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La patronal APPA ve un «grave error» de Energía al «enfrentar a las diferentes tecnologías renovables en la subasta»

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera «un grave error» del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital «enfrentar las tecnologías renovables en la subasta» e «ignorar la complementariedad que existe entre las distintas energías renovables». APPA denuncia la «precipitación, ausencia de consenso y falta de planificación» de la subasta renovable, y considera que el diseño de la licitación «perpetúa la inseguridad jurídica incluso para los proyectos que aún no se han presentado».

Achacan esta inseguridad jurídica a que «la rentabilidad razonable no tendrá un valor fijo a lo largo de la vida útil» de los proyectos. «La variabilidad de un parámetro tan importante viene a sumarse a la innecesaria complejidad de la subasta», afirma. Además, critica que el proceso se lance sin consenso con el sector, lo que supone «desoír la experiencia del sector renovable y apostar por una subasta que exclusivamente valora el coste para el sistema independientemente de la tecnología, creando de esta manera una falsa sensación de neutralidad tecnológica».

«Al no contemplar las diferentes características de las fuentes renovables y no establecer subastas específicas por tecnologías, el Ministerio obvia importantes beneficios de un mix renovable diversificado como pueden ser la seguridad de suministro, la gestionabilidad de la producción o el desarrollo armonizado del sector renovable», señala. APPA insiste en la incertidumbre que genera una rentabilidad razonable que no se mantiene fija a lo largo del tiempo. «No se pide una rentabilidad mayor o menor, lo que se pide es que clarifiquen cuál va a ser esa rentabilidad para que las empresas puedan tomar la decisión correspondiente y ejecutar las inversiones con la información más completa posible», indica el presidente de APPA, José Miguel Villarig.

Nadal asegura que las compañías eléctricas estarán obligadas a informar sobre las ventajas e inconvenientes de cada cambio de contrato

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció que su departamento «aumentará las obligaciones» de las compañías suministradoras de energía para que informen de forma pormenorizada a los ciudadanos que cambian de contrato sobre las ventajas e inconvenientes de las nuevas tarifas a las que se acojan.

Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de noviembre de 2016, revelan una tendencia al alza en los contratos con contratos de electricidad en el mercado libre (14 millones de clientes), frente a los 11,8 millones que están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Para evitar la posibilidad de que haya personas que tengan dificultades para afrontar los gastos de su factura eléctrica, el ministro señaló que el Gobierno «va a hacer un apunte dentro del decreto del bono social» que obligará a las compañías eléctricas a «informar» a los usuarios que cambien de contrato.

Así, las empresas deberán explicar a las personas interesadas en acogerse a una nueva tarifa «sobre las ventajas e inconvenientes y los derechos que ganan y los que pierden, para que de esta forma puedan estar mejor informados», explicó Nadal. El ministro incidió en «la libertad» de los ciudadanos «a la hora de elegir su tipo de contrato, aunque recordó que para él «el régimen más favorable es el que regula el propio Ministerio: que es el PVPC». «Sólo tiene un inconveniente, que es más volátil, pero en la media y a lo largo del tiempo es por el que menos se paga», argumentó Nadal.

Sobre la posibilidad de una subida de la luz en Galicia para pagar el canon eólico, como ha sucedido en Cataluña, La Rioja, Valencia y Castilla-La Mancha, el ministro ha señalado que la política del Ministerio «es que los recibos de la luz sean iguales en toda España». Nadal ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a repercutir en diferentes recibos los impuestos establecidos por las comunidades autónomas en los recibos de la luz durante 2012 y que «ya se ha hecho cumplimiento de esa sentencia». «Sobre esta cuestión no hay nada más, salvo que alguien recurra», ha ahondado el ministro.

En su intervención el ministro ha reivindicado que «la política» de su departamento «es siempre que la electricidad sea lo más barata posible para todos los ciudadanos», pero ha explicado que «si hay una sentencia del Tribunal Supremo hay que cumplirla». «Cuando las administraciones autonómicas ponen impuestos en el sistema energético se corre el riesgo de que esto lo acabe pagando el usuario«, concluyó Nadal.

Los sindicatos participarán en el grupo interministerial para el Cambio Climático para defender el papel del carbón en el mix

Europa Press.– Los sindicatos mineros participarán en las futuras reuniones del grupo interministerial para el Cambio Climático, con el fin de aportar su punto de vista sobre la participación del carbón nacional en el mix energético de cara al futuro. Este fue uno de los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida entre representantes de los sindicatos y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, según indicó el secretario sectorial de Minería de UGT FICA, Víctor Fernández.

