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El Gobierno destina 3.895 millones de euros para pagar costes del sistema eléctrico, un 7,4% menos

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Servimedia / EFE.- El Gobierno reducirá un 7,4% la cuantía destinada para financiar los costes del sistema eléctrico en 2016, hasta un total de 3.895,14 millones de euros, frente a los 4.207,17 millones del ejercicio precedente, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2016.

Según el Ejecutivo, una parte se financiará con ingresos procedentes de los impuestos introducidos por la Ley de medidas fiscales para sostenibilidad energética de 2012 y, otra parte, con el resultado de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. También se incluye en esta cifra la financiación del 50% de los sobrecostes que supone generar electricidad en los territorios insulares y extrapeninsulares. Este reparto es resultado de la reforma energética aprobada por el Ejecutivo para atajar el llamado déficit tarifario, la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico.

Según el proyecto de presupuestos, el objetivo principal en materia energética sigue siendo, precisamente, «el control y solución» de los déficit, en especial en el sistema eléctrico, sin menoscabo de la seguridad del suministro ni de la retribución adecuada de las inversiones en activos regulados. El texto elaborado por el Gobierno incide también en las políticas de ahorro y eficiencia energética, y en la protección de los consumidores. Globalmente, la política de Industria y Energía contará el próximo año con unos recursos de 5.455,02 millones de euros, disminuyendo un 9,5% con relación al ejercicio precedente.

El Gobierno mantiene el presupuesto del CSN para 2016

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Servimedia / Europa Press.- El Gobierno mantiene prácticamente igual para 2016 la dotación presupuestaria prevista para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al destinar 46,46 millones de euros, frente a los 46,51 millones de euros de los que disponía en la partida de 2015. Esta cantidad supone una disminución del 0,1% en la asignación al organismo regulador para la seguridad nuclear y la protección radiológica respecto a los presupuestos de 2015, aunque aumenta también su representación en el total que el Gobierno destinará a las políticas de Industria y Energía.

Concretamente, del total de los 5.455,02 millones de euros que el Ejecutivo destinará al departamento que dirige José Manuel Soria, el presupuesto para el CSN representa el 0,9%, un 0,1% más. Así consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 presentado en el Congreso de los Diputados. El CSN, organismo que supervisa la energía nuclear en España, ejerce sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones, con el fin de que sean operadas por sus titulares «de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen».

Soria advierte de que vigilará el mercado eléctrico tras el alza en julio que empaña la bajada de peajes

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Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se mantendrá «vigilante» ante el comportamiento del mercado mayorista de electricidad, o pool, después de que las subidas de precios durante el mes de julio hayan empañado el recorte en un 4% de los peajes eléctricos aplicados desde el pasado sábado y encaminados a provocar un descenso en el 2,2% en el recibo de la luz.

«Siempre estamos vigilantes y también lo está el propio regulador del sistema», cuya función es «velar para que las reglas de competencia se cumplan y no haya ningún tipo de distorsión que pueda afectar a los precios«, afirmó el ministro al ser preguntado por las fuertes subidas en el mercado eléctrico en un momento en el que el Gobierno ha apostado por rebajar la parte regulada del recibo desde agosto.

«Lo que sí que hay este año es una realidad: las condiciones meteorológicas no están favoreciendo una mayor generación de renovables», ya que «hay poco viento y poco sol, poca eólica y solar», y esta circunstancia, junto a una demanda en verano desconocida en «varios años», provoca subidas en la parte de mercado del recibo de la luz, señaló. En todo caso, Soria presentó el recorte de los peajes como «una bajada real en uno de los componentes de la factura eléctrica». «Los beneficios de la reforma energética llegan al consumidor en términos de bajada de precios», aseguró el ministro.

