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El Gobierno congelará en 2018 la parte regulada del recibo de la luz mientras defiende los creadores de mercado gasista

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha defendido las medidas del Gobierno para obligar a los grandes operadores del gas, como Gas Natural y Endesa, a participar en el mercado mayorista del gas durante todo el año para acumularlo en sus almacenes y poder utilizarlo durante el invierno. Asimismo, Nadal anunció que el Gobierno congelará en 2018, por cuarto año consecutivo, la parte regulada del recibo de la luz, los denominados peajes eléctricos, que representan aproximadamente un 60% del recibo.

«Para 2018 vamos a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno», ha anunciado Nadal, que ha señalado que con la congelación de ese 60% que suponen los peajes se pretende mantener el precio de la factura eléctrica. Nadal ha señalado que el resto de la factura depende del coste de la energía, donde influyen el precio del petróleo y el resto de materias primas y también la meteorología. Así, Nadal ha recordado que el Gobierno ha congelado la parte fija del recibo en los últimos tres años y que bajó un 2,8% la regulada en 2015.

Acumular gas durante el año

Nadal ha recordado que el precio de la electricidad está liberalizado y el Gobierno solo puede actuar sobre la parte regulada del recibo. De cara al invierno, el Ejecutivo ha aprobado un paquete de medidas con las que se pretende acumular gas cuando es más barato para usarlo en los momentos más fríos del año, para lo que se ha creado el operador obligatorio del mercado del gas, que en este caso serán Gas Natural y Endesa, para impulsar los intercambios de esta materia prima.

El ministro ha señalado que tras la última reforma del sector energético, siempre que haya condiciones meteorológicas que propicien la generación hidroeléctrica y el viento, la electricidad será más barata. Asimismo, resaltó que cuando España haya pagado las hipotecas que acumula y que no tienen otros países europeos, una de 7.000 millones anuales por la instalación de renovables en el pasado a precios «altísimos» y otra de 2.500 millones al año por el déficit de tarifa acumulado, habrá un precio más bajo de la electricidad.

Defiende el mercado eléctrico español

El ministro ha recordado que durante el invierno el precio del gas aumenta debido a que en el hemisferio Norte «todos los países compran gas», por lo que defiende las medidas que ha tomado el Gobierno para obligar a los operadores de gas a acumularlo. El creador de mercado es una figura que el Gobierno introdujo este año y que existe tanto en los mercados de gas europeos como en los financieros, que actúa vendiendo y comprando de manera continuada y asegurando que hay capacidad de responder a las peticiones de otros operadores en todo momento para evitar que surjan situaciones en que el número de oferentes o demandantes en el mercado sea temporalmente insuficiente.

Por otro lado, ha reprochado a Podemos que solicite el cierre de centrales de carbón, cuando esa medida subiría el precio de la luz en un 40%, y les ha acusado de enviar «mensajes de color de rosa que al final pagaría el consumidor, la competitividad industrial y los puestos de trabajo». Finalmente, el ministro ha resaltado que el mercado eléctrico español «no es el más caro». «Ahora tenemos precios eléctricos mucho mejores que otros países como Francia, Reino Unido o Italia», ha añadido, para recordar que el mercado español funciona de la misma manera que 24 de los 28 países de la Unión Europea.

A toque de corneta

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Europa Press.- El nuevo frente jurídico que se abre para el Ministerio de Energía a cuenta del mercado organizado del gas contribuye a agrandar la fama de judicialización permanente y constante que precede al sector energético español. Un frente abierto con la admisión a trámite del recurso de Gas Natural Fenosa contra la reciente resolución de la Secretaria de Estado de Energía para forzar a esta empresa y a Endesa, como operadores dominantes de este hidrocarburo en España, a ser creadores obligatorios de mercado (market makers) en el mercado organizado del gas (Mibgas).

La legislación permite que el Gobierno marque las obligaciones de creador de mercado a los operadores dominantes, aunque únicamente de forma complementaria o adicional a los creadores de mercado voluntarios. Para ello, según la normativa previa, debe constatarse que el Mibgas careciese de liquidez y que no hubiera operadores voluntarios dispuestos a aportarla, antes de poner en marcha este mecanismo obligatorio. En 2017, esta actividad ha sido realizada por Gunvor Internacional y Axpo Iberia. El hecho es que el Gobierno, con esta resolución, aumenta además la obligación por un período de 4 años a los agentes financieros interesados en ejercer voluntariamente de creadores de mercado.

