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El Supremo admite a trámite el recurso de Aragón contra el decreto de autoconsumo energético del Gobierno

EFE / Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que Aragón presentó impugnando el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el suministro de energía eléctrica con autoconsumo. El recurso del Gobierno de Aragón considera que «una de las cosas que inciden en la menor huella de carbono es el autoconsumo mediante el uso de energías renovables, fundamentalmente eólica y fotovoltaica».

«Todo lo que sea cambiar la producción de energía eléctrica desde el consumo de combustibles fósiles a consumo de energías renovables incide en obtener este objetivo como algo de obligado cumplimiento para todos los países», señala el recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno de Aragón, que pone de manifiesto la disconformidad del Ejecutivo con determinados aspectos regulados en el Real Decreto y que, a su juicio, conculcarían el ordenamiento jurídico.

Los aspectos en los que Aragón se muestra disconforme son: el conflicto competencial al impedir el desarrollo de una política propia por parte de la comunidad autónoma en materia energética (contemplado en el Estatuto de Autonomía de Aragón), concretamente energías renovables y apoyo a su producción; la vulneración del principio de seguridad jurídica al no establecer una metodología para el cálculo de determinadas cargas a los productores para el autoconsumo; el establecimiento de obligación de pago en instalaciones ya existentes.

La naturaleza jurídica de las cargas asociadas que pueden tener una naturaleza tributaria y no se regulan en ley (impuesto al sol), conculcando el principio de reserva de ley establecido para este extremo así como la vulneración de los principios de la normativa comunitaria en materia de energía renovable, de obligado cumplimiento, informa el Gobierno. Una vez admitido a trámite el recurso por parte del Tribunal Supremo, los servicios jurídicos del Ejecutivo aragonés formalizarán la demanda desarrollando la argumentación jurídica precisa, que deberá ser contestada por la abogacía del Estado.

La decisión de Aragón se conoce después de que la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) presentasen la semana pasada sus recursos ante el Supremo en contra de la misma norma. Las asociaciones empresariales del sector fotovoltaico consideran que el real decreto «vulnera la Constitución Española», al tiempo que adolece de «arbitrariedad» y «retroactividad».

Industria aprueba las reglas del mercado organizado del gas

Servimedia.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó las reglas del mercado, el contrato de adhesión y las resoluciones del mercado organizado del gas, según una resolución de la Secretaría de Estado de Energía publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las reglas del mercado organizado de gas contienen los procedimientos, términos y condiciones que resultan aplicables a la organización y funcionamiento de dicho mercado, así como a su gestión técnica y económica.

A su vez, las resoluciones de mercado establecen los detalles de los diferentes procesos y productos del mercado. El mercado estará gestionado técnicamente por parte del Operador del Mercado (Mibgas), existente en otros países europeos, lo que según el Gobierno introducirá «una disminución de los precios como consecuencia de la disminución de precios mayoristas». Los agentes podrán contratar productos estandarizados de gas natural en una plataforma electrónica, gestionada por Mibgas. La contratación será libre y voluntaria y llevará asociada la entrega física del gas, donde todas las transacciones casadas en el mercado serán consideradas firmes.

Para facilitar la operación del mercado, se modifican las condiciones de contratación de acceso de capacidad a las instalaciones gasistas, aplicando procedimientos competitivos en la adjudicación al mismo tiempo que se agiliza el procedimiento y se reduce el tiempo de respuesta ante las nuevas peticiones. Además, se crea una plataforma única de contratación de capacidad, gestionada por el Gestor Técnico del Sistema Gasista (Enagás), que posibilitará la contratación de capacidad de acceso en tiempo real.

Liberalización de inspecciones de gas

Para dotar de seguridad financiera al mercado de gas, se ha introducido un sistema centralizado de gestión de garantías, gestionado por Mibgas, que respaldará todas las transacciones de los agentes que lleven a cabo en el mercado. Otro de los aspectos importantes que se regula en este decreto es el procedimiento de inspección de las instalaciones de gas, que fue liberalizado en una ley aprobada en mayo de 2015. A partir de ahora, el consumidor podrá elegir con quién quiere realizar la inspección obligatoria de su instalación de gas que debe hacerse cada cinco años.

