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APPA acusa a Energía de distorsionar su previsión de precio del mercado eléctrico para reducir la retribución a las renovables

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) acusa al Ministerio de Energía de distorsionar su previsión de precio del mercado eléctrico para reducir en 600 millones de euros la retribución de las renovables entre 2017 y 2019. APPA señala que esta reducción en la retribución es debida a la consideración realizada por el Ministerio, «en función de sus intereses», de que el precio del mercado eléctrico se situará a partir de 2020 en 52 euros por megavatio hora (MWh).

Así, considera que, dado que el esquema de retribución de las energías renovables se basa en que las instalaciones alcancen un determinado nivel de rentabilidad razonable por la combinación de los ingresos percibidos por el mercado eléctrico y por las retribuciones reguladas, una previsión de un mayor nivel de ingresos provenientes del mercado eléctrico en la vida de las instalaciones, debido al mayor precio estimado a largo plazo, «supone ya desde el momento actual un menor nivel de ingresos regulados».

Para APPA, la previsión de precios del mercado eléctrico a partir del año 2020 realizada por el Ministerio ya sería «censurable» únicamente por el hecho de que los mercados de futuros manejan precios 10 euros por MWh inferiores. Sin embargo, subraya que cuando Energía no calcula la retribución de las energías renovables, entonces las previsiones que maneja sí que están en línea con las previsiones objetivas establecidas por los mercados de futuros, como en la propuesta de orden que prevé los ingresos y costes del sistema eléctrico para el periodo 2017-2022, en la que Energía estima un precio del mercado eléctrico de 41,62 euros por MWh entre 2020 y 2022.

Así, recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya puso de manifiesto esta «inconsistencia» en su informe relativo a la propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso para 2017, elaborada por el Ministerio, en el que criticaba que no se proporcione metodología de cálculo alguna para mantener los 52 euros por MWh y que no se revise el valor del precio de mercado de 2020.

La patronal, que señala que resulta «lamentable» que el Ministerio no haya modificado su previsión, denuncia que hay que añadir el impacto negativo de las medidas aplicadas a las renovables en la reforma eléctrica, que ya vienen significando recortes anuales de más de 2.200 millones de euros, un 30% menos de la retribución inicialmente prevista. Además, a esto se suma un recorte adicional de 574 millones de euros debido a otra errónea estimación del precio del mercado eléctrico en el primer semiperiodo regulatorio 2014-2016.

Los permisos para explorar hidrocarburos mediante fracking en Castilla y León, País Vasco, Navarra y Cantabria se extinguen sin prórroga

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Europa Press.- Los permisos para explorar hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) se han extinguido sin prórroga al denegar el Ministerio de Energía, la solicitud de suspender los permisos Angosto-1, Enara, Usoa, Mirua y Usapal. Así consta en una orden ministerial que publica el BOE, respecto a los permisos de investigación otorgados en noviembre de 2006 a Enara y en enero de 2008 al resto.

El Gobierno fue concediendo prórrogas a estos permisos para explorar hidrocarburos, hasta 2013, luego hasta 2014 y, finalmente, hasta el 19 de junio de 2016 para Angosto 1 y hasta el 18 de febrero de 2017 para Enara, Usoa, Mirua y Usapal. El operador solicitó en 2015 que se interrumpiese el cómputo del plazo de vigencia de los permisos de investigación de hidrocarburos a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 6/2015 de medidas adicionales de protección medioambiental mediante fracking dictada por la comunidad autónoma del País Vasco.

Por ello, la Secretaría de Estado de Energía concluye que el análisis del programa de trabajos e inversiones del conjunto de permisos de investigación «no permite deducir» que concurran las circunstancias para permitir tal suspensión de plazos, a pesar de que no niega que la aprobación de la normativa autonómica vasca suponía una carga adicional en la tramitación de los sondeos de investigación. Si bien, no aprecia un obstáculo impeditivo para seguir con los trámites.