En concreto, Energía quiere que los operadores dispongan en cualquier momento de un volumen de gas negociado suficiente para cubrir sus necesidades. Consecuentemente, estas empresas adquieren como obligación presentar en este mercado ofertas de compra y venta por un volumen de gas fijado por el Ministerio de Energía. Con esta medida, el Gobierno pretende abaratar y aumentar el grado de aprovisionamiento del gas para las centrales de ciclo combinado, intentando cubrirse de la evolución de los precios internacionales que se producen en este hidrocarburo en los momentos de mayor demanda, de forma que su disponibilidad se traduzca en menores precios de la electricidad en el mercado mayorista eléctrico, en momentos de picos de demanda o de falta de generación renovable.

La medida pretende aumentar la liquidez en el mercado organizado del gas, un mercado que comenzó a funcionar en diciembre de 2015 y en el que en la actualidad se negocia un 3,7% de la demanda nacional de gas, aunque en momentos puntales como octubre llegó al 6,3% de la demanda mensual nacional. En lo que se refiere a precios, también busca marcar un precio referencia de este hidrocarburo y forzar su transparencia frente al registrado en los pactos bilaterales de aprovisionamiento. Conocer esos contratos y sus precios siempre ha sido un oscuro objeto del deseo de la Administración, en su voluntad de intervención en la actividad de las empresas.

Ojo a los riesgos financieros

Por su parte, Energía se defiende antes de que su pretensión pueda interpretarse como un intento de bajada artificial de los precios, en la medida en que esto sería ir en contra de la normativa europea, aunque sea el driver más reconocible de la política de este Ministerio. En su lugar, señala que el objetivo es «mejorar el funcionamiento de los mercados para evitar los momentos puntas en los precios».

Desde el sector se advierte de la posible vulnerabilidad derivada de la entrada en competición con los traders internacionales, lo que conlleva más riesgos financieros para las empresas. El papel de estos traders internacionales podría presionar a los precios del gas que tendrían que satisfacer los operadores obligatorios, con la imposición legal de comprar y vender para ofrecer determinados volúmenes. Según distintos medios de comunicación, Gas Natural Fenosa, estaría preparando ya un equipo profesional especializado para operar en estas condiciones.

También argumentan desde el sector que el componente principal de los precios del gas son las oscilaciones del mercado internacional y aseguran que la variación del precio que pagan los consumidores en sus facturas del gas no depende de los creadores de mercado. Es decir que su efecto pretendido va a ser escaso. Por ello, consideran la medida innecesaria, desproporcionada y no adecuada para conseguir esta pretensión. En su lugar, desde el sector se defiende como alternativa establecer un modelo que incentive a planificar el almacenamiento más que imponer estas obligaciones por un período tan largo a los operadores empresariales.

Por tanto, la conclusión es que Energía fuerza la obligatoriedad de la actuación de las empresas a las crisis coyunturales. Con Nadal al frente del Ministerio, el sector energético camina hacia la intervención permanente, que se materializará de forma diferente en cada una de las actividades del mismo. Una intervención donde el fin justifica los medios, desde el ejercicio coactivo de la obligatoriedad, el tratar de esquivar la normativa europea o superar las funciones de los agentes y operadores privados.

En este sentido, el conflicto relativo a los operadores obligatorios del mercado gasista comparte con el conflicto derivado de la solicitud de cierre de las centrales de carbón la concepción del Ejecutivo de que las empresas deben ser sujetos al servicio de la política (que no de las políticas, dado que no existen, más allá de todos los virajes cortoplacistas dedicados a contener los precios de la electricidad, sin atreverse a evaluar qué partes de la tarifa deberían estar en los Presupuestos). Y ahí seguimos.

Nadal asevera que la política es la que debe decidir qué térmicas o ciclos se cierran y no las empresas

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha revelado que algunas compañías eléctricas han solicitado no solo el cierre de centrales nucleares o de carbón, sino también de ciclos combinados de gas. En este sentido, Nadal asevera que la política es la que debe decidir qué centrales térmicas se cierran o no. «No estoy de acuerdo en que lo decidan las empresas y punto», ha asentido.