Asimismo, el distribuidor deberá comunicar al usuario con 45 días de antelación la necesidad de realizar la inspección y la posibilidad de realizarla con una empresa instaladora autorizada o con la propia empresa distribuidora, en cuyo caso el coste máximo de la inspección lo determina la comunidad autónoma. En ningún caso el usuario deberá pagar por la realización de estas inspecciones, y, al igual de como se hace actualmente, el pago se realizará a través de las facturas del comercializador.

Con la normativa aprobada por el Ejecutivo en octubre para desarrollar el hub del gas se regularon también otros ámbitos como el procedimiento de adjudicación y la metodología de cálculo de la retribución para las instalaciones de transporte primario, la regulación de las conexiones transporte-distribución, o algunos aspectos relativos a las existencias mínimas de seguridad de hidrocarburos y a la exploración y producción de hidrocarburos.

Industria limita el acceso de las comercializadoras de energía a los datos del consumidor para proteger su privacidad

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado un decreto con distintas disposiciones del sector eléctrico en el que, entre otras cosas, limita el acceso de las comercializadoras de luz de la competencia a los datos con la curva horaria de consumo de los usuarios. Se hace para proteger la privacidad de los consumidores y afecta al sistema de intercambio de información entre comercializadoras de electricidad creado para promover la movilidad de los consumidores entre las distintas empresas, conocida como SIPS.

Conforme a la nueva norma, el distribuidor de electricidad, que es el encargado de realizar las lecturas, solo podrá ofrecer información sobre la curva de carga horaria de los consumidores «al comercializador que suministre en cada momento a dicho suministro«. Para que la información se entregue a una comercializadora distinta a la titular o al resto de comercializadoras, será necesario que el consumidor «haya dado su acuerdo expreso», indica la norma publicada en el BOE.

Industria asegura que esta medida permitirá «asegurar la confidencialidad de los datos de los consumidores» y, con ello, cumplirá con las directivas comunitarias en las que, entre otras cosas, se obliga a los Estados a proteger la privacidad de los clientes. Como hasta ahora, las distribuidoras eléctricas sí deben permitir el acceso a la base de datos del punto de suministro a cualquier comercializador, para lo que no podrán poner condiciones. La restricción atañe únicamente a la información acerca de lo que consume el cliente hora a hora, mientras que el resto de comercializadoras sólo podrá acceder a datos agrupados. Comercializadoras más pequeñas, como Factorenergia, solicitaron que el Gobierno no restringiera este acceso ya que les dificultaría hacer mejores ofertas.

El decreto 1074/2015 publicado este viernes, también conocido como decreto escoba por recoger distintas disposiciones pendientes del sector, recoge además la petición de garantías financieras adicionales para el desarrollo de proyectos de generación renovable. Industria indica que realiza la imposición de estas garantías después de haber recibido un «número muy significativo» de peticiones de instalación de proyectos de renovables. Ante esta circunstancia, Industria considera que es necesario conocer «con una probabilidad elevada» la cantidad de proyectos que van a ejecutarse, y por este motivo obligará a los promotores a presentar unas «garantías económicas para asegurar la finalización de las instalaciones«. Gracias a estas nuevas obligaciones «podrá preverse la necesidad de nuevas redes y, en su caso, de servicios de respaldo».

Junto a estas garantías exigibles a las nuevas renovables, en la normativa se establecen las cuantías, 10 euros por kilovatio (kW), de las garantías económicas que deberán aportar los nuevos proyectos de producción eléctrica cuando solicite su acceso a la red de transporte. Por otro lado, Industria ha decidido ampliar de 10 megavatios (MW) a 50 MW la potencia máxima para que un proyecto de eólica marina pueda acogerse a un proceso simplificado de tramitación.