Respecto a la evolución del recibo a lo largo de 2015 y de si se producirá una bajada con respecto al ejercicio anterior, consideró «prematuro» realizar un vaticinio. «Creo que cuando acabe el año habremos tenido un comportamiento similar a lo que fue 2014″, indicó Soria. En todo caso, el ministro rebajó las expectativas ante una posible nueva bajada de peajes antes de fin de año. «El colchón que hay de 250 millones de euros es el que ya se ha utilizado» y el que ha permitido aplicar la rebaja del 2,2% entre agosto y diciembre, de modo que ahora «habría que ver cómo van evolucionando los primeros meses los ingresos y costes del sistema«.

Por otro lado, el ministro quitó importancia a las críticas al nuevo sistema de tarifa por horas de electricidad, entre ellas la de que no permite conocer los precios con antelación suficiente o la de que resulta demasiado compleja e induce al consumidor a conductas como la de poner la lavadora por la noche. «Eso es lo anecdótico de la medición horaria de la facturación», afirmó, antes de destacar como «importante» la eliminación de un sistema de fijación de precios mediante subastas que provocaba un sobrecoste adicional de 300 millones de euros al año y de 1.500 millones en el periodo entre 2009 y 2013.

Además, Soria se mostró confiado ante cualquier denuncia interpuesta contra la tarifa por horas, así como acerca de los arbitrajes que se libran en el Ciadi a propósito de los recortes a las renovables. «El Gobierno no ha tomado ninguna decisión o medida que haya supuesto ninguna discriminación entre inversores nacionales y extranjeros, por lo que no ha lugar en términos de fundamento jurídico a que se planteen ese tipo de arbitrajes internacionales», dijo. «Toda la reforma energética que impulsó el Gobierno en lo referido a incentivos de energías renovables está basado en la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que estos incentivos no pueden ser independientes de cómo evolucione el ciclo económico«, señaló Soria.

Sobre el decreto de autoconsumo, el ministro indicó que incorporarán algunas recomendaciones de la CNMC que «mejoran» el texto. «En septiembre ya irá al Consejo de Ministros», avanzó Soria. «No he visto a nadie que sea capaz de explicarme qué es el impuesto al sol. Eso no está en la ley. Lo que hay es que si alguien se instala una placa solar en su casa y sólo consume de esa instalación, no tiene que pagar absolutamente nada, pero si aparte se quiere estar enganchado a la red, en ese caso se debe pagar esa red como el resto de los consumidores, y eso es lo que hemos establecido», señaló.

Industria acusa a los defensores del autoconsumo de querer «cobrar subvenciones»

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EFE / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo acusó a algunos defensores del autoconsumo de querer «cobrar subvenciones» con cargo al sistema eléctrico, lo que supondría un riesgo de «parasitar» este sistema. Fuentes de Industria aseguran que algunos defensores del autoconsumo pretenden evitar las cargas previstas en el borrador de esta normativa desarrollada por Industria, que fija una carga por autoconsumo, lo que en la práctica sería cobrar subvenciones a costa del resto de consumidores.

Este borrador establece que los titulares de instalaciones de autoconsumo conectados a la red tienen que pagar una serie de cargos para contribuir a sufragar los costes del sistema, que también utilizan, como redes, renovables o la deuda del déficit tarifario. Además, tanto los sistemas extrapeninsulares como los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios disfrutan de beneficios en la parte variable del peaje. Frente a esto, los detractores de la norma aceptan pagar la parte fija del peaje, que se corresponde con la potencia contratada, pero no la variable, que tiene que ver con el consumo y supone el 35% del total.

Industria reconoce que en una primera fase esa parte del peaje no sería muy cuantiosa, pero advierte del riesgo de crear un incentivo que lleve a «parasitar» el sistema eléctrico de manera que se produzca un déficit de ingresos para unos servicios de los que disfrutan tanto los autoconsumidores como quienes no lo son. Además, advierte de que «para autoconsumir hace falta espacio», de manera que solo podrán hacerlo quienes tengan espacio, es decir, empresas, centros logísticos y hogares de gran tamaño, dejando fuera a las personas de menos recursos.