El Defensor del Pueblo ve necesario ligar el bono social de la luz a la renta

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo considera necesario modificar la normativa para que el bono social de la luz sea ligado a la renta ya que los recursos para combatir la pobreza energética no se emplean adecuadamente. La institución realizó esta consideración en su informe anual.

Actualmente se negocia el reglamento del decreto contra la pobreza energética, para lo que el Gobierno inició las conversaciones con la oposición con el objetivo de alcanzar el máximo consenso posible. Dentro de este reglamento, figura la intención de incluir el criterio de renta para la percepción del bono social de la luz. En su informe, la institución señala que el actual sistema hace que haya personas que, «por sus escasos ingresos, necesitan percibir la energía a una tarifa bonificada y no se les reconoce el derecho a ello». En 2014, el Defensor del Pueblo ya recomendó al Ministerio modificar los requisitos de concesión del bono social eléctrico, en relación con la renta del peticionario y no a otros criterios.

Por otra parte, la institución advierte de la elevada proporción de la parte fija de la factura eléctrica, que corresponde a los costes regulados del sistema. Así, considera que la proporción que esta parte fija representa sobre el total se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar unos «mínimos muy elevados, lo cual afecta sobre todo a los hogares en los que no se registra consumo durante la mayor parte del año». Además, el Defensor del Pueblo pide una reducción y una flexibilización de los tramos para cambiar la potencia de energía eléctrica contratada, ya que la normativa vigente solo permite solicitar cambios cada 12 meses, «lo cual no ofrece la respuesta requerida a las necesidades de muchos suministros».

España y Portugal acuerdan cooperar para aumentar las interconexiones e impulsar las inversiones a largo plazo en eficiencia energética

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, mantuvo una reunión bilateral con su homólogo portugués, Jorge Seguro, en la que han acordado establecer vías de cooperación «más estrechas» en cuestiones energéticas y, en particular, para aumentar las interconexiones y eliminar las barreras a las inversiones a largo plazo en eficiencia.

Navia y Seguro han manifestado la voluntad de intercambiar experiencias regulatorias y han acordado cooperar en la defensa de asuntos de interés común en las negociaciones en el seno de la Unión Europea. En concreto, la cooperación entre Madrid y Lisboa se centrará en aumentar las interconexiones eléctricas y en eliminar las barreras a las inversiones a largo plazo en eficiencia energética. También, han subrayado ambos secretarios de Estado la importancia de dar un impulso a la integración del mercado ibérico de gas, al comprometerse a avanzar en una estructura de Mibgas que «acomode adecuadamente las necesidades de ambos países».

Los responsables de Energía de los países 28 comunitarios se reunieron para mantener un primer intercambio de opiniones sobre el paquete de 8 propuestas legislativas que presentó a finales del pasado año la Comisión Europea. Este conjunto de iniciativas se enmarcan dentro de la estrategia de Bruselas para impulsar la Unión Energética y persiguen, entre otras cuestiones, aumentar la cuota de energías renovables en el bloque comunitario, mejorar la eficiencia energética, con especial atención a la eficiencia de edificios, y diseñar un sistema de gobernanza.

El ministro de Energía de Malta, Konrad Mizzi, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, señaló que entre los socios del club europeo existe «un consenso general» sobre los objetivos del paquete. También explicó que durante la presidencia maltesa se priorizarán los trabajos sobre eficiencia energética y también se trabajará sobre el sistema de gobernanza.

Por su parte, el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha advertido de que ha sido el primer debate de una negociación «muy compleja», al mismo tiempo que ha recordad que los objetivos del Ejecutivo comunitario con respecto a este paquete legislativo tienen que ver con el calendario de negociaciones, la ambición de las reformas y la coherencia de las mismas. Asimismo, el comisario español ha reconocido que la complejidad de las reformas puede exigir una mayor flexibilidad en las negociaciones. Además, ha instado a mantener la ambición para que la Unión Europea pueda asumir el liderazgo global en materia de cambio climático y a mantener la coherencia entre todas las reformas.

