volumen de ingresos se destinará a disminuir los más de 22.000 millones de euros de déficit acumulado y no a abaratar el recibo de la luz.

La cifra definitiva no se conocerá hasta el próximo mes de noviembre cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publique la cifra definitiva. En todo caso, Soria recordó que, en los años en los que se ha registrado déficit, este endeudamiento del sistema eléctrico generaba un coste adicional por amortizaciones e intereses que se iba incorporando a la factura eléctrica de familias y empresas. Por ello, subrayó Soria, «de acuerdo con la ley del sector eléctrico, cuando haya superávit en el sistema no puede ir encaminado a disminuir la tarifa mientras siga existiendo déficit acumulado desde 2001«, que en la actualidad se sitúa por encima de los 22.000 millones de euros.

Asimismo, auguró que conforme a los ingresos y la evolución de los costes en lo que va de año «lo normal» es que en 2015 el sistema vuelva a arrojar un superávit, aunque no se aventuró a concretar posibles cifras. Para cuantificar el superávit final de 2015 será necesario esperar a la liquidación definitiva del ejercicio en noviembre de 2016. «Es una buena noticia que en el sistema eléctrico por primera vez en los últimos 14 años no estemos hablando de generación de déficit en términos de diferencia entre ingresos del sistema y costes de actividades reguladas sino que estemos hablando de un superávit«, añadió.

Industria fija las 20.30 horas como tope para que REE publique el precio de la luz del día siguiente

Europa Press.- El Ministerio de Industria estableció las 20.30 horas como tope para que el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), publique el precio de la electricidad para cada hora del día siguiente para los consumidores del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) que dispongan de un contador inteligente, telegestionado y conectado a la red.

Este nuevo requisito aparece recogido en una resolución de la Secretaría de Estado de Energía publicada en el BOE, en la que se fijan los procedimientos de operación para estimar el coste de los componentes del nuevo PVPC. Aunque el operador del mercado eléctrico, Omel, publica a mediodía los precios horarios del mercado mayorista de electricidad para el día siguiente, el coste final de la energía para el consumidor debe ser revisado posteriormente para incorporar los llamados servicios de ajuste.

Dentro de estos servicios de ajuste figuran partidas como el coste del apoyo al carbón o los pagos por capacidad para incentivar la disponibilidad de centrales térmicas. Estos costes, pese a su carácter regulado, se cargan sobre la parte de energía de la tarifa y no sobre la de peajes. Otro coste que se añadirá a los servicios de ajuste, hasta el año pasado integrado en los peajes, es el servicio de interrumpibilidad que ofrecen la grandes empresas por modular su demanda cuando lo requiera el operador. La resolución divide este coste en cada hora en función de la previsión de demanda en ese momento.

A partir del 1 de octubre, los consumidores con contadores inteligentes podrán conocer su consumo en tiempo real a través de la página web de su distribuidora. Los nuevos precios de la energía hora a hora afectarán solo a cerca del 37% del recibo. Alrededor de otro 25% corresponde a impuestos, entre ellos el IVA, mientras que el 38% restante sirve para sufragar los costes regulados del sistema y se paga a través del término de potencia, en función del kilovatio contratado, y de los peajes en función del consumo.

De la confusión en el debate sobre el autoconsumo: ¿fomento, discriminación positiva o discriminación negativa?

El torrente informativo que ha provocado la propuesta de regulación del autoconsumo nos debe hacer recapacitar sobre tres posiciones diferenciadas pero que se están poniendo de manifiesto de forma confusa pero intencionada en este debate.

En primer lugar, en algunos medios de comunicación se lee la reclamación de que el Estado “fomente”, es decir que subvencione o beneficie las instalaciones en régimen de autoconsumo. Determinados sectores renovables reclaman esta opción, haciendo una grosera comparación con las políticas incentivadoras existentes en ciertos estados de Estados Unidos donde, por otra parte, existen graves problemas en las redes y, por tanto, su fomento está justificado. Algo que en España no es así, dada la capacidad existente en nuestras redes de transporte y distribución, el desarrollo renovable alcanzado y la potencia instalada de generación de nuestro país. Una posición de “fomento”, subvencionadora del autoconsumo, sería un despilfarro actualmente inasumible.

