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Elcogas no aplaza el cierre tras terminar 2015 con 22 millones de euros de pérdidas

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EFE.- El consejo de administración de Elcogas, que acordó continuar con el plan de cierre de la planta de Puertollano, comunicó que la empresa terminó 2015 con unas pérdidas superiores a los 22 millones de euros, si bien suman 217 millones a lo largo de la vida de la instalación. Por tanto, la decisión adoptada por el consejo de administración es la de continuar con el plan de cierre después de que el Ministerio de Industria descartara que Elcogas pudiera acogerse a un régimen retributivo específico.

Esta negativa de Industria a la propuesta planteada por la empresa «imposibilita la viabilidad económica de la sociedad», según Elcogas, que insiste en que el estudio de viabilidad presentado es «resultado de un análisis riguroso y consistente» en el que han colaborado «consultoras y tecnólogos de prestigio internacional reconocido», y en el que se contemplan «soluciones con las que se mejora el impacto medioambiental, la eficiencia productiva y la competitividad de la planta». En este sentido recalcan que el Ministerio desestima el acceso al régimen retributivo específico que, según indica Elcogas, «requería de una serie de modificaciones normativas para permitir su encaje en la regulación, con el fin de disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto».

En este sentido, Elcogas recordó que «instituciones de diferentes ámbitos» también han apoyado que la empresa pueda acogerse a un régimen retributivo específico. Además, el consejo de administración también ha resaltado los «esfuerzos realizados por los accionistas de Elcogas» en el año transcurrido desde el 1 de enero de 2015, fecha en que la central se quedó sin apoyo regulatorio». Durante 2015, según los datos aportados por Elcogas, la planta registró unas pérdidas superiores a los 22 millones de euros.

Por todo ello, Elcogas argumenta que la decisión del Ministerio de Industria ha llevado al consejo de administración a dar instrucciones a la dirección de Elcogas para que «complete el proceso de desconexión de la planta de la red eléctrica» y acometa la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para la totalidad de la plantilla. Las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la dirección ya han comenzado. El cierre de Elcogas está programado para el próximo 31 de enero y la planta da trabajo a unas 150 personas.

Los sindicatos esperan nuevo Gobierno

El presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, se mostró muy crítico con la postura del Ministerio de Industria y se pregunta «por qué es tan reacio» a apoyar la continuidad de la planta. «No sabemos si es por venganza política o por otra circunstancia, pero es sorprendente que, llegados a estas alturas y con un plan de futuro, el Ministerio sea tan tajante y ni siquiera quiera considerar el documento como un plan», ha considerado Alcaide, que ha defendido que Elcogas presentó «un documento de 200 páginas, donde se matizan todos los aspectos».

De hecho, el que Industria no considere el documento como un plan de viabilidad refleja, según Alcaide, que «Industria se está riendo de los trabajadores de Elcogas y menosprecia el trabajo hecho por el Departamento de Ingeniería». «Es insultante que lo trate como un simple papel y no como un plan de futuro, porque sí lo es», sostuvo Alcaide. Además, el sindicato UGT aprobó una resolución en la que exige a Industria que antes del 31 de enero resuelva y apruebe el plan de viabilidad y que se retire «de una vez por todas» el expediente de cierre de Elcogas.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, pidió a Elcogas que no tome ninguna decisión «irreversible» sobre el cierre de la planta hasta que se conforme el nuevo Gobierno, ya que un Ejecutivo de otro signo podría dar una solución. En este sentido, Gil considera que «Puertollano y Castilla-La Mancha tienen claro que el PP miente y ha jugado con los intereses, con el destino y con las vidas de mucha gente en Puertollano y en Elcogas». A su juicio, la única posibilidad «de que se haga justicia» con Elcogas «es que se conforme un Gobierno progresista que paralice de inmediato esa decisión«.

«Es la única posibilidad, salvo que el ministro Soria haga honor a la verdad y cumpla sus compromisos, cosa que dudo que haga», añadió Gil en referencia al ministro de Industria. «No es de recibo que diga que la empresa no ha planteado un plan de viabilidad, esto es una broma de muy mal gusto que tiene víctimas y consecuencias muy negativas», criticó. Gil ha considerado que «es necesario que la empresa y que el conjunto de la ciudadanía exija de una manera clara y rotunda que se aporte una solución de inmediato a Elcogas».

