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Catalá está convencido de que la vía jurídica dará la razón al Gobierno con el ATC aunque apuesta por negociar

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Europa Press.- El ministro de Justicia y cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Cuenca, Rafael Catalá, se ha mostrado convencido de que la vía jurídica les dará la razón en torno al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), aunque ha apostado por seguir «negociando a nivel político» para alcanzar una solución para este tema.

Catalá se pronunció así en Villar de Cañas (Cuenca), junto al presidente provincial del Partido Popular, Benjamín Prieto, con motivo de la reunión que mantuvieron con el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, donde ha apostado por «trabajar para defender la razón jurídica» pero también por la vía política, a través de la «búsqueda de soluciones de consenso». «No podemos estarnos aquí años discutiendo quién tiene más razón, los gobernantes estamos para resolver problemas, no para crearlos, y paralizar esta inversión es crear un problema», dijo Catalá, que aseguró que su intención es que «con la máxima voluntad, cuanto antes, encontremos esas soluciones».

En cuanto a los recursos anunciados por el Gobierno central contras las decisiones de la Junta para obstaculizar el ATC, Catalá anunció que van a defender «que todos los trabajos que se habían hecho para situar en Villar el ATC tienen fundamento, todas las garantías y los requisitos formales». Preguntado por el más reciente, contra la anulación del POM, recordó que hay dos meses para plantearlo y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están ya trabajando en ello «para hacer una buena defensa» y, aunque aseguró respetar las competencias de la Junta autonómica, ha insistido en que ellos defenderán que el emplazamiento es «completamente válido».

Sobre la posible Declaración de Interés General de la obra del ATC por parte del Gobierno central, apuntó  que se está «estudiando» porque esa posibilidad existe en el ámbito de la Ley del Suelo, aunque en el ámbito medioambiental «no está tan claro», confesó. «Estamos estudiando para dar pasos serios, queremos soluciones, si ese es un camino lo exploraremos y, en su caso, lo plantearemos en el Consejo de Ministros», dijo Catalá, que manifestó que no quieren «que esto nos lleve a un recurso en Bruselas, en el Tribunal Europeo, y recurrirnos los unos a otros, sino de encontrar soluciones».

Por su parte, Benjamín Prieto lamentó que personas como García-Page están «haciendo mucho daño a esta provincia y esta comarca» con sus decisiones, recordando que el ATC va a generar «empleo, riqueza e ilusión» y que el Gobierno regional no tiene «todavía» un proyecto alternativo para esta comarca. En el mismo sentido, el alcalde de Villar de Cañas ha asegurado que el Ejecutivo regional «no tiene motivos ni razón para hacer lo que está haciendo», intentando «torpedearlo y pararlo con cosas sin razón», convencido de que «Page lo menos que podía hacer era ayudar, no torpedear», porque «al final se va a hacer el ATC«.

Sin noticias del Gobierno central

Por su parte, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico todavía no tiene noticias de que el Gobierno central haya recurrido la anulación por parte de la Consejería de Fomento del POM de Villar de Cañas, localidad elegida para emplazar el ATC de residuos nucleares. Ante la visita de Catalá, Guijarro lamentó que esté realizando «de manera urgente» un curso intensivo «de conquensismo» para poder pedir el voto en la provincia, tras lo que ha añadido que «en Cuenca la gente acoge a todo el mundo aunque venga solo un mes y luego se olviden de ellos».

Soria arremete contra Castilla-La Mancha

Desde el Gobierno central, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tachó de  «profundamente irresponsable» la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha respecto al ATC y espera que «reconduzca la situación«. El ministro explicó que no se ha anunciado por el Gobierno un recurso en contra de la anulación del POM y lo que sí se ha planteado es un recurso contra de la resolución de Castilla-La Mancha con el fin de extender la zona de protección especial de aves paralizando el futuro ATC. Subrayó que la decisión del Ejecutivo regional tiene como fin «entorpecer lo que es un proyecto de Estado».