A su vez, Navia mostró su apoyo a los objetivos y a la hoja de ruta propuestos por la Comisión Europea, y resaltó que las propuestas deben tener en cuenta que «un verdadero mercado interior sólo resulta posible si existe un nivel elevado de interconexiones con los países vecinos». Así, defendió la necesidad de adoptar medidas urgentes para aumentar el nivel de interconexión de los países que se encuentran por debajo del objetivo de interconexiones, como es el caso de España. Del mismo modo, Navia aseguró que no se está explotando plenamente el potencial de la eficiencia energética para alcanzar los objetivos de energía y clima, así como para impulsar el crecimiento económico y el empleo en la Unión Europea.

La AEE acusa al Gobierno de ignorar a la CNMC y fijar una retribución renovable “alejada de la realidad”

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Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha acusado al Gobierno de «ignorar» las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y fijar una retribución para las renovables basándose en previsiones de precios del mercado eléctrico «alejadas de la realidad». La patronal señala que la orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las renovables confirma «las peores sospechas del sector».

Así, estima que la eólica, el sector «más afectado por ser el más vulnerable a las variaciones de precios de mercado», ingresará en tres años unos 400 millones de euros (un 38%) menos de lo que le correspondería. En la orden, el Gobierno ha tomado como referencia un precio de mercado de 52 euros por megavatio hora (MWh) a partir de 2020, el mismo que en el semiperiodo anterior, en vez de los 41,62 euros por MWh que eran la referencia tomada por el propio Gobierno en la memoria de la orden por la que se aprueba la previsión de ingresos y costes del sistema para 2017-2022, lo que la CNMC calificó de «abierta contradicción».

Además, según la AEE, en los últimos tres años las empresas eólicas han cobrado una media de 6,37 euros/MWh menos de retribución por la desviación a la baja de los precios previstos en la ley. Así, señala que la diferencia entre las previsiones de precios y la realidad ha supuesto que el sector haya dejado de ingresar 630 millones de euros. «Teniendo en cuenta esta experiencia, no se entiende que el Gobierno apueste por perpetuar la situación justo cuando podía haber optado por corregirla», subraya.

Asimismo, aclara que la orden no introduce un incremento a la retribución de las renovables, sino una compensación a las empresas por los errores de cálculo cometidos por el regulador en el primer semiperiodo. De esta manera, el sector eólico lamenta que el Gobierno «no haya corregido los desequilibrios del modelo retributivo que generan inseguridad jurídica y frenan la inversión«. Sin esa estabilidad, considera que «va a ser difícil» que en España se hagan las inversiones eólicas necesarias para cumplir con los compromisos internacionales y la transición energética y «se pone en riesgo el futuro de un sector que exporta tecnología por valor de 3.000 millones de euros anuales y da empleo a 22.500 personas”.

La CNMC regula las liquidaciones de las renovables, una gestión que le cedió el Gobierno de forma transitoria en 2014

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reguló los procedimientos de solicitud de información y liquidación de las actividades de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, con lo que avanza en la reglamentación de una función temporalmente cedida por el Gobierno.

Pese a que el Gobierno se atribuyó en la Ley del Sector Eléctrico aprobada a finales de 2013 las liquidaciones de estas instalaciones, apenas seis meses después, mediante una disposición transitoria incluida en el real decreto 413/2014, encargó a la CNMC de forma transitoria la gestión de esta actividad, caracterizada por su complejidad. Ahora, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha derogado la circular 3/2011 elaborada por la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE) y aplica nuevos criterios para mejorar el proceso de liquidación de estas instalaciones. La ley le habilita para hacerlo.

