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Energía calcula que solo el 45% de los beneficiarios del bono social lo pedirá; la OCU pide simplificar los trámites

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) propone simplificar las categorías de los beneficiarios del bono social y de los trámites de renovación, así como la eliminación o revisión de los límites de consumo impuestos para los hogares. Precisamente el Ministerio de Energía calcula que solo el 45% de los hogares con derecho a recibir el nuevo bono social de la luz finalmente solicitará la ayuda, según consta en la memoria económica del borrador de real decreto sobre la materia.

La memoria afina el coste estimado del nuevo bono social, que será superior al actual y que cubrirá tanto a los consumidores vulnerables como a los severos. Según Energía, este coste ascenderá a 236 millones de euros anuales, un 17,8% más que los cerca de 200 millones actuales. Al estimar el número de hogares que podrán acceder al bono social, el departamento dirigido por Álvaro Nadal recuerda que la obtención de la ayuda requiere que el interesado lo solicite y considera “improbable que la totalidad de ellos llegue a hacerlo«.

Energía ha calculado ahora el número de hogares potencialmente beneficiarios y, sobre la estimación, ha aplicado una «tasa de aceptación» del 45%. El resultado es una previsión de 2,5 millones de hogares. Esta cifra es superior a la actual, de 2,44 millones de usuarios, al tiempo que, como defiende Energía, se reparte de una forma más adecuada, ya que el criterio de renta permitirá cubrir las necesidades de personas que, pese a su situación, antes no podían beneficiarse del bono.

Para hacer sus cálculos, el Ministerio ha segmentado los hogares en función de los umbrales de renta y de los distintos tipos de familia, en función de si es numerosa o si tiene menores o personas en circunstancias especiales. Posteriormente, para cada nivel de unidad familiar con un determinado umbral de renta, ha contabilizado el número de hogares. Tras incluir los correspondientes a discapacitados y a víctimas de violencia de género y terrorismo, ha obtenido la cifra final de potenciales beneficiarios, a los que ha aplicado la «tasa de aceptación».

Como hay una media de 2,5 personas por hogar en España y como la aspiración es proteger 2,5 millones de hogares, Energía concluye que la cobertura del bono se extenderá a más de 6 millones de personas, una cifra superior a los 4,5 millones de personas que, según Eurostat, podrían sufrir pobreza energética, señala Energía. «Por tanto, el volumen de hogares estimado que se derivan de la metodología de asignación del bono social de este real decreto es más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España», asegura.

Propone eliminar límites de consumo

Por su parte, la OCU recuerda que «aún quedan asuntos pendientes para garantizar que accedan al bono quienes tienen derecho y poner coto a los 4,5 millones de personas en situación de pobreza energética».Por esto, aunque la reforma del bono social «mejora la situación anterior», OCU apunta algunas líneas de mejora del borrador.Concretamente, la organización propone la simplificación de las categorías de los beneficiarios usando como referencia una renta per cápita y no por hogar.En este sentido, OCU aplaude la protección de los hogares con menores, pero señala que puede estar mejor atendida si se identifica a esos hogares como «colectivos especiales».

Por otro lado, desde la organización ven necesario la simplificación de los trámites, de manera que sea posible la identificación automática de los beneficiarios del bono social cada año.Asimismo, OCU defiende la eliminación, o en su caso, «revisión de manera crítica», de los límites del consumo impuestos para los beneficiarios del bono social ya que, asegura, el beneficio que supone se verá lastrado por los límites del consumo mensual. OCU denuncia que estos límites perjudican especialmente a los hogares sin gas natural, con calefacción eléctrica y con varios miembros.

De igual modo,desde la organización señalaron que, excepto los hogares en exclusión social cuya factura será gratuita, «la factura a pagar por el resto es lo suficientemente importante pese al descuento como para no dar pie al derroche energético«.Finalmente, la organización ha reclamado la importancia de un «compromiso de la Administración» con el fin de identificar correctamente al colectivo en riesgo de exclusión social.Por el contrario, una falta de voluntad política o de presupuestos «puede provocar grandes diferencias en la protección de los hogares en situación crítica».

La fotovoltaica UNEF invoca un caso de discriminación en la elección de jueces para detener la subasta de renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) presentó ante el Tribunal Supremo su petición de medidas cautelarísimas para la suspensión de la subasta de renovables convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que evoca un reciente caso de discriminación en la elección de jueces para incidir en la falta de neutralidad del proceso.

En el recurso presentado ante el Supremo, los abogados de UNEF citan un auto del 8 de marzo del Supremo en el que se adoptaron medidas cautelares contra una decisión del Consejo de Ministros de enero, circunstancia que no es habitual en la jurisprudencia. En concreto, el tribunal suspendió de forma cautelar los criterios para elegir una terna de jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al establecer como requisito que tuviesen menos de 61 años. Para el Supremo, esta medida, en apariencia del buen derecho, puede resultar discriminatoria.

En su recurso, UNEF considera que este caso resulta análogo a la discriminación que consideran que introduce el Gobierno para la solar fotovoltaica, al tiempo que no se muestra en contra de la celebración de la subasta, pero reclama que sea «verdaderamente neutral» y permita que las tecnologías compitan «en igualdad de condiciones», sin favorecer a la eólica, como opinan.

La medida cautelar reclamada afecta en concreto a la suspensión del criterio de ordenación de las ofertas de las diferentes tecnologías en función del «número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación tipo de referencia». UNEF considera que este criterioy el mecanismo fijado por Energíaresulta «arbitrario» y «perjudica a la fotovoltaica en el caso de empate«, al tiempo que no se encuentra motivado y puede «lesionar el derecho a la igualdad de las empresas fotovoltaicas que participen».

En el recurso, la patronal indica que la neutralidad tecnológica a la que se refiere la orden ministerial 315/2017 establece que todas las instalaciones deben ser tratadas en condiciones de igualdad en la subasta con independencia de su tecnología. Junto a esto, considera que la adopción de medidas cautelarísimas es urgente porque la subasta está convocada para el próximo 17 de mayo y, de no aplicarse, el recurso perdería su finalidad, «ya que se habría desincentivado la participación de empresas fotovoltaicas en el concurso, situación que no se remediaría con una sentencia estimatoria del recurso».

Nadal cree que el Gobierno socialista sobredimensionó el almacén Castor y que «lo ideal» es desmantelarlo porque “nunca debió existir”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha puesto en duda la necesidad del proyecto del almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), que se planificó en 2006 con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y se puso en funcionamiento en 2013,»porque una vez construido había que cumplir el contrato», pero, en opinión del actual ministro, «estaba probablemente muy sobredimensionado para las necesidades gasísticas» de España y «nunca debió existir».

Nadal ha recordado que en 2013, tras inyectar el gas colchón, comenzaron unos días más tarde seísmos, de hasta 4,3 magnitud Richter, en toda la zona, especialmente en el norte de Castellón y sur de Tarragona, y ha admitido que «siempre hubo la pregunta de qué es lo que ocasionó los seísmos y si tenían que ver con Castor», una relación que el informe realizado durante 18 meses por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard ha confirmado e incluso advierte de que podrían ser mayores.

El ministro confirmó que «no hay ningún interés» en tener una instalación que no se podrá utilizar porque el riesgo es «muy alto» en términos de sismología por la posibilidad de provocar terremotos. «Es evidente que un Gobierno que tiene que actuar con prudencia y que en su día tomó la decisión de dejar de inyectar gas, ahora mismo no vamos a reutilizar la planta porque existen estos riesgos», apostilló.

Por ello, «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelarla porque «no tiene ningún sentido» una plataforma en medio del mar que «no sirve para nada» y «porque nunca debió existir». Sin embargo, ha insistido en que se debe hacer «con mucho cuidado», de modo que hay que hacer estudios «adecuados» y «ver la mejor manera de hacerlo». En todo caso, subrayó que «hay tiempo» porque el informe concluye que la situación «ahora» es «de total estabilidad».

Nadal se pronuncia así sobre el informe que el Gobierno, tras un decreto de 2014, solicitó a estas instituciones académicas por ser las mejores que «existen en el mundo sobre estas cuestiones» para conocer lo ocurrido, después de hacerlo dos instituciones españolas, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geológico Nacional (IGN), de cuyos técnicos ha dicho que «son muy buenos» y sus informes también, pero ha justificado que se recurriera a estas entidades estadounidenses por la metodología «única» que utilizan.

Nadal explicó que esta técnica integra la aproximación sismológica, la geológica y el análisis técnico de ingeniería y cuando se hicieron los análisis parciales (españoles), cada uno daba datos que «en algunos casos parecen contradictorios». Con el nuevo estudio, asegura que «elimina sustancialmente» estas contradicciones y tiene «mayor capacidad» de explicar lo que ha sucedido. Por ello, ve «muy conveniente» que se utilice esta metodología y tecnología «muy sofisticada» en el futuro porque ha permitido esclarecer «muchísimo» lo que ocurrió.

El nuevo bono social costará unos 230 millones de euros e impondrá límites a cada beneficiario del consumo bonificado

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Europa Press.- El nuevo bono social de la electricidad tendrá un coste de entre 203 y 235 millones de euros, frente al de entre 180 y 200 millones actual, y aspira a proteger a unos 2,5 millones de hogares en situación de vulnerabilidad, explicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. También se limitará el consumo bonificado, es decir, el número de kilovatios hora (kWh) que se ve beneficiado del descuento que supone el bono social.

Por ejemplo, el derecho a percibir el bono social de la luz para las familias numerosas estará limitado a un consumo de energía de 3.600 kilovatios hora (kWh) al año, según consta en el borrador del decreto por el que se regula el bono social. Concretamente, este descuento tanto para los considerados como consumidores vulnerables, que asciende al 25% del recibo, como para los vulnerables severos, que será del 40% de la factura, será aplicado teniendo en cuenta el límite de energía suministrada previsto para el periodo de facturación. Por encima de este límite, la energía suministrada le será facturada según la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).

Este límite máximo de energía bonificada para cada una de las categorías de consumidores se calculará prorrateando la energía anual máxima establecida para cada una de ellas entre el número de días que conforman el período de facturación. Así, para el caso de las familias numerosas, este límite máximo será de 3.600 kWh al año por hogar, mientras que para las unidades familiares en que sus miembros sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, será de 1.680 kWh anuales.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, señaló que al final el Gobierno ha considerado «que era mejor» incluir a las familias numerosas, aunque subrayó que el derecho al bono social «va a tener limitado el consumo» y «no se van a financiar lujos». «Un consumo normal de una familia normal. El bono social es para niveles de consumo habituales«, aseveró. Energía ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para su preceptivo informe, el borrador de real decreto que desarrolla el bono social de electricidad, después de definir los criterios de renta para que sea percibido.

Para que un consumidor sea considerado vulnerable y pueda acogerse al bono social que le da acceso a un descuento del 25% en su factura, se tendrá en cuenta el nivel de renta de su unidad familiar referido al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En concreto, podrán acceder al bono social las unidades familiares sin menores a cargo que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, las unidades familiares con un menor a cargo que dispongan de una renta anual menor o igual a 2 veces el IPREM, así como aquellas que cuenten con dos menores a cargo y que ingresen una renta anual menor o igual a 2,5 veces el IPREM.

Además, los umbrales de renta anteriores se verán incrementados en 0,5 veces el IPREM para las víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y para aquellos hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33%. Asimismo, podrán acogerse al bono social, además de todas las familias numerosas, aquellas unidades familiares en las que todos los miembros que tengan ingresos sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima.

Para el caso de los consumidores vulnerables conformado por una unidad familiar sin menores que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, que en 2017 se sitúa en unos 7.455 euros al año en 14 pagas, este límite máximo de consumo para tener derecho al bono social será de 1.200 kWh al año, mientras que para las unidades familiares con dos menores y que cumplan los criterios de renta será de 2.040 kWh anuales y para las familias con un menor y que puedan por renta acogerse a la ayuda será de 1.680 kWh anuales.

Por otra parte, se crea una nueva categoría, los consumidores vulnerables severos, para aquellos hogares con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables. Los consumidores vulnerables severos tendrán una mayor protección y se beneficiarán de un descuento del 40% de su factura. Las familias numerosas o los hogares donde todos sus miembros que tengan ingresos sean pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima, serán considerados vulnerables severos si su renta es inferior a 2 veces el IPREM o 1 vez el IPREM respectivamente.

También se crea también la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que serán aquellos consumidores vulnerables severos que, por sus especiales circunstancias, estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas. Estos consumidores serán considerados esenciales y no se les podrá suspender el suministro. Esto será financiado por medio de la financiación adicional que liberará el sistema eléctrico (10%) y que complementará la aportación de los servicios sociales (50%) y del propio bono social (40%).

Lucha contra la pobreza energética

Por su parte, Navia destacó que el bono social cubrirá un conjunto de consumidores ligeramente superior al que disfruta actualmente de la ayuda, al tiempo que lo hará de forma más eficiente, al vincular su percepción a criterios de renta. Para elaborar la nueva regulación, el Gobierno parte de las cifras de Eurostat según las cuales cerca del 10% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. El objetivo del bono social será proteger mediante descuentos en el recibo de la luz a 2,5 millones de hogares, lo que equivale a unos 7 millones de personas. Navia también destacó mejoras en los procesos de notificación y avisos de impago.

Volver a inyectar gas en Castor podría provocar terremotos de hasta 6,8, según el informe del MIT y de Harvard

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Europa Press.- Reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor que fueron paralizadas en 2013, por los terremotos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón), aumentaría de nuevo la actividad sísmica y podría provocar terremotos «incluso mayores», de una magnitud hasta 6,8, según concluye un estudio encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard.

El análisis, realizado a lo largo de 18 meses con un coste de 600.000 euros, concluye que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 en el almacén de gas de Castor, provocaron terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización, de modo que si se vuelve a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera «incluso mayor«, según el informe. Tras conocerse su contenido, el Ministerio de Energía ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor y, una vez analizado el informe, encargará estudios de ingeniería y, posteriormente, de viabilidad económica, para acometer su desmantelamiento.

Entre las conclusiones del informe los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw, de la Universidad de Harvard, han destacado que hay un «riesgo elevado» de que vuelva a aumentar la actividad sísmica en caso de reanudar las operaciones de gas en el almacenamiento de Castor, porque la sismicidad ocurrida ha acercado varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable de lo que era originalmente». Además, han explicado que con estos antecedentes de ocurrencia y sismicidad, en la actualidad hay mayor probabilidad de que se produzca un terremoto en la zona y que podría llegar a ser de una magnitud «mucho más elevada», de hasta 6,8.

Sin embargo, los responsables del informe han concluido también que con los estándares exigidos a la industria en el momento de acometer aquellas operaciones «difícilmente se habría podido predecir el aumento de la actividad sísmica», al tiempo que han reclamado que en el futuro se realicen este tipo de estudios que integran la geología, la geofísica y la geomecánica. Juanes ha señalado que la sismicidad ocurrida acercó varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable» de lo que era antes de las operaciones de inyección de gas por lo que han llegado a la conclusión de que este sistema de fallas ha sido desestabilizada por los terremotos.

Juanes ha indicado que, en todo caso, la actividad sísmica actual en la zona ha vuelto a las mismas tasas anteriores a septiembre de 2013. A nivel técnico, Juanes ha precisado que la inyección de gas provocó una desestabilización de la falla de Amposta y de las ramificaciones que ahora se ha descubierto que están activas «en el bloque colgante de la falla». Así, ha apuntado que una tasa de inyección menor provoca una tasa de desestabilización menor pero que, tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación, han advertido de que la desestabilización sísmica sería «mayor a la que se provocó en 2013, en el orden de un factor de dos».

Por su parte, el profesor de la Universidad de Harvard, John H. Shaw, ha sido más contundente al afirmar que reanudar las operaciones «agravaría el estrés de la falla» y que «habría riesgo elevado» porque se desestabilizó por las inyecciones de gas, independientemente del volumen de inyección, la tasa de inyección o el volumen del pozo. Juanes ha defendido que este estudio realizado post mortem, a partir de un encargo del Gobierno exigido a través del real decreto ley de 2014, integra la sismología estructural, la geología y la geomecánica y ha pedido nuevos estándares a la hora de evaluar los riesgos sísmicos antes de operaciones de este tipo, sobre todo en áreas tectónicamente activas.

Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha subrayado que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto al posible dolo o negligencia de la promotora de Castor, Escal-UGS, ha señalado que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen «con cautela» las conclusiones, que son «muy contundentes».

Navia ha afirmado que «es muy difícil definir un estándar de operatividad del almacén que permita reanudarlo con seguridad, por lo que «no hay ningún elemento en este informe» que lleve a replantearse la reapertura de Castor, que «va a seguir hibernando». El siguiente paso, según ha dicho, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación, con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente. Navia ha concluido que «queda claro» que «no era fácilmente previsible, con un estándar de rigor razonable, que en Castor ocurriera lo que finalmente ha pasado».

El Gobierno autonómico de Cataluña pide la mejor solución para el territorio y la ciudadanía con el fallido almacén Castor

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Europa Press.- El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget, exigió que el Gobierno central analice todas las alternativas posibles sobre el futuro del fallido almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a la costa de Tarragona y Castellón, y tenga en cuenta «la que sea más beneficiosa para el territorio, el medio ambiente y la ciudadanía».

Baiget considera que, tras conocerse el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard, que vincula los seísmos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón) con la actividad del almacén gasista Castor, el Ejecutivo central debe «rendirse ante la evidencia» y que «había cosas que salieron adelante sin tener los informes suficientes». De hecho, cree que si se hubiese hecho caso de los informes no se hubiese tenido que autorizar el almacén, pero cree que el Gobierno español actuó de manera unilateral.

«Bienvenido sea el informe del MIT si ha propiciado lo que era una evidencia, que este depósito de gas no se debería haber empezado nunca», ha aseverado. «Ahora el mal ya está hecho, lo que queremos es que la repercusión del coste de lo que se ha hecho no lo tengamos que pagar en el recibo del gas todos los ciudadanos», sentenció antes de anunciar que la Generalitat continuará luchando para evitar esta consecuenciapor la vía judicial mediante las causas abiertas en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional.

La Generalitat interpuso en 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley 13/2014 por el que el Gobierno español reconocía una indemnización de 1.350 millones de euros para los promotores del almacén Castor y repercutía esta cantidad en la tarifa del gas. El recurso se fundamenta en el hecho de que este decreto ley implanta un régimen singular y diferente de lo que resultaría de la aplicación de la legislación general, y también en que no concurría una urgencia extraordinaria para justificar esta figura jurídica. Según el Ejecutivo catalán, este decreto ley vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la justicia.

Además, el Gobierno catalán ha interpuesto recursos contencioso administrativos ante las órdenes que cada año aprueba el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para establecer los peajes y cánones del sector gasista, donde se incluyen las partidas destinadas al mantenimiento del Castor, con el objetivo de que éstas no se trasladen a los usuarios. Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacén Castor no se reabrirá y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener las garantías de que esta decisión no va a suponer ningún problema. «Cuando se pueda hacer se hará», sentenció Nadal tras conocerse las conclusiones del informe.

Exige al Estado desmantelar Castor

Por su parte, el delegado del gobierno autonómico para las Tierras del Ebro, Xavier Pallarès, ha exigido al Gobierno central que ejecute «pronto» el desmantelamiento de la plataforma de gas Castor porque la hibernación no es viable. «El MIT ha confirmado lo que teníamos claro desde el primer momento: detenido el Castor, detenidos los terremotos», ha defendido Pallarès, que ha criticado que la mala gestión del Gobierno central la deberán pagar, una vez más, los ciudadanos, que primero sufrieron los terremotos, luego tuvieron que afrontar la indemnización a la empresa Escal UGS y ahora el coste de desmantelar la plataforma.

Unidos Podemos pide que Nadal explique en el Congreso el futuro de Castor; Greenpeace espera que no se repita

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama protocolos para evitar «despropósitos» de alto riesgo medioambiental y económico como el del almacén de gas Castor. Mientras, En Comú Podem, a través de su portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha solicitado la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que dé cuenta del informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre Castor.

El estudio asegura que la inyección de gas que se realizó frente a las costas de Castellón y Tarragona generó los terremotos que desestabilizaron la falla de Amposta. Tras conocer estos resultados, Nadal anunció que el almacén no volverá a operar y que se realizarán estudios para conocer si sería viable un desmantelamiento de la plataforma. Desde la formación catalana denuncian que Castor fue un proyecto «especulativo» e «innecesario», además de «irresponsable» en su gestión, teniendo en cuenta que estaba ubicado en una zona sísmica.

Del mismo modo, denuncia que haya sido «la ciudadanía la que ha tenido que pagar el fiasco del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora Escal UGS». «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», apunta Vendrell. A su juicio, se trata de «un nuevo caso de rescate de una gran empresa» tal y como ha ocurrido «con los bancos, las eléctricas o los concesionarios de las autopistas». Por ello, Podemos también pedirá a Nadal, durante su comparecencia, que explique a quién pedirá responsabilidades así como los planes que tiene el Gobierno sobre Castor para el futuro.

Castor no volverá a operar

Por su parte, el diputado en las Cortes de la Comunidad Valenciana del grupo parlamentario Podemos, César Jiménez, ha mostrado su satisfacción ante el informe sobre el almacén Castor que «ha dictaminado que esta plataforma no podrá volver a operar». Jiménez celebra que los expertos hayan determinado que fueron las inyecciones de gas realizadas en el almacén las causantes de los centenares de movimientos sísmicos que se registraron en la zona, por lo que «el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, y tampoco se debe intentar extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla de Amposta».

En este sentido, Jiménez ha resaltado que «por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar». No obstante, ha lamentado que «la actuación del PSOE como impulsor del proyecto, y del PP, que aprobó en solitario indemnizar con más de 1.350 millones de euros a su propietaria, Escal UGS, además de poner en riesgo a la población de esta comarca, les ha dejado como legado algo similar a un Chernobil, ya que, según los expertos, ni se puede desmantelarni se puede volver a utilizar».

Jiménez recordó que Podemos impulsó en el Congreso de los Diputados, en coordinación con el grupo parlamentario de las Cortes de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que fue aprobada hace un año por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de «exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez«.

La iniciativa también instaba a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía «incurrió en dolo o negligencia imputable» y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, «por los movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén». El parlamentario aseveró que Podemos considera «injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía».

Greenpeace: que no se repita

Por otro lado, según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén de gas es «uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público» que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en «energías sucias». Así, la organización ecologista subraya que la empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. «Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.400 millones de euros«, recalca, para añadir que con esta suma se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio.

La organización añade que en abril de 2015 el Parlamento Europeo solicitó al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago. «Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad», ha advertido.

Compromís pide que el desmantelamiento del almacén de gas Castor se produzca cuanto antes y se identifique a los responsables

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Europa Press.- Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han pedido que el desmantelamiento del proyecto Castor se produzca cuanto antes y que se identifique a los responsables. Así se han expresado tras conocerse las «pretensiones» del Ministerio de Energía de «alargar la agonía» de dicho proyecto, «que seguirá hibernando mientras se estudia su posible desmantelamiento a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, de los contribuyentes».

Compromís lamenta que no se haya hecho «el mínimo esfuerzo en identificar a los responsables políticos de la mala gestión y actuaciones imprudentes que permitieron poner en funcionamiento un proyecto energético que pretendía convertirse en el mayor almacén submarino de España y que ha acabado siendo el mayor fiasco económico de los últimos años». Para el senador Jordi Navarrete, «en la coalición no nos vamos a quedar callados como han hecho otros, ya que considerábamos y seguimos considerando que esto es un atropello, un chanchullo, no han justificado los enormes sobrecostes ni la gestión económica que denunciaba la Comisión Nacional de la Energía y no nos han facilitado las memorias y auditorías que les reclamamos».

Compromís entiende que «se actuó de forma imprudente, obviando estudios tan evidentes como los sismológicos, y no es posible que todos los involucrados hayan cobrado, incluso repartido dividendos multimillonarios, y se esté repercutiendo a los consumidores en sus facturas un escándalo de tal magnitud sin que existan culpables políticos y técnicos». Así, ha apuntado que, tras los temblores, la propia empresa promotora «no se demoró en renunciar al proyecto y cobrar la parte que le correspondía por su diseño y construcción». «El Gobierno les pagó también con celeridad y, tras unos años de retrasos que han conllevado los nuevos e innecesarios estudios, se opta por estudiar si se desmonta, alargando de nuevo los plazos y aquí no ha pasado nada».

Se ha pedido el desmantelamiento

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes de la Comunidad Valenciana, Mònica Àlvaro, recordó al Gobierno que «ya en la pasada legislatura, y a propuesta de Compromís, las Cortes Valencianas, la diputación de Castellón y la gran mayoría de instituciones valencianas ya aprobaron proposiciones no de ley reclamando no sólo el cierre del Castor, sino su desmantelamiento«. En todo este tiempo, según lamentó Àlvaro, «el Ejecutivo del PP ha hecho caso omiso a los acuerdos de las Cortes a este respecto».

El almacenamiento se encuentra desde 2015 en hibernación y gestionado por Enagás, que asumió esta función tras el pago de una indemnización a la sociedad adjudicataria, Escal UGS. Su actividad se encuentra detenida desde 2013, cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, los movimientos sísmicos. En mayo de 2014, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) presentó los resultados de su informe sobre Castor, en el que considera que la sismicidad en la zona de Vinaroz (Castellón) es en parte de origen natural, si bien resulta «razonable» considerar que estuvo relacionada con las operaciones de inyección de gas colchón realizadas en 2013 en la instalación.

El IGME también concluyó que la primera parte de la secuencia sísmica fue de tipo «inducida» y su magnitud resultó «relativamente pequeña», lo que sería «habitual» en muchas operaciones similares. Asimismo, fue sincrónica, es decir, que se produjo al mismo tiempo que las inyecciones de gas. Este informe fue el tercero de los realizados por el instituto nacional e incorporó los datos más avanzados hasta ese momento acerca de la localización de la incidencia sísmica.

El primero fue en 2007, a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, relativo a cuestiones generales del proyecto de almacenamiento. Fue emitido antes de la autorización de construcción del almacén y en él no se hacía referencia a la posible sismicidad inducida. El segundo informe se emitió el 20 de diciembre de 2013, después de los terremotos y en respuesta a un requerimiento de la Dirección General de Política Energética (Ministerio de Industria) sobre las causas de la sismicidad acaecida en meses anteriores en el entorno del almacén Castor.

Inútil y, en su momento, potencialmente peligrosa

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Ayer se presentó el informe realizado para evaluar los riesgos sismológicos derivados del almacén de gas Castor. Las conclusiones del informe, elaborado por dos instituciones universitarias y tecnológicas norteamericanas de prestigio, el MIT (Massachusetts Institute Tecnology) y la Universidad de Harvard, son claras en lo que se refieren a la seguridad y los riesgos: la instalación es la causante del gran número de seísmos que se produjeron en la costa de Vinarós (Castellón) durante su llenado, produciendo un estrés importante en la falla de Amposta frente a Tarragona.

Conclusiones claras pero contradictorias con los estudios españoles del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que apuntaban a una falla menor no cartografiada. Actualmente, la instalación se encuentra estable y lo mejor es no menealla, optando por una hibernación con un coste de entre 80 y 100 millones de euros anuales, adicionales a la indemnización de 1.400 millones de euros a la concesionaria Escal. Castor está actualmente bajo la gestión de Enagás y el vaciado y llenado de este silo podría volver a causar seísmos de hasta 6,8 grados en la escala de Ritcher, según el Informe.

Por otro lado, el desmantelamiento costaría aproximadamente 280 millones de euros, con cargo también a la tarifa de suministro gasista, siendo la alternativa que baraja el Ministerio de Energía. La instalación siempre ha estado rodeada de polémica por una actuación que debería ser un caso de estudio, al margen del riesgo sísmico que genera, en lo que se refiere a la cultura de la sobreinversión en infraestructuras en nuestro país y sobre nuestra calidad institucional.

Por ello deben analizarse los mecanismos de evaluación y decisión de las infraestructuras que van con cargo a los costes de acceso, en términos de su necesidad y su utilidad, o incluso la forma en que se introducen rectificados en sus presupuestos (en el caso del Castor esta cuestión no estuvo exenta de fuerte polémica por los peritajes). Todo ello queda de forma más contundentemente expresado a través de varias preguntas: ¿Era necesaria esta infraestructura si disponemos de una base instalada de regasificadoras que permitían una gestión activa del aprovisionamiento? ¿Por qué nadie plantea la sustitución de Castor tras su hibernación/desmantelamiento por otro almacén gasista?

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha declarado que era difícil de prever todo el devenir sísmico cuando se aprobó el proyecto en el flujograma administrativo español. Lo que nadie le ha pedido al MIT y a Harvard es, de forma complementaria, analizar, si era útil, su necesidad económica, el retorno de la inversión por mejora de la eficiencia en la gestión de aprovisionamiento para el consumidor, los niveles de almacenamiento necesarios con los cambios operados internacionalmente en estos años en los mercados del gas.

Hoy el sistema gasista anticipa un déficit tarifario de volúmenes mucho menores que el que alcanzó el eléctrico pero, eso sí, creciente. Déficit tarifario que se ve desde el punto de vista asépticamente contable para darle apariencia burocrática de normalidad. De esa forma, mediante un proceso pautado de autorización de infraestructuras y su absorción por el consumidor, además de su propia construcción y encarecimiento, tenemos una infraestructura excedente, inane y en su momento, potencialmente peligrosa.

Galán pide reducir de 3 a 1 año el plazo de antelación requerido para solicitar la prórroga de las nucleares

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Servimedia / EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al Gobierno que reduzca de 3 a 1 año el plazo de antelación con que se debe pedir la ampliación de explotación de las centrales nucleares, ante la situación de incertidumbre que vive este energía en España. Sánchez Galán considera que antes de tomar este tipo de decisiones se necesita que el Ejecutivo defina claramente cuál será el papel que deben jugar las nucleares en el mix energético de los próximos años.

Esta demanda de Iberdrola no se relaciona con Garoña, ya que aboga por desistir de su solicitud de reapertura, y sí por las de Almaraz y Vandellós II, de las que debe solicitar su renovación este verano, tres años antes de 2020, cuando vencen los 40 años de concesión. En cuanto a las nucleares en su conjunto, Galán dijo que su filial en España sufre pérdidas desde hace varios años como consecuencia de los impuestos que gravan la energía nuclear y las obligaciones aplicadas a estas instalaciones. Ha indicado que «esto ha modificado el plan de negocio original», y considera que, al no saber cuándo desaparecerán las pérdidas, es complicado pedir permisos que se dan para plazos largos de tiempo.

Disposición a ampliar sus renovables

Por ello, en referencia a Almaraz y Vandellós II, Galán sostiene que es necesario que se defina la política energética para poder tomar una decisión que puede tener un impacto importante en la cuenta de resultados. «Hay que saber cómo se va a pagar para ver si se pueden cubrir costes y obtener algunos beneficios», apuntó. Por otro lado, mostró la disposición de la compañía a participar en la próxima subasta de renovables en España si las condiciones «son interesantes», ya que tiene «más que suficientes» proyectos en el país.

Posible fusión de participadas brasileñas

Por otro lado, Sánchez Galán ha indicado que la fusión de las empresas brasileñas Elektro y Neoenergía, en las que participa, es solo una de las alternativas que está analizando Iberdrola dentro de su estrategia en Brasil, pero «solo es una posibilidad«. Sánchez Galán ha confirmado que hay conversaciones, como ha habido en el pasado, pero «no se ha llegado a ningún acuerdo ni se ha firmado ningún documento vinculante».

«Es una de las posibilidades que venimos debatiendo desde hace tiempo con nuestros compañeros en Brasil», ha añadido Sánchez Galán, quien ha afirmado que el interés de Iberdrola por ese país «sigue estando vivo» y ha recordado que la compañía ha resultado adjudicataria, a través de su filial Elektro, de proyectos por valor de alrededor de 250 millones de euros.