Castilla-La Mancha impulsará una iniciativa en el Congreso para que Elcogas continúe funcionando mientras los trabajadores comienzan su cuarto encierro

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EFE.- Los trabajadores de Elcogas iniciaron este lunes su cuarto encierro indefinido en el interior de la central de Puertollano (Ciudad Real) desde que comenzó el conflicto, con el paréntesis que harán este martes para la manifestación que llevarán a cabo en Madrid. Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados para reclamar la continuidad de la central de Elcogas, según anunció la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

«El Gobierno regional, los trabajadores, y el Ayuntamiento de Puertollano no van a aceptar que Elcogas se cierre», aseveró Franco tras la reunión que mantuvo con los representantes de los trabajadores, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y a la alcaldesa de la ciudad, Mayte Fernández, en la que todos coincidieron en manifestar su esperanza de que la planta no cierre el próximo 31 de enero, como prevé la empresa después de que el Ministerio de Industria haya rechazado el plan de viabilidad que presentó. Además, han coincidido en que incluso aunque se lleve a cabo, el cierre no sea irreversible, indicó Franco.

Reclaman un régimen retributivo específico

La consejera pidió al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que reciba a García-Page para hablar de Elcogas «ahora que tiene hueco en su agenda», antes del 31 de enero, fecha prevista para la desconexión de la central de la red eléctrica, y puedan concretar una solución de futuro para la planta. Franco se ha preguntado: «¿Por qué no es posible que el plan de viabilidad presentado por Elcogas no le permita a la empresa incorporarse a un régimen retributivo específico cuando hay otras centrales en España que, a pesar de no haber presentado un proceso de reconversión tan ambicioso, si han sido incluidas?»

El secretario regional de Industria de UGT, Agustín Pérez, y el de CCOO Industria, Ángel León, se mostraron convencidos de que Elcogas tendrá viabilidad «si en las próximas semanas se constituye un Gobierno progresista de diferente color político al actual», incluso aunque el día 31 de enero se produzca la desconexión de la central. Este proceso es reversible, «porque así se ha demostrado en otras unidades de producción en otro tipo de centrales en nuestro país», recordaron los sindicalistas. Finalmente, Pérez vaticinó que «Elcogas volverá a funcionar si en los próximos 10 o 15 días se forma Gobierno entre PSOE y Podemos, que han sido las dos fuerzas políticas que han mostrado en mayor medida su apoyo a esta tecnología».

Cuarto encierro de los trabajadores

Este lunes iniciaron los trabajadores de Elcogas su cuarto encierro indefinido en el interior de la central con el paréntesis que harán este martes para manifestarse en Madrid. «Estaremos dando la lata hasta que algún responsable del Ministerio nos explique por qué han rechazado el plan de viabilidad que presentó la empresa», indicó el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide. Esperan que cerca de 300 personas se desplacen desde Puertollano hasta Madrid para manifestarse en la inmediaciones del Ministerio de Industria. Según Alcaide, quieren decir al ministro «que no nos merecemos los trabajadores esta respuesta del Ministerio después de habernos ilusionado con una propuesta seria de un plan de viabilidad sobre el que apenas se han dado explicaciones».

Por otro lado, las federaciones sindicales de industria de CCOO y UGT y el comité de empresa apoyan la presentación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa parlamentaria para reclamar la continuidad de Elcogas. La iniciativa la registrarán este martes representantes del PSOE, Podemos e IU, aunque se está gestionando que otras formaciones «también se sumen a la petición«, indicó el presidente del comité de empresa. Alcaide admitió que afrontan la semana «con tristeza y desgana, porque va a ser una semana muy dura, aunque no perdemos la esperanza porque sabemos que todo depende de la voluntad política de que no quieran cerrar».

Esperar a un nuevo Gobierno

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero (PSOE), pidió que «se alargue la vida» de la central térmica Elcogas hasta que se conforme un nuevo Gobierno, pues ha opinado que la empresa es viable y el PP «tiene muy pocas posibilidades de gobernar en España«. A juicio del presidente de la institución provincial, el Gobierno central en funciones «ha engañado a los trabajadores de Elcogas, a Puertollano y a Castilla-La Mancha» porque «dijo que iba a estudiar lo que era el plan de viabilidad exclusivamente pensando en su interés electoral». «Una vez que las elecciones han pasado ya no les interesa Elcogas y están dispuestos a cerrarla», indicó.

