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Industria eximirá a las interconexiones eléctricas de los límites de inversión fijados en la reforma

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Europa Press.- Los proyectos de interconexiones eléctricas internacionales no computarán a la hora de calcular los límites fijados en la reforma energética para las nuevas inversiones en redes eléctricas, según un borrador de real decreto elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La medida tiene como objetivo impulsar un «incremento significativo» de este tipo de enlaces internacionales y viene acompañado de otras facilidades para este tipo de proyectos, entre ellas una agilización de los trámites.

Sobre los topes a la inversión, el nuevo real decreto modificará otro anterior, el 1047/2013 sobre retribución al transporte de electricidad, «de manera que la inversión en este tipo de instalaciones no compute a los efectos de los límites de inversión previstos en el mismo». Desde la aprobación de la reforma energética, la inversión anual autorizada por el Gobierno para la construcción de redes eléctricas tiene un límite máximo global del 0,065% del PIB para el transporte, unos 650 millones de euros, y del 0,013% del PIB para la distribución, unos 130 millones de euros.

Industria argumenta en el borrador de decreto que la Unión Europea ha fijado un mínimo de interconexiones internacionales equivalente al 10% de la potencia instalada para España y Portugal, y que es necesario realizar un esfuerzo inversor para alcanzarlo. «La parte relativa a modificaciones de los planes de inversión como consecuencia de las interconexiones permitirá el incremento de las inversiones en interconexiones con efectos muy favorables para los costes del sistema eléctrico», asegura Industria. Otra de las medidas incluidas en el borrador exime también de computar dentro de los distintos límites a otras partidas como las ayudas o las inversiones financiadas o cedidas por terceros.

En paralelo, Industria ha elaborado otros dos borradores de órdenes ministeriales en los que establece los valores unitarios necesarios para calcular la retribución anual para los activos de transporte y distribución de electricidad. En el caso de la distribución, la retribución para empresas con más de 100.000 clientes tendrá un coste para el sistema de 4.740 millones, un 2% menos al de 2014, mientras que en el caso de las empresas con menos de 100.000 clientes la partida ascenderá a 348 millones, un 5% más. En cuanto al transporte, ocasionará un coste al sistema eléctrico de unos 1.672 millones, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto a 2014.

El Defensor del Pueblo vuelve a pedir a Industria información sobre el fracking

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo ha vuelto a solicitar al Ministerio de Industria, por segunda vez en lo que va de año, información sobre el fracking, según indicó la organización agraria UGAM-COAG, quien planteó una queja ante esta institución en relación con el permiso de investigación Luena, en el que se prevé el uso de la fractura hidráulica en los Valles Pasiegos (Cantabria), y considera «evidente» que el Ministerio de Industria «está incumpliendo» con su deber de colaboración con el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo ya manifestó previamente que se estaban tramitando permisos de investigación sin que estuviese probado que existan técnicas para minimizar los riesgos derivados del fracking. También ponía en duda que la aplicación de esta técnica supusiese un impacto positivo en la economía española. Por ello, el Defensor del Pueblo requirió en diciembre de 2014 a Industria que le remitiese información en la que acreditase «que existen soluciones técnicas para evitar impactos no deseados que deriven del fracking de manera que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al del empleo de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos».

En su petición, el Defensor también solicitaba al Ministerio la remisión de «estudios concluyentes acerca de la incidencia positiva y significativa» en el modelo energético nacional que tendría la explotación de los yacimientos de gas no convencional existentes en España mediante el empleo del fracking; y que valore y motive la autorización de su uso en relación con los riesgos ambientales y para la salud y seguridad de las personas.

Puesto que el Ministerio de Industria no remitía dicha información, el Defensor del Pueblo se lo volvió a requerir en el pasado marzo, esta vez con carácter de urgencia. Ahora, puesto que Industria continúa sin enviar la información, el Defensor del Pueblo ha emitido una nueva notificación. En este sentido, UGAM-COAG recuerda el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 que establece que «todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones».