Sobre el vehículo eléctrico, se modifican algunos puntos de la normativa que regula la actividad de gestor de cargas del sistema para «facilitar la implantación de puntos de recarga en instalaciones de consumo en el sector terciario». Otra de las medidas puestas en marcha por Industria es la obligación a las empresas con centrales de carbón nacional de enviar mensualmente a Industria, Competencia y al operador del sistema los datos de uso de este combustible. El Gobierno justifica la necesidad de este decreto para modificar determinados aspectos de la regulación vigente por tratarse de aspectos puntuales, «o bien por requerir de una aprobación urgente para su aplicación en menos plazo».

Abengoa pide a la banca 450 millones para tener liquidez durante los próximos 4 meses y anuncia reducción de plantilla

Redacción / Agencias.- Tras anunciar que está realizando «ajustes continuados que implican la reducción de plantilla» y que no descarta «eventuales paradas de algún proyecto», Abengoa ha pedido a la banca una línea de liquidez de 450 millones de euros con la que afrontar los pagos corrientes de los próximos cuatro meses, los que durará el preconcurso de acreedores. Así lo hizo durante la reunión celebrada con el objetivo de marcar los próximos pasos en la negociación que pretende reestructurar la deuda contraída.

Concretamente, Abengoa considera que necesita unos 100 millones de euros de aquí a final de año y 350 millones adicionales para el primer trimestre de 2016, un periodo que coincide con el del preconcurso. Hasta ahora, la banca había vinculado el desbloqueo de esa línea de liquidez a la culminación, por parte de la consultora KPMG, de un estudio detallado de la deuda de la compañía, en el que se especificase qué parte de la deuda es sostenible y qué parte no. Sin embargo, fuentes financieras consideran que tendrán que ofrecer parte de esta liquidez en los próximos días para que la empresa efectúe pagos inminentes, fundamentalmente a trabajadores y proveedores, ya que se encuentra en una situación de urgencia.

Fuentes financieras calculan 320 millones

Varias fuentes han señalado que confían en disponer del mapa detallado de la deuda para la semana que viene y que, una vez que la tengan, KPMG analizará la necesidad real de liquidez de Abengoa. A este respecto, fuentes financieras calculan de forma preliminar que la compañía necesita en torno a 80 millones de euros mensuales de liquidez, lo que situaría la cifra en unos 320 millones en los cuatro meses del preconcurso, un dato que en cualquier caso podría modificarse en función del resultado del estudio de la consultora.

Una vez superada esta primera fase de análisis de la deuda y desbloqueo de la liquidez, comenzarán a plantearse las distintas vías para salvar la empresa, que podrían pasar por la venta de activos, quitas o capitalización de deuda. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores ante su elevando endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de euros en deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

En la batalla judicial, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado el auto por el que se abren las diligencias previas y se da traslado a la Fiscalía sobre la competencia en las primeras querellas presentadas contra Abengoa. En el auto se señala que es procedente «instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable». El auto de la juez se refiere a las dos querellas presentadas hasta ahora contra Abengoa: dos bonistas, representados por el despacho de abogados Ius+Aequitas, y la presentada por el despacho Yvancos en representación de varios accionistas.

Reduce plantilla y revisa proyectos

De momento, Abengoa indicó que, como parte de su plan de reestructuración, lleva a cabo «ajustes continuados que implican la reducción de plantilla en sedes y el trasvase de equipos». En casos puntuales, no descarta «eventuales paradas de algún proyecto», todo con el fin de lograr la sostenibilidad del negocio «adaptando la operativa a los objetivos de eficiencia y cumpliendo con la competitividad necesaria en esta coyuntura». Abengoa «se esforzará para llevar a cabo estas ambiciosas medidas, que continuarán aplicándose hasta llegar al equilibrio óptimo para la sostenibilidad del negocio».

