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Nadal garantiza que el aumento de generación eléctrica se hará con renovables y pide mantener las plantas térmicas

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, asegura que todo el incremento de generación eléctrica que se realice en España se llevará a cabo con energías renovables al ayudar en la lucha contra el cambio climático y al control de los precios, si bien ha insistido en la necesidad de mantener las centrales térmicas como respaldo a las renovables.

Nadal ha abogado por mantener el actual mix de generación, basado en el reparto de la producción de energía eléctrica entre las distintas tecnologías (nuclear, carbón, gas, renovables y agua), ante la necesidad de mantener las centrales térmicas cuando no hay viento o sol». Nadal explicó que su estrategia pasa por «cumplir los acuerdos medioambientales y a partir de ahí hacer todo lo posible para contener el precio» ya que España «se juega muchísimo» con su política energética, por lo que «no se puede volver a hacer una política energética sin pensar en el precio«.

De esta forma, ha defendido la importancia de contar con todo el mix energético y ha recalcado que «ningún país del mundo quita simultáneamente la energía nuclear y el carbón», por lo que ve necesaria mantener ambas, ya que además la primera no emite CO2 y la segunda es más barata, sin perjuicio de que se producirá con energía hidráulica «siempre que se pueda». Además, ha afirmado que todo lo que sea incremento del mix se hará con renovables porque contribuye a la lucha contra el cambio climático, la consecución de los objetivos medioambientales y al control de los precios.

Ante las críticas del senador socialista Ángel Manuel Mato sobre el procedimiento para cerrar las centrales térmicas, Nadal le ha reprochado que desde el PSOE no hayan querido pactar «nada» y que tengan como política «cerrar el carbón y la nuclear». A este respecto, ha recordado que el Gobierno socialista decidió en 2010 el fin de las ayudas al carbón, motivo por el que el Ejecutivo de Rajoy ha tenido que «ajustar el sector en función de lo que se firmó». No obstante, aseveró que se ha ejecutado un proceso de forma «gradual», ajustando de «la mejor manera posible» y para que sufriesen lo menos posible» las cuencas tras la decisión de cierre en 2010.

Sobre el precio de la energía eléctrica ha defendido que gracias a la reforma energética los precios han bajado para los consumidores industriales y se ha mantenido «constante», convergiendo con los precios europeos, para los consumidores domésticos. En este sentido, criticó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no tuviese «paciencia» y se concediesen primas «extraordinarias» a las renovables hasta llegar a representar la mitad de las energías limpias del mundo, a un precio de 490 euros por megavatio hora, frente a los 50 euros con los que entran a mercado en la actualidad.

Según Nadal, sin la reforma del sector energético, impulsada por el Gobierno del PP, el recibo de la luz habría subido un 42% para familias y empresas, y aunque reconoció «cierto grado de conflictividad» derivado de la reforma, subrayó que es «muchísimo menos» de lo que han ahorrado los consumidores españoles con la reforma. Así, ha recordado que de 3 arbitrajes internacionales, 2 los ha ganado el Estado español y uno ha sido perdido pero recurrido. «Si todo saliese mal, sería un año de ahorro de la reforma, los otros 24 años de ahorro son para los consumidores. Había que hacerlo, se hizo y ha salido razonablemente bien», ha apostillado.

Por otra parte, sobre el posible incumplimiento del objetivo medioambiental, Nadal ha afirmado que España es el único país grande de la Unión Europea que va a alcanzar el objetivo del 20% de renovables fijado para 2020, ya que tras las subastas renovables se sitúa en el 19,6%, mientras que Francia se encuentra a «años luz» de cumplir su objetivo, así como Alemania (17%), Italia (17%) o Reino Unido (15%).

El senador socialista Ángel Manuel Mato calificó de «errática» la política energética del Gobierno y denuncia que la energía renovable que «frena el PP» abarataría el precio de la luz en un contexto en el que la pobreza energética «sigue instalada«. «La ciudadanía sigue pagando los efectos» de unos precios «más caros de la Unión Europea», apuntó Mato, a lo que Nadal le respondió que su intención es bajar el precio de la luz porque «cada euro en luz es un euro menos en salarios».