Para Caballero, el actual Ejecutivo central «no está legitimado para tomar una decisión como la del cierre de Elcogas y la puesta en la calle de cientos de trabajadores y, sin duda, precarizando su vida y la de sus familias» porque se encuentra en funciones. Así, ha pedido que no se cierre la central el próximo 31 de enero para que «sea un gobierno legítimo, ya investido por el Parlamento y no un gobierno en funciones, el que decida cuál es el futuro de Elcogas».

«Estoy convencido de que el objetivo es conseguir que no se cierre ahora a final de mes sino que se prolongue su vida hasta que el Gobierno que surja del Parlamento en próximas semanas tome una decisión que, desde luego, defiendo que sea la continuidad porque es viable desde el punto de vista económico y viable en lo que aporta al desarrollo económico e industrial de Puertollano, de la comarca y de Castilla-La Mancha», aseveró el presidente de la Diputación.

Una subasta extravagante

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La reciente subasta de potencia eólica y biomasa ha tenido un resultado sorprendente. Sorprendente por el hecho que ningún operador eólico actual haya resultado adjudicatario de la potencia resultante. Sorprendente por el descuento del 100% del incentivo ofertado. Y sorprendente porque, de facto, la oferta ganadora del grueso de la potencia eólica va mucho más allá (la renuncia del incentivo se conseguía con un 52% de reducción del incentivo) al reconocer un coste de su inversión (capex) cero, lo que implica, que el beneficio teórico es infinito.

El resultado tiene varias lecturas: la primera, dado que un proyecto sujeto a este modelo retributivo no es financiable por el sistema bancario, conllevaría que el operador adjudicatario procedería a su financiación completa con fondos propios. Esto es, como se dice en el argot de los submarinistas, a pulmón. Tanto es así que, en fuentes sectoriales se especula con dos posibilidades: una, de que la oferta se haya formulado así por un error de cálculo; o dos, con que finalmente no llegase a ejecutarse, lo que supondría que en 2020 los adjudicatarios perdiesen los avales constituidos, a razón de 20.000 euros por MW. Una vez explicadas las consecuencias financieras y corporativas de esta subasta quedan, en segundo lugar, sus derivadas.

De forma inmediata, el hecho de que, eventualmente, no se ejecuten finalmente esos proyectos sería una solución políticamente inocua para los responsables actuales dado que Nadal y Soria habrán pasado seguramente a mejor vida institucional y, entonces, échales un galgo. En paralelo, se detraen consecuencias respecto a la visión y respeto hacia lo empresarial del Ejecutivo. De forma más extensa, una segunda reflexión tiene que ver con la insignificante cantidad de potencia ofertada tras 4 años en blanco y las previsiones de necesitarse 6.400 MW eólicos. En este sentido, la estrategia seguida por el Ejecutivo apunta a que ha sido la de crear una falsa “escasez” para conseguir este resultado a la desesperada cuya demanda ha quintuplicado la oferta realizada.

Lo que se pone en cuestión es que pueda ser replicable este modelo de subasta para los 5.900 MW restantes con este resultado cuando el Ejecutivo, tras reconocer la necesidad de este volumen de nueva potencia eólica, proceda a convocar y organizar la preceptiva subasta. La reclamación del sector renovable ha sido que se proceda a convocar esa macrosubasta ya.

Por otra parte, la comunicación política asociada al resultado de la propia subasta también ha resultado ser especialmente llamativa. Por un lado, se ha marcado el acento, de forma ciertamente ufana, en el hecho de que ninguno de los operadores existentes en el mercado fuese adjudicatario de esta potencia, tratándose de un outsider. Hecho que ha dejado especialmente mal cuerpo y que evidencia los propios resabios podemitas de la comunicación institucional oficial hacia lo empresarial.

Además, Industria ha tratado de aprovechar el resultado extemporáneo para hacer comparativas con los costes de las primas resultantes de la época Zapatero. Para ello, ha utilizado como término de comparación, con enorme descaro estadístico, los costes de la tecnología fotovoltaica de 2009, cuyas realidades comparadas son muy diferentes. Algunas comparaciones son odiosas, pero unas especialmente más que otras. Todo ello como insinuación al proceso de desenlace de los arbitrajes internacionales actualmente en fase de resolución. Para Industria, ha sido una pieza en una “campaña extremadamente pueril” con ese alcance.