Una versión light de este fomento del autoconsumo sería la exoneración a las instalaciones en régimen de autoconsumo de los costes de acceso (por otra parte, engrosados por partidas que deberían afrontarse en los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la política de renovables pasada) y del impuesto a la generación que deben pagar todos los usuarios cuando utilizan energía generada en el régimen especial. En este caso, estaríamos hablando de discriminación positiva, entiéndase a favor del autoconsumo, frente al resto de consumidores. Tanto esta fórmula como la anterior provocaría un abandono del sistema general de suministro actual, al incluir incentivos para hacerlo, de forma que los consumidores restantes se tuvieran que hacer cargo del sistema, haciéndolo insostenible a medio plazo.

En tercer lugar, y de forma maniquea en el otro extremo, se sitúa la discriminación negativa, consistente en aplicar un conjunto de costes a la actividad que la hicieran prácticamente inviable. Es decir, un modelo disuasorio, que fuera más allá de la lógica económica, jurídica y moral aplicable. De hecho, quienes promueven las instalaciones en autoconsumo, son conscientes de la necesidad de utilización de los servicios de la red, por lo que, es necesario que participen y sufraguen los mismos. Lo que sí está claro es que el sector eléctrico es un sector en red y la solución debe proporcionarse en la red y asumiendo los costes de la red.

El autoconsumo puede ser en el futuro para el PP lo que la fotovoltaica, con su retribución, su regulación y su desmadre, ha sido al PSOE. Proponer una legislación disuasoria y extremista puede ser un bumerán para los populares. Por tanto, la pregunta es si el modelo propuesto, más cercano a la tercera vía que apuntamos, tiene visos de que se virtualice en una norma legal futura, así como si esta regulación propuesta va a gozar de estabilidad con posterioridad al cierre de este legislatura.

A la vista de la situación de nuestro modelo de suministro, la solución razonable pasa, evidentemente, por no subvencionar el modelo de autoconsumo, ni incentivarlo por la vía de discriminaciones positivas hacia el mismo, con el fin de no aumentar la sobrecapacidad conjunta del sistema, ni generar nuevas tensiones. No hay razón para ello. Al mismo tiempo, lo lógico es que se calculen los costes que deben afrontar estas instalaciones en paridad de condiciones con cualquier otro consumidor, evitando una discriminación positiva o negativa con el resto de consumidores.

Se hace necesaria una solución en red y con visión global.

El gas licuado por canalización baja un 8%

EFE.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización baja desde este martes un 8%, según una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicada en el BOE. El precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios de GLP por canalización antes de impuestos se situará en 69,0915 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 75,1468 céntimos del mes anterior, lo que supone un bajada del 8,06%.

Por su parte, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,58 euros al mes, el mismo precio de los últimos veinte meses, mientras que el precio de los gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de este combustible por canalización disminuye un 10%, hasta los 54,4450 cents/Kg, frente a los 60,5003 céntimos del mes anterior.

La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete, la media mensual del cambio entre el euro y el dólar y los nuevos costes de comercialización establecidos en una resolución de julio de 2014 por la Dirección General de Política Energética y Minas.

Las inversiones en autoconsumo no se rentabilizarán hasta transcurridos 31 años

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calcula que los consumidores domésticos que instalen sistemas de autoconsumo tardarán alrededor de 31 años en recuperar su inversión, debido a las cargas que introduce el borrador de normativa de esta actividad elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Según el director general de UNEF, José Donoso, la normativa de autoconsumo propuesta «es una apuesta por el pasado que quiere cerrar cualquier puerta a este modelo de generación distribuida» mediante el establecimiento de barreras económicas y administrativas.

Para Donoso, estos «ataques no están justificados desde el punto de vista económico» ya que, desde su punto de vista, la instalación de 200 megavatios (MW) de autoconsumo supondría un ingreso para el sistema eléctrico de sólo 15 millones de euros mediante el «impuesto al Sol». Actualmente hay unos 22 MW. El borrador de la normativa, que actualmente se encuentra en periodo de consulta pública en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), fija una serie de cargos a los autoconsumidores conectados a la red, que el Ministerio justifica en la necesidad de que contribuyan a sufragar el coste de las infraestructuras.

Los cargos establecidos al autoconsumo energético se dividen en una parte fija o de potencia y otra variable, en función del consumo procedente de los equipos propios. La parte variable a su vez distingue entre el coste de acceso a redes, del que se exime al autoconsumidor, pero mantiene otros costes. Donoso se mostró de acuerdo con el pago del cargo por potencia y de la parte variable correspondiente al consumo de la red, pero no de que haya cargos de la parte variable en la electricidad que se autoconsume.