Este grupo de trabajo interministerial se encargará de llevar a cabo el anteproyecto de Ley para avanzar hacia una economía baja en carbono y hacia un modelo de producción cada vez menos contaminante y en el que participan, además del Ministerio de Energía y el de Agricultura y Medio Ambiente; el de Asuntos Exteriores y Cooperación; de Economía, Industria y Competitividad; de Fomento; de Hacienda y Función Pública; de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; de Presidencia y para las Administraciones Públicas; y de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Fernández subrayó que la participación en estas reuniones de los sindicatos permitirá definir la presencia del carbón nacional, ya que «debe estar en el mix”.

El responsable sindical calificó la reunión de «positiva y muy instructiva» y valoró la predisposición del Ministerio para buscar soluciones, aunque consideró que «no se puede avanzar todo lo que queremos en 15 días cuando se lleva casi dos años de espera». Asimismo, el responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, valoró la «voluntad» del secretario de Estado y consideró «un paso positivo» seguir con el diálogo sobre el futuro del sector, aunque subrayó que es necesario «dar pasos más grandes».

CCOO considera que, si el carbón es «imprescindible en el mix energético» conforme a las manifestaciones del propio Navia, el Ministerio de Energía «debe cumplir con lo pactado en el Plan del Carbón«. «Sin unas políticas de apoyo al carbón autóctono, todo lo pactado en 2013 no sirve para nada y, además, no se recuperará el empleo perdido», indica el sindicato. Las empresas, señala, se encuentran en una situación límite», en la que la mayor parte de ellas está en concurso y liquidación, de modo que el Gobierno «debe actuar con rapidez para salvar lo poco que queda del sector».

Por otra parte, Fernández indicó que se acordó retomar las reuniones de la Comisión de Seguimiento de la minería del carbón, que posiblemente podría tener lugar el próximo julio. Además, el responsable de minería de UGT señaló que se pedirá una reunión con el PSOE para conocer su posición en Europa respecto a la ley de transición energética, ya que elevar los objetivos de un 27% a un 30% de renovables en el horizonte de 2030 «supondría un peligro total para el carbón». Los sindicatos también reiteraron la necesidad de que las centrales térmicas continúen comprando carbón nacional para garantizar la estabilidad de las empresas.

Energía impedirá a las comercializadoras eléctricas sacar a un usuario del bono social hacia el mercado libre sin advertírselo expresamente

Europa Press.– El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prohibirá a las comercializadoras de electricidad suscribir un contrato en el mercado libre con un beneficiario del bono social sin advertirle expresamente de que la firma implicará la pérdida de la ayuda. Esta novedad forma parte de las medidas recogidas en el borrador de reglamento de desarrollo del bono social de electricidad, que fue remitido por Energía a las distintas comunidades autónomas.

El borrador recoge tres novedades normativas encaminadas al refuerzo de la protección de los consumidores de electricidad, especialmente de los vulnerables. Entre ellas figura la de que el nuevo comercializador «deberá informar expresamente» al consumidor con bono social de que «la suscripción del nuevo contrato en mercado libre implicará que no resulte aplicable la percepción del bono social». Otra de las novedades es que las comercializadoras deberán incluir en sus reclamaciones a los consumidores con impagos en su factura que estén en el mercado libre la posibilidad de acogerse al precio regulado, el PVPC, y de solicitar el bono social.

Junto a esto, Energía anulará expresamente las cláusulas que contemplen penalizaciones o costes adicionales para los consumidores que tengan un contrato en el mercado libre y que soliciten acogerse al PVPC acreditando los requisitos para ser consumidor vulnerable. El borrador también obliga a las comercializadoras eléctricas a actualizar al menos una vez a la semana el listado con los consumidores a los que ha remitido la primera o, en su caso, segunda notificación de impago.

Esta lista se remitirá a las comunidades autónomas, que designarán por su parte un centro directivo para recibir esta información e informar a las distintas administraciones del territorio. De esta forma, «las autoridades competentes en materia de servicios sociales dispondrán permanentemente de un listado actualizado de los impagos en su territorio». Las comunidades autónomas podrán usar la información del listado para incluir a los consumidores en sus distintos programas de asistencia social. También estarán obligadas a notificar a las comercializadoras de referencia los nombres de los usuarios que están siendo atendidos por sus servicios sociales.

