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El consejo de Nuclenor confirma el distanciamiento de Endesa e Iberdrola sobre el futuro de Garoña y esperará al Gobierno

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Redacción / Agencias.- Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, celebró un consejo de administración y una junta de accionistas en las que no se alcanzó un acuerdo entre sus dos socios, Endesa e Iberdrola, sobre la propuesta de Iberdrola de desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, informó la sociedad, lo que supone de momento mantener la petición de reapertura de la central aunque mantiene las incógnitas respecto a su futuro.

La reunión de los órganos rectores de la sociedad propietaria de Garoña confirmó el distanciamiento entre Endesa e Iberdrola, sus dos coproprietarios, respecto al futuro de la planta. La convocatoria llegaba a petición de Iberdrola para solicitar a Endesa, como su socio en Garoña, el respaldo a la presentación de un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. El resultado final rubricó la situación total de bloqueo ante las posiciones antagónicas sobre el futuro de Garoña, según indicaron fuentes conocedoras.

Iberdrola defendió su petición de presentar el escrito de desistimiento de la renovación de la autorización de Garoña con informes, tanto internos como externos, que demuestran la inviabilidad de la central nuclear, señalaron las mismas fuentes. Sin embargo, los consejeros de Endesa rechazaron la propuesta y defendieron la opción de esperar a conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, para decantarse sobre la continuidad o no de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de Garoña.

Fuentes próximas a Nuclenor han señalado que la razón de la falta de acuerdo es que varios de los participantes en la Junta de Accionistas han abogado por esperar a que se clarifique la situación del sector eléctrico. Además, aunque ya hay un informe favorable a la petición de prórroga de Garoña hasta los 60 años de funcionamiento, condicionado a una serie de inversiones de mejora en la planta, el Gobierno tiene de plazo hasta agosto para decidir si autoriza esa prórroga, ya que tiene la última decisión tras el informe técnico. Mientras, el Ministerio de Energía afirmó que mantenía abierto el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de la central nuclear.

La reunión del órgano rector de Nuclenor no hizo más que certificar el distanciamiento que ya habían demostrado Iberdrola y Endesa en las figuras de sus presidentes, Ignacio Sánchez Galán y Borja Prado, respectivamente. En la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Galán ya había subrayado que el negocio nuclear del grupo sufre «graves pérdidas» debido a los impuestos y obligaciones que afectan a esta tecnología. «La situación es muy clara, nuestra filial Iberdrola Generación Nuclear tiene graves pérdidas debido a los nuevos impuestos y obligaciones que han modificado el modelo original y el plan de negocio original. Lo que no podemos saber es cuándo van a desaparecer estas pérdidas», añadió.

Por su parte, Prado había dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva sobre la central nuclear. «La posición nuestra no va a ser de tomar una decisión, sino de esperar a que haga las consultas el Gobierno», afirmó Prado, subrayando que Endesa tiene respecto a este asunto «la misma posición que tenía el año pasado». «Respeto mucho los comentarios y las opiniones del señor Galán, como espero que él respete las mías», ha puntualizado Prado.

La central nuclear de Garoña (Burgos) es la más antigua del parque nuclear español desde que se clausuró la de Zorita (Guadalajara), en 2006. Garoña operó durante 42 años (1970-2012) con un reactor de agua en ebullición (BWR)diseñado por General Electric y similar al de la accidentada central de Fukushima, en Japón, y desde diciembre de 2012 está en situación de parada segura por decisión de Nuclenor. El aval otorgado por el CSN para operar hasta 2031 está condicionado a cuantiosas inversiones en seguridad, que podrían superar los 100 millones de euros, y deberá de ser revalidado por el Ministerio de Energía, que es quien debe determinar el plazo de la autorización, si la concede.

Si Nuclenor decide cerrar Garoña o si el Gobierno no autoriza la reapertura, las eléctricas tendrían que pedir la autorización de desmantelamiento de la planta, que según expertos consultados podría superar los 300 millones de euros. Ese proceso lo llevaría a cabo la empresa pública Enresa, y sería financiado en parte con las tasas que pagan las nucleares y en parte con el dinero de los contribuyentes. Ante el retraso del ATC de Villar de Cañas (Cuenca), Nuclenor inició la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos nucleares (ATI), que está prácticamente concluido y al que irían las miles de toneladas de residuos que generaría el desmantelamiento, un proceso que incluirá desmontaje y descontaminación, y podría demorarse diez años.