El Consejo de Seguridad Nacional baraja crear un comité específico de energía

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EFE.- La Estrategia de Seguridad Energética Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, contempla la posible creación de un comité especializado en seguridad energética, según informó Presidencia del Gobierno. Este documento fija como objetivos fundamentales la diversificación de las fuentes de energía, la seguridad del abastecimiento y el impulso de la sostenibilidad energética.

El Comité Especializado de Seguridad Energética se sumaría a los órganos de apoyo ya existentes: el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, el Consejo Nacional de Ciberseguridad, el Comité Especializado de Inmigración y el Comité Especializado de Situación, encargado de la gestión de crisis en el ámbito político-estratégico. La estructura orgánica surgida de la Estrategia de Seguridad Nacional, cuya base es el Consejo de Seguridad Nacional, se ha ampliado progresivamente con organismos específicos que se ocupan de sectores de carácter transversal.

Necesidad de desarrollar las interconexiones

La Estrategia de Seguridad Energética subraya la complejidad y dinamismo del actual escenario geoenergético y concluye que la «privilegiada» situación geográfica de España, con acceso directo al océano Atlántico y al mar Mediterráneo, le otorga «una posición preferente» para convertirse en «un hub (centro de distribución) energético para la Unión Europea». No obstante, hace hincapié en que, para conseguirlo, es necesario «que se siga desarrollando y materializando la interconexión europea«. La Estrategia incide en que España es un país dependiente de recursos energéticos exteriores pero que, al mismo tiempo, cuenta con un suministro «sumamente diversificado», tanto en lo referente a las fuentes energéticas como a la procedencia de la energía.

El documento apuesta por la «cultura de la seguridad energética» como elemento básico para hacer frente a los retos en este campo. Por ello, añade, «es esencial la concienciación, tanto en el ámbito individual como en el de la sociedad, sobre las posibilidades de aprovechamiento de nuestros recursos, el uso responsable y eficiente de las fuentes de energía y el impacto medioambiental del consumo energético«. A la reunión, presidida por el Rey Felipe VI, asistieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y cinco ministros.

Industria cierra un cupo de 120 MW renovables pendientes de retribución

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo asignó un régimen retributivo específico para un máximo de 120 megavatios (MW) de 59 instalaciones de tecnologías renovables diferentes a la eólica, termoeléctrica y fotovoltaica así como cogeneraciones, que tendrán derecho a recibir ayudas. Así Industria cierra el cupo de 120 MW de este tipo de instalaciones cuya tramitación se encontraba iniciada y pendiente de inscripción en el momento en el que se publicó el nuevo régimen retributivo para las renovables, según una resolución del Ministerio de Industria publicada en el BOE.

El nuevo cupo se lanza para las plantas que no estén inscritas en el registro de preasignación a pesar de haber presentado una solicitud o de disponer de acta de puesta en servicio con carácter definitivo. Para dar entrada a las nuevas plantas en el régimen retributivo, Industria ha utilizado varios criterios de prioridad en los que se tienen en cuenta aspectos como la fecha de autorización administrativa y la fecha de autorización de explotación.

En concreto, Industria autoriza las centrales de biomasa de Gestamp en Torredonjimeno y de Diel Silex en Piedrabuena, con una potencia de 15 MW cada una, que se suman a las centrales de biogas de Emaya, así como instalaciones de Nestlé, Campofrío, Viscofan y Unilever. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, anunció que el Gobierno lanzará «después del verano» un concurso de potencia renovable para la instalación de 700 megavatios (MW), 500 MW de ellos de energía eólica y 200 MW de biomasa.

Según expone el BOE, la posibilidad de incorporar estos 120 MW al registro ya estaba prevista en la normativa aprobada en 2014, por la que se modificó la retribución de las renovables y la cogeneración, que pasaba de primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Esta rentabilidad razonable se alcanza al cobrar el precio de mercado por la venta de la electricidad producida, a lo que se suman cantidades adicionales con cargo al sistema eléctrico conforme a una serie de previsiones elaboradas por Industria.