Utilizando únicamente las comunicaciones telemáticas

La nueva norma actualiza determinados procedimientos de liquidación, incluidas nuevas figuras liquidatorias que resultan del nuevo régimen retributivo establecido por el real decreto 413/2014, al tiempo que amplía el ámbito de las comunicaciones telemáticas. Estas comunicaciones telemáticas será a partir de ahora el único medio para efectuar todas las comunicaciones entre CNMC y los titulares de las plantas. Además, para agilizar el proceso, se reducen los plazos en el calendario de liquidación y se adelanta el día de cierre de las liquidaciones. También se adapta al nuevo marco normativo la documentación que deben aportar los titulares y el resto de sujetos del sistema de liquidaciones.

Junto a esto, se aclara el procedimiento de cesiones y pignoraciones de derechos de crédito, así como los diferentes procedimientos de actuación por parte de la CNMC en casos de impagos por parte de los sujetos de liquidación. Por último, se permite el empleo de la domiciliación bancaria como medio de pago, lo que «conllevará una mejora en la tramitación en los pagos y un ahorro para los administrados», señala el organismo regulador en la circular, publicada en el BOE.

Energía revisa los precios de referencia previstos del mercado eléctrico para retribuir a las renovables hasta el año 2019

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó la orden ministerial en la que establece los precios de referencia para calcular la retribución a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos en el semiperiodo regulatorio comprendido entre 2017 y 2019.

La orden ministerial, la ETU/130/2017, establece las retribuciones específicas de cada tipo de instalación en función de los distintos aspectos contemplados en el cambio de modelo retributivo aprobado por el Gobierno en 2013, entre los que figuran el tipo de tecnología, la antigüedad, la potencia instalada o los costes de inversión. El Ministerio indica que esta actualización, prevista en la Ley del Sector Eléctrico, permite garantizar una rentabilidad razonable del 7,4% a las instalaciones. Así, señala que la revisión va a suponer un incremento de la retribución de las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos de unos 600 millones de euros al año, y «todo sin subir los peajes».

La Ley Eléctrica establece que, al finalizar cada semiperiodo regulatorio de 3 años, se revisen para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía en el mercado. Asimismo, establece que, al finalizar cada periodo regulatorio de 6 años, se podrán revisar todos los parámetros retributivos de las instalaciones tipo, excepto la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial. En la revisión llevada a cabo del precio del mercado para los próximos tres años se ha considerado el precio del mercado de futuros para ese periodo. En cuanto al precio del mercado para el segundo periodo regulatorio, éste se revisará en el año 2020, tal y como establece la normativa.

Para la revisión, se recogen los precios de referencia del mercado eléctrico para el próximo trienio. Los incentivos consisten en un complemento para igualar, sobre estos precios base, la rentabilidad razonable contemplada por la normativa. En la orden ministerial, se fija un precio de 42,84 euros por megavatio hora (MWh) para 2017, de 41,54 euros para 2018 y de 41,87 euros para 2019. Las referencias de precios se calculan conforme a lo contemplado en el artículo 22 del decreto 413/2014, esto es, a partir de la media aritmética de las cotizaciones de los contratos de futuros anuales negociados en Omip en los seis meses anteriores a la revisión de parámetros.

Las estimaciones para el nuevo semiperiodo son inferiores a las que se recogían para el periodo anterior de 2014 a 2016, que iban de los 48,21 euros para el primer año a los 49,75 euros para el último. En este primer trienio comprendido entre 2014 y 2016, el precio final medio del mercado fue inferior, de modo que el Gobierno ha tenido que recoger una compensación para las instalaciones por valor de 574 millones de euros, que se va laminando a lo largo de la vida útil de las plantas.

Para 2017, Energía calcula que la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos ascenderá a 7.071 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 9% con respecto a la estimación de coste del 2016. De esta retribución, la principal partida corresponderá a la fotovoltaica, que percibirá 2.500 millones de euros. Por su parte, la retribución correspondiente a la eólica ascenderá a más de 1.470 millones de euros, mientras que la termosolar percibirá más de 1.330 millones de euros. Mientras, la cogeneración registrará en su partida un incremento de 173 millones de euros, hasta los 1.067 millones de euros, frente a los 894 millones de euros para 2016.