El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra la orden que revisa los parámetros retributivos a las renovables

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra la orden ministerial de actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones de energías renovables para el semiperiodo regulatorio 2017-2019, que comenzó el 1 de enero, por considerar que reduce los ingresos que deberían percibir. La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el recurso, presentado por la firma Holtrop SLP Transaction & Business Law, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Ley del Sector Eléctrico establece periodos regulatorios de seis años, tras los cuales se pueden revisar diferentes parámetros retributivos, pero también semiperiodos de tres años, el primero de los cuales finalizó en 2017, al término de los cuales se revisan las previsiones de ingresos por la venta de energía en el mercado. Esa primera revisión al cumplirse los primeros tres años la llevó a cabo el Ministerio de Energía en febrero de este año, para lo cual fijó unos precios esperados para los años 2017, 2018 y 2019 de entre 41 y 43 euros el megavatio hora (MWh), que luego para 2020 en adelante sitúa en 52 euros, un 25% más que los estimados para antes de esa fecha.

En el cálculo de la retribución que perciben como complemento a los precios las instalaciones de energías renovables, para las que la Ley del Sector Eléctrico garantiza una rentabilidad razonable del 7,4%, se tiene en cuenta el precio de mercado previsto, que se basa en los futuros de OMIP. Si los precios previstos son más altos que los reales, la retribución que reciben las instalaciones será menor lo que, según el director general de APPA, José María García-Moya, hará que el sector deje de percibir 600 millones de euros sobre lo que considera que les correspondería en el semiperiodo 2017-2019.

García-Moya explica que ello se debe a que cómo la estimación que recoge la orden es que a partir de 2020 cobrarán 52 euros por MWh, en el semiperiodo de tres años, en que los ingresos previstos son de 42,84 euros/MWh en 2017; 41,54 euros/MWh en 2018 y 41,87 euros/MWh en 2019, no hay que retribuirles para complementar el precio, ya que en el futuro aumentarán sus ingresos. De hecho APPA subraya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya denunció esta distorsión, remarcando la «inconsistencia» y la «abierta contradicción» que supone incrementar el precio previsto del mercado a partir del año 2020 en más de un 24% respecto a las estimaciones consideradas en otras órdenes.

APPA destaca que el recurso tiene «una importancia capital» para la viabilidad de las empresas del sector renovable, que en el primer semiperiodo regulatorio ya dejaron de ingresar 930 millones de euros, de los cuales 574 millones «los han perdido de forma definitiva». La asociación considera que esto supone quitarles a las renovables lo que tenían reconocido y les detrae ingresos, al tiempo que reclama un sistema que dé a la industria renovable mayor certidumbre y que las revisiones sean «más armonizadas». Sin embargo, el Ministerio de Energía esgrimió que la revisión de los parámetros supondría un incremento de la retribución para estas instalaciones de unos 600 millones al año.

El sindicato CCOO pide que se convoque ya la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón

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EFE.- El sindicato CCOO subraya la necesidad de convocar la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, que no se reúne desde el 15 de marzo de 2015. «Creemos muy importante esta convocatoria para que nos sentemos en la misma mesa los sindicatos, los empresarios y el Gobierno y no se hagan reuniones unilaterales», ha explicado el delegado comarcal de CCOO en Laciana, Omar García.

El sindicalista hacía referencia a la reunión mantenida entre las centrales sindicales y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que ha calificado de «positiva» en cuanto a que «hay una voluntad de diálogo inexistente en el anterior equipo del Ministerio». «Ahora nos hablan de la nueva ley de transición energética e incluso de incrementar el hueco del carbón en el mix energético nacional, pero lo primero que tenemos que solucionar es la situación traumática que vive el sector con prácticamente todas las empresas en concurso de acreedores», ha remarcado García. «Las buenas intenciones están muy bien pero hay que aportar soluciones ya porque actualmente no se está haciendo nada para evitar que la minería desaparezca», ha advertido García.