«Es un proyecto de Estado importante para España, para la seguridad energética, para la seguridad nuclear, y no fue iniciado y tramitado por este Gobierno, que lo culminó y era lo que tenía que hacer. Fue iniciado y tramitado por parte del Gobierno anterior, y creo que lo hizo con buen criterio», añadió al respecto. Asimismo, Soria acusó al Gobierno de García-Page de modificar su posición sobre el ATC por «una única razón: el pacto con Podemos que le ha exigido que tome esta decisión».

Las renovables confían en llevar el recorte retributivo a la Unión Europea mientras Soria argumenta que han ganado «credibilidad»

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Europa Press.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, asegura que «la credibilidad» es el factor que explica por qué están entrando inversiones extranjeras por más de 3.000 millones de euros en el sector español de las renovables. Sin embargo, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que su recurso en contra del recorte de incentivos a las renovables se encuentra ahora «más cerca» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de que el Tribunal Supremo haya dictado providencia.

La asociación confía en que, al llegar el recurso al Tribunal de Luxemburgo, APPA podrá defender en mejores condiciones al sector de las renovables. En concreto, el Supremo ha dictado providencia contra el real decreto, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Una vez dictada esta providencia, y habiéndose evacuado el trámite de conclusiones por las partes, que son APPA y la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Industria, su contenido queda pendiente de señalamiento para votación y fallo por parte del Supremo.

Para APPA, esta providencia es «de suma importancia en cuanto al acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en tanto que se abre la puerta para atender la pretensión de APPA de elevar la cuestión prejudicial formulada en su demanda«. En esta demanda se plantearon varias dudas en relación a la interpretación y adecuación del real decreto 413/2014 al Derecho Europeo, en general, y a la directiva 2009/28 CE, en particular. APPA también señala que ambas partes han acordado en el procedimiento la idoneidad de elevar el proceso a cuestión prejudicial, a la vista de la posible apertura de un Procedimiento de Examen Preliminar de Ayudas de Estado.

3.000 millones tras ganar «credibilidad»

Por su parte, Soria, subrayó que «la credibilidad» es el factor que explica por qué están entrando inversiones extranjeras por más de 3.000 millones de euros en el sector español de las renovables. En este contexto, Soria ha destacado que España está exportando tecnología, know-how y experiencia en materias renovables a muchos países y también ha afirmado que «la reforma del sector energético está empezando a dar sus frutos», ya que España está por encima del objetivo que el Gobierno tenía marcado para este momento.

Asimismo, el titular de Industria ha apuntado que el incremento de la interconexión y la bajada de pagos por capacidad se está viendo reflejado en los precios, ya que «la interconexión ha posibilitado que los precios bajen y permitirá que España cierre 2015 con un precio similar al de 2013, o incluso por debajo«. Por otro lado, Soria recalcó que España no está ante un problema de efecto de capacidades o de generación y ha afirmado que en España hay que hacer pagos por capacidad, ya que el país no está tan interconectado con el resto de Europa como debería.

La bombona de butano y el gas licuado por canalización apenas sufren variaciones en la revisión de este martes

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Redacción / Agencias.- Mientras que el precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subirá a partir de este martes un 0,08%, según una resolución del Ministerio de Industria, el precio máximo de la bombona de butano más utilizada, de 12,5 kilogramos, será de 12,68 euros a partir de este martes, impuestos incluidos, lo que supone un descenso del 0,6% con respecto a los 12,76 euros fijados en la anterior revisión y del 27,5% con respecto a enero.

Este abaratamiento de 8 céntimos por bombona se suma a los del 5% aplicados en septiembre y julio, así como a las bajadas del 10,7% en mayo y del 9,7% en marzo. De esta forma, el precio de la bombona de butano se sitúa 5 euros por debajo de los 17,5 euros en los que había iniciado el año. En una resolución publicada en el BOE, el Ministerio de Industria fija un precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo antes de impuestos de 82,3468 céntimos por kilogramo. Además, el coste de comercialización sin impuestos reconocido a las empresas se situará en 50,1143 céntimos por kilogramo, prácticamente el mismo que el reconocido en la anterior revisión de septiembre.