Por ello, estas mismas fuentes consideraron que la aprobación del autoconsumo, tal y como se está planteando por las plataformas defensoras, supondría «una de las políticas más regresivas a la pobreza energética que puede haber habido nunca», ya que beneficia a las rentas más altas frente a las más bajas. En ningún momento, defendieron, el marco normativo para el autoconsumo, que previsiblemente se aprobará el próximo septiembre, irá en contra de su desarrollo, ya que esta actividad se beneficiará tanto de la energía generada como del no pago de los impuestos correspondientes a esta energía, que representa por sí misma «una subvención fiscal implícita ya que no se paga el IVA y otros impuestos de esta energía que se genera».

Por otra parte, las mismas fuentes confirmaron que el sistema eléctrico cerrará este año con un superávit superior al esperado, debido a ciertos factores positivos como la bajada del precio del petróleo, los menores pagos por capacidad por la mayor producción de carbón o gas o la mayor recaudación por impuestos debido a la entrada de grandes cantidades de producción térmica. Parte de este superávit se dedicará a reducir la partida de pagos por capacidad en 250 millones de euros, lo que rebajará la parte fija del recibo a partir de agosto, una partida que hasta ahora se ingresaba en exceso para compensar la falta de fondos en otros apartados.

Precisamente esta partida de pagos por capacidad es la única que escapa, de acuerdo a la ley del sector eléctrico, de la obligación de dedicar el superávit a reducir la deuda pendiente. Industria explica que la decisión de consignar parte del superávit para bajar los peajes en lugar de reducir deuda está relacionado con el propio mecanismo de titulización de esa deuda, es decir, de colocación en el mercado con el aval del Estado, que cobra en función del déficit pasado y no del saldo vivo. Así, la eventual reducción de la deuda acortaría ligeramente los plazos pero no reduciría las cantidades que se pagan anualmente, por lo que el Gobierno ha optado por rebajar las aportaciones de los consumidores.

El superávit de este año por tanto se dedicará así a reducir los pagos por capacidad, «limpiar» pagos pendientes de otros ejercicios y, en menor medida, a reducir la deuda pendiente. De cara a la próxima legislatura, Industria fija como prioridades en materia energética la apuesta por la eficiencia, los mercados secundarios mayoristas, cuya mejora del diseño podría ahorrar «cientos de millones de euros», y la apuesta por las interconexiones.

APPA denuncia la política «discriminatoria» del Gobierno con las renovables respecto al transporte de Red Eléctrica y a la distribución

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) denunció el trato «absolutamente discriminatorio» a las energías renovables por parte del Ministerio de Industria, que reconoce costes financieros al transporte y la distribución pero no a las renovables y subraya que este hecho supone «un paso más en la cruzada anti-renovable que el Gobierno lleva a cabo desde su llegada al poder«, cuyo primer decreto-ley supuso «una moratoria para las energías renovables, que decía ser provisional y todavía sigue en vigor».

Así, considera que con la normativa en desarrollo sobre transporte y la distribución de electricidad, el Gobierno contraviene la Ley del sector eléctrico que especifica que «la retribución de las actividades se establecerá reglamentariamente con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios». Para APPA, esta normativa ministerial es «un ejemplo más del trato de favor hacia algunas actividades y la discriminación a las energías renovables». Además, la asociación considera que las renovables son «las grandes damnificadas de la mal llamada reforma energética del Gobierno», pues no afectó a todos y en realidad, son una serie de medidas «improvisadas y principalmente recaudatorias«.

Greenpeace se moviliza contra la regulación del autoconsumo en España y contra unas prospecciones petroleras en Alaska

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Europa Press / Servimedia.- Esta semana se multiplican los frentes para la organización ecologista: cuatro activistas de Greenpeace fueron detenidos tras haber escalado un edificio junto al Ministerio de Industria para desplegar unas pancartas en protesta contra el proyecto de real decreto que regula el autoconsumo eléctrico. Por su parte, a miles de kilómetros, activistas de Greenpeace bloquearon durante 40 horas la salida de un rompehielos de Shell con destino al Ártico.