La normativa de 2014 establecía un régimen retributivo específico para un máximo de 120 MW renovables o de cogeneración, que no fuera eólica, solar termoeléctrica ni fotovoltaica, y que, pese a no estar inscritas en el registro de preasignación, cumplieran una serie de requisitos. En esencia, estos requisitos eran haber solicitado la inscripción en el prerregistro y cumplir todos los requisitos para ellos antes de la entrada en vigor de la moratoria renovable o contar con acta de puesta en servicio para la planta en los 30 días posteriores a la ley del sector eléctrico.

El precio de la bombona de butano baja desde este martes un 5%, hasta un máximo de 13,42 euros

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Redacción / Agencias.- El precio máximo de la bombona de butano bajará desde este martes un 4,95%, por lo que pasa a costar un máximo de 13,42 euros frente a los 14,12 euros anteriores, mientras que el precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subirá un 0,5%.

El nuevo precio máximo de venta, antes de impuestos, para los dos próximos meses será de 13,42 euros para los gases licuado de petróleo (GLP) en envases de entre 8 kilogramos y 20 kilogramos. Esta reducción del precio es adicional a la del pasado mayo, cuando ya bajó un 10,7%, hasta 14,12 euros, y se suma a la de marzo, cuando el precio de la bombona se redujo un 9,7%, al pasar de 17,5 euros a 15,81 euros por bombona. La bombona de butano será entonces un 23% más barata que a principios de este año, cuando costaba 17,5 euros.

La rebaja ha llegado entre cierta confusión, ya que el Ministerio de Industria publicó la resolución el pasado lunes 13 de julio con efecto inmediato, cuando de acuerdo a la normativa vigente la revisión debe efectuarse cada dos meses y en el tercer martes de ese mes, es decir, que le corresponde el día 21 de julio, por lo que se vio obligado a rectificar la norma en 24 horas.

En la revisión de julio, el Gobierno fija el precio máximo de venta por cada kilogramo de butano (gas licuado de petróleo envasado) antes de impuesto en 87,2545 céntimos por kilogramo, tras reconocer un coste de comercialización de 50,1143 céntimos por kilogramo. Bajo estas premisas, una bombona de 12,5 kilos costaría 10,9 euros. Si a esta cantidad se le suma el impuesto a esta materia, fijado en 15 euros por cada tonelada del gas, más el IVA (21%), el precio final de la bombona de butano asciende a 13,42 euros.

El nuevo precio estará vigente hasta el tercer martes del mes de septiembre, cuando se revisará de nuevo el precio según las cotizaciones internacionales. Con la nueva modificación del sistema de revisión de precios, las variaciones del precio de la bombona, que se actualiza cada dos meses teniendo en cuenta factores como las cotizaciones internacionales de la materia prima, el tipo de cambio o costes de comercialización, sólo podrán registrar subidas o bajadas de hasta un máximo del 5%, con el fin de dar mayor estabilidad de precios al consumidor aunque este límite se estableció en 2013 y se incumplió en prácticamente todas las revisiones.

Así, durante dos años el precio máximo de venta de la bombona de butano permaneció congelado en 17,5 euros a pesar del encarecimiento de la materia prima, lo que generó un déficit en el sector. El abaratamiento de las cotizaciones internacionales desde mediados de 2014 ha permitido tanto eliminar ese déficit pendiente como bajar el precio de la bombona por encima de la limitación del 5%. La fórmula de precios se aplica a las bombonas que utilizan habitualmente los hogares.

Por otra parte, el precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subirá un 0,48% este martes, debido a que el precio variable de este gas pasa de los 69,0915 céntimos de euro por kilogramo (cents/Kg) a 69,4251 cents/kg. Por su parte, el término fijo de este combustible baja 64 céntimos de euro al mes, tras veinte meses consecutivos establecido en 1,58 euros, mientras que el precio de los gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de este combustible por canalización sube un 0,7%, hasta los 54,8342 cents/Kg, frente a los 54,4450 céntimos del mes anterior.