Por tanto, esta subasta, anunciada para que se produjera en el período preelectoral y posteriormente aplazada, deja dudas de que sus conclusiones y resultados sean proyectables al futuro. Una lectura inercial y tosca de los mismos puede llevar a equívocos. Al propio Gobierno en funciones.

Bruselas pide información al Gobierno sobre la indemnización a ACS por Castor

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EFE.- La Comisión Europea ha pedido información al Gobierno sobre la indemnización de 1.350,7 millones de euros otorgada a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, por el cierre temporal y la hibernación del almacén de gas natural Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). «Estamos en contacto con las autoridades españolas sobre esto. Nuestro análisis se está haciendo. No podemos prejuzgar el resultado en estos momentos», señaló el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso.

Se trata de un paso preliminar en el análisis de la Comisión Europea, que permitirá determinar si la indemnización supone ayudas de Estado y si se ajustan o no a la normativa comunitaria. Si no cumplieran las reglas de la Unión Europea, el Estado español podría recuperar el dinero. Castor se encuentra cerrado desde 2013 tras la oleada de seísmos registrada en la zona. Escal UGS recibió en 2014 la indemnización fijada por el Gobierno por la paralización del proyecto. El Consejo de Ministros aprobó un decreto que aceptaba la renuncia a la concesión de Castor presentada por la empresa participada por ACS y fijaba el importe de la compensación.

Soria cifra en 15.000 millones de euros el ahorro de la caída del crudo para España

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EFE / Europa Press.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló que el descenso del crudo es una «muy buena noticia» para la economía española ya que reduce en unos 15.000 millones de euros la factura energética. Soria recordó que España importa el 99,8% del petróleo que consume. «Hace un año y medio, en junio de 2014, el barril estaba en 115 dólares y ahora está por debajo de 30. Para un país que importa el 99,8% del petróleo es una muy buena noticia», afirmó el ministro.

En todo caso, el ministro advirtió de que el abaratamiento del crudo sí puede generar un «problema», ya que «los países productores de petróleo tienen capacidad de compra y son clientes de España para muchas inversiones españolas en estos países en licitaciones o en exportación de bienes y servicios«. «Esa es la otra parte de la moneda», añadió. Por otro lado, el ministro aseguró, al ser preguntado por la pobreza energética, que la principal política del Gobierno en este aspecto ha consistido en la lucha contra el desempleo y que «prácticamente todo lo que se ha hecho en España durante cuatro años ha ido destinado a que haya menos pobreza».

Brent sube a 29 dólares

Por otro lado, el precio del barril del Brent, de referencia en Europa, subió hasta los 29 dólares un 4,9%, frente a los 27 en que empezó la sesión, en una jornada marcada por las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. Concretamente, el crudo de referencia en Europa abrió la sesión en 27,88 dólares, para situarse en 29,25 dólares al cierre, por encima de los mínimos de los últimos días. En lo que va de año, el Brent acumula una caída del 21%, que en el último año asciende al 40%. Desde mediados de 2014, cuando comenzó la caída del petróleo, su depreciación asciende al 74%.

Por su parte, el precio del Texas, de referencia en Estados Unidos, ha llegado a alcanzar un máximo de 30,25 dólares durante la sesión, después de comenzar en 28,35 dólares. Desde que comenzó el año, el crudo Texas acumula una depreciación del 20%, que en los últimos doce meses asciende al 38%. Mientras, desde junio de 2014, cuando cotizaba por encima de los 106 dólares, la caída es del 72%.

La jornada estuvo marcada por la comparecencia de Draghi tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, en el que se ha mantenido sin cambios los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,05%. En sus declaraciones, Draghi ha dejado abierta la puerta a posibles cambios de su política monetaria en la próxima reunión, que tendrá lugar en marzo, al indicar que para entonces estarán disponibles «las nuevas proyecciones macroeconómicas». En este sentido, el banquero italiano ha destacado a que los riesgos a la baja «han aumentado», en referencia al aumento de la incertidumbre y de la volatilidad, así como los riesgos geopolíticos.

Soria niega que lo presentado por Elcogas sea un plan de viabilidad al pedir una retribución específica

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseveró que la empresa operadora de Elcogás «no ha presentado ningún tipo de plan de viabilidad» y que lo que el Ministerio no contempla es que pueda tener un régimen retributivo especifico. En este sentido, Soria explicó que lo que se presentó por la empresa es la «reiteración» de que la térmica de Puertollano «pueda tener un régimen retributivo específico como tiene la generación renovable», e indicó que «ese no es el caso».

