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La CNMC estima un ahorro de 1.267 millones al sistema por la falta de incentivos en la subasta de renovables

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima un ahorro de 1.267 millones de euros en los próximos 25 años para el sistema eléctrico como resultado de que la subasta de renovables celebrada el pasado mes de enero se cerró sin incentivos.

En su informe sobre la subasta, en la que se asignó 500 megavatios (MW) de eólica y 200 MW de biomasa con tanta presión competitiva que los incentivos quedaron reducidos a cero, el superregulador señala que los sobrecostes máximos estimados para el sistema derivados de la percepción del régimen retributivo específico por las instalaciones eólicas con una vida útil de 20 años se estimaron en 600 millones de euros, mientras que para los 200 MW de las instalaciones de biomasa con una vida útil de 25 años eran de 667 millones de euros. No obstante, dado el resultado de la subasta, el sobrecoste para el sistema eléctrico de la subasta fue «nulo por este concepto».

En el caso de las instalaciones de biomasa, se contempla una retribución a la operación (Ro) para ellas de entre 65 y 69 millones de euros al año en el periodo 2017 a 2020, aproximadamente.  El regulador también considera que, en próximas subastas, debería considerarse incrementar el tamaño mínimo de cada bloque a ofertar, al objeto de evitar adjudicaciones por cantidades de potencia extraordinariamente pequeñas.

Asimismo, la CNMC considera que las próximas subastas de renovables el volumen máximo de calificación, que constituye el límite de cantidad máxima por el que cada participante va a ofertar para cada producto en la subasta, debería ser «vinculante». De esta manera, el organismo señala que se constituye un compromiso firme de aceptación de este volumen por cada uno de los productos al valor estándar de la inversión, lo que da más certidumbre sobre la presión competitiva existente antes de la subasta, en línea con lo que sucede en otras subastas energéticas administradas por OMIE.

Asimismo, Competencia propone otras series de cambios para las futuras subastas, como la modificación del criterio de adjudicación de los bloques aceptados por productos en el caso de que la curva agregada de oferta y la demanda del sistema crucen en un segmento horizontal y haya tramos con una cantidad ofertada inferior a la cantidad a repartir en dicho segmento.

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra la reforma eléctrica

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EFE / Europa Press.- El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PSOE contra la denominada como reforma eléctrica. El recurso, presentado en octubre de 2013 por el grupo socialista contra la aplicación retroactiva del nuevo régimen retributivo de la actividad de producción de electricidad, argumentaba que vulnera los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad de las disposiciones que afectan a derechos individuales. Sin embargo, el Constitucional responde que la modificación del régimen retributivo obedece «a una motivación justificada y cierta» y no vulnera dichos principios.

La decisión del Tribunal Constitucional podría afectar a la resolución de otros recursos presentados contra la misma norma, los de Andalucía, Extremadura, Navarra y Murcia. En concreto, el recurso socialista se dirigía a varios artículos de la ley del sector eléctrico referidos a la modificación retributiva de las renovables y la cogeneración, que en virtud de esta normativa pasó de un sistema de primas a una retribución razonable alo largo de la vida útil, al considerar que eran retroactivos y no cumplían los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad.

El Tribunal Constitucional responde que estas cuestiones ya fueron abordadas en el recurso planteado por Murcia contra la normativa renovable y que fue desestimado. En esa sentencia, el tribunal ya consideró justificada la urgencia por la evolución «expansiva» de los costes del sistema eléctrico en una situación de crisis económica. Con respecto a la retroactividad, el Constitucional defiende que la confianza legítima no se ha visto afectada ya que este principio «no protege de modo absoluto la estabilidad regulatoria, ni la inmutabilidad de las normas precedentes», al tiempo que subraya que la modificación retributiva no fue «inesperada». Asimismo, el Tribunal Constitucional ratifica que el Gobierno justificó de forma suficiente la necesidad de aprobar las medidas por la vía del decreto.

A este respecto, añade que el nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos se basa en la «percepción de los ingresos derivados de la participación en el mercado, con una retribución específica que permite la cobertura de los costes adicionales de estas instalaciones respecto de las del resto de tecnologías en el mercado, y les «permita competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de las tecnologías y obtener una rentabilidad razonable». Además, a pesar de que la nueva retribución renovable no se conoció hasta meses después, el Constitucional descarta que suponga retroactividad ya que los productores conocían desde ese momento el futuro cambio.