Los precios establecidos no incluyen el Impuesto sobre Hidrocarburos e IVA en la península e Islas Baleares, ni el Impuesto Especial de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. En los cálculos del GLP por canalización se han tenido en cuenta la cotización internacional, la media del flete bajo y alto (transporte), la media mensual del cambio entre el euro y el dólar y los nuevos costes de comercialización establecidos en una resolución de julio de 2014 por la Dirección General de Política Energética y Minas.

Industria acusa a UNEF de «manipular» la visión europea del autoconsumo

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria acusó a la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de «manipular» el texto de recomendaciones de la Comisión Europea relativas al autoconsumo para así criticar la propuesta de normativa elaborada por el Gobierno. En este sentido, Industria «desmiente» las críticas vertidas por esta asociación contra el borrador de normativa, que alegaba que el borrador contradice las recomendaciones de la Comisión Europea.

La Comisión Europea publicó un documento en el que subrayaba que «los consumidores necesitan ser libres para generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar al medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro». Posteriormente, UNEF afirmó que consideraba que las recomendaciones europeas «invalidaban» la normativa española, algo que Industria niega ahora, al defender que «se ajusta a las recomendaciones y mejores prácticas recogidas en el informe de la Comisión«. De esta manera, el Ministerio de Industria destaca que el real decreto de autoconsumo en tramitación respeta «fielmente el espíritu de las recomendaciones de la Comisión, que es que los requisitos de autorización sean proporcionados«.

UNEF también destacó que «la Comisión Europea se ha posicionado en contra de algunas de las medidas más polémicas introducidas en el proyecto de real decreto de autoconsumo que se encuentra en tramitación en España». Sin embargo, según Industria, se trata de un argumento que considera «erróneo, ya que el informe de la Comisión analiza de forma global los diferentes modelos de autoconsumo de diferentes Estados miembros». Así, subraya que en relación a España, la Comisión dice literalmente que «hasta los 100 kW, la regulación está aún pendiente de aprobarse».

Industria alega que el documento comunitario «es meramente descriptivo» y propone «recomendaciones», sin valorar específicamente a la legislación de cada país, por lo que no puede abordar la española. Así, la crítica de que los supuestos de la Comisión «invalidan» el texto del Gobierno, a juicio de Industria, «no se ajusta a la realidad del informe«. De la misma manera, Industria defiende que su propuesta legislativa no impone requisitos administrativos diferentes a los de cualquier otro productor de electricidad y que las cargas económicas no son discriminatorias, ya que tienen el objetivo de que los autoconsumidores contribuyan a sufragar los costes del sistema como lo hacen el resto de consumidores.

«Tan sólo se exige la inscripción en un registro administrativo, lo que se justifica por razones técnicas y de seguridad. Además, el trámite de inscripción será simplificado para los pequeños consumidores», añade el Ministerio. «La asociación ha tratado de «manipular» las recomendaciones del documento de la Comisión Europea para arremeter en contra del proyecto de real decreto de autoconsumo», subraya Industria. El borrador de normativa de autoconsumo prevé el establecimiento de una serie de cargas económicas con el objetivo de que los autoconsumidores conectados a la red contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

UNEF afirma que la Comisión aboga por la eliminación de «cargos discriminatorios para los autoconsumidores» y por la necesidad de garantizar la no retroactividad de los cambios administrativos, «asegurando la estabilidad de las inversiones en autoconsumo ya realizadas», sin embargo, según Industria, la norma en tramitación respeta las recomendaciones de la Comisión, ya que no establece cargos discriminatorios. «El autoconsumidor deberá contribuir a los costes regulados del sistema de igual forma que el resto de consumidores. Además, no es retroactivo. La norma contempla un plazo para adaptarse a la nueva regulación para garantizar que todos los consumidores estén en igualdad de condiciones. Por consiguiente, no se afecta a las inversiones de autoconsumo ya realizadas«, añaden al respecto desde el Ministerio.