Donoso señaló que el texto no sólo mantiene el impuesto al sol del primer borrador, sino que «lo agrava», ya que el peaje de respaldo previsto para la energía autoproducida y autoconsumida pasa a denominarse en este nuevo texto cargos por autoconsumo, el peaje de acceso a las redes, con un descuento por los ahorros en transporte, más otros costes. «El impuesto al sol es más pequeño con respecto al anterior en términos absolutos, pero el término variable tiene unos recargos bastantes importantes«, afirmó Donoso, señalando que se trata «del mismo perro con distinto collar«.

Según UNEF, los consumidores domésticos necesitarán 31 años para amortizar la inversión, frente a los 13 años que precisarían en un entorno regulatorio favorable al autoconsumo, el que reclama la asociación, que incluyera el balance neto, que supone ceder a la red el excedente de energía generada a cambio de tomar de ella un equivalente cuando se necesite. En el caso de las pymes, el plazo para rentabilizar los equipos se situaría en unos 7,5 años, frente a los 4,4 años para el entorno favorable.

Según UNEF, la legislación vigente ya supone alargar los tiempos para amortizar el autoconsumo, hasta 16 años y 5 años en el caso de un hogar y una pyme, pero los borradores de la nueva normativa no han hecho más que ampliar estos periodos «hasta hacer prácticamente inviable su desarrollo«. Adicionalmente, añadió, la propuesta de normativa prohíbe el uso de baterías e incluso fija un cargo por si este veto se levantara. También impide compatibilizar el autoconsumo con el bono social de los consumidores vulnerables.

Incluso las condiciones más favorables establecidas para el autoconsumo en los sistemas extrapeninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla), con una exención de cargos hasta 2020 ya que la generación de electricidad por la vía convencional es más cara que el autoconsumo, según Donoso se limitan a ser un «cambio cosmético» y un período «insuficiente» para amortizar las instalaciones. De esta manera, el director general de UNEF augura que «el Gobierno está incentivando que cuando lleguen al mercado las baterías buenas la gente se desconecte del sistema», lo que supondrá una mayor pérdida de ingresos para el sistema eléctrico.

La normativa, según Donoso, establece tres tipos de autoconsumidores: para hogares (denominado suministro con autoconsumo, que no puede vender la electricidad excedente ni acudir a empresas de servicios energéticos), para servicios y pymes (que puede vender, pero sólo si es una empresa) y de línea directa (para inmuebles con autoconsumo conectados a otros sin autoconsumo, que no pueden vender energía). Según indicó, la nueva normativa convertirá a España, «el país del sol», en el país con la regulación «más dañina» con el desarrollo del autoconsumo.

Donoso avanzó que la asociación está «preparando todas las alegaciones» a la normativa y que, en caso de que se apruebe en los actuales términos, algo que no sucedería antes de noviembre según sus cálculos, la recurrirían en los tribunales nacionales y europeos. Asimismo indicó que varios grupos políticos, desde PSOE a Podemos o Izquierda Unida, UPyD y Ciudadanos se han comprometido a derogar la normativa si llegan al poder. UNEF añade que el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico tendría una incidencia mínima en los ingresos del sistema, ya que cada 100 megavatios (MW) de autoconsumo supondrían una merma de 0,01% en los ingresos del sistema eléctrico, 2,2 millones de euros.

El PSOE exige a Soria que informe al Congreso sobre cómo se aplicará la nueva tarificación eléctrica por horas

Europa Press / EFE.- El portavoz socialista de Energía en el Congreso, José Segura, registró en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, informe sobre los pormenores del nuevo sistema de tarificación eléctrica inteligente, que empezará a aplicarse este verano, en aras a facilitar la adaptación a los consumidores, explicándoles las consecuencias que tendrá.

El diputado explica que «los consumidores deben saber que la nueva norma incorporará la facturación eléctrica por horas para los usuarios que ya dispongan de contador con telemedida, que permite valorar en qué franja horaria sale más a cuenta programar sus hábitos de consumo«. «Una buena comunicación a los consumidores posibilitará tomar conciencia y ajustar su conducta en materias como, por ejemplo, delimitar las franjas horarias para utilizar determinados electrodomésticos aprovechando los horarios en los que la electricidad tenga un coste más reducido«, insiste Segura.

A juicio del diputado socialista, esta nueva tecnología debe orientarse a «buscar automatismos para que el contador con telemedida aporte instrucciones a los dispositivos electrónicos, especialmente de calefacción o aire acondicionado, para activarse cuando más barata sea la energía, favoreciendo en consecuencia no sólo las economías familiares sino también la eficiencia energética del país«. Por eso, reitera José Segura, es «fundamental» que el ministro dé explicaciones en sede parlamentaria sobre el procedimiento técnico para que las comercializadoras comiencen a aplicar de manera real el precio de la corriente eléctrica doméstica por horas así como el nuevo sistema de tarifa protegida.