En España se trataba de la primera acción de protesta que llevaba a cabo Greenpeace desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también despectivamente como Ley Mordaza, por lo que a partir de ahora verán las consecuencias que esta norma tiene para la organización. Los activistas de Greenpeace portaban pancartas con el mensaje Impuesto al sol NO, aunque la de mayor tamaño se ha roto debido al viento. Mientras, los otros activistas se han presentado a las puertas del Ministerio con un panel fotovoltaico envuelto en un lazo rojo para el ministro José Manuel Soria «para que dé ejemplo de apoyo a las renovables y se autoabastezca con energía solar».

Greenpeace recuerda que, de ser aprobado este decreto, «se obligará a los consumidores que produzcan su propia energía y estén conectados a la red a pagar un impuesto al sol por la energía que han producido para consumo propio». La responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Marina Bevacqua, subrayó que «el autoconsumo es una herramienta clave para la eficiencia energética, la reducción de las emisiones contaminantes, la generación de empleo y para reducir la dependencia energética que España tiene del exterior«. Además, critica que este impuesto se ha establecido en base a los «intereses de las grandes eléctricas«.

Asimismo, advierten de que la nueva legislación «impedirá usar este recurso para paliar el gran problema de pobreza energética que sufren más de siete millones de españoles». «Es un auténtico atropello», afirman desde Greenpeace. Por todo ello, la organización reclama al Ministerio de Industria que descarte el proyecto de real decreto y que cree una legislación «realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que tenga en cuenta los beneficios ambientales, sociales y económicos de esta tecnología y permita garantizar una transición hacia un modelo basado en energías renovables«. Mientras tanto, según aseguran desde la organización, seguirán realizando acciones contra este proyecto.

Bloqueo al rompehielos de Shell

Al otro lado del Atlántico, un total de 26 activistas de Greenpeace Estados Unidos permanecieron durante 40 horas en el puente de Saint Johns en el puerto de Portland (Oregón), impidiendo la salida del buque Fennica. Este rompehielos es la última herramienta que necesita Shell para poder realizar prospecciones de petróleo en el Ártico, según informa Greenpeace. Los activistas se colgaron en el puente con pancartas de mano con los mensajes Shell No, Salva el Ártico y Presidente Obama, última oportunidad para decir #ShellNo. Como ya sucedió en anteriores protestas en Seattle, se sumaron activistas en kayaks que bloquearon también el paso en el agua.

Soria dice que el recibo de la luz subirá hasta un 30% si no hay un ATC en España

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió de que el coste de no tener un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el Estado sigue teniendo competencias para autorizar el ATC mientras que el PP manchego subraya que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan.

En este sentido, Soria aseguró que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que «encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura«. Así, Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.

Además, el ministro señaló que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión sobre la protección medioambiental de los terrenos para tratar de impedir la instalación del ATC en Villar de Cañas es «única y exclusivamente hacer ruido», ya que va «en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que el ATC es un proyecto que genera actividad«. De todos modos, el ministro descarta que esta decisión vaya a afectar a la ejecución o el desarrollo del proyecto, de manera que la empresa encargada de los residuos radioactivos (Enresa) podrá iniciar «en los próximos meses» los trámites pendientes para iniciar la construcción del proyecto.

Asimismo, Soria recordó que este proyecto, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, era del anterior Gobierno socialista, «con muy buen criterio», y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones «totalmente cerradas«. «El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio», añadió Soria al respecto.

Soria destacó que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. «Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio de Industria procederá a aprobar la autorización del ATC», dijo, añadiendo que este proceso podría completarse «a lo largo de los próximos meses».

El Gobierno sigue teniendo competencias

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró convencido de que el Estado sigue teniendo competencia para autorizar el primer permiso del proyecto de construcción del ATC pese al anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona para impedir el proyecto. «Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado, en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma«, aseguró.

Según indicó el ministro, esa posibilidad existe dentro de la actual legislación, aunque Catalá reconoció que, para llevar a cabo esta medida, «tendrá que ser objeto de análisis, de estudio y de valoración» con el fin de determinar «cuál es el interés superior que pudiese concurrir en este caso». Catalá argumentó que, aunque parece que la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de «utilizar una declaración medioambiental» para paralizar el ATC «puede estar dentro su ámbito competencial», el proyecto de construcción del ATC también «tiene que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares«.

«Deben ser técnicos quiénes deciden»

El Partido Popular de Castilla-La Mancha cree que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha lamentado que «a una zona muy deprimida» como la que rodea Villar de Cañas «se le niegue la posibilidad de tener capacidades para el fomento de riqueza y empleo». Igualmente, ha preferido esperar hasta conocer qué se plantea por parte del Gobierno autonómico para manifestarse sobre los terrenos que quieren incluir en la Red Natura 2000, aunque ha incidido en que esa cuestión debe decidirse «de manera técnica».

Red Eléctrica confía en que la nueva retribución para el transporte de electricidad se apruebe antes de las elecciones

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Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Red Eléctrica de España (REE), Juan Lasala, se mostró convencido de que la revisión regulatoria acerca de la retribución a la actividad de transporte de electricidad estará aprobada antes de las elecciones. De momento, en el primer semestre, REE, gestor del sistema eléctrico español, ganó 308,8 millones de euros, un 6,5% más.

Lasala señaló que «los plazos parece que son tendentes a eso» y que el marco regulatorio, que actualmente se encuentra en periodo de alegaciones, irá en «un periodo relativamente corto» al Consejo de Estado. «Si los plazos se cumplen dentro de lo normal, será antes de las elecciones», añadió Lasala. El nuevo consejero delegado de la compañía destacó que esta revisión regulatoria se enfoca «positivamente» por REE, aunque señaló que al encontrarse en periodo de alegaciones prefería ser «muy prudentes».

En lo que respecta a la futura planificación energética para el periodo 2015-2020, Lasala indicó que su publicación se producirá también «pronto», a pesar de las diferencias de carácter técnico entre el borrador del Gobierno y la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que estiman crecimientos de la demanda diferentes. «La planificación no depende solamente de la demanda y no es esencialmente el único input que afecta a la planificación de una red de transporte. También están las necesidades de los sistemas extrapeninsulares así como las interconexiones energéticas«, dijo.

Asimismo, Lasala indicó que la compañía analiza oportunidades en el extranjero, pero especialmente en mercados donde ya se encuentran, como el de Sudamérica, y en países que tengan «un mercado sólido y regulaciones estables«. Finalmente, subrayó que las interconexiones con Francia están avanzando «en la línea que estaba prevista«, siendo el proyecto más adelantado el del cable submarino. «Todo está en la línea prevista, hay una reunión importante en el mes de septiembre y todo va razonablemente en orden», dijo.

Un 6,5% más de beneficio

Son palabras de Lasala después de conocer que Red Eléctrica Corporación obtuvo un beneficio neto de 308,8 millones de euros en el primer semestre, cifra un 6,5% superior a la del mismo periodo de 2014 y en línea con el objetivo de crecimiento marcado respecto al 2013 en el Plan Estratégico 2014-2019. La cifra de negocio del primer semestre ascendió a 972,7 millones de euros, lo que significa un crecimiento de un 5% respecto al mismo periodo del año anterior e incluye los ingresos provenientes de las instalaciones puestas en servicio en 2014, así como 41,5 millones de euros por la actividad de telecomunicaciones, actividad en la que se está avanzando de acuerdo con lo previsto en el Plan Estratégico.

Estas cifras superan incluso los resultados esperados en este primer semestre, según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó hasta los 740,3 millones de euros, un 6,6% por encima del obtenido en los seis primeros meses de 2014. Su evolución está vinculada a la de la cifra de negocio y a los costes operativos, que aumentaron un 3,3% con respecto al ejercicio precedente. Los costes reflejan los esfuerzos por ganar eficiencia que está realizando la empresa, ya que en esta partida, se incluyen en 2015 los costes asociados al contrato de gestión suscrito con Adif que no se incluían en el 2014.

El resultado neto de explotación (Ebit), por su parte, alcanzó los 507,1 millones de euros, un 4,5% más, debido al incremento del 12,5% de las dotaciones para amortización de activos no corrientes como consecuencia de las puestas en servicio en 2014, entre las que incluye la nueva interconexión eléctrica con Francia, y el impacto de la amortización de los derechos de explotación de la red de fibra óptica de Adif. La fuerte generación de fondos y el positivo comportamiento del capital circulante y los pagos a proveedores permitieron que la deuda financiera neta del grupo se redujera en 362,7 millones respecto a la registrada en enero, con lo que se situó en los 5.045,8 millones.

La compañía ha realizado inversiones por valor de 225,8 millones de euros, un 9,3% menos, de los que un 90%, 204,4 millones, se ha destinado al desarrollo de la red de transporte española. A lo largo del semestre, la plantilla media de la compañía fue de 1.751 empleados, lo que representa un incremento del 0,3% respecto a 2014. El resultado financiero ha sido de -78,5 millones de euros frente a -70,4 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, como consecuencia de un mayor saldo medio de la deuda financiera, debido fundamentalmente a la adquisición de la red de fibra óptica de Adif, compensado parcialmente por un menor tipo medio de interés.

Industria desestima con el silencio administrativo los recursos de las petroleras contra el Fondo de Eficiencia

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo realizó una «desestimación presunta» de los recursos de reposición de varios operadores petrolíferos en contra de la orden ministerial en la que se fija la contribución obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, indica el Tribunal Supremo. Ante esta circunstancia, el Alto Tribunal admitió a trámite varios recursos inicialmente planteados frente al Ministerio de Industria, entre ellos los de Repsol Butano, Petronor y Societat Catalana de Petrolis, según publicó en el BOE.

La orden ministerial denunciada, publicada en febrero, detalla las aportaciones de cada empresa al nuevo fondo de eficiencia, creado por Industria y en el que se establece la contribución obligatoria de 240 agentes del sector con el objetivo de ahorrar este año 243 millones de euros a través de medidas de eficiencia. Conforme a este nuevo mecanismo de obligaciones, las empresas deben ahorrar durante el año una energía equivalente a un 1,5% anual de sus ventas, medidas en términos energéticos, a través de medidas de eficiencia. El esquema de reparto convierte a las distintas empresas de Repsol en las obligadas a realizar un mayor esfuerzo en términos cuantitativos, al aportar unos 44 millones al plan.

Múltiples compañías lo han recurrido

Este plan de Industria se lanza en cumplimiento de las directivas comunitarias, que establecen la obligación de justificar las cantidades de ahorro de energía conforme a los objetivos de 2020. España debe ahorrar 15,9 millones de toneladas o equivalente entre 2014 y 2020. Aparte de Repsol, el plan de eficiencia ha sido recurrido ante el Supremo por empresas como GDF Suez, Galp, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM y Factor Energía. La medida también ha sido denunciada por la Unión de Petroleros Independientes (UPI) así como por las grandes petroleras, ya sea de forma individual o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a compañías como Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Shell.

Dentro del sector eléctrico, el Tribunal Supremo también admitió a trámite los recursos de Acciona, HC (filial de EDP España), E.ON España, los instaladores eléctricos de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie), los pequeños comercializadores representados por la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, la comercializadora Nexus y las pequeñas distribuidoras de electricidad integradas en Cide HC Energía.

La patronal eólica pide recuperar la confianza de los inversores tras cerrar el semestre sin instalar ningún megavatio

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Redacción / Agencias.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE), patronal del sector, abogó por corregir la reforma energética del Gobierno para «recuperar la confianza de los inversores» tras cerrar el primer semestre del año sin incorporar nueva capacidad eólica al parque de generación español. Estas perspectivas, según AEE, «alejan cada vez más la posibilidad de cumplir» el borrador de planificación energética del Ministerio de Industria, que prevé 5.000 megavatios (MW) eólicos adicionales entre este año y 2020.

El borrador de Planificación Energética del Gobierno supondría alrededor de 7.000 millones de euros en inversiones para poder cumplir los objetivos europeos de cara a 2020, que son vinculantes. Pero la realidad es que el sector eólico no ha instalado ni un solo megavatio nuevo en España en el primer semestre del año, lo que pone en peligro no solo la supervivencia de las empresas del sector, sino también el cumplimiento de los objetivos europeos, indicó la AEE. «Los peores pronósticos se han hecho realidad» y «las inversiones en nueva potencia eólica se alejan de España«, lamenta la patronal, que cifra en 22.986 megavatios (MW) la actual potencia eólica instalada.

La AEE recuerda que la demanda de electricidad se está recuperando, lo que genera un escenario «preocupante», ya que sin nuevas inversiones en tecnologías limpias las nuevas necesidades de electricidad tienen que cubrirse con combustibles fósiles importados. De hecho, la mayor generación con carbón y con gas natural en España ha supuesto «un aumento de las importaciones del 39% y el 32,8% de estos combustibles fósiles para producción eléctrica en el periodo». Así, en los primeros cuatro meses del año, España se ha convertido en el país de la OCDE que más incrementó su generación con combustibles fósiles, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y, como consecuencia, las emisiones de CO2 en España crecieron un 116%.

La asociación eólica recuerda que el Gobierno piensa hacer públicas después del verano las condiciones de la subasta de 500 MW eólicos con la que quiere reactivar las inversiones en el sector y retomar la senda de cumplimiento de los objetivos europeos. A juicio de la AEE, «lo fundamental para ello es recuperar la confianza de los inversores corrigiendo aspectos fundamentales de la reforma energética, como la posibilidad de modificar cada seis años las condiciones económicas para las renovables y, por tanto, su rentabilidad razonable, o la imposibilidad de que los parques eólicos recuperen parte de los desvíos entre el precio de mercado real y el que prevé el Gobierno».

Sin estos ajustes, la patronal eólica considera «muy difícil» que los inversores vuelvan a confiar en España la hora de instalar nuevos parques. Además, «es necesario que la convocatoria de subasta se ajuste a la realidad del sector, que establezca una rentabilidad para toda la vida útil de las instalaciones, y que tenga unas normas claras, entre otras cosas», afirma. Además, recuerda que la ausencia de nueva potencia eólica en 2015 se suma a la instalación de apenas 27 MW en 2014. Si el mercado sigue «paralizado», afirma la AEE, «la potente industria eólica española acabará por marcharse del país«, a pesar de que la actividad exportadora continúa al alza, aumentando un 15,7% en el primer trimestre respecto a 2014.

Sin embargo, las empresas eólicas consideran que «son necesarias medidas para dinamizar el mercado interno y aumentar la capacidad exportadora y la presencia internacional de las empresas, así como instrumentos que favorezcan la I+D y que propicien el desarrollo industrial». «Si no se toman medidas para incentivar la renovación de los 20.266 aerogeneradores instalados en España, en 2020 el 50% tendrá más de 15 años de vida y el 20%, más de 20 años, lo que supondrá que se irá reduciendo el número de megavatios generados, y el país se alejará aún más de los objetivos europeos«, advierte la AEE.