Nadal asegura que cerrar las nucleares y el carbón tendría «un coste estratosférico” y advierte que ningún país lo hace

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que cerrar las centrales nucleares y de carbón, como defienden fuerzas políticas como el PSOE o Podemos, tendría «un coste estratosférico» para el conjunto del sistema y es algo que «en ningún país del mundo se está haciendo».

Nadal ha subrayado que el cierre de las centrales nucleares supondría una subida del 25% en el precio mayorista de la electricidad, mientras que si se quita el carbón en fechas de punta de consumo (los días más fríos del invierno y los más calurosos del verano) sería otro 15% más de incremento. El titular de Energía defendió el decreto para endurecer el cierre de centrales eléctricas que prepara el Gobierno, ya la idea es que el mix energético del país sea «ordenado» y «barato», para que no afecte a la competitividad de la industria.

«A alguno le interesaría tener un mix caro, claro que sí, pero al Gobierno le interesa tener un mix barato», dijo Nadal, quien subrayó que el objetivo es un mix energético al menor precio y cumpliendo con los objetivos medioambientales ya que «cada euro que una empresa gasta en energía es un euro no dedicado a salarios o crear empleo».

El ministro indicó que respecto al cierre de centrales «mucha gente tiene que opinar» y su tramitación «va a tardar tiempo», aunque insistió en que la intención del Gobierno es sacar adelante la normativa, a pesar de ser consciente de que «claro que habrá que cerrar alguna central» debido a la incorporación de renovables al mix, aunque de manera «ordenada».

Destacó que el objetivo del decreto es establecer que cuando se quiera proceder al cierre de una central eléctrica se vea primero si hay alguien interesado en su compra y, si no es así, estudiar la posibilidad de que se pueda establecer algún tipo de ayuda para que la planta pueda seguir operando, aunque «dentro de un orden y que este coste compense los beneficios». Nadal subrayó que el carbón es un «lujo» que España se puede permitir ya que tiene la ventaja frente al gas de que es más barato, aunque emite más CO2.

Finalmente, respecto a la investigación abierta por Bruselas sobre las ayudas de 440 millones a las centrales de carbón, subrayó que tienen que ver «con las ayudas de Estado» y no con la política energética. Asimismo, subrayó que se trata de un caso similar al tax lease del sector naval y en el que se ha producido un cambio de criterio por Bruselas que «no puede ser de manera retroactiva».

El Castor sigue generando temblores

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La sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Castor supone un varapalo mucho mayor de lo que parece, entre otras cosas porque escarnece las costumbres, usos y vicios de la mayoría absoluta, que se fue para nunca volver a la vida parlamentaria española. La deficiente vida política y mediática española abriga diversas fórmulas que no coinciden con lo que establece el ordenamiento legal y constitucional español. Así, el Parlamento aprueba Leyes, el Gobierno tiene conferida la posibilidad de aprobar Proyectos de Ley y decretos en desarrollo de legislación preexistente, los Ministerios dictan y resuelven Órdenes Ministeriales.

Esta construcción se pervierte, consecuentemente, con la lectura de expresiones como «el Gobierno aprueba una Ley» cuando lo que hace es un Decreto Ley (una emulación de ley formulada por razones de urgencia que requiere por tanto la aprobación y convalidación del Parlamento), transformando la capacidad de acción gubernativa para exhibir autoridad. La anterior legislatura fue un ejemplo del empleo del Decreto Ley, dado que era un atajo al proceso parlamentario de una Ley, cuando el Ejecutivo tenía prisa (no necesariamente cuando la circunstancia a regular lo exigía). Los decretos leyes están reservados en nuestro ordenamiento para asuntos de urgencia y una de las razones jurídicas clave en esta sentencia es la ausencia de urgencia que justificase acelerar la ‘indemnización’.

Esta ortodoxia tiene difícil apreciación entre los partidos, entre los medios de comunicación que gustan de un lenguaje mucho más vertical en lo político y, evidentemente, entre los ministros, que gustan de saberse con mayor capacidad y menor dependencia de la Ley. De hecho, esta práctica se normalizó, si puede decirse así. Resabios de otra forma de concebir la autoridad.