El Gobierno confía en que el ATI nuclear de Almaraz empiece a funcionar este año pese al acuerdo con Portugal

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Europa Press.- El Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) podría empezar a operar en el plazo previsto inicialmente, es decir, a finales de 2017, a pesar del acuerdo adoptado con Portugal por el que España se compromete a hacer al país luso partícipe del proceso de autorización. La solución al conflicto se prevé para finales de abril.

Según señalaron fuentes del Ministerio de Energía, el acuerdo no contempla parar las obras de construcción de la instalación, sino que España se compromete a no autorizar de momento la operación o funcionamiento. El plazo establecido para que Portugal pueda conocer toda la información, documentación, presentar las propuestas y las «alegaciones que deseen» y visitar la instalación en la central nuclear cacereña es de dos meses. Por ello, desde Energía confían en que «el ATI no se va a retrasar».

Energía está «satisfecha» por el acuerdo alcanzado, puesto que lo lógico es resolver estos «conflictos» en un «corto espacio de tiempo». Además, Energía recuerda que la razón para construir el ATI tiene que ver con el nivel de saturación de las piscinas de combustible gastado en Almaraz y con el retraso previsto en la entrada en operación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). En todo caso, insisten en que la autorización de construcción «sigue adelante» y que la de funcionamiento «sigue prevista para finales de año».

Finalmente, el Ministerio ve el conflicto «dentro de la normalidad» del diálogo «continuo» entre los dos países. El ministro luso de Medio Ambiente, Joao Matos, anunció el 16 de enero que Portugal denunciaba a España ante la Comisión Europea porque, según aseguró, el Ejecutivo español no le proporcionó la documentación e información relativa a la instalación del ATI en Almaraz (Cáceres). Por otro lado, fuentes de la central nuclear han señalado que el ATI, que «consiste en una losa de hormigón sobre la que se depositarán los bidones con residuos nucleares», comenzó a construirse a mediados del mes de febrero.

Nadal ofrece un «amplio consenso» al sector energético ante los directivos de las principales compañías

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Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha expresado ante los principales directivos de las mayores compañías energéticas con actividad en España su disposición a recabar un «amplio consenso» en el diseño de la política energética. El ministro ha lanzado este mensaje en presencia del presidente de Endesa, Borja Prado, y del director corporativo de Iberdrola, Fernando Becker, así como de los consejeros delegados de Repsol, Cepsa y Gas Natural Fenosa, que son Josu Jon Imaz, Pedro Miró y Rafael Villaseca, respectivamente.

Nadal aprovechó su discurso ante el sector para defender una visión «suficientemente realista» de la energía para «abordar los cambios energéticos sin ir demasiado por delante, lo que conlleva riesgos asociados con el despilfarro y los altos costes, ni demasiado por detrás, lo que puede condenar al atraso». «Hay que ser lo suficientemente realistas para saber cuándo se tienen que desarrollar las políticas, y por eso es necesario que se haga con amplio consenso», indicó, antes de advertir del riesgo de que se confundan «los intereses particulares con los generales».

El ministro también resaltó la importancia de que se informe con rigor desde los medios de comunicación sobre el sector energético. Como ejemplo, recordó las fuertes subidas de la electricidad en enero y la sensación trasladada a la sociedad de que «la energía siempre sube». «Si son solo noticias las malas noticias, no damos una visión objetiva», afirmó. También estuvieron presentes el presidente de REE, José Folgado; el de Viesgo, Miguel Antoñanzas; el de Omel, Pedro Mejía y el de CLH, José Luis López de Silanes, así como el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y los directivos de asociaciones empresariales como Unesa (Eduardo Montes).

En calidad de presidente de Enerclub, Borja Prado citó algunos factores «transversales» como el «populismo» que afectan a la energía en el plano internacional, así como otros más asociados al sector, entre ellos los compromisos de la COP21 en la lucha contra el cambio climático, la volatilidad de los precios de las materias primas o la irrupción de tecnologías disruptivas como las baterias, la digitalización o las renovables de menor coste. A nivel nacional, abogó por la fijación de «objetivos energéticos claros, realistas, ambiciosos y negociados con todos los actores implicados«, antes de ofrecer al ministro la colaboración de Enerclub.

Enerclub ha concedido este año el Premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso a José Lladó Fernández-Urrutia, así como el Premio Energía Eléctrica, patrocinado por Unesa, a Nuria Cano, de EFE, y el Premio Gas a Víctor Martínez, de El Mundo. El Premio Petróleo fue concedido a Manu Álvarez, corresponsal económico de El Correo, mientras que el Premio Utilización Eficiente de la Energía ha sido para Tomás Díaz, de El Economista. El Premio Innovación, patrocinado por Siemens, ha sido concedido a Julián González, de Capitalmadrid.com, quien recibe el premio como reconocimiento a su trayectoria de más de 30 años y su amplio conocimiento del sector energético.

Unidos Podemos registra en el Congreso una ley para promover el cierre progresivo de las centrales nucleares hasta 2024

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Europa Press.- Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición de ley que regula el cierre de las centrales nucleares en España, empezando por la no renovación de la licencia de Santa María de Garoña (Burgos), que el Gobierno tiene que decidir en los próximos seis meses, y terminando en 2024 con el fin de la actividad de la central de Trillo (Guadalajara).

Según ha explicado el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, la intención es que las plantas se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se concedan más. De ahí que el texto exija al Gobierno la elaboración, en 6 meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de todas las centrales nucleares.

Con este texto, la formación morada pretende frenar las intenciones que, a su juicio, tiene el Gobierno de alargar hasta los 60 años la vida de las plantas nucleares y que, según advierte López de Uralde, se pueden ver en los cambios realizados por el PP para tener mayoría en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en el último informe de este organismo, favorable a la reapertura de Garoña a pesar de que no se han cumplido las exigencias que se le imponían a su gestora Nuclenor.

“No hay una transición energética”

El portavoz de Energía del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha acusado al Ejecutivo de ser «pronuclear» y «enemigo de las renovables y del autoconsumo» y, en su opinión, la decisión del cierre de las centrales «no puede quedar en manos del Ministerio de Energía o del Consejo de Ministros». «Se les llena la boca de hablar de transición energética y de un Pacto de Estado por la Energía y luego se quedan en lo mismo», ha denunciado el diputado de En Comú.

Del mismo modo, denuncia que este sistema es «una opción del pasado» que es «peligrosa y cara», además de «no ser competitiva». «Tampoco garantiza el suministro de electricidad en España», apunta Vendrell, dada la sobrecapacidad instalada de potencia eléctrica. Por ello, la ley también solicita la creación, en 6 meses, de un plan de transición energética en el que participen Gobierno y comunidades autónomas, así como otros actores implicados. Además, un último punto en el texto llama al Ejecutivo a elaborar un plan de adaptación socio-económico en las zonas colindantes a las centrales y que, hasta ahora, basaban parte de su economía en las plantas.

Desde la formación morada han señalado que ahora comenzarán a dialogar con PSOE y Ciudadanos que, en sus discursos y sus programas electorales se han mostrado a favor del cierre de estos centros. «Con esta ley traemos al Congreso un debate que está en la sociedad», ha apuntado López de Uralde, quien se ha mostrado convencido de poder alcanzar el acuerdo necesario en la Cámara Baja para «obligar al Gobierno a reaccionar» y cumplir con lo que exige la ley. En este sentido, el diputado de Equo se ha mostrado dispuesto a dialogar con el resto de fuerzas políticas para pactar el cierre de Garoña. «Pero no nos vamos a olvidar del cierre del resto de centrales», ha advertido Uralde.