Ya en concreto sobre su situación en Estados Unidos, Abengoa ha señalado que opera con normalidad aunque no descarta «eventuales paradas de algún proyecto con vistas a retomar su funcionamiento una vez se garantice su continuidad de forma estable». La compañía detalla que «está operando con normalidad» todos los activos de Abengoa Yield, así como las plantas termosolares Solana (Arizona) y Mojave Solar (California), sus activos de bioenergía y otros proyectos. Solo en algún caso «puntual», añaden, «se está analizando la viabilidad del mismo», tal y como se está haciendo en otras geografías, «con el objetivo de garantizar su actividad».

La legislación laboral estadounidense, señala la empresa, se caracteriza por sus condiciones flexibles, lo que permite «asegurar la protección de los trabajadores en todo momento». «Abengoa cumple rigurosamente con la referida legislación«, añade. En cuanto a los empleados de la compañía que hayan sido destinados Estados Unidos u otros países, la compañía «mantiene sus compromisos contractuales, ofreciendo todas las garantías para su traslado y retorno a su país de origen».

Soria ve «implanteble» las indemnizaciones

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, insistió en que Abengoa se trata de «una buena compañía desde el punto de vista del contenido», que ha tenido «una política financiera profundamente desacertada«. «Se han endeudado mucho, están muy apalancados y al final los costes financieros de ese endeudamiento han sido muy superiores a los flujos de caja, a los ingresos que se estaban generando y eso ha llevado a esta situación», apuntó. Y todo, ha subrayado, sin perjuicio, de que al Gobierno le parece «absolutamente implanteable» que la dirección de la empresa aborde una situación de preconcurso y se repartan unos 25 millones de euros en finiquito.

Soria aseguró que las acusaciones que quieren situar al Gobierno como responsable de la situación de la empresa por los cambios normativos en el sector de las energías renovables «carecen de fundamento». Así, señaló que Abengoa es una empresa que tiene más del 85% de su actividad fuera de España y que el grupo ha sufrido «un desplome» de lo que ha sido su valor, «cosa que no ha ocurrido con otras empresas energéticas». Asimismo, descartó por completo que el Gobierno, que tiene una exposición al grupo de unos 415 millones de euros sin contar la participación en Bankia, «inyecte liquidez adicionalmente» a la compañía y recordó que, además, existe una directiva europea de ayudas de Estado que lo impide.

Preguntado por si desde las empresas públicas nadie se percató de la situación financiera de la multinacional, Soria respondió que las ayudas se concedieron «en base a la realidad de la empresa, que tiene una cartera de proyectos muy interesante en todas partes del mundo» pero que «ha venido acompañada por una desacertada actuación financiera». El titular de Industria dijo estar «sorprendido» de los últimos acontecimientos en Abengoa porque «tiene una gran reputación» y «desconocía la ingeniería financiera que estamos conociendo». «Cuando salta la situación el Gobierno se preocupa, sigue la situación y espera que en la negociación se pueda refinanciar la deuda y la empresa pueda seguir adelante», agregó.

Industria convoca para el 14 de enero la subasta para la instalación de nueva potencia de eólica y biomasa

Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha convocado para el 14 de enero la celebración de la subasta de 500 megavatios (MW) de potencia de energía eólica y otros 200 MW para instalaciones de biomasa. Así consta en una resolución de la Secretaría de Estado de Energía publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se detalla la primera subasta que convoca el Gobierno para asignar ayudas a estas energías renovables desde la moratoria aprobada en 2012.

Los interesados en participar en la subasta deberán formular una solicitud de precalificación y calificación con anterioridad al 11 de enero ante la entidad administradora (OMIE), que comprobará las condiciones y la documentación necesaria para poder participar en la subasta. Asimismo, se realizará un ensayo de subasta con los participantes calificados en la subasta el día 12 de enero, para finalmente celebrar la subasta el 14 de enero. El proceso de casación y publicación de resultados provisionales tiene un límite máximo de dos horas después del cierre de recepción de ofertas, y el periodo de reclamaciones de los participantes a los resultados provisionales será de hasta dos horas después de la publicación de los mismos.

La entidad administradora de la subasta será Omel-Diversificación mientras que el organismo que ejercerá de supervisor será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El procedimiento será el de sobre cerrado y las ofertas que se presenten deberán consistir en un porcentaje de reducción con respecto a los parámetros contemplados. Además, en línea con el principio fijado en la reforma energética de que los procedimientos de este tipo no generen costes adicionales al sistema eléctrico, los adjudicatarios de la subasta deberán asumir los gastos del proceso en función de la cantidad de producto adjudicado, a razón de 0,17 céntimos por kilovatio (kW).

Reducción sobre la inversión inicial

La subasta parte del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia y se oferta el porcentaje de reducción sobre dicho valor. Como resultado se obtendrá la potencia adjudicada a cada participante para cada tecnología, así como el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo. En función del resultado de la subasta se calcula, para cada instalación tipo, el valor estándar de la inversión inicial, la retribución a la inversión y el resto de parámetros retributivos. La potencia adjudicada, una vez que se presenten garantías económicas, será inscrita en el registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación.

En la resolución publicada por la Secretaría de Estado de Energía figura una errata, al señalar en uno de sus puntos que la subasta tendrá lugar el 15 de diciembre, en lugar del 14 de enero. Por ello, este viernes se publicará una nueva resolución en el BOE para la corrección de este error, según Industria. Recientemente el ministro de Industria, José Manuel Soria, explicó que lo importante de esta subasta, prevista inicialmente para el pasado 26 de noviembre, es que, a pesar de que hay sobrecapacidad en generación en España «hay demanda para seguir instalando renovables». De hecho, según apuntó el ministro, hay agentes que están reclamando nuevas subastas y concursos adicionales para 2016.

La Comunidad Valenciana recurrirá el real decreto de autoconsumo de energía

EFE.- La Consejería de Economía Sostenible de la Comunidad Valenciana recurrirá el Real Decreto 900/215 del Gobierno que regula el autoconsumo de energía, por considerar que impone «una barrera económica injustificada» y «desincentiva» la puesta en marcha de estas instalaciones. Este procedimiento se iniciará con el envío de forma inminente de un requerimiento previo al Ministerio de Industria, Turismo y Energía, comunicó la Generalitat. Así lo trasladó la directora general de Energía, Júlia Company, tras constituirse una Mesa del Autoconsumo.

Company resaltó «la defensa total del autoconsumo porque están «convencidos de que es un elemento fundamental para impulsar la utilización de las energías renovables y lograr la evolución hacia un nuevo modelo energético realmente sostenible«. «El autoconsumo ha de ser fomentado, y así, el Gobierno está imponiendo una barrera económica injustificada y se está desincentivando la puesta en funcionamiento de estas instalaciones y frenando el desarrollo del autoconsumo», ha argumentado.

Esta Mesa cuenta con la participación de representantes de los promotores energéticos, los instaladores y los consumidores y usuarios. Nace con el objetivo de trabajar conjuntamente en la adopción de medidas para impulsar dentro de las competencias autonómicas, el autoconsumo en sus distintas modalidades. La directora ha trasladado al sector «todo el apoyo» y colaboración «total en la defensa del autoconsumo» puesto que para el Gobierno «es un tema prioritario».

En la reunión se ha acordado que en la Mesa del Autoconsumo «trabajarán conjuntamente en la adopción de medidas para impulsar dentro de nuestras competencias, el autoconsumo en sus distintas modalidades«. Este encuentro ha permitido al sector energético presentar sus primeras propuestas y asimismo se aceptó llevar a cabo acciones informativas y divulgativas para que los ciudadanos dispongan de información de primera mano sobre las posibilidades que ofrece el autoconsumo.

Industria convoca ayudas de hasta 4,5 millones de euros para el desarrollo alternativo en zonas mineras

Servimedia.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha convocado ayudas por una cuantía máxima de 4,5 millones de euros para pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras para el ejercicio 2015. Así consta en una resolución del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Las ayudas tienen como objeto mejorar la contribución al desarrollo de regiones desfavorecidas como son las comarcas mineras del carbón, mediante el apoyo a la inversión a través, fundamentalmente, de pequeñas iniciativas empresariales por lo que el fin de estas ayudas es el de generar actividades económicas alternativas a la minería del carbón. La financiación de las ayudas concedidas tendrá carácter plurianual y se imputará al crédito presupuestario con cargo al presupuesto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.