La sentencia del Tribunal Constitucional respecto del Castor, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, cuestiona la forma en que se arbitró la indemnización por la construcción de esta infraestructura y su hibernación posterior, a través precisamente de un Decreto Ley,  puesto que los supuestos de indemnización tienen su propio procedimiento en el Derecho Administrativo Económico español.

Así, el Tribunal Constitucional anula varios artículos del Decreto Ley de 2014 que permitió a la compañía Escal UGS, propiedad en un 66,7% por ACS, cobrar una indemnización de 1.350 millones de euros tras la paralización del almacenamiento Castor, suspendido tras una serie de seísmos. En realidad el Constitucional declara conforme a la fórmula del Decreto Ley la decisión de hibernación del mismo, pero no el mecanismo de cálculo, fijación y pago de la indemnización (acelerada, trepidante, en 35 días tras su entrada en vigor).

El ministro de Energía demedia retóricamente la sentencia porque el Tribunal Constitucional no cuestiona la indemnización dictada (no la enjuicia, en realidad), sólo anula el procedimiento de reconocimiento, fijación y pago, acogido a la razón de urgencia. Es decir, a Nadal le parece poco cuestionamiento, seguramente porque sigue teniendo mentalidad de vivir en la mayoría absoluta o porque quiere echar tierra sobre el asunto. Le beneficia el entorno político y la falta de finura de la vida cívica. A veces el fondo son las formas.

Para él es una cuestión menor, pese a la relevancia que tiene en este Ejecutivo el influyente cuerpo de Abogados del Estado como para que los reveses judiciales adquieran esta envergadura. El Gobierno tenía prisa por quitarse el problema de encima (una infraestructura no necesaria, no restituida en la planificación energética, causante de seísmos, una empresa propietaria del mismo, un proceso de aprobación y de construcción acelerado, la reclamación de la indemnización, el enfado de las administraciones y ciudadanos de las zonas afectadas…). ¿Cuál era el objetivo de Estado que perseguía tal aceleración que ha llevado a que el Gobierno vea constitucionalmente reprobado este Decreto?

La sentencia emite otra lectura de refilón, otro mensaje al mundo independentista respecto al ordenamiento constitucional. De hecho, la Generalitat de Puigdemont era parte activa en este procedimiento judicial. Y es que ni siquiera los Decretos Leyes (con concurso de las mayorías parlamentarias temporales o «rodillos», según el caso) están fuera de la tutela judicial.  El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero tampoco fue especialmente fino con la aprobación y adjudicación del proyecto (incluyendo la cláusula indemnizatoria avalada por el Tribunal Supremo en caso de su extinción), cuestionado por los distintos rectificados de sus costes estudiados por la extinta CNE. Hoy se justifica en una ampulosa estrategia de silos «estratégicos» subterráneos para problemas prolongados de suministro internacional de este hidrocarburo.

De lo que hay dudas es de las consecuencias para los perceptores de la indemnización (en el sentido de su devolución en la misma medida acelerada, o bien, aplazada) y del tiempo transcurrido entre el Real Decreto y esta sentencia: paradójicamente, sobre una cuestión cuyo objeto era la velocidad indemnizatoria, la resolución ha sido lenta. Y es que, al final, todo es cuestión de tiempo.

Tejerina se compromete con las organizaciones ecologistas a facilitar una reunión con Nadal sobre el carbón y la transición energética

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha comprometido con las ONG ambientales a tratar de facilitar una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para conversar sobre el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales de carbón y sobre la transición energética y el cambio climático.

El compromiso surgió en el encuentro periódico de la ministra con las ONG ambientales. Según ha explicado el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, se ha tratado de una reunión de seguimiento de temas en la que se han abordado cuestiones como cambio climático y energía y a este respecto le pidieron a la ministra «más participación» en el proceso de elaboración de la anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador inicial se espera para el primer tercio de 2018.

González ha señalado el compromiso de la ministra para que la futura norma sea un texto «consensuado» y para «ajustarse» a los compromisos asumidos por España, no para ir más allá. En todo caso, instaron a la ministra a que después de las reuniones del Gobierno con los grupos políticos el texto se analice en el Consejo Nacional del Clima.

