Publica El País una entrevista con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, realizada por Miguel Ángel Noceda. Evidentemente se trata de una entrevista ad hoc con motivo del conflicto abierto con la solicitud de cierre de las centrales de carbón por parte de sus empresas titulares, convertido actualmente en el principal caballo de batalla en el ámbito energético en España. Entrevista en la que Nadal reniega que el Decreto presentado sea una respuesta a la reciente solicitud de Iberdrola que algunos medios denominan un «reto al Gobierno» o, como diría el ministro, a la «política».

El ministro Nadal consigue colocar un titular La política energética la hace el Gobierno, no las empresas, reclamando la capacidad de la política para decidir, hacer y deshacer, vía normativa, el marco legal apelando a la «política» en el mismo sentido que utilizan Pablo Iglesias y los retroprogresivos: un modo de pensamiento que confiere todo el poder a la «política” ganadora de unas elecciones y elevada hacia el Gobierno, ante el que los agentes económicos, entre ellos las empresas, están concebidos para ser unos meros brazos armados ejecutores, más allá de su naturaleza empresarial. Potestad que emerge como una amenaza sotovoce de nacionalización de las empresas o de sus activos como han recogido ciertos medios.

Por ello, especialmente en el campo energético, sería preciso distinguir entre política (como proceso de ejercicio de autoridad en la toma de decisiones ejecutivas desde el ámbito del Gobierno, el Parlamento y los organismos reguladores), política (como conjunto de miembros de la clase política y dirigente) y políticas como definición clara de las estrategias que un país se plantea hacia el futuro para organizar una actividad, en un marco jurídico y de gobernanza compartido (en este caso, en la energía y, concretamente, en la electricidad) para conseguir el «bien común». Dicha distinción no es una cuestión menor, puesto que el ministro Nadal mezcla en sus declaraciones intencionalmente estos tres conceptos.

Partamos del hecho de que, en realidad, España no tiene políticas energéticas, que es lo que se trata. Cuestión que, evidentemente, si que le corresponde al Gobierno y, obviamente, a la representación política. Definir un marco completo y predecible dónde actúen los agentes. No tiene un esquema de transición energética, unos objetivos estratégicos de los que se deriven unos objetivos intermedios y finalistas para su consecución, con unas acciones asociadas a los mismos, y que garantice una definición, entre otras muchas cosas, del mix de generación o de los mecanismos estratégicos de potencia de reserva.

Tampoco se define el modelo de gobernanza empresarial, el modelo de mercado (de generación y de comercialización), de precios, tarifas y de competencia en las distintas actividades, el modelo de costes regulados, así como el esquema de ajuste a las directivas y directrices europeas. Por no tener, no tiene ni convicciones concretas, ni una visión integrada de todos los sectores energéticos (inclusive transporte, gas e hidrocarburos) además de evidenciar en muchas ocasiones una contraprogramación entre Energía y Medio Ambiente como se ha podido comprobar durante la reciente Cumbre de Bonn.

Tampoco existe un proceso político en su sentido estricto como mecanismo fiable de elaboración de una política energética, en el sentido de las políticas, basado en el ajuste al Derecho comunitario y al Derecho español, una traslación de los objetivos definidos de forma clara en el ámbito de dónde se ejerce la representación política, esto es en el Parlamento y, como decantación, un mecanismo transparente de estudio, análisis, participación y negociación con los agentes sectoriales.

Realmente, lo que existe en la electricidad es una tenaz lucha de sumo para el control de sus precios eléctricos a efectos de la opinión pública, con los procesos electorales en el punto de mira, que lleva a la congelación de los costes de acceso (aunque aumenten los elementos que lo conforman, como los pagos por interrumpibilidad, y se «intensifiquen» las relaciones cruzadas entre sus componentes, como en el caso de las tarifas de acceso por potencia para favorecer los «compromisos políticos» autonómicos del Ejecutivo). Y todo los demás, son expresiones ambiguas, genéricas y lugares comunes sobre el triángulo economía, medioambiente y seguridad de suministro.

Por lo demás, lo que el ministro reclama es el ejercicio de la autoridad política de forma discrecional y arbitraria, sin limitaciones.  Algo mucho más líquido, incluso en su relación con el Parlamento. Si hay que cambiar una norma previamente aprobada para absorber el déficit tarifario, se cambia, si con eso se compensan o enjuagan los costes de acceso para no subir los precios. Si hay que introducir nuevos mecanismos que afecten a la libertad de establecimiento de los agentes, se interviene. Nadal lo que quiere es una carta blanca y a todos los agentes del sistema eléctrico a su disposición. Eso es a lo que el ministro denomina «política».