Finalmente, afirma que «no es cierto» que se creen nuevos cargos ni impuestos, como el conocido como impuesto al sol, sino que lo que se pretende es que «todos los consumidores estén en igualdad de condiciones». «El autoconsumidor deberá contribuir a los costes regulados del sistema de igual forma que el resto de consumidores, tanto para las redes eléctricas como para el resto de servicios del sistema. De no hacerlo, se estaría percibiendo una subvención del resto de consumidores, lo que perjudicaría a los más vulnerables, que verían incrementada su factura por tener que hacer frente a esos costes», destaca.

Industria asegura que su propuesta de ayudas al carbón es apoyada por todas las empresas mineras salvo por dos

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, la propuesta provisional de ayudas a la producción de carbón, correspondiente al ejercicio 2015 y dirigida a las empresas del sector de la minería, con objeto de «tener en cuenta las alegaciones» que pudieran presentarse».

La patronal de la minería del carbón Carbunión consideró que la propuesta del Ministerio de Industria limita «arbitrariamente» la producción subvencionada de carbón y advirtió de un posible «cierre masivo» de unidades de producción. Sin embargo, Industria apuntó que esta propuesta provisional de ayudas ha sido ya aceptada por todas las empresas mineras salvo por dos de ellas: una de las cuales ha efectuado alegaciones y de la segunda aún no se ha recibido contestación.

A partir de 2015, de acuerdo con la normativa vigente, los tonelajes máximos de carbón objeto de ayudas tendrán el límite del volumen facturado por suministros de 2014. Ese límite de tonelaje y, por lo tanto, de la cuantía de la ayuda (20€/t correspondiente a producción subterránea) opera de modo global para el sector. Por ello, Industria explicó que las reducciones de suministros de carbón a las centrales eléctricas por parte de algunas empresas «podrán compensarse con los incrementos que se puedan producir en otras».

La estimación de ayudas para el 2015 se realizó considerando los datos correspondientes a los suministros realmente efectuados a las empresas eléctricas en el periodo enero-abril, según las empresas mineras. La estimación de suministros para el resto de 2015 tiene en cuenta el límite global de tonelaje suministrado por las mismas en 2014, pero no dejan de ser estimaciones. «Se ha pedido información adicional a las empresas mineras con el objetivo de poder aportar documentación adicional a la Comisión Europea que permita la aprobación definitiva del marco de actuación de la minería y de esta forma, abrir la posibilidad a nuevos instrumentos de apoyo para el carbón nacional», agregó Industria.

La Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) ya ha advertido que la propuesta de resolución de ayudas a la minería «está basada en criterios desconocidos por las empresas» y ha subrayado que la limitación de producción que se desprende de la resolución de ayudas planteada supone «acelerar el fin de la minería subterránea«. La patronal indicó que se han limitado las toneladas al sector de manera global, «pero también se ha limitado el tonelaje a cada empresa según su suministro en 2014»,

Así, la patronal señala que se darán «situaciones totalmente absurdas», con empresas que «en 2014 vivieron situaciones durísimas en las que tuvieron que reducir su producción para salir de situaciones concursales o sobreponerse a la negativa a comprar de alguna empresa eléctrica, teniendo que llevar a cabo varios EREs, «ahora sólo se les deja producir lo mismo que en 2014, cuando se trata de minas dimensionadas para una producción mayor«.

El Gobierno plantea elevar el objetivo de biocarburantes hasta el 8,5% en 2020 mientras APPA pide ser «más ambiciosos»

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EFE / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo propone elevar el objetivo de incorporación de biocarburantes a gasolinas y gasóleos hasta el 8,5% en el año 2020, según el borrador de real decreto de fomento de biocarburantes. La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) valoró positivamente el objetivo de biocarburantes propuesto pero indicó a Industria que es necesaria una senda «más ambiciosa» de crecimiento para alcanzarlo.