«Cuando planteen un plan de viabilidad el Gobierno lo estudiará, pero de momento no han planteado absolutamente ninguno», subrayó el ministro. Previamente, el comité de empresa de la planta había señalado que el Ministerio de Industria les trasladó que «no se permite la inclusión de la central en un régimen retributivo propio» en este momento. Según, el secretario del comité de empresa de Elcogas, Jesús Crespo, la planta de Puertollano sí se podría incluir en el futuro en un régimen retributivo específico si realizara la hibridación. Elcogas había propuesto producir electricidad con una hibridación de coque de petróleo, carbón y un 30% de orujo de aceituna (biomasa) para poder acceder así al régimen retributivo específico.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, explicó que el Ministerio de Industria estima que la inclusión de la empresa en un marco regulatorio específico es de «difícil aplicación» porque supondría un «cambio de calado» en la legislación del sistema energético para el que se dispondría de «muy poco tiempo». Además, según añade, el Gobierno considera que las ayudas que Elcogas pide para cubrir el periodo de dos años de transición hacia la hibridación con biomasa podrían ser consideradas por la Unión Europea como «ayudas de Estado» y, por tanto, prohibidas por la legislación comunitaria.

«No es un no rotundo; hay obstáculos y para salvarlos hay que sentarse a negociar», incide Crespo, que considera que el Ministerio «ve bien el punto final al que tiene que llegar Elcogas, pero no el cómo y eso es lo que hay que negociar«. Ante esta respuesta, el comité de empresa de Elcogas, que ha señalado que no conoce «al detalle el contenido de la comunicación para saber exactamente qué dice el Ministerio y cuáles son las intenciones de los socios», solicitó una reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Asimismo, han solicitado una reunión con el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque «desde que se abrió el conflicto, los trabajadores han dado toda la información a la Junta para que intercedan, aporten y hablen con el Ministerio y con la empresa». Por otro lado, Crespo ha señalado que los trabajadores de Elcogas ya tienen convocada una manifestación el martes 26 de enero en la puerta del Ministerio de Industria. Además, desde el lunes 25 de enero, los trabajadores de Elcogas se encerrarán en la planta de Puertollano, también como medida de protesta por el cierre de la empresa, previsto para el próximo 31 de enero.

Crespo recordó «al Ministerio y a la empresa que fueron los que pusieron el problema sobre la mesa y lo tienen que resolver». «No podemos estar en Europa diciendo que se van a reducir las emisiones de CO2 y en España, que tiene la central más avanzada y donde se quema el carbón de forma más limpia, a la que se quiere además incorporar la biomasa, decir que nos lo vamos a cargar de un plumazo», sentenció. La planta térmica de Elcogas está participada por Endesa e Iberdrola, HC Energia, la italiana ENEL y la francesa EDF. Tiene 320 megavatios (MW) de potencia y da empleo directo a 150 personas.

«Que la Junta aporte dinero»

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carlos Velázquez, indicó que la solución para Elcogas pasa porque el Gobierno regional aporte dinero y que el rechazo del plan de viabilidad por parte del Ministerio de Industria se ha basado en cuestiones técnicas. En este sentido, Velázquez ha demandado que en los presupuestos de 2016 se contemplen medidas complementarias «que se materialicen con una cantidad concreta» «Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha», indicó Velázquez, que recordó que el Ejecutivo socialista dijo que no quería aportar ayudas que complementaran las del Gobierno central.

Según el diputado del PP, «si existiera ese compromiso político y no solamente palabrería y se utilizara el presupuesto para lo que se tiene que utilizar, que es para solucionar los problemas de muchos ciudadanos, quizás empezaríamos a hablar de la solución de Elcogas en breves fechas«. Por ello reiteró que la solución «depende del presupuesto de 2016» y de la voluntad política del presidente autonómico manchego, Emiliano García-Page. Asimismo, cuestionó el planteamiento de Podemos de que se regionalice la empresa. Intentar hacer públicas empresas «no soluciona el problema», aseguró Velázquez, que lo ve como «una medida anacrónica, de las políticas viejas que quiere intentar traer Podemos a Castilla-la Mancha».