Fuentes del sector indicaron que, conforme a la fórmula de revisión automática, el precio de la bombona de butano tendría que haber subido y haberse situado en noviembre en 13,15 euros. Sin embargo, Industria no ha aplicado esta subida porque disponía desde el bimestre anterior de un superávit tarifario en el butano dado el abaratamiento del 17% en el coste de la materia prima de la anterior revisión, que ahora ha aprovechado para evitar el incremento y aplicar la nueva bajada. A partir de ahora, ya no existe este superávit y la relación entre costes e ingresos se encuentra en equilibrio, de modo que la revisión de enero responderá exclusivamente a las variaciones en los distintos componentes de la fórmula.

El Gobierno congeló la bombona de butano en 17,5 euros durante un año y, posteriormente, prorrogó el precio en varias ocasiones a pesar del encarecimiento de la materia prima, lo que generó un déficit en el sector. Este déficit acumulado empezó a reducirse cuando bajaron las cotizaciones internacionales del crudo y gracias a que el precio se mantenía congelado. Desde hace meses, existe un superávit que ha servido en esta ocasión para evitar una subida.

Conforme al nuevo mecanismo de revisión, los precios del gas licuado del petróleo se revisan en el tercer martes de cada mes impar, de modo que el precio actual estará vigente hasta el 19 de enero. Las revisiones afectan a cerca de 8 millones de consumidores y se realizan en función de variables como las cotizaciones internacionales, el tipo de cambio, el flete (transporte) y los costes de las materias primas, entre otros factores, con una limitación del 5% de subida o bajada, vigente desde hace dos años. El precio regulado afecta a las bombonas más utilizadas, consistentes en envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos cuya tara sea superior a 9 kilogramos.

GLP por canalización apenas sube

El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subirá a partir de este martes un 0,08%, según una resolución del Ministerio de Industria publicada en el BOE. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se situará en 68,0730 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 68,0148 céntimos del mes anterior. Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subirá un 0,1% a partir de este martes, hasta los 53,4821 céntimos por kilogramo, frente a los 53,4239 céntimos del mes anterior.

Este aumento se produce por un incremento del 1,3% del coste de la materia prima en dólares, que es compensado por una caída del 9% de los fletes (transporte); el tipo de cambio del euro-dólar se aprecia ligeramente, un 0,12%. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.También se tuvieron en cuenta los costes de comercialización establecidos en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas dictada en julio.

Canarias acuerda con Industria el desbloqueo de los nuevos parques eólicos en el archipiélago

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EFE.- El Gobierno de Canarias rubricó con el Ministerio de Industria el acuerdo por el que ambas partes resuelven sus diferencias sobre cómo se tramitarán los nuevos parques eólicos previstos en el archipiélago, lo que permitirá a los inversores dar salida a sus diferentes proyectos. El acuerdo fue rubricado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

A finales de la pasada legislatura, el Gobierno canario decidió renunciar al concurso público como fórmula para adjudicar parques eólicos tras dos convocatorias que resultaron paralizadas en los tribunales por diferentes circunstancias. En su lugar, el archipiélago puso en marcha un sistema de autorización administrativa directa, al que las empresas del sector podían acudir para solicitar asignación de potencia eólica.

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de Canarias, Pedro Ortega, recordó que ese procedimiento de autorización administrativa había sido acogido con reticencias por el Ministerio de Industria, que lo impugnó. Y esas reticencias se trasladaban, a su vez, a las empresas, que eran reacias a apostar por unas autorizaciones que podían verse expuestas a inseguridad en el futuro si los tribunales daban la razón al Ministerio de Industria en sus diferencias con Canarias.

El acuerdo firmado entre el ministro Soria y Clavijo establece un mecanismo con el que las dos administraciones están de acuerdo y, con ello, pone fin a esas incertidumbres, explicó Ortega. «Este acuerdo permite que los promotores tramiten sus proyectos con mayor agilidad y plena seguridad jurídica y va a favorecer el incremento de energía eólica en las islas«, añadió.

Además, el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma aprobó una nueva infraestructura que hará posible incrementar un 50% la penetración de la energía eólica en la isla de Gran Canaria: la construcción de la subestación eléctrica de Escobar, en el municipio de Ingenio, y una línea de transporte de 66.000 voltios asociada a la infraestructura. El Gobierno de Canarias insta además al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Ingenio a modificar el planeamiento afectado, con el fin de que la subestación, que fue declarada de interés general el pasado enero, quede contemplada.