Esta propuesta de normativa desbloquea el parón en la incorporación de biocarburantes introducido en 2013 por el Gobierno, cuando redujo indefinidamente su presencia hasta el 4,1% en el gasóleo y el 3,9% en gasolina para controlar los precios ante la recesión económica. Ahora, Industria «considera conveniente revisar los objetivos» para cumplir las metas marcadas a nivel europeo, que exigen que el 10% de la energía utilizada para el transporte sea renovable en el año 2020.

Buena parte de ese objetivo comprometido con Europa se logrará mediante la progresiva incorporación de biocarburantes a los combustibles de automoción, que en virtud de la propuesta de Industria tendrá que alcanzar el 5% en 2016 y 2017, el 6% en 2018, el 7% en 2019 y el 8,5% en 2020. La normativa también regula que el biocarburante de primera generación, procedente de cultivos para consumo alimentario, no podrá superar el 7% del combustible final.

Esta medida, según cálculos de Industria, encarecerá el litro de gasóleo 0,2 céntimos de euro a partir del próximo año, 0,2 céntimos adicionales en 2018, otros 0,2 céntimos en 2019 y 0,29 céntimos en 2020. Así, en el conjunto del plan, el litro de gasóleo se encarecerá algo menos de un céntimo de euro, 0,89 céntimos, una cantidad a la que hay que sumar a partir de 2016 una subida de entre el 0,3 y el 0,5% por efecto de normativas de sostenibilidad. Industria no prevé impacto en el precio de la gasolina, ya que los biocarburantes se incorporarán fundamentalmente al gasóleo, algo más sencillo.

El presidente de APPA Biocarburantes, Óscar García, aseguró que «esta senda nos parece insuficiente ya que sus valores iniciales se situarían claramente por debajo de la media de la Unión Europea, con el 6% estimado para 2016, al tiempo que no se recuperaría hasta el final de la década el objetivo del 6,5% previo a la rebaja aprobada por el actual Gobierno». Por ello, el sector propone alcanzar un 4,6% de biocarburantes en 2015, un 6% en 2016, un 7% en 2017, un 7,6% en 2018, un 8,2% en 2019 y un 8,7% en 2020.

Esta senda alternativa contribuiría, según APPA, a consolidar las importantes capacidades de fabricación de biocarburantes actualmente disponibles en España: 35 plantas de biodiésel y 4 plantas de bioetanol con una capacidad productiva anual de 3,9 millones de toneladas y 0,4 millones de toneladas, respectivamente. Adicionalmente, APPA Biocarburantes considera fundamental que estos objetivos globales de biocarburantes se complementen con obligaciones específicas y separadas de biocarburantes en gasóleos (biodiésel) y gasolinas (bioetanol), tal como se establece desde 2008. Por ello, rechaza la propuesta del real decreto de eliminar totalmente las obligaciones separadas.

Por último, APPA Biocarburantes considera que el modelo de obligaciones específicas de biodiésel y bioetanol no sólo debería mantenerse, sino incluso tendría que potenciarse mediante el establecimiento de sendas más ambiciosas de crecimiento de dichos objetivos que permitieran, por un lado, un mejor aprovechamiento de las capacidades productivas existentes en España y, por otro lado, la fabricación nacional de biocarburantes más avanzados y la introducción en el mercado de presentaciones con mayores proporciones de biocarburantes.

Soria niega una subida de la luz tras las elecciones aunque reconoce implícitamente que subirá en enero respecto a diciembre

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, negó que el recibo de la luz vaya a subir el próximo enero de 2016, tras la bajada anunciada del 2,2% aprobada para los meses de agosto a diciembre, y sostuvo que bajará un 0,9% respecto a enero de 2015.

La realidad es que la parte regulada del recibo en diciembre de 2015 será un 2,2% inferior a la de diciembre de 2014 mientras que al mes siguiente, habiendo permanecido congelada un año atrás y si no hay cambios en los próximos meses, esta parte regulada del recibo sólo será un 0,9% inferior en enero de 2016 respecto a enero de 2015. Pero el ministro optó por hacer la comparación con los precios de un año antes y no respecto al mes anterior, un diciembre para el que ya se habrán celebrado las elecciones generales.

Soria explicó que la reducción del 2,2% del recibo de la luz la notarán el 60% de los consumidores eléctricos, aquellas unidades familiares acogidas a la modalidad del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), al disminuir un 4,5% los peajes de la factura. El ministro detalló que la reducción del 2,2% es posible gracias al superávit que registrará el sistema eléctrico en 2015 gracias a la reforma energética aprobada por el Gobierno, lo que supone un importe de 250 millones.

Estos 250 millones son los que permitirán disminuir en los próximos 5 meses los peajes y como consecuencia un 2,2% el recibo, si bien, «esos 250 millones en 2016 se dividen entre doce meses». Por ello, «el impacto mensual va a ser inferior» el próximo ejercicio, si bien «el 1 de enero de 2016 si se compara con el 1 de enero de 2015 será de una reducción del 0,9%».

No obstante, sobre la previsión de la evolución del recibo en enero de 2016 respecto a diciembre de este año, Soria apuntó que «dependerá de cómo evolucione el coste de la energía», que supone un 40% de la factura, frente a los peajes por distribución, transporte e incentivos a renovables (40%) y los impuestos (20%). «Dependiendo del coste de la energía tendrá un precio u otro», agregó el ministro canario.

En cualquier caso, Soria valoró la reducción del déficit eléctrico, que suponía un desajuste acumulado de 30.000 millones a los que se habrían sumado otros 10.500 millones en 2013 «si el Gobierno no hubiese hecho nada». Además, ese déficit genera cada año un coste adicional para amortizar el principal de la deuda y sus intereses que «suponía 2.600 millones cada mes», algo que «pagábamos todos cada mes en el recibo».

A pesar del recorte en el incentivo a las renovables, Soria destacó la rentabilidad garantizada del 7,5% para toda la vida útil de las instalaciones renovables, algo que no sucede en ninguna actividad ni sector «del mundo«. Soria subrayó además que al sector de renovables «están viniendo inversores extranjeros a posicionarse como prácticamente nunca antes» porque «están viendo certidumbre, estabilidad regulatoria y por ley tienen garantizado un marco de rentabilidad razonable del 7,5%«. Preguntado sobre posibles decisiones de paralización de inversión, Soria indicó que «dudas hay» pero «decisiones de paralización de inversiones no me constan».

Carbunión ve «arbitraria» la propuesta de Industria sobre las ayudas al carbón

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Servimedia.- La patronal de la minería del carbón Carbunión considera que la propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la concesión de ayudas a la minería para este año limita «arbitrariamente» la producción subvencionada de carbón y advirtió de un posible «cierre masivo» de unidades de producción. En este sentido, Carbunión mostró su «sorpresa» tras conocer la propuesta, remitida el pasado viernes por el Instituto de la Reestructuración de la Minería del Carbón, al basarse en unos criterios «desconocidos por las empresas».

En concreto, la patronal señala que se han limitado las toneladas al sector de manera global, excluyendo del cálculo los suministros en 2014 de algunas empresas, pero también se ha limitado el tonelaje a cada empresa según su suministro en 2014. «Esto no había sido anunciado ni está escrito en ningún sitio, por lo que nos encontramos con situaciones totalmente absurdas«, a pesar de que las empresas vivieron en 2014 «situaciones durísimas en las que tuvieron que reducir su producción para salir de situaciones concursales».

De esta forma, puesto que las minas están preparadas para una actividad mayor, «hay empresas que prácticamente ya tendrían que parar la producción para el resto del año 2015″. Este hecho, junto a los retrasos en la aprobación de un mecanismo que garantice ciertas cantidades de generación eléctrica con carbón nacional, podría «provocar el cierre masivo de unidades de producción».