La CNMC advierte a Energía de que su plan para los purines dejaría a la mitad del sector sin retribución

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de que su propuesta sobre la revisión retributiva para las plantas de purines de porcino dejará a más de la mitad de las instalaciones sin retribución.

Concretamente, la CNMC señala en un informe, sobre la propuesta de orden de parámetros retributivos para instalaciones tipo de tratamiento y reducción de purines, que la intención de Energía de reducir la vida útil regulatoria de las plantas de 25 a 15 años hará que, antes de que concluya 2017, más de la mitad de las 33 instalaciones existentes ya hayan alcanzado o superado el tiempo durante el cual tienen derecho a recibir retribución. El regulador ha recordado que, además, muchas de esas instalaciones, de gran importancia para prevenir el impacto medioambiental que tendrían unos residuos como los purines en caso de filtración en el subsuelo, han estado inactivas durante gran parte de 2014, así como en 2015 y 2016.

La propuesta de Energía obedece a una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2016 en la que se declaran nulos algunos elementos que formaban parte de la retribución a las plantas de tratamiento de purines porcinos.Además, el Supremo declaró que la orden ministerial IET/1045/2014 de parámetros retributivos ignoró las «singularidades» que la normativa precedente había reconocido a estas instalaciones con respecto a las de cogeneración. Tras la elaboración de la propuesta para cumplir la sentencia, el regulador ha redactado un informe en el que realiza varias observaciones acerca de la futura regulación propuesta por el Ministerio de Energía.

Aparte de las consideraciones sobre la posible retirada de la retribución, la CNMC advierte de que Energía, al calcular la nueva vida útil regulatoria de 15 años, parece considerar que, de forma genérica, una planta de tratamiento de purines funciona 8.000 horas anuales. «Incluso antes de la reforma regulatoria de 2014 pocas plantas han logrado tales niveles de actividad, dado que supondría que estarían funcionando de forma constante y a plena carga durante 11 meses de producción ininterrumpida», replica el regulador. La CNMC recuerda que la sentencia del Supremo no requiere al Ministerio que modifique la vida útil regulatoria de las plantas y, en todo caso, considera que los cambios propuestos «no estarían adecuadamente justificados».

Finalmente, en lo referido a los precios del gas natural que se tienen en cuenta para retribuir la operación de las plantas de purines, la CNMC señala que se debería adoptar un “criterio homogéneo”. De esta forma, en cada momento se utilizaría el mejor valor disponible, en función de datos reales, siempre que esto fuera posible. La propuesta del Ministerio incluye una serie de precios reales y estimados, de forma que el ajuste por las bajadas en el coste de combustible registradas en 2016 se podría repercutir a las plantas de purines dos veces, en lugar de una, señala. Este desfase, señala el organismo regulatorio en su informe, podría prolongarse, en el peor de los casos, hasta finales de 2019.

Además de las dos sentencias del Supremo de junio del año pasado que anuló dos anexos de la orden de parámetros retributivos, una nueva resolución de este tribunal ha vuelto a dar la razón a la empresa Energyworks en respuesta a otro recurso en el mismo sentido y ordena a la Administración a que en un plazo de cuatro meses apruebe una nueva regulación que sustituya a la de la instalación tipo que anula ahora por ser disconforme a derecho.

Los usuarios del bono social descienden un 1,1% en 2016 pese a aumentar entre familias numerosas o de desempleados

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Europa Press / EFE.- El promedio de consumidores acogidos al bono social de electricidad ascendió a 2,42 millones a cierre de 2016, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto al ejercicio anterior, a pesar del aumento más del 10% entre familias numerosas y hogares con todos los miembros en situación de desempleo.

Según el último informe de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el descenso en 2016 se debe, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, al menor número de consumidores domésticos con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW). Este grupo de beneficiarios del bono social, que es el más numeroso entre los distintos perfiles de usuarios con derecho a la ayuda, ascendió a 1,79 millones en el promedio de 2016, un 4,2% menos que en 2015 y el 72,7% del total de beneficiarios.

Aparte de potencias inferiores a 3 kW, el bono social también lo pueden disfrutar los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en situación de desempleo. Los pensionistas que recibieron la ayuda en 2016 fueron un promedio de 322.060, un 5,5% más y el 13,7% del total, mientras que entre las familias numerosas hubo 216.139 beneficiarios, un 14,9% más y el 9,4% del total. Entre las familias en desempleo se produjo un incremento del 12,8%, hasta 73.571 usuarios, representando el 3,23% del total.

Los beneficiarios del bono social consumieron el año pasado 2,29 millones de megavatios hora, un 4% más que en 2015. De ese consumo, el 56,4% corresponde a los usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kw; el 20,2% a las familias numerosas; el 18,1% a pensionistas; y el 4,5% a desempleados. Las familias numerosas son las que más consumen de media (4.013 kilovatios hora anuales), seguidas por los desempleados (2.611 kilovatios hora anuales) y los pensionistas (2.408 kilovatios hora anuales). Los que consumen menos son los usuarios con potencias contratadas inferiores a 3 kw (1.351 kilovatios hora anuales).

Como parte del desarrollo normativo del nuevo mecanismo de financiación del bono social, el Ministerio de Energía prevé un nuevo sistema de reparto de la ayuda en función de la renta. Energía considera que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta», lo que consideran que justifica vincular la ayuda al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Con esta definición, «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo«, así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

Energía afirma que una auditoría de las centrales nucleares «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad que cuestiona Iberdrola

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Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que una auditoría de costes de la energía nuclear y la hidráulica, prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad o no de estas tecnologías en el actual marco regulatorio.

Así se pronunció Navia sobre las manifestaciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a su voluntad de no reabrir Garoña debido a la falta de rentabilidad del negocio nuclear. En este sentido, Navia aseguró que «responder a esta cuestión sobre la base de la declaración de una empresa, que es una empresa de las muchas que hay y hay otras que no están diciendo lo mismo, no tendría sentido». «Es una cosa que hay que echar cuentas», añadió al respecto. Así, consideró que hay que cumplir el pacto con Ciudadanos y hacer esa auditoría de las energías no replicables (nuclear e hidráulica). «Esa es la vía que nosotros vemos para resolver esto», indicó.

Navia considera que el cierre definitivo de Garoña «no supondría un cambio respecto a la situación actual», ya que está parada desde hace años. «Esa decisión está por tomar y pensamos que corresponde oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, hacer evaluaciones y llegar a un consenso sobre cuál es la mejor fórmula. En Garoña y, con carácter general, en lo nuclear», añadió al respecto. Asimismo, Navia aseguró no tener conocimiento de que Nuclenor haya remitido ningún informe al Ministerio sobre la inviabilidad de Garoña ni de que la empresa haya solicitado la retirada de la licencia.

En lo que se refiere al bono social, el secretario de Estado afirmó que, una vez que se remitió a las comunidades autónomas el borrador del reglamento, espera que próximamente se pueda dar el siguiente paso, su remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda llevar a cabo su informe y, posteriormente, al Consejo de Estado y, «en paralelo, a Europa». Así, prevé que a principios de verano esté en vigor el reglamento del bono social, aunque dependerá de si se mantiene abierto más tiempo el plazo de aportaciones de las distintas partes.

No obstante, cree que superado el trámite con las comunidades autónomas, a las que corresponden en gran parte la gestión del bono social y con las que hay que discutir los umbrales de ingresos de las diferentes clases de beneficiarios, ya que muchas de ellas cuentan también con sistemas propios de ayuda al consumidor vulnerable, despejará la parte más importante para sacar adelante el reglamento.

Navia advierte de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética con mayores recursos desde los Presupuestos Generales del Estado

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Europa Press.- Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 destinarán 3.746 millones de euros, 149 millones menos que en 2016, a la financiación de los costes del sistema eléctrico, según el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que advirtió de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética más allá de los ritmos lógicos que se derivan de la tecnología, por lo que rechazó las críticas a los Presupuestos por ser poco ambiciosos en esta materia.

Así se expresó Navia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2017. En cuanto a la transición energética, defendió que se debe hacer «de forma gradual» y añadió que «el papel fundamental no corresponde a los Presupuestos». En esta línea, afirmó que «incluso con presupuestos ilimitados sería imposible porque no sabemos cómo van a estar las distintas tecnologías en los próximos 3, 4, 10 o 20 años».

Por ello, apuntó que dicho proceso se debe gestionar desde la evolución de la tecnología, del interés del mercado y de la contribución pública. A este respecto, criticó el apoyo a las renovables de años anteriores, que calificó de «una apuesta tecnológica y financieramente muy ambiciosa por una tecnología no madura de la que estamos pagando las consecuencias con 9.000 millones de euros al año».

El área de Energía cuenta para 2017 con un presupuesto de 4.246,7 millones de euros, de los que 3.746 corresponden a la financiación de costes del sistema eléctrico, que incluyen las ayudas a las renovables, transporte, distribución, ayudas a las extrapeninsulares y el pago de la deuda. De estos 3.746 millones, 360 millones provendrán de las subastas de gases de efecto invernadero, 2.650 millones a diferentes tributos que gravan actividades de generación eléctrica y residuos, y 736 millones serán aportados para compensar los extracostes de generación en los sistemas extrapeninsulares.

Navia señaló que el presupuesto de la Secretaría es suficiente para llevar adelante las prioridades de política energética del Gobierno, pese a haber sido hechos en «un marco de rigor presupuestario». Entre las acciones previstas en materia de eficiencia energética, Navia citó diferentes partidas, como los 59 millones de ayudas para la rehabilitación de edificios o los 50 millones para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible.

A la minería del carbón se destinan 273,4 millones de euros. Este presupuesto corresponde a una transferencia desde Energía al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. La principal partida está asociada a medidas sociales (prejubilaciones y bajas indemnizadas). Las ayudas a la producción serán de 38,5 millones y para la restauración medioambiental de las zonas en que se cierren minas serán de 25 millones. Para sufragar el marco de protección social a los trabajadores, el presupuesto será de 247 millones de euros, 245 millones para prejubilaciones y 2 millones para bajas incentivadas.

El Supremo obliga a cambiar la carta que explica la refacturación de la luz por dañar a las compañías eléctricas

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Europa Press.- La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha adoptado medidas cautelares consistentes en obligar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a modificar la redacción de la carta que las comercializadoras de electricidad deben remitir a los usuarios acerca de la próxima refacturación de la luz al considerar que su redacción implica un «daño reputacional» para las eléctricas.

A finales del 2016, el Gobierno aprobó una revisión del margen que obtienen las comercializadoras de referencia de electricidad por el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Las principales empresas encargadas de ofrecer este suministro regulado son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. En este sentido, Energía obligó a las eléctricas a informar por carta a los consumidores de esta revisión, que se realiza como consecuencia de una sentencia del Supremo favorable a las empresas en la que se concluía que estas últimas no obtenían una retribución suficiente. La revisión conlleva una refacturación cercana a los 8 euros por 2014, 2015 y 2016, así como una subida del recibo de 2 céntimos de euro mensuales.

“Daño reputacional” a las eléctricas

En un auto, el tribunal acepta en parte las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola y ordena modificar la carta informativa que las empresas deben remitir a los consumidores, cuyo modelo aparece recogido en el anexo del real decreto 469/2016. Al abordar el «daño reputacional» que Iberdrola denuncia en el contenido de la carta, el Supremo considera que la empresa «tiene razón», ya que «se presenta tanto a esta Sala como a las sociedades que interpusieron dichos recursos como aparentes responsables de las cantidades suplementarias que tales usuarios hubieren de pagar».

Sin embargo, «lo cierto es que, tal como reclama la recurrente, la responsabilidad de la necesaria regularización deriva de una previa actuación contraria a derecho de la Administración, como declaró esta Sala en las citadas sentencias», afirma el auto. De esta forma, la carta que reciban los consumidores no incluirá referencias a los recursos que interpusieron en su día las eléctricas y se limitará a indicar que «el Gobierno ha aprobado una nueva metodología para determinar la cuantía de los costes de comercialización», así como «una regularización de las cuantías correspondientes para cualquiera de los años 2014, 2015 0 2016″.

La CNMC coincide con Energía en la necesidad de que Endesa y Gas Natural animen el mercado del gas natural

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincide con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la necesidad de obligar a los operadores dominantes del sector del gas natural, Endesa y Gas Natural Fenosa, a ejercer de creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas.