La nueva infraestructura de Escobar conectará con los parques eólicos de La Sal I, La Sal II, La Sal III, Lanzagorta, Llano Blanco y Villegas y posibilitará que, una vez instalados y en funcionamiento los aerogeneradores, Gran Canaria incorpore 40 megavatios de potencia eólica a los 86 que ya existen, lo que se traduce en un aumento del 50% de energía procedente de esta fuente.

A esta nueva subestación, que costará 4,7 millones, financiados por Red Eléctrica, se le suma la de Callejones, en Lanzarote, cuya ejecución también fue aprobada la pasada semana en el marco del compromiso adquirido con los representantes del sector de la energía eólica de facilitar la puesta en marcha de infraestructuras que permitan el transporte y la evacuación de la energía procedente de los aerogeneradores.

Industria desestima la creación de una línea de alta tensión en la cuenca del Guadarrama

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EFE / Europa Press.- El Ministerio de Industria y Energía desestimó la creación de una red eléctrica de muy alta tensión (MAT) entre las localidades de Galapagar y Moraleja de Enmedio, denominada como la Autopista eléctrica por sus detractores, una línea que cruza en 56 kilómetros de norte a sur el oeste de la Comunidad de Madrid y afectaba a más de 20 localidades.

El Ayuntamiento de Galapagar lamentó la decisión del Ministerio de Industria al considerar que su paralización supondrá la continuidad de 9 kilómetros de líneas de alta tensión que «sobrevuelan» las viviendas de los vecinos e iban a ser desmanteladas con la nueva infraestructura. Según la resolución que Industria publicó en el Boletín Oficial del Estado en julio, la línea proyectada por Red Eléctrica de España, de 400 kilovatios, tuvo una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable que impide llevar a cabo el proyecto. El proyecto preveía la construcción de una línea de 126 torres de 76 a 44 metros que cruzaba significativamente la cuenca del Guadarrama y el Parque regional del curso medio del Guadarrama.

Según la DIA, la red Galapagar-Moraleja «previsiblemente causará efectos negativos significativos sobre el medio ambiente» al considerarse que «las medidas previstas por el promotor no son una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación». Por estas razones, la solicitud de autorización y el expediente fueron archivados sin alegaciones posteriores. La línea de MAT pretendía atravesar las localidades de Galapagar, Colmenarejo, Valdemorillo, Brunete, Villanueva de la Cañada, Quijorna, Villaviciosa de Odón , Móstoles, Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, José Manuel Franco, señaló que, él era responsable de Medio Ambiente y Territorio del PSOE madrileño cuando surgió el proyecto, y que presentaron «una serie de alegaciones en la delegación del Gobierno y en los diferentes municipios por donde pasaba la línea» para que el proyecto fuese paralizado. Según Franco, se apoyaban «en una sentencia del Supremo que ante un caso similar en Cantabria y Vizcaya» les daba la razón al ser un tema «muy parecido». Del mismo modo el socialista indicó que «en algunos municipios incluso del PP el Pleno se pronunció» a favor de la paralización.

El PSOE pedía la paralización del proyecto porque la instalación se basaba en «informes desfasados» del 2005, porque no se justificaba un proyecto de dicha envergadura y porque era un «atentado desde el punto de vista medioambiental en una zona de gran valor ecológico». Por ello alegaron un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se acreditaba que una exposición a una distancia mínima de las torres de Muy Alta Tensión «generaba problemas e incidía en los casos de cáncer de personas que vivían». Además, Franco quiso subrayar la importancia que tuvieron las iniciativas vecinales y de grupos ecologistas en este sentido.