La sentencia justifica también el rechazo a la infracción del principio de seguridad jurídica y del principio de irretroactividad de las normas, ya que considera que «no estamos ante una norma incierta o falta de la indispensable claridad, pues cuenta con un contenido preciso y unos efectos perfectamente determinados». Por otro lado, al igual que en el fallo contra el recurso de Murcia, la nueva sentencia incluye un voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, al que se adhieren dos miembros más del tribunal, en el que muestra su discrepancia con la fundamentación jurídica referida a la invocación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima respecto a la modificación del régimen de incentivos a las energías renovables.

Todos los grupos parlamentarios de la Región de Murcia piden a Industria que paralice una línea de alta tensión

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EFE.- Una línea de alta tensión, que unirá una planta solar en Zarcilla de Ramos con la subestación eléctrica de El Saladar, será objeto de debate este jueves a través de una moción en el pleno de la Asamblea Regional de Murcia. El texto, presentado por todos los grupos parlamentarios de Murcia, pide «protección» para los vecinos afectados por este ramal energético

La moción es el resultado de la reunión que mantuvieron el pasado mes de enero los representantes de una plataforma contraria a la infraestructura con los portavoces de los grupos parlamentarios con el objeto de que actuaran contra la instalación de una línea de 400 kilovoltios que atraviesa 450 parcelas. En ese encuentro se acordó ampliar una moción ya existente, del PSOE. El proyecto de la empresa Gestamp Andaltia, que unirá una planta fotovoltaica de 1.100 hectáreas con la subestación eléctrica a través de 40 kilómetros de los municipios de Lorca, Aledo y Totana, cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable, por lo que la plataforma pide a la Asamblea que inste a su paralización al Ministerio de Industria.

Elcogas lamenta «profundamente» la falta de voluntad negociadora de los sindicatos al no llegar a un acuerdo con los trabajadores

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EFE.- La dirección de Elcogas ha lamentado «profundamente» que no se haya logrado alcanzar un acuerdo en torno al expediente de regulación de empleo (ERE), así como la «reiterada ausencia» de voluntad negociadora demostrada por parte de los representantes de los trabajadores. Así se agotó el periodo de consultas para negociar un ERE de extinción sin llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la plantilla una vez que la central está cerrada y oficialmente desconectada por el Ministerio de Industria.

«En un mes de intentos de negociación por parte de la empresa sólo han hecho una contrapropuesta de ERE a escasas dos horas de que concluyera el periodo legal de consultas, y en unos términos imposibles de asumir por parte de la empresa», recordaron antes de señalar que «a pesar de ello, la representación de Elcogas realizó una nueva oferta mejorando sustancialmente la existente, en aras a un último intento de acercar posturas que justificara prolongar el periodo de consultas».

Ha expuesto que, ante la única e inasumible «oferta de última hora» realizada por los representantes de los trabajadores, durante el periodo de consultas de 30 días, la empresa realizó hasta tres ofertas distintas y mejoradas para propiciar un acuerdo en torno a las mejores condiciones posibles de salida. «La primera fue en el segundo de los encuentros mantenidos, el pasado 27 de enero, y la segunda el pasado jueves 11, durante la sexta reunión del periodo», mientras que la última fue «una vez comprobada la inviabilidad económica de la única propuesta sindical de ERE».

La última propuesta elevaba la indemnización de salida, para los menores de 60 años, a 35 días por año trabajado con un máximo de 20 mensualidades; para los de entre 60 y 63 años la prejubilación con el 70% del salario, y para los mayores de 63 años, además, una indemnización de una anualidad de salario. Igualmente, ha mantenido hasta el final la predisposición de los socios a participar en el proceso de recolocaciones de trabajadores afectados por el ERE de extinción. Además, la preferencia de recontratación si un futuro Gobierno desbloqueara el acceso de Elcogas a un Régimen Retributivo Específico, posibilidad que «sorprendentemente, los representantes de los trabajadores han calificado como un hipotético proyecto».

«La dirección de Elcogas ha mantenido su mayor voluntad negociadora para alcanzar un acuerdo en torno al ERE de extinción al que ha llevado el rechazo del Ministerio al Estudio de Viabilidad para asegurar la continuidad de la planta», sostuvo la dirección de la empresa que «presentará la documentación del ERE de extinción a la Autoridad Laboral en los próximos días, dentro de los parámetros establecidos por la legislación vigente».