Condicionado a que haya crédito

Estas ayudas tendrán una cuantía máxima estimada de 4,5 millones de euros. A tal efecto se ha realizado la aprobación del gasto por unos importes máximos de 1 millón de euros para el ejercicio 2016; 1,1 millones de euros para el ejercicio 2017; 900.000 euros para el ejercicio 2018 y 1,5 millones de euros para el ejercicio 2019. Además, excepcionalmente se fija una cuantía adicional por importe máximo de hasta 500.000,00 euros, cuya aplicación no requerirá de una nueva convocatoria. Las solicitudes deberán ser dirigidas al presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, y el plazo para su presentación es de dos meses a partir del día siguiente al de su realizada publicación en el BOE.

Soria tacha de irresponsable al Gobierno de Castilla-La Mancha por parar el ATC

EFE /Europa Press.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, tachó de «extraordinariamente irresponsables» las medidas del Gobierno de Castilla-La Mancha para paralizar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), una instalación «fundamental para la seguridad nuclear y la seguridad nacional». Por eso criticó que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha haya recurrido a «artimañas legalistas» para paralizar su construcción.

No obstante, Soria recordó que el Gobierno central lo recurrió y está a la espera de que se puedan dictar medidas cautelares porque de lo contrario, advirtió, «tendremos un problema serio por la irresponsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha». Así se mostró confiado en que la justicia dé la razón al Ejecutivo central frente al autonómico en los dos recursos contencioso-administrativos que actualmente siguen su curso contra dos decisiones regionales que podrían paralizar las obras.

En concreto, Soria se refería a los dos recursos judiciales interpuestos por el Gobierno central ante las decisiones del Gobierno de Emiliano García-Page de ampliar una Zona de Especial Protección de Aves cercana a los terrenos de la obra y a la decisión de su Consejería de Fomento de anular el Plan de Ordenación Municipal de la localidad conquense que tiene que albergar esta infraestructura.

Junio de 2017, fecha límite

El ministro no descartó la declaración del proyecto de interés general porque, aquí, ha dicho, «el interés general es el de la seguridad energética nacional y la seguridad nacional». Por ello ha recordado que éste es un proyecto que inició en 2006 el anterior gobierno socialista y que el proyecto le fue traspasado a falta únicamente de decidir la ubicación, para lo cual, según explicó, habló con quien era entonces la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. «Nos pusimos de acuerdo en poco tiempo porque no solo entendía que era una instalación de seguridad nuclear sino como una extraordinaria fuente de generación de riqueza y empleo», aseguró Soria.

El ministro ha achacado la actitud del actual Gobierno de Castilla-La Mancha a que la condición que le puso Podemos para apoyar la investidura fue que tenía que oponerse al ATC, y ha dicho que le sorprende que el PSOE nacional haya sido «irresponsable» y no haya actuado en relación a su organización en Castilla-La Mancha porque es «una cuestión en la que nos va la seguridad nuclear y la seguridad nacional». En ese sentido, recordó que España tiene el compromiso de que, a partir de junio de 2017, tiene que empezar a traer nuevamente a España todos los residuos radiactivos que a lo largo de los últimos 20 años ha enviado a Francia como consecuencia del desmantelamiento de Vandellós.

Soria asegura que la multa de Iberdrola «prueba que el Gobierno lo hizo bien» pero Facua pide más al Ejecutivo

Redacción / Agencias.- Desde Facua-Consumidores en Acción consideran «ridícula» la sanción de 25 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Iberdrola y a su juicio «no tiene efecto disuasorio para evitar que se repitan fraudes de esta envergadura». Sí que resulta suficiente para el Ejecutivo puesto que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que la multa «prueba que el Gobierno hizo bien en anular» la subasta eléctrica de 2013.