A pesar de que el PSOE madrileño ha mostrado su «satisfacción» ante la decisión del Gobierno, el Ayuntamiento de Galapagar ha mostrado su descontento al considerar que «los vecinos de Galapagar son los primeros perjudicados con esta noticia». Para el concejal de Medio Ambiente, Ángel Camacho, su único objetivo ha sido «apoyar la demanda de cientos de vecinos que viven bajo las 9 kilómetros de líneas que sobrevuelan sus viviendas«, por lo que apoyaban este proyecto. El concejal de Medio Ambiente recuerda que el proyecto preveía la instalación de una línea de doble circuito, «lo que permitiría la eliminación de la línea de 400.000 voltios que actualmente atraviesa el término municipal de Galapagar y que además discurre por zonas urbanas».

Soria alerta de que la decisión de la Junta afecta a la seguridad nuclear de España y estudiarán acciones legales

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Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió de que la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de anular el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas (Cuenca), paralizando así el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, «afecta a la seguridad nuclear de España». En este sentido, aseguró que esa decisión del Gobierno socialista se debe a la condición que le puso Podemos al PSOE para poder gobernar «habiendo perdido las elecciones».

Soria incidió en la «gravedad» de este asunto porque afecta a la seguridad nuclear de España, donde hay 8 centrales nucleares y el 20% de la electricidad que se consume procede de esa fuente de energía. Además añadió que, al no haber en España un almacén como el que se proyecta en Villar de Cañas, actualmente exportamos esos residuos pero tienen que empezar a retornar a España en 2017, por lo que advirtió de que, «si no se cumplen esos plazos habrá un problema de seguridad nuclear y será responsable quien lo impide por una causa política que no tiene que ver con la energía».

El ministro recordó que el proyecto del ATC «no es del PP» sino que comenzó «con buen criterio el Gobierno socialista en el 2006» y cuando el PP llegó al poder «estaba todo ultimado, salvo elegir el emplazamiento entre cuatro previamente preselecionados por el Ejecutivo del PSOE«. La Abogacía del Estado ya interpuso un recurso contra la decisión del Ejecutivo autonómico de Emiliano García-Page de ampliar la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y el Gobierno está a la espera de saber si se suspende cautelarmente, señaló Soria.

Estudiarán acciones legales contra Page

Por otro lado, según anunció el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, el Gobierno central va a estudiar «emprender acciones legales o judiciales» contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, porque la decisión de anular el POM de Villar de Cañas sería «contraria al interés general de España, de Castilla-La Mancha, de Cuenca y de Villar de Cañas». «No vamos a tolerar que por cuestiones políticas una persona frívola, irresponsable y perdedora se paralice un proyecto nacional que está consensuado en época del PSOE y que con esa acción lleve a la ruina a hombres y mujeres de la provincia de Cuenca», ha aseverado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Asimismo, aseguró que se pondrá en marcha «toda la maquinaria del Estado», para que «este proyecto de interés general y nacional llegue a buen puerto». Según el delegado del Gobierno: «Emiliano García-Page se ha convertido en Castilla-La Mancha en un pequeño Artur Mas, porque está dando golpes contra todo en Castilla-La Mancha«. «Page se ha enfrentado a los conquenses con el ATC y a Ciudad Real por Elcogas, que vuelvo a recordar que gracias al Gobierno de España puede ser viable en un futuro», añadió.

El PP avanza querella criminal

Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha indicaron que estudian interponer una querella criminal por un posible delito de prevaricación contra el presidente regional, Emiliano García-Page, y le ha comparado con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, «por atacar el interés nacional». Según el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en las Cortes, Lorenzo Robisco, Page ataca un tema de suma importancia, incluso a nivel europeo y que contaba con todos los informes pertinentes.

Robisco criticó que, con esta «nueva tropelía», el Ejecutivo socialista vulnera la ley y «se salta a la torera» un procedimiento que ya estaba establecido y que viene de la época del Gobierno socialista de Zapatero, por lo que «este ataque no quedará sin consecuencias». «En Castilla-La Mancha no queremos un presidente como Artur Mas que roza un delito de prevaricación al cambiar informes de la noche a la mañana, usando todas las artimañas habidas y por haber para saltarse un procedimiento de interés nacional vulnerando el ordenamiento jurídico», insistió.

El Ejecutivo autonómico pide mesura

Ante estas reacciones, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, volvió a pedir al Gobierno central que recapacite sobre la ubicación el ATC y a los políticos del PP «mesura», por los ataques «iracundos» que hicieron contra Emiliano García-Page. En este sentido, De la Cruz indicó que el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Villar de Cañas están en su derecho de recurrir la resolución de la Consejería de Fomento en la que anula el POM de este municipio, pero abogó por que se sigan los trámites administrativos establecidos y que no se viertan amenazas en los medios de comunicación «que no son admisibles aunque estemos en precampaña electoral», apuntó.

De la Cruz rechazó los ataques «iracundos, desproporcionados y fuera de lugar» del alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, el diputado regional, Lorenzo Robisco, o el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio. A su juicio, están anunciando medidas como acciones legales y querellas criminales contra García-Page que no se corresponden con los trámites administrativos que deben seguirse, que pasan por recurrir la resolución de la Consejería de anular el POM, que implica la paralización del ATC. La consejera explicó que puede recurrirse ante la Consejería, donde la resolución del recurso tardaría un mes o ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), en el que tardaría dos meses.

Endesa subraya que Elcogas depende de que Industria acepte la nueva propuesta que prepara la empresa

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EFE.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, subrayó que para que la central de Elcogás en Puertollano (Ciudad Real) continúe operativa, el Gobierno deberá aprobar la nueva propuesta que elaborará la empresa y que contempla una remuneración extra para la planta para poder continuar sin incurrir en pérdidas como hasta ahora. «Hemos hablado con Industria sobre esa remuneración extra y hay ciertas señales de que puede ser posible», apuntó Bogas, que recordó que la empresa debe presentar esa propuesta antes de febrero de 2016.

«De que se apruebe o no esa propuesta dependerá que siga Elcogas», destacó el directivo. Según han explicado directivos de Elcogas, el informe que prepara la empresa incluirá, entre otras cuestiones, las inversiones de nuevo equipamiento para producir electricidad con una hibridación de coque de petróleo, carbón y un 30% de orujo de aceituna (biomasa) y acceder al régimen retributivo específico. El Ministerio de Industria aplazó la desconexión de la planta, prevista para el 31 de octubre, por un periodo de tres meses que cumple el próximo 31 de enero.

Actualizará su plan estratégico próximamente

Por otro lado, Endesa actualizará su plan estratégico el próximo 23 de noviembre, la actualización de Endesa se hará en el marco del segundo de los grandes encuentros anuales que la compañía mantiene con inversores y no conllevará cambios importantes sobre la hoja de ruta señalada en marzo, según señalan fuentes de la eléctrica. Bogas apuntó que el plan se actualiza en un contexto de bajos precios del crudo, subrayando que la empresa cuenta con las «herramientas suficientes» para hacer frente a situaciones adversas y descartando «noticias» sobre el dividendo.

Bogas insistió en que el foco de la compañía sigue en la Península Ibérica, tras traspasar a Enel el negocio latinoamericano, pero, cuestionado por un posible interés, descartó compras de activos en España. «No está sobre la mesa; el foco está en Iberia pero en generación convencional», apuntó. En cuanto a la propuesta de remuneración para las plantas de carbón que realicen inversiones en mejoras ambientales, Bogas aseguró que todas «las opciones están abiertas» y que deberán ver «clara» la rentabilidad de los proyectos para acometerlos. Por ahora, la eléctrica pasó sus plantas al Plan Nacional Transitorio establecido por el Ministerio de Industria y tiene de plazo hasta finales de 2016 para dar más pasos.

Elcogas presentará un plan de viabilidad antes del 17 de diciembre

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EFE / Europa Press.- La dirección de Elcogas se ha fijado el 17 de diciembre como tope para presentar al Ministerio de Industria el informe de viabilidad de la planta de Puertollano (Ciudad Real), que deberá ser aprobado por el Ministerio antes del 31 de enero de 2016, fecha en la que se cumpliría la prórroga concedida por Industria antes de proceder a su desconexión de la red. Por su parte, los trabajadores de Elcogas solicitan a la empresa que pida al Ministerio de Industria ampliar esta prórroga.