Esta iniciativa, contemplada como opción dentro de la ley, fue presentada precisamente por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, como principal medida para contener las subidas del precio del gas y, con ello, aplacar el encarecimiento de la electricidad registrado en enero en el mercado mayorista. En un informe, la CNMC propone una metodología para desarrollar la medida de Energía. El regulador coincide en que los actuales niveles de liquidez de Mibgas son «insuficientes» y en la necesidad de «continuar introduciendo medidas de fomento de liquidez, como el establecimiento de las obligaciones de creador de mercado a los operadores dominantes».

Para el regulador, las medidas de fomento de liquidez asociadas al nuevo papel de Gas Natural Fenosa y Endesa deben concentrarse en los productos diario y mensual con el objetivo de lograr un incremento en los volúmenes diarios de hasta el 2,5% de la demanda diaria. De esta forma, se podría duplicar la liquidez en el primer año del producto diario y multiplicar por más de 10 la del producto mensual. Si se duplicase la liquidez en ambos productos en 2018 y 2019 y en años siguientes con incrementos similares a los de los mercados europeos se alcanzaría el objetivo.

Con este propósito, el organismo presidido por Marín Quemada propone que las obligaciones de cantidades a ofertar para cada operador dominante se establezcan de forma proporcional a su cuota de aprovisionamientos de gas al sistema gasista español. En este sentido, propone que la separación máxima de precios de las ofertas del creador de mercado sea de 0,5 euros por megavatios hora (MWh) tanto para el producto Diario D+1 como para el producto del mes siguiente. En cuanto a la cantidad máxima a ofertar, se propone que el límite máximo de cantidad a casar en el conjunto del año sea igual al 5% del volumen anual de aprovisionamientos de gas a España de cada operador dominante.

Debido a la importancia que tiene la logística del gas natural licuado (GNL) en el aprovisionamiento nacional y que estos aprovisionamientos se programan normalmente con bastante antelación, la CNMC considera que los nuevos creadores del mercado deberán priorizar en sus ofertas el producto mensual seguido del producto diario, para favorecer el desarrollo de los productos con mayores plazos de entrega.

En la actualidad, en el hub del gas solo existe una empresa, Gunvor Internacional, que ejerce de creador de mercado. Para ilustrar el modesto peso de Mibgas, la CNMC indica que en 2016 este mercado negoció un volumen equivalente al 2% de la demanda nacional, una cantidad «muy inferior a la negociada en otros países europeos con sistemas similares». Para dotar de mayor liquidez al mercado del gas, la legislación establece que si no hubiera operadores dispuestos a generarla voluntariamente o se considerase que su aportación es insuficiente, el Gobierno podrá establecer obligaciones de creador de mercado a los comercializadores gasistas que sean operadores dominantes.

El Defensor del Pueblo pide una protección expresa para los niños, ancianos y discapacitados frente a los cortes de luz

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo reclama al Ministerio de Energía que tenga especialmente en cuenta, entre las medidas de protección contra el corte de suministro de luz a consumidores vulnerables, a los niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta propuesta forma parte de un documento enviado al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con 11 recomendaciones acerca del desarrollo normativo del bono social de electricidad y de las medidas de protección a los consumidores vulnerables.

Entre las recomendaciones, el Defensor del Pueblo coincide con el Ministerio en que para establecer los criterios para asignar el bono social es necesario definir el concepto de consumidor vulnerable conforme a criterios de renta. Sin embargo, también pide que se module el umbral de renta «de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación». Junto a esto, reclama un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz, así como publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social, de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

Otras propuestas consisten en establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social y en prever la coordinación administrativa necesaria a la hora de acreditar la condición de consumidor vulnerable y reconocerle el derecho a la ayuda. Además, pide introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a los acogidos al mercado libre, así como proteger del corte de luz a usuarios con impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.

El Defensor del Pueblo reclama además a Energía que estudie la posibilidad de reducir la parte fija de la factura de electricidad, de manera que se incentive el ahorro. Junto a esto, se muestra partidario de establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que trate de abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.