Soria argumenta que el informe de la CNMC «viene a acreditar que el Gobierno cuando tomó aquellas decisiones fueron decisiones adecuadas y acertadas», en referencia a la suspensión de la puja y la creación de un nuevo sistema. La CNMC multó con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista eléctrico a finales de 2013, en las semanas previas a la subasta CESUR, una puja que cerró con un alza tal que hubiera encarecido el recibo eléctrico más del 13%. Ante esto, el Gobierno anuló el resultado de la subasta y, unos meses después, sustituyo el sistema de subastas por el actual precio vinculado al mercado mayorista.

«Es verdad que el Gobierno no tenía pruebas en aquel momento», reconoce ahora Soria, «pero todo apuntaba a que había habido una alteración para que aquello diera aquel resultado», insistió. «Ahora lo que dice el informe después de una investigación de dos años es que hubo una manipulación«, un hecho que ha lamentado, pero que ha considerado que demuestra que «el Gobierno hizo bien». Poco después de conocerse el informe de la CNMC, Iberdrola anunció que recurrirá la multa al negar que manipulara el mercado y defender que actuó como un gestor «prudente y razonable» de las centrales hidroeléctricas investigadas.

«Cumplir las reglas de juego»

Por su parte, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defendió que la CNMC es un «organismo independiente que tiene que velar para que haya unas reglas de juego que se cumplan«, además de dejar «funcionar el mercado en libre competencia».  «Es algo que todos debemos respetar», dijo Tejerina en referencia a la independencia de la Comisión, para agregar que hay que «atenerse a sus pronunciamientos».

Una multa «sin efecto disuasorio»

Mientras tanto, desdela asociación Facua-Consumidores en Acción consideran «absolutamente ridícula» la sanción de 25 millones de euros impuesta por la CNMC a Iberdrola y ven «indignante que una infracción tan grave se salde de esta manera» puesto que, a su juicio, la multa a Iberdrola «no tiene efecto disuasorio para evitar que se repitan fraudes de esta envergadura». Además, Facua reclama al Gobierno que intervenga el sector para acabar «con la especulación y los precios abusivos, de manera que fije íntegramente las tarifas sobre la base de los costes reales de la producción energética».

En concreto, la sanción a Iberdrola se refiere a las actuaciones realizadas mediante el incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. «Las sospechas de que había manipulado el mercado llevaron al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios y este decidió suspender las subastas Cesur, celebrada el 19 de diciembre de 2013, para evitar que la luz subiera de golpe casi el 11%, en lo que se llamó «el tarifazo» de la subasta», indicó Facua.

Competencia estima que el beneficio propio ocasionado por esa actuación del incremento del precio fue de unos 21,5 millones de euros, mientras que el impacto para el conjunto de la demanda se cifra en unos 105 millones de euros. «Ante este hecho, el Gobierno decidió intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014″, denunció Facua.

Industria mantiene que la subasta de renovables, prevista hace una semana, se celebrará próximamente

EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó que la subasta de la nueva convocatoria de potencia eólica y biomasa se celebrará «las próximas semanas» y con una «demanda muy elevada». Prevista inicialmente para el pasado 26 de noviembre, no se ha celebrado ni tiene fijada nueva fecha. Soria indicó que, a pesar de que hay sobrecapacidad en generación en España «hay demanda para seguir instalando renovables», y avanzó que ya hay agentes que están reclamando nuevas subastas y concursos adicionales para 2016.

El Ejecutivo anunció el pasado octubre una convocatoria para 500 megavatios (MW) de potencia eólica y 200 MW de biomasa, la primera desde la moratoria a la concesión de ayudas a nuevas plantas renovables aprobada a principios de 2013. Sobre el recibo de la luz, Soria reiteró que el próximo 1 de enero se reducirá respecto a enero de 2015 gracias a la existencia de superávit de tarifa en el sistema eléctrico. Es verdad, reconoció Soria, que puede ser una disminución «poco perceptible», pero mientras «haya margen» se debe «seguir haciendo el esfuerzo de reducir el precio de la factura».