«Hay a quienes les interesa retirar las ofertas energéticas del carbón porque son más baratas que las del gas para que suba el precio», ha subrayado Nadal, tras recordarle a la senadora del grupo socialista, Rosa María Aldea, que el PSOE «se está aliando con aquellas eléctricas que quieren subir el precio y que se está posicionando en contra del consumidor por motivos ideológicos«. En esta línea, ha recriminado al Grupo Socialista que no haya mostrado su apoyo para impulsar una normativa que sería «más fuerte» si tuviese rango de ley. Además, Nadal ha recordado que está defendiendo estas centrales porque «son útiles para el consumidor» y que está haciendo «todo lo que puede» sin la ayuda de los socialistas.

«Las centrales térmicas son buenas para España», ha apostillado Nadal tras asegurar que el cierre de las térmicas es «un problema muy serio» porque va a acabar subiendo el precio si el Gobierno no gana «la batalla» a las empresas que apuestan por cerrar plantas térmicas. El Ministerio activó recientemente un decreto para regular el cierre de las centrales eléctricas en España, que tendrá carácter retroactivo, y que debe ser «compatible con los objetivos en materia de seguridad del suministro, sostenibilidad y precio de la energía». La senadora del grupo socialista, por su parte, considera que este decreto es «insuficiente» y que «no despeja las dudas sobre el futuro del sector ni responde al problema», aunque «sí que mete dudas».

Cierre de ciclos de gas

«Tenemos numerosas peticiones de cierre de centrales, no solo de carbón, también de gas», desveló Nadal, que señaló que la intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos«. Nadal ha explicado que mediante este real decreto se pretende adoptar una serie de medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional. Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica son «coherentes» con los instrumentos de planificación energética.

«Pongamos que una compañía quiere cerrar una central argumentando que no es rentable. El decreto nos permite analizar si esa central es necesaria para mantener el suministro, si el cierre es adecuado por motivos medioambientales o de precio o bien si otro agente quiere encargarse de ella. Unos pueden tener sus estrategias empresariales, pero el Gobierno tiene que controlar que esto se hace bien», señaló.

A este respecto, ha abogado por tratar de mantener en el mix energético las tecnologías que son baratas, como la nuclear, que no genera CO2, o el carbón, y aseguró que el cierre de las centrales nucleares encarecería el precio de la tarifa eléctrica un 25%, mientras que la clausura de las centrales térmicas de carbón supondría un sobreprecio del 15% en las horas punta, es decir, en los días más fríos del invierno o en los más calurosos del verano. Nadal recordó que con condiciones meteorológicas que propicien la generación hidrológica y el viento, la electricidad es más barata.

Respecto al sector de hidrocarburos, ha explicado que el precio del barril de petróleo se ha asentado en los 60 dólares debido al acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí, lo que se traduce en un incremento en los precios de los carburantes, si bien en España el impacto llega «escalonado», además de que el Gobierno «vigila mucho» los márgenes de comercialización que tienen las petroleras.

En gas, explicó, ocurre algo similar, al estar indexado al precio del crudo, y en los derivados como el butano, pese a la subida del 2,1% de la última revisión, el precio de la bombona se sitúa en 14,45 euros, muy por debajo de los 25 euros que cuesta en Francia o los 33 de Alemania. La actual fórmula de precios de la bombona hace que no se hayan repercutido las subidas de la materia prima con toda su intensidad.

La CNMC, el Defensor del Pueblo e Hispacoop critican la venta a puerta fría de electricidad, analizada por el Ministerio

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Defensor del Pueblo y la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) han criticado las prácticas de venta a puerta fría de las comercializadoras energéticas, una problemática que ya ha sido abordada por el Ministerio de Energía. Asimismo, los ponentes han puesto de manifiesto que las ventas puerta a puerta son problemáticas, ya que en ocasiones incluyen prácticas abusivas y engañosas aprovechándose de los clientes más vulnerables.

El subdirector de energía eléctrica de la Secretaría de Estado de Energía, Santiago Caravantes, ha incidido en que en el Ministerio se han abordado en varias ocasiones los problemas que conlleva la venta puerta a puerta, pero no han llegado a una solución definitiva. Preguntado por si es posible prohibir este tipo de prácticas, ha señalado que «poder se puede», pero incidió en que tiene que ser con algún argumento legal, ya que prohibir a una empresa un modo de contratación es «una medida agresiva».

Por su parte, el director de Energía de la CNMC, Fernando Hernández, ha apuntado que una alternativa a la prohibición es que exista un «control de calidad» de las fuerzas de ventas de las comercializadoras y dar al consumidor una información «clara» que le permita comparar fácilmente las ofertas de las compañías. En este sentido, Caravantes avanzó que en el Ministerio están analizando también de qué forma los clientes pueden comparar los diferentes tipos de contrato, pero ha incidido en la complejidad de los precios de la energía, que cambian en función de múltiples variables.

Por su parte, Carmen Redondo, del Departamento de Relaciones Institucionales de Hispacoop, ha criticado que los métodos de ventas de las empresas por teléfono y, sobre todo, a través de puerta fría son «muy agresivos y a veces engañosos», al mismo tiempo que no cumplen con algunas exigencias que ya contempla la legislación con la información precontractual. En este contexto, ha demandado medidas para regular este tipo de prácticas, especialmente para proteger a los clientes más vulnerables, a los que se les hace contratar servicios adicionales que no desean y que no tiene la capacidad suficiente para reclamar. «Hay que ir mucho más allá que automatizar el desistimiento», ha incidido.

Sobre la posibilidad de que el sector cree una autoregulación en este campo, Caravantes ha añadido que en el Ministerio les consta que algunas empresas están trabajando internamente en modelos que lleven a una «mejora significativa» de esta situación. Sin embargo, Hernández se ha mostrado escéptico sobre el éxito de esta vía, ya que ha recordado que en 2015 la CNMC elaboró un decálogo de recomendaciones para las comercializadoras al que, dos años después, las empresas no han respondido. Por ello añadió que, si no funciona, parece que no queda otra opción que incluir una mayor regulación, tarea que en el sector energético le corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que permita mayor transparencia en la contratación.

Otras de las cuestiones abordadas en la mesa ha sido la confusión que genera la dificultad que tienen los consumidores para diferenciar las empresas que ofrecen suministro en el mercado libre de las que lo hacen a través de modalidad regulada, ya que compañías del mismo grupo tiene denominaciones prácticamente idénticas. Carmen Lence, de la Oficina del Defensor del Pueblo, ha incidido en que a veces estas empresas sólo se distinguen a través de unas siglas que no son fácilmente interpretables, por lo que tanto ella como Redondo han propuesto que se diseñen facturas que permitan diferenciar «de un solo vistazo» ambos tipos de empresas.

En este sentido, Hernández también ha incidido en la necesidad de que el cliente pueda diferenciar a la distribuidora de electricidad de la comercializadora, para lo cual haría falta una separación mas «clara y contundente» del nombre, la imagen o el logo. Así, ha añadido que, aunque no está claro que esto sea motivo de sanción, es un problema que existe. Asimismo, Lence abogó por analizar cuánto gana una empresa por prácticas como pasar a un consumidor al mercado libre sin su consentimiento y si le compensa pese a las multas que se le puedan imponer por saltarse la ley.

Por otro lado, Caravantes ha remarcado que todavía queda camino por recorrer en la reforma del sector eléctrico, ya que hasta ahora la regulación ha estado enfocada en corregir los desequilibrios y la parte regulada de la factura. En este sentido, ha agregado que queda abordar lo relacionado con el suministro y ha reconocido que el marco vigente es «mejorable», tanto en la parte de gas como de electricidad, y se está analizando la situación desde el Ministerio para tramitar los cambios que sean necesarios.

Nadal señala la importancia de mantener las centrales nucleares para que pervivan las de carbón

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, resaltó la importancia de mantener las centrales nucleares en funcionamiento, por su condición de tecnología de generación en emisiones, para tener más margen para mantener las que usan el carbón. Sin embargo, terminar con ambos tipos de energía en la producción en España, la nuclear y la térmica, algo que piden algunas fuerzas políticas, sólo significará que suba el precio de la electricidad, algo que, además, tendrá consecuencias negativas para las industrias grandes consumidoras.

«Vamos a introducir energías renovables y mejorar la eficiencia energética; tenemos que hacer compatible el sistema con las obligaciones de emisiones de CO2. La energía nuclear no emite CO2, por lo que tienes mucho más margen para las térmicas», ha señalado. Nadal ha explicado que el debate político sobre el modelo energético no es menor y se ha referido a la situación en Alemania, donde no se han puesto de acuerdo en cuestiones como el mix energético y se ha roto la coalición de gobierno.

Fijar precios a las electrointensivas

El ministro de Energía ha querido también pedir públicamente a la Comisión Europea unos «criterios claros» a la hora de acordar un sistema para fijar precios para industrias electrointensivas. Nadal también ha sido preguntado por la decisión de Iberdrola de cerrar la central térmica de Lada, en el municipio asturiano de Langreo. Teniendo en cuenta que este tipo de decisiones, con cierres de plantas, puede influir en el mix nacional y en los precios, Nadal defendió la necesidad de adoptar decisiones políticas a este respecto.

Así, el ministro ha explicado que el Gobierno de España trabaja en la elaboración de un Real Decreto que obligue a toda aquella empresa del sector energético que quiera cerrar una planta, sea térmica o no, a probar que la misma no es viable económicamente. «Puede que le interese cerrar por una decisión estratégica para que suba el precio», ha señalado, antes de decir que la mejor forma de probar que la empresa es rentable es que haya compradores interesados.

El precio de la bombona de butano sube un 2,1%, hasta los 14,45 euros

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Europa Press.- El precio medio de la bombona de butano ha subido un 2,1%, tras la caída de casi el 5% registrada en su última revisión, según una resolución de la Dirección General de Política Energética publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona con impuestos se situará en 14,45 euros, frente a los 14,15 euros del bimestre anterior.

De esta manera, el precio máximo de la bombona retoma la tendencia alcista, cortada en el bimestre anterior, que le había llevado a acumular una subida del 32% desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja. Desde julio de 2016 se había registrado un incremento en el precio de la bombona debido a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, el butano llegó a acumular 6 revisiones bimestrales al alza con respecto al nivel fijado por el Gobierno.

Este incremento en el precio de la bombona se produce tras la caída de casi el 5% en septiembre y las subidas del 5% en julio, mayo, marzo y enero de este año, del 4,7% en noviembre de 2016 y del 4% en septiembre del ejercicio pasado. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y marzo de 2016. En enero de 2016, el precio aumentó un 3%. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos.

El gas licuado por canalización sube un 1,2% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subió un 1,2%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Concretamente, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se situó en 82,0534 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 81,0564 céntimos previos.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subió un 1,5%, desde los 66,4776 céntimos por kilogramo de octubre hasta 67,4746 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

La Fundación Renovables considera «inadmisible» que el Gobierno ponga trabas a las compañías eléctricas para no cerrar centrales de carbón

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Europa Press.- La Fundación Renovables rechaza la decisión del Gobierno de endurecer las condiciones para el cierre de plantas eléctricas y tachó de «inadmisible» que el Ejecutivo trate de evitar el cierre de las centrales de carbón en lugar de comprometerse a eliminar este combustible de la generación energética antes de 2030, en el marco de la Cumbre del Clima (COP23) que acogió Bonn (Alemania) y la solicitud de Iberdrola de cerrar sus centrales térmicas en España.

«Es inadmisible que, lejos de formar parte de la lista de países que han sellado la alianza global por la que se comprometen a eliminar el carbón de la generación energética antes de 2030, el Gobierno español esté poniendo todo tipo trabas para evitar el cierre del carbón», ha lamentado. En este sentido, la Fundación Renovables ha reclamado al Gobierno «coherencia y responsabilidad» ante el desafío climático y que adopte una política energética sostenible «con la mirada puesta en el horizonte de un 2050 100% renovable y con emisiones cero». La Fundación Renovables considera que con las nuevas condiciones para el cierre que se pretende establecer se «vuelve a dar la espalda a cualquier planificación de un futuro sin emisiones».

Según la Fundación, Bonn envió una «clara señal» de que las dinámicas globales se están alejando del carbón. «Nuestro país no puede seguir desoyendo esas señales, por oportunidad y conveniencia para el clima y también para nuestra economía», ha afirmado. Así, ha destacado que España cuenta con la tecnología, el conocimiento y la experiencia para estar en la vanguardia del cambio hacia una sociedad descarbonizada, por lo que apunta que solo falta «la voluntad política».

Por ello, la organización manifiesta su «total rechazo» al borrador de real decreto lanzado por el Ministerio de Energía, que hace retroactiva la ley de clausura del carbón «con el fin de vetar los planes de las eléctricas». Con esta postura, la Fundación Renovables cree que el Gobierno, «en vez de planificar un futuro sin emisiones, eficiente y renovable, se reafirma en su fósil postura y decide intervenir contra natura para mantener un parque de generación que ni los propietarios de las centrales quieren, estableciendo mecanismos de subasta carentes de cualquier tipo de sentido o planificación y abriendo la puerta a un esquema de compensación si nadie adquiere las centrales».