«Un verdadero plan de viabilidad»

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, aseguró que el Ministerio de Industria lo que demanda es un «verdadero plan de viabilidad» sobre Elcogas porque lo que ha presentado la dirección de la empresa «es simplemente un documento». «El Ministerio dice que no es un plan de viabilidad, que es simplemente un documento, y lo que pide es un verdadero plan técnico de viabilidad para una planta de biomasa hibridada», explicó.

De tal forma, añadió, que «el Ministerio de Industria está abierto a nuevas ofertas, pero también pide que la Junta apoye también, junto con el Ministerio, para que Elcogas sea viable en un futuro». «No puede ser que solamente sea una Administración la que este tirando del carro, la que ha dicho que va a ayudar, la Administración del Estado, y la Junta de Castilla-La Mancha lo único que hace es esperar«, ha concluido Gregorio.

Industria se reunirá con la ingeniería interesada en el proyecto de una refinería de Irán en España

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que «en los próximos días» va a haber una «reunión» con una empresa de ingeniería que se ha puesto en contacto con el Ministerio en relación a la refinería que Irán estudia poner en marcha en Algeciras. Soria, que no precisó el nombre de la compañía, subrayó «no tener conocimiento por parte del Gobierno iraní» de la intención de desarrollar este proyecto en España, aunque indicó que de confirmarse «sería una inversión ciertamente muy importante».

Soria señaló que el pasado septiembre realizó un viaje oficial, junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, a Irán en el que las autoridades del país mostraron «un interés claro por poder utilizar España como pasillo de entrada para sus exportaciones, tanto de gas como de petróleo, aunque en aquel momento «no hubo ningún tipo de planteamiento concreto sobre ningún tipo de inversión ni de planta».

Incertidumbre entre Huelva y Algeciras

El pasado lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que el levantamiento de las sanciones a este país por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos abría «buenas oportunidades de negocio» para las empresas españolas. En este sentido citó la posibilidad de que Irán establezca una refinería en España, concretamente en Algeciras, lo que «contribuiría a crear puestos de trabajo en el Campo de Gibraltar». Un día después de estas declaraciones, fuentes de la Autoridad Portuaria de Huelva indicaron que un grupo iraní, del que no ha trascendido ningún dato, había contactado con el Puerto de Huelva como parte de las gestiones que está desarrollando para buscar posibles localizaciones para implantar una refinería en España.

La bombona de butano sube un 3,3% desde este martes en su primer incremento desde 2013

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Redacción / Agencias.- Mientras el gas licuado por canalización baja un 8%, el precio máximo de la bombona de butano es de 13,1 euros a partir de este martes, lo que supone un incremento del 3,3% con respecto a los 12,68 euros fijados en la anterior revisión bimestral y representará la primera subida desde mayo de 2013. Según el Ministerio de Industria, el precio máximo de los suministros de gases licuados del petróleo en envases de entre 8 y 20 kilogramos será de 85,1772 céntimos por kilogramo.

El incremento se produce a pesar de un descenso en el coste de la materia prima. Este mejor entorno se ha visto sobrepasado por la depreciación del euro, que encarece las compras de las materias primas cotizadas en dólares. En este sentido, el coste de comercialización reconocido a las empresas del sector del butano se mantiene en el mismo nivel, en 50,1143 céntimos por kilogramo, indica la resolución de Industria.

De esta manera, la bombona de butano romperá con la tendencia bajista en su precio que le había llevado a acumular una caída de hasta casi 5 euros con respecto a los 17,5 euros que se estableció en mayo de 2013 como tope máximo por el Ministerio de Industria. Desde entonces, el precio de la bombona se mantuvo congelado durante ese año y el ejercicio 2014 completo, hasta que en marzo de 2015 comenzó a bajar, hasta retroceder a los 12,68 euros que se fijo el pasado mes de noviembre. En todo 2015, la bombona acumuló una bajada del 27,5%.

Ya en la última revisión, conforme a la fórmula de revisión automática, la bombona de butano debería haber visto como su precio se incrementaba por encima de los 13 euros, aunque Industria decidió no aplicar esta subida al disponer desde el bimestre anterior de un superávit tarifario en el butano, que aprovechó para evitar el incremento y aplicar la nueva bajada, señalaron fuentes del sector. Así, al no existir ya este superávit y la relación entre costes e ingresos encontrarse en equilibrio, la revisión realizada ahora en enero responde exclusivamente a las variaciones en los distintos componentes de la fórmula.

Los precios del gas licuado del petróleo (GLP) se revisan en el tercer martes de cada mes impar, de modo que el precio actual estará vigente hasta el 15 de marzo. Las revisiones afectan a cerca de 8 millones de consumidores y se realizan en función de variables como las cotizaciones internacionales, el tipo de cambio, el flete (transporte) y los costes de las materias primas, entre otros factores. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, consistentes en envases entre 8 kilogramos y 20 kilogramos cuya tara sea superior a 9 kilogramos.

Baja el GLP por canalización

Por su parte, el precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización bajará a partir de este martes un 8,5%, según una resolución del Ministerio de Industria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio variable de este gas pasa de los 72,3957 céntimos de euro por kilogramo (cents/Kg) a 66,2260 cents/kg, lo que supone una bajada del 8,5%, con lo que deja atrás tres meses consecutivos de subidas tras los incrementos de octubre (7,8%), noviembre (0,08%), y diciembre (6,3%).

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel bajará un 10,6% a partir de este martes, hasta los 51,6351 céntimos por kilogramo, frente a los 57,7688 céntimos del mes anterior. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete,  la cotización entre el euro y el dólar, y los costes de comercialización establecidos por Industria.

Recorte renovable constitucional: sentencia balsámica de consumo interno

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La sentencia del Tribunal Constitucional, favorable por atribuir la condición de constitucional a la reforma Nadal-Soria en los sistemas retributivos de las tecnologías renovables de régimen especial (de partida, especialmente delirantes para ciertas tecnologías), puede resultar engañosa. No tanto desde el punto de vista de su ajuste a la legalidad constitucional como por las consecuencias económicas relativas a esta cuestión que se siguen devengando hacia el futuro para el Reino de España.

En primer lugar, porque el Tribunal Constitucional, por su propio mandato y cometido, circunscribe su acción al ajuste de la normativa al texto constitucional español y, por consiguiente, a la justificación de esta medida, aceptando en su auto las tesis del Gobierno formuladas a través de la Abogacía del Estado en el proceso judicial que está celebrándose en el Tribunal Supremo. Es más, los votos particulares emitidos por 3 magistrados sobre la sentencia del Tribunal Constitucional critican que la argumentación jurídica haya sido escueta, lamentando que no se haya aprovechado el momento para sentar doctrina acerca sobre el concepto de retroactividad y de confianza legítima.

Podemos recordar que, en el pasado, cuando había cuestiones en las que se suscitaba la necesidad de cuestionar el concepto de retroactividad, existían discusiones doctrinales profundas como la distinción entre retroactividad propia o impropia. A la vista del texto de la sentencia, esta vez el contenido de la misma ha sido más expedito. Esencialmente, se construye sobre la interpretación del concepto de retroactividad y seguridad jurídica en el marco de la idea de interés general y su integración dentro del estatalismo latino que emerge de estas lecturas de nuestra Constitución. Además, el Tribunal Constitucional también justifica la utilización por el Gobierno de la regulación vía decreto ley, una herramienta legal dirigida a cuestiones de urgencia.

Por su parte, el Ministerio de Industria (en funciones) defiende su ejecutoria pasada y ha tratado de “estirar” el alcance del valor del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, afirmando que la sentencia desmonta los argumentos contrarios a la reforma. Algo que es más balsámico que exacto puesto que, en el ámbito nacional, todavía queda la resolución de numerosos procesos abiertos a cuenta de las renovables, tanto en el Constitucional como en el Supremo. Ya es conocida, por otra parte, la táctica de achique de espacios que activa el actual equipo del Ministerio de Industria hacia el resto de instancias y poderes del Estado. Pero la realidad es que estamos ante una sentencia de «consumo puramente interno»

En todo caso, la actuación de Industria es de una comunicación política audaz puesto que no sabemos si va a servir de mucho en las instancias internacionales, un ámbito capital, dónde se dirimirá el futuro de estas normas. Por tanto, habrá que esperar a las instancias internacionales: la sentencia remite como instancia de recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y todavía no han empezado a dirimirse los conflictos y arbitrajes internacionales dónde, además, la relevancia de los actores que hay personados contra España es un elemento muy inquietante (E.On, RWE, Nextera, entre otras)y dónde los precedentes no auguran buenos resultados en el corto y medio plazo para los intereses del Ejecutivo actual.