Al abordar el nuevo principio de asignación del bono social, Energía reconoce que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta«, lo que justifica, según sus consideraciones, vincular la ayuda a un indicador como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En este sentido, reconoce que con la actual definición «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo», así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

El sector eléctrico reclama para las renovables una rentabilidad fija, no revisable, mientras la CNMC pide cambios en la subasta

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone modificar varios aspectos de la próxima subasta de renovables, que se celebrará finalmente el 17 de mayo, y en la que se adjudicará hasta un máximo de potencia de 3.000 megavatios (MW), con el fin de que sea más competitiva y transparente. Asimismo, varias asociaciones empresariales solicitan que la próxima subasta garantice a los adjudicatarios una rentabilidad razonable fija.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que viene acompañando al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC. En su informe sobre la subasta, el regulador explica que ha recibido alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Las asociaciones solicitan que se modifique la propuesta de decreto y orden ministerial, de modo que «la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes, a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones, como para las futuras«. Algunas alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro aspecto que genera controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre ellas, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología a la denuncia, como hace UNEF, de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica. Las propuestas también incluyen la reducción de 6 a 3 meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial «no está justificada», según las alegaciones presentadas a la CNMC. Este anexo, según algunas alegaciones, «reduce la transparencia de la subasta». De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta.

CNMC: más competitiva y transparente

En concreto, el regulador, que ha emitido dos informes sobre las propuestas del Ministerio de Energía para la subasta, solicita que el volumen por el que las empresas de energías renovables presentarán sus ofertas «sea vinculante respecto al valor de referencia fijado por el Ministerio» para cada tipo de tecnología renovable. Según el organismo presidido por José María Marín Quemada, esta medida posibilitaría tener certidumbre sobre la presión competitiva que existe por parte de las empresas antes de la subasta.

Asimismo, recomienda que la cantidad de potencia adjudicada finalmente en la subasta no sea inferior a la potencia a subastar. Para el regulador, este supuestos podría darse si las empresas de renovables que acuden a la subasta ofertasen un volumen de potencia superior, por ejemplo, a la hora de pujar por determinados bloques de energía que son indivisibles y superaran el monto ofertado. Además, la CNMC considera que a la hora de ordenar las ofertas para adjudicar los distintos bloques subastados, en caso de indeterminación o empate, se elimine el criterio del número de horas equivalentes de funcionamiento de las distintas instalaciones de energía renovables.

Por otra parte, afirma que antes de que se celebre la subasta, la entidad administradora (OMIE) debe proponer a la Secretaría de Estado de Energía los criterios por los que la subasta podría aplazarse. Para el regulador, también se debería evitar que las empresas que resulten asignatarias deban presentar garantías (efectivo, avales y seguros de caución) por duplicado. Concretamente, señala que este supuesto afectará a las empresas que se adjudiquen alguno de los bloques subastados porque deberán presentar una serie de garantías antes de participar en la subasta (garantías de participación), y otras posteriormente, cuando se inscriban en el registro empresas de régimen retributivo específico.

En cuanto a la resolución que establece la convocatoria de la próxima subasta de renovables, la CNMC propone como principal recomendación que no se establezcan límites a los descuentos (valores máximos del porcentaje de reducción) que las empresas renovables ofrecerán en su puja con respecto al valor estándar que ofrece el Ministerio. Todo ello, con el fin de que «no se reduzca la presión competitiva en la subasta, y de no restringir la horquilla de descuentos dentro de la cual las ofertas pueden ordenarse sin necesidad de recurrir a criterios de desempate más discutibles». Finalmente, la CNMC subraya que desconoce la propuesta de anexo confidencial.

La OCU pide más protección para los consumidores vulnerables en la nueva normativa para regular el bono social de electricidad

Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confía en que la nueva legislación del bono social eléctrico «mejore la protección» de aquellos consumidores más vulnerables y que también «agilice y simplifique» los trámites para poder acogerse a él. La asociación pide «la colaboración» de las comercializadoras para evitar situaciones de desamparo, «facilitando proactivamente» el ofrecer el bono social a las familias más desfavorecidas y mejorando la comunicación con la Administración para evitar cortes de suministro.

Para OCU, el bono social, según lo conocido, presenta, «graves deficiencias», como la ausencia de una definición de consumidor vulnerable, lo que supone que muchos hogares con serias dificultades no tuvieran acceso a él, o la falta de información para los consumidores sobre el mismo y cómo acogerse a él, «lo que hacía que el bono social fuera inaccesible para los potenciales beneficiarios por desconocimiento». Asimismo, la asociación considera necesario abordar también problemas «más graves» asociados a la pobreza energética y los cortes de suministro.