Decepción en comité de empresa

Según el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, «han quedado claras las intenciones de la empresa, que no eran otras que romper y acabar sin acuerdo para que se judicialice el proceso» . En este sentido, Alcaide acusó a la empresa de obrar de «mala fe, negociando con mentiras y argucias para llevar a los trabajadores a unas indemnizaciones humillantes». Así, denunció que mientras que los trabajadores demandaban «condiciones similares» a las que están ofreciendo las empresas del grupo de Elcogas, como Iberdrola, Endesa, Enel, EDF o Hidrocantábrico, a sus trabajadores, la representación de la empresa hizo una última oferta que juzgaron como «una limosna miserable e insultante».

Ante esta situación, la plantilla mantiene la esperanza de que un nuevo Gobierno central haga recuperar la producción en Elcogas, porque «es un proyecto europeo de tecnología limpia con cientos de millones de euros de inversión», que «dejarlo perder sería una locura», por ello, «los trabajadores no quieren no perder la esperanza», sostuvo Alcaide. También criticó que la empresa «ahora no se comprometa con posibles recolocaciones», como había anunciado a los trabajadores actuales ante un hipotético nuevo proyecto de Elcogas. «Ahora no sólo no contemplaría que los trabajadores volvieran con las mismas condiciones, sino que ni tan siquiera serían posiblemente los mismos trabajadores», rechazó Alcaide.

Por ello, el comité de empresa asevera que los trabajadores, «decepcionados y engañados pero más fuertes que nunca», mantendrán su reivindicación de mantener sus puestos de trabajo con los encierros, los cortes de carretera y con las manifestaciones en Madrid previstas para este miércoles y el siguiente ante las sedes de las empresas que forman parte de Elcogas, cuando los trabajadores de Elcogas irán «a decirles lo sinvergüenzas que son».

CCOO critica el «concierto» entre Elcogas e Industria para cerrar la empresa e insiste en nacionalizar las compañías eléctricas

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Europa Press / EFE.- El secretario castellano-manchego de CCOO, José Luis Gil, criticó el «concierto» que de forma previa se ha dado entre una parte de los accionistas de Elcogas y el Ministerio de Industria para cerrar Elcogas y ha pedido al futuro Gobierno «progresista y de cambio que se ha de formar en el país que acabe con el lobby de presión» que suponen las eléctricas y las nacionalice.

De este modo se pronunció después de que finalizase sin acuerdo la negociación del ERE extintivo de Elcogas para sus 143 trabajadores. En este sentido, el líder regional de CCOO señaló que hay que «intentar desenmascarar a los que han mentido de forma descarada y descarnada tantos años» pues a su modo de ver, finalmente, los accionistas de Elcogas «se han quitado la careta y es evidente la gran estafa para los trabajadores, para Puertollano y para Castilla-La Mancha». Y es que a juicio de Gil, «lamentablemente previamente había concierto entre una parte de la empresa y el Ministerio para acabar cerrando sin un tipo de alternativas. Han impedido ampliar el periodo de consultas que permita dar salida a factoría».

Pide tiempo a los accionistas

Dicho esto, ha asegurado que el Gobierno de España tiene que replantearse la relación que tiene con las eléctricas, pues a su modo de ver «no puede ser un lobby de presión tan potente que sea insensible con territorios donde actúa y a las personas». Por ello el sindicalista ha insistido en que el país necesita nacionalizar las eléctricas y acabar con ese grupo de presión, emulando a otros países del entorno europeo que lo han hecho para que «nadie pueda coaccionar o condicionar la acción de un Gobierno en temas tan sensibles como Elcogas«.

Tras precisar que «tiene que haber una parte de accionistas que aún entienden que tiene que haber solución», les ha pedido «más tiempo» hasta que haya un «vuelco» en el Gobierno central que permita recuperar la actividad y el empleo en Elcogas. «No pueden ni deben cerrar. Es tremendamente injusto que cierren de forma tan abrupta el ERE de extinción sin tiempo ni espacio para recuperar la situación», indicó. De ahí que Gil haya reiterado que el futuro Gobierno tiene que plantearse mantener abierto Elcogas y una relación «de igual a igual con las eléctricas».

Los incentivos al gas y el carbón se reducirán un 25% hasta 2021 por la pérdida de 32 instalaciones

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Europa Press.- Los costes asociados a los pagos por capacidad con los que se incentiva el servicio de respaldo de las centrales de gas y carbón se reducirán un 25% en el periodo 2016-2021, desde los 418,1 millones de euros estimados para este año hasta los 314,6 millones de euros en el final del periodo, por la pérdida de 32 unidades a lo largo de los próximos 6 años, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Concretamente, estas cifras supondrán un caída de estos costes, en promedio, de en torno a un 4,9% anual en el periodo. Esta reducción se deberá tanto a la finalización de los derechos de aquellas unidades cuyo plazo expire en el periodo como al cierre de centrales, no compensada por la entrada de nuevas instalaciones. Esta previsión difiere ligeramente de las estimaciones del Ministerio de Industria, que prevé una partida por pagos por capacidad de 512 millones de euros para 2016 y una reducción hasta 377 millones de euros en 2021.

Estas estimaciones del regulador prevén la finalización de los derechos de las unidades de Arcos 1, Arcos 2, Palos 1 y 2, Santurce 4, para este año, y de Aceca 3, Arrubal 1 y 2, Palos 3, para 2017. Además, también se prevé la finalización de los derechos para las unidades de Puentes García Rodríguez 4, Amorebieta, Cartagena 1, 2 y 3, Arcos 3, para 2018; Aceca 4, Castelnou, para 2019; Puentes García Rodríguez 3, Colón 4, Escombreras 1, 2, 3 y 6, para 2020, y Plana del Vent 1 y 2 y Sagunto 1, 2 y 3, para 2021.

Asimismo, se han considerado supuestos que conllevarían la anulación del derecho de cobro, como el cierre de las centrales este año de Soto de Ribera 2, Compostilla 2, Narcea 1 y Elcogas. Mientras, se prevé la entrada de nueva potencia instalada con derecho a cobro en concepto de disponibilidad en 2017 de la Central de la Muela II (852 MW).

Las auditorías energéticas serán obligatorias para las grandes empresas al transponer el Gobierno parte de la directiva europea de eficiencia

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Redacción / Agencias.- De hecho, Amigos de la Tierra lamentó que el Gobierno haya aprobado «en funciones» la directiva de eficiencia energética de 2012 con retraso, «a regañadientes y obligado por las amenazas» de la Comisión Europea. Lo cierto es que el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que transpone partes de la directiva europea de eficiencia energética, y, entre otras actuaciones, prevé auditorías energéticas periódicas obligatorias para las grandes empresas, a partir de las cuales éstas puedan mejorar su consumo energético.

El decreto prevé estas auditorías energéticas para toda compañía de más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de volumen de negocio. Las auditorías energéticas deberán cubrir, al menos, el 85% del consumo total de energía del conjunto de sus instalaciones y deberán realizarse, al menos, cada 4 años. El Gobierno estima que esta medida será de aplicación a unas 3.800 empresas, con cerca de 27.000 establecimientos o locales. Las empresas tendrán un plazo de 9 meses para realizar las auditorías, que sólo podrán sustituirse por la existencia de sistemas de gestión ambiental que cuenten con certificados de eficiencia energética en vigor.

Industria indicó que este decreto, junto con el resto de normas aprobadas en esta legislatura que también trasponen la directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, «permite impulsar el ahorro y la eficiencia energética contribuyendo de manera decisiva a alcanzar los objetivos de la Unión Europea«. Asimismo, pretende impulsar la eficiencia energética en varios ámbitos: auditorías energéticas, acreditación de auditores y proveedores de servicios energéticos y promoción de la eficiencia del suministro.

El Ejecutivo considerará válidas las auditorías que se hayan realizado desde el 5 de diciembre de 2012, fecha de entrada en vigor de la directiva. Las auditorías serán realizadas por auditores energéticos profesionales que cumplan con los requisitos de cualificación que se establecen en el decreto, sin perjuicio de que también podrán realizarse por personal interno cualificado. El decreto establece los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos, que deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil. En la sede electrónica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) existirá un listado de proveedores de servicios energéticos.

Por su parte, la ONG Amigos de la Tierra ha criticado los más de 2 años de demora con los que se transpone esta directiva, que debería haberse trasladado a la legislación nacional en 2014, y que sólo se haya traspuesto de manera parcial. Hector de Prado, portavoz de energía de esta ONG, indicó que «el Gobierno ha tratado de esquivar esta transposición con el fin de no afectar negativamente los negocios de las grandes empresas, especialmente los de las eléctricas, e hizo caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que sugerían una mayor ambición a la hora de transponer la directiva».

Para Héctor de Prado, a pesar de las reticencias por parte de las grandes empresas europeas del sector de la energía, la «necesidad estratégica» de depender menos de las importaciones de combustibles fósiles, así como de emitir menos CO2, permitió situar la directiva por encima de los intereses privados. Amigos de la Tierra ha lamentado que el real decreto no trasponga todas las medidas de la directiva, «algunas de las cuales ayudarían al consumidor doméstico o comunitario a ahorrar casi un tercio de su consumo mensual», y ha recordado que estas actuaciones tendrían un gran potencial de crear nuevos empleos.

Amigos de la Tierra explica que las medidas recogidas en la directiva impulsarían la energía comunitaria porque conlleva estrategias de reducción del consumo de gas y electricidad en sectores diversos como el residencial, la industria o el transporte. A su juicio, desde el sector privado muchas medidas no se ven con buenos ojos porque, como ya se ha explicado, obligaría a las grandes empresas a llevar a cabo auditorías energéticas.

«El documento original, a pesar de no ser perfecto, ofrece una interesante batería de disposiciones viables que ya están aprovechando muchos países tras haberlas implementado. El documento que ha aprobado el Consejo de Ministros está plagado de lagunas en comparación al original, y es, en general, poco consistente», denunciaron. Finalmente, lo considera un texto de mínimos a pesar de las contraindicaciones del Consejo de Estado, la CNMC y varias asociaciones de defensa del medio ambiente o de consumidores que instaban al Gobierno a implantar medidas «más ambiciosas» de eficiencia energética.

El sistema eléctrico acumulará un superávit de 767 millones hasta 2021 y aumentará un 26% su potencia renovable, según Industria

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Europa Press / EFE.- El sistema eléctrico arrojará en su parte regulada un superávit de tarifa (los ingresos superarán a los costes) de 24,2 millones de euros este año y de 767 millones en el periodo acumulado entre 2016 y 2021, a razón de 154,3 millones en 2017, 162,2 millones en 2018, 159,9 millones en 2019, 121,8 millones en 2020 y 145,8 millones en 2021. Asimismo, elevará en un 26% la capacidad renovable instalada. incremento que se concentrará en las tecnologías eólica y fotovoltaica.

Estos datos forman parte de una propuesta de orden ministerial del Ministerio de Industria sobre la previsión de los ingresos y costes eléctricos entre 2016 y 2021, sobre la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de emitir un informe. El escenario de Industria recoge un volumen de ingresos procedentes de los peajes que pagan los consumidores de 15.399 millones en 2021, un 4,4% superior a los actuales, gracias a una senda sostenida de recuperación de la demanda, que aumentará un 1% en 2016 y un 1,9% anual hasta 2021. Una previsión que podría quedarse corta ya que la CNMC estima que el consumo registrará un incremento aún mayor, del 2,1% anual para el período.

De acuerdo a la propuesta, los ingresos del sistema eléctrico bajarán un 2,7% este año y posteriormente repuntarán un 0,7% en 2017 y 2018, un 1,1% en 2019 y 2020 y un 0,8% en 2021. Los impuestos recogidos en la Ley 15/2012 permitirán ingresar además 2.704 millones este año y una cifra similar en los siguientes ejercicios, hasta 2.866 millones en 2021. Las subastas de derechos de emisiones de CO2 aportarán 450 millones al año. El sistema eléctrico registró superávit en 2014 por primera vez en más de una década, con lo que cerró un periodo de déficit persistente que acumuló una deuda cercana a los 30.000 millones de euros.

En el lado de los costes regulados, el periodo se cerrará con una cifra de 18.569 millones de euros, un 5,6% más que los 17.875 millones pronosticados para 2016. El coste del transporte eléctrico aumentará un 8%, hasta 1.904 millones, mientras que el de la distribución lo hará un 5,3%, hasta 5.351 millones. Las anualidades para responder al pago de la deuda eléctrica registrarán un leve descenso y pasarán de 2.872 millones en 2016 a 2.792 millones en 2021, al tiempo que el coste de los pagos por capacidad para incentivar la disponibilidad de centrales térmicas se reducirá de 512 millones a 377 millones, debido entre otras cosas al previsible cierre de centrales de carbón.

La propuesta recoge la instalación de 8.537 megavatios (MW) nuevos de energías renovables hasta 2021 con el propósito de cumplir los objetivos comunitarios de España hasta 2020, que pasan por lograr que el 20% del consumo final de energía proceda de fuentes renovables. Tras la primera subasta de potencia eólica y de biomasa, el coste de los incentivos a las renovables aumentará en 50 millones en 2017, y luego lo hará en 150 millones en los dos años siguientes, en 170 millones en 2020 y en 50 millones en 2021.

En total, el coste de los incentivos a las renovables y a la cogeneración habrá aumentado un 8% y ascenderá, al cierre del periodo, a 7.296 millones. Para 2016, las anteriormente conocidas como primas supondrán un coste de 6.726 millones. Este incremento del 8% permitirá elevar en un 26% la capacidad renovable instalada. Industria asegura que el incremento de megavatios se concentrará en las tecnologías eólica y fotovoltaica. Esta relación entre costes y potencia es fruto de «la madurez de las tecnologías involucradas en mayor medida en dicho crecimiento y al aprovechamiento de los menores costes de inversión aplicables mediante el actual marco retributivo de estas instalaciones y la asignación de nueva potencia mediante subastas».

Hullera Vasco-Leonesa tira la toalla tras 120 años y pide su liquidación mientras Izquierda Unida arremete contra Industria en Bruselas

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Servimedia / EFE.- La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, denuncia que el Ministerio de Industria «no ha peleado lo suficiente por el sector» en Europa en una jornada en la que la minería del carbón despide a Hullera Vasco-Leonesa, que decidió por unanimidad de su consejo de administración presentar la solicitud de liquidación de la compañía tras fracasar en su intento de convencer a los acreedores de la viabilidad futura de una empresa creada hace 120 años.

Además, según comunicó la compañía minera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), habilitó a su presidente para que adopte las medidas necesarias para su ejecución, entre ellas, la emisión de las oportunas certificaciones hasta completar los trámites de la extinción de la sociedad. Hullera Vasco-Leonesa asegura que con esta decisión persigue favorecer una salida lo menos perjudicial posible para los intereses de trabajadores y acreedores ante el deterioro de su situación económica.

Además, lamenta que «los principales agentes implicados, clientes, instituciones públicas, entidades financieras y aquellos acreedores que han sido emblemáticos en el devenir productivo de los más de 120 años de historia que avalan la trayectoria de la sociedad, no hayan podido encontrar fórmulas de superación de una situación económica que deviene como consecuencia de imposiciones legales cuando no de las políticas energéticas articuladas por las administraciones públicas y compañías eléctricas».

La entrada en concurso de la compañía se produjo básicamente por los efectos del plan de cierre de la minería del carbón impuesto por la Unión Europea y por su aplicación por parte de las autoridades españolas, lo que provocó una drástica reducción tanto de las ayudas como de la demanda de carbón, hasta alcanzar cuotas insostenibles en 2014. Por último, el consejo expresa su «frustración» por «no haber podido superar las rígidas barreras administrativas y financieras que le han sido infranqueables durante estas largas negociaciones, especialmente, en cuanto detentadores de un legado empresarial centenario».

Izquierda Unida protesta ante Europa

Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, calificó de «decepcionante» la decisión de la Comisión Europea de considerar contraria al derecho de la Unión Europea la orden ministerial de ayudas al carbón autóctono para generar electricidad. Asimismo, exige que se implante «de forma urgente» una bonificación sobre el denominado céntimo verde para incentivar el consumo de carbón extraído en el Estado español frente al importado. A su juicio, estamos ante «última muestra de que el Ministerio de Industria no ha peleado suficiente por el sector, dejándolo sin oportunidades más allá de 2018».

Vallina señala que el pasado mes de enero mantuvo una reunión en Estrasburgo con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para tratar la situación del sector del carbón en el Estado español, en la que la representante comunitaria le trasladó que la transición energética era una «cuestión inminente» y defendió la importación de carbón del extranjero puesto que sus precios eran «imbatibles». Vallina reseña que le expuso a Vestager que la orden ministerial, que finalmente ha rechazado la Comisión Europea, «redundaría en una rentabilidad social en las zonas donde se produce carbón autóctono» y «serviría para generar empleo estable y duradero y frenar la despoblación».

Asimismo, advirtió que de no aplicarse sería «un desastre social», y denunció que el carbón importado «no cumple los mismos estándares laborales y medioambientales que el autóctono». La europarlamentaria insiste en la necesidad de implantar el llamado céntimo verde, que dé preferencia a que se queme carbón nacional para producir electricidad frente al importado, lo que considera «vital» y entiende que lo convertiría «también en competitivo a nivel de precios».

Explicaciones en Castilla y León

Mientras tanto, el PSOE reclamó en las Cortes de Castilla y León la comparecencia urgente de la consejera de Economía de la Junta, Pilar del Olmo, para que explique el rechazo de Bruselas al mecanismo para la compra de carbón autóctono. En este sentido, el procurador por León Tino Rodríguez considera que la reclamación está justificada ante el hecho de que el Gobierno, tal como ha reconocido ante la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), no haya enviado a Bruselas la orden ministerial que habría evitado la actual situación de quiebra en la que se encuentra el sector.A este respecto, Rodríguez se pregunta: «¿De qué rechazo hablaba la consejera Pilar del Olmo si no se había presentado ninguna petición formal?».

Por este motivo, ha acusado a la Junta de ser «los titiriteros de Mariano Rajoy y del ministro José Manuel Soria para encubrir su política de aniquilación de la minería».El parlamentario autonómico ha recordado que desde que el PP accedió al Gobierno a finales de 2011 «se han cerrado el 90% de las explotaciones mineras de la Comunidad de casi 10 grupos mineros que sustentaban el trabajo a más de un centenar de empresas auxiliares, sólo quedan 3 y con los mineros en ERE«. Rodríguez ha esgrimido que esta situación ha llevado a que se haya pasado de más de 6.000 empleos directos e indirectos de la minería del carbón, a los actuales 700.

Nadal se pregunta si «¿estamos locos?» por querer cerrar las nucleares a los 40 años y critica al PSOE

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó la propuesta del PSOE de cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y se preguntó si «¿estamos locos?», ya que consideró que se trataría de algo similar a decretar que se iban a derruir todos los edificios o las fábricas al llegar a esa antigüedad. En este sentido, Nadal arremetió contra los socialistas por tener un «enfoque corto» en sus propuestas energéticas.

Así se expresó Nadal analizando las medidas presentadas por el PSOE para alcanzar un acuerdo de Gobierno y cuestionó que vayan a permitir crecer, innovar y avanzar a la economía y al sector energético. Sobre las nucleares, tras recordar que producen el 20% de la energía sin emitir emisiones de CO2, rechazó que se pueda tomar una decisión sobre su cierre, sin tener en cuenta si cumplen los niveles de seguridad necesarios, ya que encarecerá un 20/25% los costes del sistema. Además, expresó sus dudas sobre la posibilidad de mantener la seguridad del suministro si se producen estos cierres, ya que el documento socialista no habla de interconexiones, que considera que serían la «única alternativa».

Nadal defendió su gestión y aseguró que la política energética, más allá de combatir el déficit, implica «hacer apuestas correctas en un mundo de continua volatilidad». Asimismo, defendió el modelo de autoconsumo energético regulado por la normativa aprobada por el Gobierno y aseguró que cambiarlo para que no pague los costes del sistema supondría que dichos costes deberían ser asumidos por el resto de consumidores. A este respecto, afirmó que «la mayor parte del autoconsumo es para calentar piscinas», por lo que tachó de «regresiva» dicha medida. Además, negó que el autoconsumo sea una medida de ahorro energético y afirmó que «está por ver que sea más eficiente porque no aprovecha las economías de escala».

En la misma línea, criticó también la propuesta del PSOE de prohibir la búsqueda de hidrocarburos porque «el petróleo no estará siempre a 30 dólares». «Nos convertiríamos en el único país que no tiene ningún interés en buscar hidrocarburos. España puede tener el récord de ser el único país de ni tiene nuclear ni busca hidrocarburos», ironizó. Por último, se mostró en contra del hecho de que la pobreza energética no esté vinculada a la política social y rechazó también la medida de permitir dejar de pagar la luz y el gas a las personas con problemas económicos, ya que supondría que dicho coste lo debería asumir el sector eléctrico.

En cuanto al programa energético de Podemos, se limitó a apuntar que «no es la realidad» porque va contra las directivas europeas. Frente a esto, abogó por mantener como propone el PP el equilibrio de las cuentas, fomentar la eficiencia energética, buscar hidrocarburos, desarrollar interconexiones y equilibrar generación convencional y renovables, en su opinión las claves para «la política energética para los próximos 50 años».