Esta semana Segura también registró otra solicitud de comparecencia del ministro Soria ante la Comisión parlamentaria de Industria para que dé cuenta del, a su juicio, «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» que está preparando su departamento con el borrador de decreto de Regulación de las condiciones de suministro y de producción de energía eléctrica con autoconsumo que mantiene los peajes de respaldo y establece «un cargo asociado al resto de sistema», lo que, según Segura, «desincentivará aún más las inversiones en autoconsumo con medidas disuasorias«.

Acciona, interesada en los 700 MW renovables que el Gobierno promoverá en España

Redacción / Agencias.- Acciona está interesada en la construcción de las instalaciones renovables, fundamentalmente eólicas, que el Gobierno estaría analizando promover en España a través de un concurso público, que suman 700 megavatios (MW) de potencia (500 MW de energía eólica y 200 MW de biomasa), según indicó el presidente de la compañía, José Manuel Entrecanales, que ve «improbable» que el país logre los objetivos de reducción de CO2 europeos con la actual regulación energética.

«Estamos estudiándolo», indicó Entrecanales, que de esta forma reactivaría así su inversión en el sector de energías renovables español tras mantenerlas congeladas en los últimos ejercicios por el impacto de la reforma energética del Gobierno, pero la inversión en España será «relativamente pequeña», avisó Entrecanales. Se trata de la única posibilidad de inversión que Acciona contempla en España en el medio plazo para su negocio de renovables, donde su estrategia pasa por «reforzar el crecimiento todo lo que permita mantener unos ratios de deuda contenidos», fundamentalmente en el plano internacional, aprovechando su buena posición en mercados con marcos reguladores estables y «con grandes necesidades energéticas», como México, Chile, Sudáfrica, la India, Brasil, Turquía o Marruecos.

Entrecanales calificó de «dramático golpe» el impacto que la reforma energética del Gobierno tuvo, por su «muy negativo y sesgado» efecto, en las energías renovables en España, «uno de los líderes mundiales del sector». «Ha sido un golpe de una magnitud que no exageraría si la calificara de dramática, por la asimetría y desequilibrada en contra de las energías renovables y, en especial, la eólica», sentenció el presidente de Acciona. La reforma energética supuso para Acciona Energía una reducción de los resultados del 80% en 2014, con un impacto negativo de 346 millones de euros.

Por ello, consideró «complicado que con la actual legislación» en materia energética España pueda lograr cumplir los objetivos de reducción de CO2 fijados por la Unión Europea y los países más industrializados. «Para llegar a ello, a cumplirlos, habría que acometer una gran implantación de renovables, y eso, con la legislación actualmente vigente, es improbable», advirtió. Además, Entrecanales remarcó que 2015 es un año clave por la celebración en París de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y celebró el «paso de gigante» que considera supone el compromiso manifestado por el G-7 en su reciente cumbre de Alemania de contribuir al objetivo máximo de dos grados de incremento de temperatura global.

Salida a Bolsa de renovables

Acciona decidirá este año sobre la eventual salida a Bolsa de Global Renewables, su filial de energías renovables internacionales donde tiene como socio al fondo KKR. «Se trata de procesos que en este momento están sujetos a análisis interno», detalló Entrecanales, que aseguró que en caso de llevarse finalmente a cabo, ve «improbable» cerrarlo dentro de 2015. Acciona analiza si sacar su filial a Bolsa a través de una sociedad yieldco en Estados Unidos, tal como estaba previsto inicialmente, o bien hacerlo en el mercado europeo. Se trata de una firma, participada al 33% por el fondo, con una cartera de instalaciones renovables que suman una potencia total de 2.300 megavatios repartidos por catorce países.

Entrecanales enmarcó esta posible salida a Bolsa en la nueva etapa de crecimiento y expansión que emprende la empresa, toda vez que ha dado por superada la «dura etapa» de los dos últimos años en la que «se ha enfrentado a uno de los retos más difíciles de su historia», el de atravesar una «tormenta perfecta». De esta forma calificó Entrecanales al impacto que Acciona registró por la coincidencia de la crisis económica con el «dramático» impacto de la reforma energética del Gobierno en la empresa y «el hundimiento del sector inmobiliario». «Todo ello además en un entorno de fuerte apalancamiento», añadió. No obstante, Entrecanales proclamó que Acciona afronta su futuro más próximo con «optimistas perspectivas» para todos sus negocios.