El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla la legislación sobre el bono social. Entre las medidas recogidas en el borrador, figura el hecho de que los impagos deberán reclamarse mediante hasta tres comunicaciones fehacientes antes de iniciar el proceso de corte de suministro. Además, el corte de suministro no se podrá realizar antes de dos meses de la fecha de la reclamación fehaciente del pago, siendo cuatro meses si está reconocido como consumidor vulnerable severo. Precisamente se trata de una nueva categoría, los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que evitarán los cortes de suministro si la administración (local o autonómica) contribuye con el 50% del coste de ese suministro.

La subasta renovable se celebrará el 17 de mayo, triplicando los avales requeridos y con máximos para los descuentos

Europa Press.– La nueva subasta de renovables para la instalación de hasta 3.000 megavatios (MW) se celebrará el próximo 17 de mayo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En concreto, el BOE ha publicado dos resoluciones sobre la subasta para la asignación del régimen retributivo específico para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de tecnología renovable.

Energía indica que la subasta permitirá introducir las renovables más eficientes en costes y que la convocatoria permitirá a España avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea de renovables para 2020. La entidad administradora de esta subasta es el Operador Español del Mercado Eléctrico (OMIE). De forma expresa se licitan 2.000 MW renovables y, como estaba previsto en los borradores publicados por Energía, reservan una opción de ampliación que permitirá sumar otros 1.000 MW y alcanzar los 3.000 MW. El procedimiento para esta ampliación es confidencial.

Las resoluciones incluyen algunos cambios con respecto a los borradores, entre ellos el descuento máximo en la presentación de las ofertas en función de diferentes tecnologías. Si antes eran del 66,01% en el caso de la eólica, en el 59,84% en el de la fotovoltaica y en el 98,94% en el resto de tecnologías, el texto final recoge porcentajes del 63,43% para la eólica, del 51,22% para la fotovoltaica y del 99,99% para el resto.

La subasta utilizará un sistema marginalista en el que los interesados pujarán a la baja hasta completar la bolsa de megavatios en juego. Las ofertas se ordenarán de más barata a más cara, y la última en llenar el cupo será la que marque el precio. Las nuevas subastas se presentan como tecnológicamente neutrales, de modo que podrán competir todas las fuentes renovables Esta circunstancia difiere de lo ocurrido en la primera subasta, en la que se pusieron en juego 700 MW, de los que 500 MW eran eólicos y los 200 restantes, de biomasa.

No obstante, este planteamiento ha generado controversia en el sector, ya que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que no hay tal neutralidad y ha solicitado medidas precautelares al Tribunal Supremo para la suspensión de la subasta, al considerar que el mecanismo beneficia a la eólica. La asociación fotovoltaica denuncia que, en caso de empate, se tomará el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento, y que este factor supone una ventaja para la eólica.

Las resoluciones publicadas en el BOE recogen un sistema por el que las ofertas se seguirán realizando en sobre cerrado y conforme a las inversiones previstas. Como novedad, se realizarán unos ajustes conforme a una fórmula para establecer el sobrecoste que los proyectos generarán al sistema eléctrico. Una vez se conozcan el valor de la inversión inicial y el resto de parámetros retributivos, se calculará para cada oferta la retribución a la inversión y el cociente entre esta retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento.

Como resultado de la subasta, se obtendrá la potencia adjudicada a cada participante para cada tecnología, así como el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo. La referencia final de la subasta será «el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia para nuevas instalaciones».

En cuanto a los avales necesarios para participar, pasarán de los 20 euros por cada kilovatio (kW) incluidos en la primera subasta a un valor tres veces superior, de 60 euros. Otra de las novedades de la nueva subasta es que se podrá ofertar en bloques de un tamaño máximo de 100 MW, mientras que anteriormente el máximo de la puja era de 50 MW.

El Gobierno envía a las comunidades autónomas el borrador del reglamento sobre el bono social, más «eficiente» y «accesible»

Europa Press.- El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el real decreto ley sobre el bono social, que establece un mecanismo «más eficiente» y «accesible», con más categorías de hogares vulnerables y mejor comunicación entre las administraciones y las comercializadoras.