Al respecto, el director de la central de Puertollano, Alfredo García Aránguez, señaló que entregando el estudio en esa fecha hay «tiempo suficiente» para que el Ministerio tome las decisiones oportunas antes de que concluyan los tres meses de prórroga concedidos para la desconexión. García Aránguezha dicho que no cree que las elecciones del 20 de diciembre condicionen el proceso y que «las empresas gestionan sobre realidades y no sobre acontecimientos políticos o sociales».

Por otro lado, indicó que Elcogas se reconectará a la red eléctrica y va a estar disponible pero no va a producir energía mientras no se despeje su futuro regulatorio. El director de la planta añadió que la aprobación del informe de viabilidad requerirá un apoyo por parte del Ministerio para cubrir los costes de explotación, que superan los ingresos por venta de electricidad. De esta forma, la inclusión de Elcogas en un régimen retributivo especial deberá cubrir las pérdidas de aproximadamente 36,5 millones de euros de media al año.

Según García Aránguez «se ha visto que hay un plan por parte del Ministerio de Industria» que reconoce que el futuro de Elcogas «pasa por un régimen retributivo específico», tal y como la empresa lleva reclamando cerca de un año y medio. Ante la «confianza generada» por este nuevo punto de vista del Ministerio, García indicó que el trabajo es «intenso» de cara a tener listo ese informe de viabilidad «para presentarlo al regulador según los criterios administrativos de Industria para que se incluya a Elcogas» en ese nuevo régimen. En todo caso, destacó que conseguir este reconocimiento «no está exento de esfuerzos para Elcogas«.

García Aránguez también destacó el esfuerzo financiero de los socios accionistas de Elcogas, que a lo largo de su historia ha tenido unas pérdidas de 207 millones de euros, «lo que da cuenta del esfuerzo financiero» que están realizando la empresa y sus accionistas, «un esfuerzo que se mantendrá tres meses más mientras se ultima una alternativa industrial para que la planta se incluya en este régimen; muy al contrario del tratamiento que han recibido centrales construidas en Corea del Sur, Japón, China o Estados Unidos, donde sus propietarios obtuvieron ayudas y apoyos regulatorios tanto a la construcción como a la explotación de las plantas».

Además lamenta que a pesar de que la central de Elcogas es un referente en investigación, desarrollo e investigación para la gasificación de carbón, y del tiempo transcurrido «sigue siendo una tecnología inmadura». En su opinión, a Elcogas le ha faltado una estabilidad regulatoria, a la que ahora aspira con el acceso al régimen retributivo específico y que le podría permitir «superar definitivamente la situación de cierre dando lugar a un nuevo escenario de futuro».

García Aránguez también justificó la inviabilidad económica de Elcogas indicando que el megavatio producido por la planta en 2015 ha sido un 37% más caro de lo que se ingresa por él, «y ese déficit es el que supone la inviabilidad de la planta«. El informe que está preparando la empresa incluirá, entre otras cuestiones, las inversiones de nuevo equipamiento para producir electricidad con una hibridación de coque de petróleo, carbón y otro 30% con orujo de aceituna (biomasa) y acceder al régimen retributivo específico. La inclusión de la biomasa se justifica «por su alta disponibilidad en la zona», y tal y como aseguró García Aránguez, «se puede aventurar que será una buena solución alternativa».

Quieren ampliar más la prórroga

Los trabajadores de Elcogas solicitan a la empresa que pida a Industria una ampliación de la prórroga de tres meses que se dio, a partir del 31 de octubre, para retrasar la desconexión la planta de la red. El presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, aseguró que la empresa se comprometió a presentar este informe a los trabajadores cuando esté elaborado. Con este calendario, y puesto que las elecciones se celebrarán el 20 de diciembre, los representantes de los trabajadores piden a la empresa que solicite una prórroga aún más grande.

Alcaide, que pidió que el borrador del plan se entregue a Industria «cuanto antes mejor, para no entrar en las fechas críticas del 20 de diciembre», considera que el plazo de tres meses «es corto». Asimismo, indicó que la empresa ha anunciado de que si en enero no se ha resuelto el futuro de Elcogas, «tendrían que verse obligados a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y volver a negociar«. Alcaide asegura que la posibilidad de tener que negociar un nuevo ERE «llena de incertidumbre a los trabajadores».

Industria concede ayudas al sector de la minería del carbón que suman 31 millones de euros para el ejercicio 2015

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha concedido ayudas por valor de 31,1 millones de euros a 7 empresas del sector minero correspondientes al ejercicio 2015, frente a los 32,9 millones concedidos en el ejercicio 2014. Así consta en una resolución del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que recoge las ayudas a la minería del carbón para el ejercicio 2015.

Los incentivos asignados consisten en la ayuda máxima presupuestada para 2015 y se dedican a cubrir las pérdidas de la producción corriente en las distintas unidades incluidas en el Plan de Cierre para la minería de carbón no competitiva. Las ayudas serán abonadas a las empresas Carbonar (5,4 millones), Carbones Arlanza (569.594 euros), Compañía Minera Astur Leonesa (6,9 millones), Hijos de Baldomero García (1,7 millones), Minera Catalano Aragonesa (6,5 millones), Unión Minera del Norte (6,1 millones) y Hulleras del Norte (3,6 millones). En julio se estableció que quedaban fuera de las ayudas Hullera Vasco Leonesa, por ser declarada insolvente, Carbones del Puerto, por incumplimiento de plazos, y Minas del Bierzo Alto, por falta de documentación.

De esta forma, del total de 31,1 millones de euros concedidos a las 7 empresas, 27,4 millones se dirigirán a sociedades de capital privado y los 3,65 millones de euros restantes, a la de capital público (Hunosa). La producción a la que afectan los incentivos asciende a 1,5 millones de toneladas, de las que 1,37 millones corresponden a explotaciones privadas y otras 182.703 a públicas. La cuantía final a percibir por cada empresa se ajustará al carbón efectivamente producido y facturado a las centrales eléctricas.

Aragón exigirá información a Industria sobre la futura interconexión eléctrica con Francia mientras Aínsa (Huesca) pide desmantelar la red Aragón-Cazaril

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EFE.- La consejera de Economía, Marta Gastón, exigirá personalmente al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, información sobre la proyectada conexión eléctrica con Francia a través del Pirineo aragonés, aprobada en Consejo de Ministros pero sin trazado definitivo. Por su parte, el ayuntamiento de Aínsa (Huesca) pide desmantelar las torres de la red eléctrica Aragón-Cazaril.

El diputado del PAR en las Cortes Jesús Guerrero preguntó a la consejera por esa línea, y ésta reconoció que ni ella, ni los ayuntamientos afectados han recibido información sobre los planes del Ministerio. Por eso, aseguró que va a pedir información sobre esa planificación energética que se contiene en el documento Plan de desarrollo de la Red de Transporte de Energía 2015-2020. Los dos trazados que se barajan, según Guerrero, son el que va de Sabiñánigo a Marsillón y el de Monzón a Cazaril. La consejera ha insistido en que el interés medioambiental y social de las zonas afectadas y de los ayuntamientos va a ser una «prioridad absoluta» para el Gobierno de Aragón.

Por su parte, el Ayuntamiento de Aínsa (Huesca) aprobó por unanimidad una moción para instar el desmantelamiento de las torres de la línea eléctrica Aragón-Cazaril a su paso por la comunidad, una infraestructura promovida en 1986 por Red Eléctrica de España que fue desestimada ante la contestación social surgida. A pesar de que la empresa española recibió una indemnización de unos 1.800 millones de euros por la paralización del proyecto, las pilonas construidas para levantar el tendido entre la estación de Aragón y la francesa de Cazaril permanecen en pie.

Añaden desde la formación Cambiar Aínsa que el ayuntamiento ordenó recientemente el desmantelamiento de las torres que atraviesan su término municipal, aunque la eléctrica no ejecutó la orden del consistorio. La denominada «autopista eléctrica» fue rechazada por el Gobierno de Francia en 1997, y dos años después el Tribunal Supremo declaró nulo la parte del trazado que proyectaba atravesar el valle pirenaico de Gistaín debido a las afecciones medioambientales causadas.