Nadal quiere mantener el carbón

Así, la organización ve «inadmisible que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegure que España está en la senda de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones a 2020, mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, mantiene un pulso con las eléctricas por mantener activas las centrales más contaminantes». Además, pide al Gobierno que lleve a cabo «una verdadera reforma» en la que se establezcan los precios reales para cada tecnología de acuerdo a los criterios de «no dependencia, sostenibilidad y eficiencia».

Iberdrola solicitó el 10 de noviembre al Ministerio de Energía el cierre de las plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), que suman una potencia conjunta de 874 megavatios (MW), una decisión con la que completará el proceso de clausura de todas sus centrales de carbón en el mundo. La compañía enmarcó esta decisión dentro de su apuesta por las energías limpias y por acelerar su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007.

Tres días después, el Ministerio de Energía activó el decreto por el que regula el cierre de centrales eléctricas en España, con el que pretende asegurar que las decisiones de cierre sean «coherentes con los instrumentos de planificación energética». A diferencia del régimen anterior, que sólo contempla la seguridad del suministro, este reglamento también valorará la coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y climáticos, así como su efecto sobre los precios y la competencia del mercado eléctrico. De esta manera, el Gobierno denegará el cierre de una instalación cuando considere que amenaza a la seguridad de suministro energético o del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad.

El Gobierno aprueba ayudas de 25 millones de euros para la restauración medioambiental tras el cierre de minas de carbón

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) la convocatoria correspondiente a 2017 de las ayudas destinadas a cubrir costes excepcionales derivados de la clausura de instalaciones y la restauración del espacio natural a causa del cierre de minas de carbón por importe máximo de 25 millones de euros.

Se consideran costes excepcionales las obras adicionales de seguridad en el interior de la mina, los daños provocados por la actividad minera, la rehabilitación de las antiguas zonas de extracción de carbón y los costes de nueva puesta en cultivo de la superficie, indicó el Ministerio de Energía. De esta manera, podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas que figuran en el Plan de Cierre para la minería del carbón no competitiva que hayan cerrado o estén cerrando unidades de producción. Además, se exige haber obtenido la autorización por parte de la autoridad minera competente del proyecto de abandono definitivo de las labores mineras y el proyecto definitivo de cierre y clausura de las instalaciones.

Nadal defiende el modelo energético para evitar que se disparen los precios mientras Tejerina resalta el compromiso con la descarbonización

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Europa Press.- La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha reiterado que «todos hemos asumido el compromiso de descarbonizarnos», pero admitió que el problema «es el calendario para cumplir con el medio ambiente y evitar perjudicar el desarrollo económico». Asimismo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, defendió el actual modelo energético, en el que se incluya tanto la energía nuclear como la térmica, para evitar que se disparen los precios. «No nos podemos permitir no tener energía nuclear o carbón», sentenció.

Por otro lado, Álvaro Nadal ha señalado que la política energética «es básica» para la fortaleza del sector industrial, si bien ha precisado que debe ser una política «equilibrada», que evite situaciones de déficit y mantenga unos costes que favorezcan la competitividad de la economía. En el caso de la energía nuclear, indicó que si ahora se cerrasen todas las centrales españolas se produciría una subida de los precios del 40% y ha asegurado que la única alternativa sería la energía que produce emisiones de CO2, a la vez que ha recalcado que el carbón es más barato que el gas. Por ello, ha reiterado la importancia de esperar hasta que la tecnología permita realizar los cambios que sean oportunos.

Por su parte, respecto al cierre de las centrales de carbón y el cumplimiento de los plazos, García Tejerina ha garantizado que por parte de España «no se va a incumplir, sino al revés». En esta cuestión, Tejerina se ha mostrado convencida de que «el medio ambiente manda» aunque admitió que en el «mix energético es muy importante la seguridad del suministro y el precio.

Ha recordado, asimismo, que en el caso de España el carbón «es una energía de apoyo, cosa que no sucede con el agua y el viento», y que España «ha tenido un 50% de producción hidroeléctrica y un 10% menos de viento. Ha mencionado, asimismo, los objetivos de energías renovables en los «España va muy delante de los objetivos y mejor que Francia y Alemania».