Tras haber recibido las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación, el Ministerio de Energía expone que el borrador establece un mecanismo basado en criterios de renta de la unidad familiar para reforzar la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social. En concreto, contempla la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables en función de unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales basadas en supuestos socioeconómicos, como el grado de discapacidad. Además, crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

En cuanto a los impagos de los consumidores, las comercializadoras deberán de informar a estos desde el primer momento en que dejen de abonar sus facturas, para posteriormente reclamar el pago por correo certificado, por burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. Si la reclamación no puede entregarse, habrá una segunda reclamación. Por último, las comercializadoras deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Desde entonces, el consumidor dispondrá de 2 meses para efectuar el pago de la factura antes de que la compañía pueda proceder a la suspensión del suministro, un plazo que se ampliará a 4 meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

En los casos de hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado «esencial» y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares. Por otro lado, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y evitar así los cortes indeseados para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social.

El consejo de administración de Nuclenor se reúne el miércoles para decidir el futuro de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- El consejo de administración de Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, se reunirá el próximo miércoles 26 de abril para analizar el futuro de la planta, según indicaron fuentes empresariales.

Esta reunión de la sociedad llega en un momento en que está sobre la mesa la petición de Iberdrola a Endesa, como su socio en Garoña, para que respalde la presentación de un escrito de desestimiento de solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. Iberdrola ya había solicitado a finales de marzo a las partes implicadas, Nuclenor y Endesa, la convocatoria de este consejo, así como de una junta general extraordinaria, para el pasado 6 de abril, que finalmente tendrá lugar a finales de mes.

La reunión de este miércoles coincidirá con la celebración de la junta general de accionistas de Endesa y con la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2017 de Iberdrola. Hay que recordar que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aprovechó el marco de la pasada junta de accionistas de la compañía para asegurar que la central nuclear de Garoña «no es viable económicamente, con pérdidas cuantiosas» desde hace años, y anunció que había pedido a Endesa que desista de su explotación.

Por su parte, Endesa remitió a tomar las decisiones en el seno de Nuclenor, «que es la propietaria de la central», cualquier decisión final respecto a la reapertura o no de la planta nuclear de Garoña. Fuentes de la compañía indicaron que todavía se debía conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, sobre la continuidad de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.

Mientras, el Ministerio de Energía continúa el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de Garoña. El Ministerio remitió a las partes interesadas el informe preceptivo aprobado por el CSN para que presenten alegaciones y comentarios. El Gobierno tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Garoña, tras el informe del CSN. No obstante, de ser favorable, la última palabra corresponderá a Iberdrola y Endesa, propietarios de la central a través de Nuclenor.

El Gobierno destinará 221,8 millones de euros a programas de eficiencia en 2017, fundamentalmente en edificación e industria

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital destinará en total 221,8 millones de euros a programas de eficiencia energética en 2017, según indicó el gabinete dirigido por Álvaro Nadal. En este sentido, dedicará 32,5 millones de euros a programas de ayuda a la eficiencia energética en el ámbito del alumbrado municipal (28,7 millones) y al transporte (3,7 millones), dentro de la segunda convocatoria de este tipo de ayudas que gestiona el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Asimismo, también habrá convocatorias de ayudas destinadas a la edificación (125,6 millones de euros) e industria (63,7 millones de euros). Estos programas de ayudas se inscribenen el marco del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 que fomenta acciones concretas para materializar el potencial de ahorro de energía en estos sectores. El presupuesto de estos programas proviene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y puede ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

El objetivo de esta convocatoria, dotada con un presupuesto de 28,7 millones de euros, es continuar con la renovación total o parcial de las instalaciones municipales de alumbrado exterior con el objetivo de reducir su consumo de energía final y las emisiones de CO2. Estas instalaciones poseen un elevado potencial de ahorro mediante la modernización de sus luminarias, lámparas, equipos de regulación. En la primera convocatoria se aprobaron 65 solicitudes de ayuntamientos por importe de 64,7 millones de euros, que actualmente están en fase de ejecución, y permitirán mejorar la calidad lumínica y obtener ahorros anuales para las arcas municipales de 8,3 millones de euros.

En lo que respecta al ámbito del transporte, el objetivo de la convocatoria es favorecer un cambio en la movilidad de las personas y mercancías hacia modos más eficientes, así como hacer un mejor uso de los modos de transporte, reduciendo el consumo de energía final y las emisiones de CO2 en el sector del transporte, que es responsable del 40% del consumo energético nacional. El programa para ayudas asciende a 3,7 millones de euros y se subvencionarán los planes de transporte sostenible al centro de trabajo, la gestión de flotas de transporte de mercancías y viajeros por carretera y los cursos de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales.