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El Gobierno se compromete ante Asturias a que un nuevo mecanismo de subasta de interrumpibilidad entrará en vigor en 2018

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EFE.- El Gobierno central tiene previsto aprobar un nuevo mecanismo para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, según la normativa que demanda la Unión Europea, que sustituirá al actual, cuya vigencia finaliza el próximo mes de mayo, y que entrará en vigor en el segundo semestre de 2018. Así se lo trasladó en una reunión el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, al consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola.

Navia ha expuesto que la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) respecto a las modificaciones previstas para mecanismos de asignación de retribuciones para el servicio de gestión y demanda de interrumpibilidad es «transitoria y su vigencia acaba en el próximo mes de mayo». «Hay que ser cautos y mandar una mensaje de tranquilidad. Es un mecanismo transitorio el que se ha planteado recientemente. A lo largo del mes de diciembre se implementará una subasta hasta el mes de mayo y a partir de ahí tendremos un mecanismo alternativo y compensatorio que incida en que nuestra industria tenga un precio final competitivo de la energía eléctrica «, ha precisado.

El consejero ha querido trasladar un mensaje de «tranquilidad» a las grandes empresas consumidoras de energía eléctrica y a sus trabajadores ante el diseño de esta nueva normativa. Además, ha subrayado que se implantará alguna otra medida para la mejora de la competitividad de las empresas electrointensivas a través de otros factores que configuran el precio final de la electricidad, «como los peajes o determinados aspectos fiscales«. Por otra parte, el consejero ha indicado que pronto se podrá fijar una fecha para la firma del convenio marco del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras, dependiente del Ministerio, con el Gobierno regional.

En relación a la regasificadora de Gijón, ha apuntado que espera que en este ejercicio el mecanismo administrativo de la planta regasificadora de El Musel reciba la autorización definitiva por el Consejo de Estado. «Confiamos que antes de finales de este ejercicio podamos tener ya este primer punto para este otro gran objetivo como es la autorización definitiva y puesta en servicio de la planta regasificadora de El Musel», indicó.

Una oportunidad para el Gobierno

Del mismo partido que el Gobierno autonómico, el portavoz de Industria y Energía del Grupo Socialista en la Junta General del Principado, Jesús Gutiérrez, ha transmitido un mensaje de «prudencia» ante el borrador de la orden ministerial que modifica las condiciones de la subasta de interrumpibilidad, ante el que se ha mostrado escéptico. «Entendemos la preocupación de la industria electrointensiva y de sus trabajadores ante los cambios anunciados por el Ministerio de Energía, que generan inestabilidad en un sector fundamental para la economía asturiana por los empleos y las inversiones que genera», ha indicado Gutiérrez.

El portavoz socialista ha querido trasladar un mensaje de prudencia ante el periodo temporal de adaptación a la normativa europea que se abre hasta junio de 2018. «El Gobierno tiene desde ahora la oportunidad de ir introduciendo mejoras para ir avanzando a un marco estable de la industria electrointensiva, tanto para ampliar la vigencia de la subasta de los paquetes de interrumpibilidad como en lo relativo a los peajes de acceso a la red, como en la fiscalidad que redunde en un precio final de la energía competitivo», ha señalado. El PSOE asturiano espera «con un escepticismo positivo» que el Ministerio recoja todas sus demandas».

El Gobierno autoriza el pago de una indemnización de 5 millones a Galp

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Servimedia.- El Consejo de Ministros autorizó este viernes la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar un crédito extraordinario en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, destinado al pago de una sentencia de la Audiencia Nacional relativa a la indemnización a la empresa Galp Energía España.

El importe de la indemnización es de 5 millones de euros. En concreto, 4,18 millones corresponden al principal de la indemnización y 837.070 euros son en concepto de intereses.

Galp interpuso recurso contencioso-administrativo por daños y perjuicios ante la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del 28 de septiembre de 2009, por la que se actualizó el sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los gases licuados del petróleo envasados.

Castilla y León cree que sería «lamentable» que el Gobierno central no dinamice la provincia de Burgos tras cerrar Garoña

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EFE.– La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha considerado que sería «lamentable» que los ciudadanos de Castilla y León tuvieran que asumir «con sus impuestos» la necesidad de dinamizar la zona de influencia de la central nuclear de Garoña tras su cierre. Del Olmo ha asumido que el Ministerio aún no ha manifestado su voluntad para aportar fondos para reindustrializar una zona como el norte de Burgos, afectada por el cierre de Garoña.

«Mientras no nos digan que sí…», ha dudado Del Olmo, convencida de que el Gobierno debe atender el requerimiento que hicieron unánimemente las Cortes de Castilla y León y que ha trasladado la Junta para tomar medidas de reindustrialización de la zona, una vez que el Gobierno, «auspiciado» por las empresas propietarias de Garoña, anunciaran el cierre definitivo. La consejera ha rechazado que una decisión sobre la que la Junta no ha podido influir suponga que ahora esta administración autonómica tenga que asumir «en solitario» la dinamización económica de una zona como el Valle de Tobalina, al norte de Burgos.

Tudanca arremete contra la Junta

Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha instado a algunos consejeros del ejecutivo autonómico a «quitarse la careta» y a «dejar de jugar con los ciudadanos» en asuntos como la reindustrialización de Garoña. En este sentido, Tudanca acusó a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, de defender y aprobar en las Cortes un plan para la reindustrialización sin contar con el apoyo de su partido a nivel nacional para desarrollarlo, ya que el Ministerio aún no se ha pronunciado sobre si aportará los fondos para abordar este plan.

Nadal admite que el Gobierno está «solo» en la defensa del carbón y pide a los partidos que se definan

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha denunciado la «soledad» del Gobierno en su defensa del carbón dentro del mix energético nacional, por lo que reclamó a las fuerzas políticas que se «definan claramente» y digan «si quieren que el carbón» este dentro de este mix.

En este sentido, Nadal ha anunciado que «no habrá que esperar mucho» para que vea la luz la normativa que impedirá el cierre de las térmicas, si bien han incidido en su deseo de que dicha legislación cuente con «rango de ley». Por ello ha insistido en la necesidad de contar con el apoyo parlamentario «suficiente» para «reforzarla«. De ahí que el responsable ministerial haya insistido en que es el momento en el que las fuerzas políticas deben «definir» si quieren que el carbón forme parte del mix energético. «Nosotros como Gobierno y el Grupo Parlamentario del PP decimos que sí, porque es bueno para productores y consumidores», ha recalcado.

El Gobierno quiere mantener térmicas

No obstante, Nadal ha advertido que, de no lograr esos apoyos, el Gobierno actuará «por su cuenta» y hará «todo lo que pueda» con toda su «capacidad normativa» para mantener la quema del carbón en España, un sector «estratégico» de interés «tanto para productores como consumidores». Así, ha defendido que lo importante «antes que cualquier otra cosa» es que se mantengan las «centrales de carbón» dentro del mix, porque «tiene una enorme utilidad», ya que el carbón ayuda a «moderar precios» y a «diversificar riesgos«.

Por último, Nadal ha querido aclarar que el carbón depende fundamentalmente de la normativa europea y ha explicado que no se puede hablar de quema de carbón autóctono, pues la Unión Europea «no lo permite», pero sí que la quema de este mineral es estratégica en los momentos de «mayor necesidad energética». «Necesitamos apoyos de instituciones a nivel nacional y europeo y de las fuerzas políticas en España y dentro del Parlamento Europeo, y no nos sentimos suficientemente apoyados», insistió.

Avilés, sede de las principales industrias electrointensivas, rechaza que la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad sólo cubra 5 meses

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EFE.- Mientras la concejala de IU de Avilés, Carmen Conde, acusaba al Gobierno central de colocar la espada de Damocles de la deslocalización sobre la cabeza de las grandes consumidoras de la energía eléctrica, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, critica la posible reducción a 5 meses de la duración de los derechos derivados de la subasta de interrumpibilidad y aboga por que exista un marco estable ya que «las empresas tienen que conocer sus costes eléctricos en el medio plazo».

«No me gusta. En la comarca de Avilés siempre hemos pedido al Gobierno que este tema tiene que tener una solución estable en el tiempo y en un medio plazo; no puede ser que cada año estemos en una incertidumbre, y ahora por lo que parece cada menos tiempo «, aseveró. Según indicó, es necesario un marco para la solución energética de las grandes industrias.

La alcaldesa de Avilés ha recalcado que la ciudad asturiana tiene tres grandes industrias, «importantísimas para nuestra comarca que en cierto modo dependen de este sistema». «Lo que hemos venido pidiendo al Gobierno de España durante estos cinco largos años es que tiene que existir un marco estable, las empresas tienen que saber a medio plazo cuáles van a ser sus costes energéticos porque eso repercute en las inversiones y en el mantenimiento de las instalaciones de las empresas«, insistió.

Asturias bajo espada de Damocles

Por su parte, la representante de Izquierda Unida se sumó a las voces sindicales y políticas que critican la reducción a 5 meses del periodo de vigencia del servicio de interrumpibilidad, cuando en los últimos años se venía solicitando justo lo contrario para que las empresas tuvieran margen de maniobra para planificar sus estrategias. Lo considera negativo para una comarca como la de Avilés, que aglutina a 3 de las 5 empresas más electrointensivas de España: ArcelorMittal, AZSA y Alcoa.

«Creemos que hay otras alternativas, pero si la única vía para la adquisición de la energía es la subasta, tendría que ser de dos años como mínimo porque las empresas tienen que tener una previsión de gastos y para que el empleo esté normalizado«, indicó Conde. Por ello, Izquierda Unida pide un mayor compromiso del Gobierno central con la industria «porque está en la inacción y sin previsión de futuro».

El Gobierno desoye a la industria: la próxima subasta de interrumpibilidad solo cubrirá 5 meses en lugar de un año

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como era habitual. Sindicatos y partidos políticos llevan tiempo pidiendo que la subasta de interrumpibilidad vaya más allá del año para dotar de más estabilidad a la industria que se beneficia de los pagos del servicio interrumpible, integrada por empresas grandes consumidoras de electricidad.

Según consta en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el periodo de entrega para el procedimiento de subastas será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Ministerio considera que este plazo es «más adecuado y se ajusta más eficazmente al contexto energético en estos momentos», teniendo en cuenta que se contempla una reforma de los actuales mecanismos de capacidad para adaptarlos a la normativa comunitaria, cuya asignación deberá producirse mediante mecanismos competitivos, «tal y como indica también el informe sobre la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2016», añade. Además, señala que tras la adjudicación de más de 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable, que serán ejecutados en los próximos dos años, se requiere una adaptación de los mecanismos actuales de cobertura y gestionabilidad «en concordancia con los compromisos europeos adquiridos«.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre futura sobre la evolución de las precipitaciones. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de la reducción de potencia. Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. La última subasta de interrumpibilidad, celebrada en noviembre del año pasado, se saldó con un coste total para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, también maneja otros datos sobre los cambios que prevé el Gobierno central para la próxima subasta de la tarifa eléctrica, que tienen que ver con el sistema de pagos del servicio y con las razones por las que Red Eléctrica de España (REE) podría requerir un «apagón». Las medidas gubernamentales podrían tener que ver con la necesidad de ajustar el sistema de concesión del servicio de interrumpibilidad a los criterios que exige la Unión Europea.

Alcoa, ArcelorMittal y AZSA son algunas de las principales beneficiarias de los pagos del servicio de interrumpibilidad. Ante estos cambios, y «con todas las reservas», José Manuel Gómez de la Uz quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Alcoa, a la espera de poder confirmar que la idea del Gobierno central sea la de ganar tiempo para mejorar posteriormente las condiciones del sistema tarifario y lograr el aval de la Unión Europea. Por su parte, fuentes de la multinacional del aluminio aseguraron que están analizando los cambios que se anuncian para la subasta del servicio de interrumpibilidad.

Por otro lado, la sección sindical de UGT en Alcoa considera que los cambios que se apuntan suponen «una falta de compromiso del Gobierno estatal con la industria nacional». El sindicato asegura que se trata de una subasta eléctrica de «transición» para 5 meses mientras termina de confeccionar un marco energético mejor del que hay actualmente para la industria. «La reforma del actual marco energético es una reivindicación sindical que llevamos exigiendo y luchando mucho tiempo», sostiene UGT que, sin embargo, considera que no tiene que haber una subasta transitoria sino un nuevo marco energético que dé estabilidad y competitividad.

Nadal pide no exigir al sector del automóvil ir más rápido que la tecnología en su transición al coche eléctrico

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EFE / Servimedia.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que la industria del automóvil se dirige hacia el coche eléctrico, inteligente y conectado, pero ha pedido no exigir al sector «ir más rápido de lo que la tecnología avanza«. En este sentido, el ministro ve necesario «tener los pies en la tierra, porque ir demasiado tarde genera retraso, pero ir demasiado rápido genera despilfarro y expectativas poco sólidas».

«Está muy bien establecer prohibiciones al motor de combustión, pero todavía queda muchísimo para tener baterías que sean capaces de dar las prestaciones que nos tendrían que dar», ha recordado. Según Nadal, «se ha avanzado muchísimo, pero no al ritmo que a muchos ideológicamente les gustaría«. Ha destacado la importancia de la industria del automóvil y su papel en la nueva revolución digital que vive la industria y en la que el sector del motor está haciendo unas «inversiones enormes».

El sector del automóvil «nació de una gran revolución» y siempre va de la mano de estas grandes revoluciones, ha recordado el ministro durante su intervención. Nadal se ha preguntado también si España sabrá «estar a la altura» de este cambio energético y tecnológico que supone la revolución digital, ya que a su favor tiene ser un país mucho más rico que en las anteriores revoluciones y con una tradición industrial y de conocimiento. «A ver si no vamos a estar a la altura porque otra vez volvemos a los enfrentamientos, las disensiones políticas y los problemas territoriales», ha apuntado.

Situación del sector en Cataluña

Por otro lado, Nadal reconoció que desde el comienzo de la legislatura «las principales empresas de los tres sectores (turístico, energético y telecomunicaciones) que trabajan con el Gobierno han mostrado su preocupación por la deriva que estaba teniendo la situación política en Cataluña y nos lo reiteran en muchas ocasiones». Respecto al funcionamiento de los servicios en dicha comunidad por las huelgas convocadas, Nadal indicó que han estado preocupados por el funcionamiento de todos los servicios, pero «hemos visto que han funcionado a la perfección todos». En este sentido, el ministro comentó que «los servicios tanto energéticos, de gas, electricidad, gasolineras, como también los servicios de telecomunicaciones funcionaron y continúan funcionando a pleno rendimiento sin ninguna incidencia para los usuarios».

Por su parte, el vicepresidente mundial de Compras del Grupo Volkswagen, Francisco Javier García Sanz ha pedido al sector «remar en la misma dirección» y trabajar con el objetivo común de ofrecer a los ciudadanos vehículos más seguros, más limpios y más confortables. En su opinión, el futuro se presenta «cuanto menos prometedor para el sector», por lo que hay que estar preparados para «la cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos«, ha dicho. La automoción se enfrenta a retos para los que es necesario invertir en I+D y apostar por desarrollar tendencias como la industria 4.0 y los sistemas de propulsión alternativos, señaló.

La Junta de Andalucía propone impulsar el eje de transporte eléctrico Caparacena-Baza-La Ribina para cubrir “el mayor hueco del país”

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EFE.- La Junta de Andalucía ha reivindicado al Ministerio de Energía la necesidad de impulsar el eje de transporte eléctrico Caparacena-Baza-La Ribina, una conexión entre Almería y Granada que cubriría el «mayor hueco» de la península y evitaría que el 60% de municipios pierdan proyectos empresariales.

El consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha presentado el trabajo elaborado para justificar, como solicitó el Ministerio de Energía, la necesidad de incluir en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica esta red de las provincias de Granada y Almería. El proyecto supera la década de tramitación y reivindicaciones y, aunque el Gobierno central lo excluyó en 2015, el ministro Álvaro Nadal se comprometió este año con la Junta a incluirlo, tras lo que pidió el informe ya remitido al Ministerio.

El eje para conectar el transporte de energía entre Caparacena y Baza (Granada) y La Ribina (Almería) tendría un coste de unos 139 millones de euros y, según el director de planificación de la Agencia Andaluza de Energía, Jorge Jiménez, cubriría un «hueco enorme, el mayor de la península» en transporte eléctrico. Entre los datos del informe remitido al Gobierno, elaborado con la colaboración de las Diputaciones de Granada y Almería, Carnero ha resaltado que el 62% de los municipios del área hayan perdido proyectos empresariales por la carencia eléctrica.

Ha destacado además que el déficit «es claro y evidente» y se refleja en «una mancha en el sudeste que no es concebible». También ha recalcado que sin energía los municipios afectados no pueden afrontar su desarrollo, del que depende la economía y el empleo. «El 90% de los municipios creen que no tienen condiciones para su desarrollo y el 94% que el eje lo permitirá», desgranó el consejero, que apuntó que la falta de suministro condiciona el desarrollo turístico de zonas como la Costa y la Alpujarra. «Que en 2017 se caiga un proyecto por falta de energía no es de recibo», resumió Carnero.

Una vez que la Junta ha remitido al Gobierno el informe justificativo, el proyecto debe aprobarse en el Consejo de Ministros para sumar los 8 meses de licitación y otros 10 meses de construcción de la red para unir las subestaciones actuales en Granada y Almería. Carnero ha recalcado que a Red Eléctrica «también le interesa» que el proyecto salga y ha destacado la necesidad de aprobarlo antes del próximo diciembre para evitar que caduquen en 2019 los informes de impacto ambiental de empresas como Capital Energy, dispuesta a invertir en la comarca de Baza 400 millones en energía eólica.

El Gobierno carga a los superávits del sistema eléctrico la devolución a las compañías eléctricas por financiar el bono social

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. De esta forma, Energía da cumplimiento a las distintas sentencias y autos que han dado la razón a las eléctricas sobre la forma en la que se ha financiado esta ayuda, cuyo coste ronda los 200 millones de euros anuales.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Secretaría de Estado de Energía dará traslado de esta orden a la CNMC para que proceda a realizar los reintegros a los que se refieren los apartados anteriores. La CNMC deberá enviar al Ministerio de Energía la información sobre las liquidaciones que se realicen. Contra este acto, no cabe la interposición de recurso.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros, a los que habrá que sumar la cantidad correspondiente a 2016. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. Las indemnizaciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros. Así, en 2016, a Endesa le correspondió el 41%; a Iberdrola, el 37,9% y a Gas Natural, el 14,7%, mientras que en 2015 los porcentajes de reparto fueron similares.

En un reciente auto, el Tribunal Supremo ya había estimado que estas indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social debían realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o a las comercializadoras. En un auto de la Sala de lo Contencioso sección 3 del Supremo, el alto tribunal acordó la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

En octubre de 2016,el Tribunal Supremo anuló este sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que debían pagarlo, estimando los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconociendo el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos para 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Por ello, la disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para el año 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Además, todavía están pendientes de fallo judicial las cantidades abonadas en concepto de bono social de 2014, que fueron aplicadas por la orden IET7350/2014 y cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están pendientes de resolverse.

El bono social eléctrico supone un descuento del 25% que se aplica sobre el importe de la factura y de él se benefician determinados colectivos vulnerables, como hogares con un potencia contratada inferior a 3 kilovatios, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados con la pensión mínima. Tras la sentencia del Supremo, el Ministerio de Energía ha venido trabajando en un nuevo modelo de bono social, con un nuevo sistema de financiación, que se va a aprobar, según ha anunciado el titular de este departamento, Álvaro Nadal, en una pocas semanas.

Nadal elude responsabilidades y confirma que la sentencia del Supremo sobre el bono social supone «que lo paguen los consumidores»

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías eléctricas por haber financiado el bono social supone «que lo paguen los consumidores», por lo que el Gobierno analizará las consecuencias jurídicas de la sentencia, si bien la cumplirá a pesar de que la ha recurrido al Tribunal Constitucional para aclarar si la competencia sobre este asunto le corresponde a Luxemburgo o al Supremo.

Así lo ha señalado Nadal, que ha indicado que las sentencias «hay que aplicarlas cuando se emiten», si bien por ahora hay un «incidente de ejecución», y ha recordado que el Gobierno presentó un recurso sobre este asunto al entender que la aplicación de la normativa comunitaria sobre el bono social, utilizada por el alto tribunal para razonar su sentencia, le corresponde al Tribunal de Luxemburgo, al ser «competente para ello», en vez de al Supremo. Una vez que el Tribunal Constitucional haga cuestión prejudicial, Nadal ha indicado que se tendrá que estudiar la aplicación, pero si es una sentencia «evidentemente se tendrá que cumplir».

El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o las comercializadoras. Nadal ha apuntado que el hecho de que la sentencia apunte al sistema eléctrico es «una cuestión que hay que ver», ya que «las responsabilidades del Estado generalmente son presupuestarias, aunque nosotros habilitamos la posibilidad de que lo haga el sistema eléctrico», que, ha añadido, «no es un ente abstracto», sino «todos los consumidores». Esto «quiere decir que lo paguen consumidores, por eso queremos ver las consecuencias jurídicas de esto», ha añadido.

Nadal anunció también que la aprobación del nuevo bono social eléctrico «está a punto ya de aprobarse» y es «inminente», ya que solo queda el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), que se prevé que no tarde «mucho», tras lo que se iniciará su tramitación definitiva. En este sentido, ha destacado que supondrá un «cambio importante» porque se hará en función del nivel de renta, para lo que ha sido «fundamental» la colaboración del Ministerio de Hacienda y principalmente de Empleo, ya que se aplicarán los mismos «esquemas y procedimientos» que para otro tipo de prestaciones, como la ayuda del Plan Prepara para desempleados.

Asimismo, ha explicado que se va a establecer un periodo transitorio de 6 meses, en el que todos los usuarios van a mantener su descuento,  «para que todo el mundo se adapte al nuevo sistema», aunque «será una realidad el bono social, ya muy en breve plazo, para aplicarse desde este invierno». Concretamente, ha detallado que la verificación de los niveles de rentas se llevará a cabo a través de un sistema informático similar al de otro tipo de prestaciones en las oficinas de empleo.

Preguntado por el sistema de fijación de precios de la electricidad, Nadal ha subrayado que depende de lo que cuesta producir la energía, en función de la meteorología y el precio del petróleo, y aparte están las decisiones políticas, que suponen unos 11.000 millones de euros del coste total de 33.000 millones de euros del sistema eléctrico. El titular de Energía criticó las decisiones políticas «del pasado» que encarecieron el coste y heredaron los distintos gobiernos, que «no se pueden eliminar de un día para otro», sino acometer reformas como la llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En este sentido, abogó por un mix energético «adecuado, que sea barato y cumpla con los objetivos medioambientales», lo que se está intentando conseguir con las subastas de renovables, que «entran en el mercado, no tienen prima y al mismo tiempo compiten, por lo que ayudan a mejorar el precio y el medio ambiente«. No obstante, para Nadal es necesario que el mix «piense en el consumidor y el precio y no solo el medioambiente», y principalmente que no se tomen decisiones de orden político que «están muy bien anunciarlas, pero van directamente al recibo».