Con estas consideraciones, dado que el déficit tarifario ha sido siempre resultado de una mala regulación y de una mala gestión pública de los sistemas de incentivos, una interpretación de la retroactividad sometida a la volatilidad política de los gobiernos en España tiene un efecto económico a largo plazo para los inversores. Negativo, desde luego.

La segunda derivada de esta sentencia es que, si la interpretación constitucional nacional de los conceptos como seguridad jurídica, retroactividad y confianza legítima, sometidos al interés general (a su vez, entendido esto último de forma sui generis por cada Gobierno de turno con sus propias prácticas), no resultasen acordes con los consensos e instancias internacionales económicas en esta materia, insertos en el mundo globalizado en que se realizan negocios e inversiones, ¿Qué sería de nosotros como país en el conjunto de las economías occidentales? ¿Es posible operar en el mundo económico con una inquietante discrepancia a la hora de entender la actividad y los negocios? ¿Entenderemos algo de lo que pase a partir de entonces?

Las asociaciones renovables creen que el resultado de la subasta añade incertidumbre al sector

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EFE / Servimedia.- Las asociaciones de empresas renovables creen que el resultado de la subasta de nueva potencia renovable eólica y de biomasa añade incertidumbre al sector. La puja tuvo como adjudicatarios a EDP, Energías Eólicas de Aragón, Jorge Energy, Ence y Forestalia y cerró con un descuento del 100% en ambos casos, por lo que las instalaciones que resultaron adjudicatarias no recibirán ayudas y sólo tendrán derecho a cobrar el precio de mercado.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) denuncia que la subasta es «una muestra más de la improvisación en materia energética» del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que añade «más incertidumbre» al sector. La organización subraya que la puja, desarrollada «de forma improvisada» y con una «visión cortoplacista», ha tenido un resultado «cuanto menos sorprendente» y cree que es significativo que la mayoría de los principales promotores del sector no hayan resultado adjudicatarios. «La subasta se ha mostrado más como un producto financiero y los adjudicatarios podrían tener dificultades para desarrollar los proyectos», ha añadido, por lo que ven con «incertidumbre» la materialización de los proyectos adjudicados.

La asociación ya denunció que el mecanismo de adjudicación previsto en la subasta podría derivar en un resultado «alejado a la realidad del sector, como así ha sucedido». En las alegaciones realizadas por APPA durante la tramitación de las diferentes normas ya propuso correcciones para evitar las consecuencias negativas del mecanismo establecido, que no se tuvieron en cuenta. En este sentido, recordó que en anteriores procesos de adjudicación se requerían todo tipo de requisitos para dar continuidad a los proyectos, mientras que ahora, «muy al contrario, la subasta solo ha tenido en cuenta la componente financiera, ya que solo se requería un aval para participar». «La gran concentración de las adjudicaciones plantea dudas sobre la metodología empleada», añadió la asociación.

En cuanto a la potencia adjudicada en este último proceso, para APPA discrepa «totalmente» de Industria y la ve «claramente insuficiente» si se quieren cumplir los objetivos comprometidos en materia renovable con Europa para 2020, puesto que los 700 MW adjudicados representan un 8% de lo que el propio Ministerio de Industria prevé necesario instalar para lograr alcanzar la meta comprometida de 20% de renovables para dentro de cuatro años.

AEE pide una nueva subasta

Por otro lado, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) cree que el resultado de la subasta «no es significativo» porque «no refleja la realidad del sector«, y cree que la oferta de potencia renovable eólica (500 MW) es escasa después de la paralización causada en el sector en los últimos años con la moratoria. La asociación cree además que para cumplir el objetivo europeo en energía eólica para 2020, que implicaría instalar 6.400 MW, sería necesario convocar una nueva subasta para antes de verano para adjudicar los 5.900 MW restantes y añade que el Gobierno «debe garantizar una regulación estable y predecible» de cara al futuro.

Finalmente, la patronal eólica recordó que tras la moratoria de 2012 se paralizaron en España unos 10.000 MW eólicos adjudicados en los distintos concursos autonómicos, unos proyectos que actualmente se encuentran en diferentes situaciones, algunos de ellos en circunstancias singulares, incluso con inversiones ya realizadas, lo que se ha reflejado en el interés del sector por acudir a la subasta y en las bajas ofertas. «Esta excepcionalidad no es extrapolable ni a las carteras de proyectos de la mayor parte de las empresas, ni a los parques existentes, que en su día se instalaron con unos costes tecnológicos y de inversión mucho más elevados», explicó.