Alianza climática contra el carbón

Además, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha añadido que se valoró la Cumbre del Clima que concluyó en Bonn (Alemania). A este respecto, la ministra les ha explicado que España no se ha sumado a la alianza contra el carbón en tanto en cuanto no se conozcan las conclusiones del grupo de expertos que está elaborando la Ley de Cambio climático y Energía, que está valorando varios escenarios en el mix energético. «Hasta que España no tenga claro su escenario no van a hacer público ningún compromiso, pero le hemos pedido un mensaje muy claro y fechas concretas para una transición a una energía y economía bajas en carbono», ha apostillado.

Así, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha añadido que han hablado con la ministra sobre el borrador de Real Decreto que busca evitar el cierre de las centrales térmicas. Ha sido en ese contexto en el que le han pedido a la ministra una reunión con su homólogo de Energía, Turismo y Agenda Digital para que escuche los argumentos de las ONG ecologistas. «La visión de Nadal choca con los objetivos de la Unión Europea y de la lucha contra el cambio climático», ha afirmado Del Olmo que ha destacado el compromiso de la ministra para facilitar una reunión con Nadal.

Nadal acusa a Iberdrola de «falta» de soluciones que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada y Velilla

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Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha acusado a Iberdrola de «falta de flexibilidad y de alternativas» para dar con una solución que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia), ya que su deseo es dejar de contar con el carbón en su mix, y reafirmó su intención de seguir adelante con el real decreto para endurecer los motivos para cerrar centrales.

En rueda de prensa conjunta con los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, respectivamente, tras la reunión mantenida en la sede del Ministerio con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, Nadal subrayó que el único compromiso de la energética ha sido el de que estas dos centrales seguirán operando hasta 2020. «No ha habido ninguna alternativa realista de venta de las centrales a otro operador», apuntó.

Asimismo, Nadal defendió que estas dos centrales de carbón sigan abiertas ya que, si no fuera así, la factura de la luz de las familias españolas se elevaría en 2,5 euros anuales. «Cerrarlas supone pagar 2,5 euros más de recibo de la electricidad», añadió el ministro basándose en los cálculos de una simulación de Euphemia, el algoritmo común para toda Europa que se encarga de gestionar la formación de precios para la electricidad mayorista. Además, reafirmó que existe «un interés general claro» en mantener estas centrales abiertas, ya que si no fuera así supondría «peores precios, costes mayores para el consumidor, la industria y un efecto sobre la economía local».

Nadal indicó que el presidente de Iberdrola ratificó que su decisión es «eliminar de su mix el carbón», decisión que considera que sí que puede ser tomada por Iberdrola, aunque mostró su extrañeza por el hecho de que no amplíe también esa política al gas, pero aseguró que «otra cosa» es cerrar unas centrales «que tienen rentabilidad y tienen todo el sentido del mundo desde el punto de vista económico».

Así, acusó a la compañía de no haber sido capaz de explicar, si su deseo es eliminar las plantas de carbón de su balance, «por qué no quiere vender». «No ha habido ningún compromiso por parte de la empresa», indicó Nadal, quien aseguró que a Iberdrola no le ha parecido adecuado partir de un precio de venta de la central cerrada, «achatarrada, sin el plan social y los costes medioambientales del cierre», que la empresa ha valorado en 35 millones.

Por ello, el ministro insistió en que estas centrales «ayudan mucho a sostener el precio de la electricidad y tienen viabilidad», por lo que abogó para que se puedan vender a terceros a través de un proceso que podría ser «muy competitivo«. De esta manera, advirtió que se seguirá adelante con la tramitación del decreto «tal y como está», e incluso añadió que le gustaría poder desarrollar una legislación «más amplia, con rango de Ley».

Por su parte, los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias mostraron su apoyo al Gobierno en su defensa de «combinar la lucha contra el cambio climático con la transición energética» en defensa del interés general. Asimismo, Herrera acusó a Iberdrola de cambiar sus planteamientos en los últimos tiempos de manera «injustificada», como ocurrió con la central nuclear de Garoña, que finalmente se decidió cerrar. Así, Herrera respaldó «la línea que ha marcado el ministro» e hizo un llamamiento a los grupos políticos del Congreso de los Diputados «para que sean receptivos a dar el mayor respaldo posible, a poder ser con valor de Ley, para endurecer los motivos por los que las eléctricas pueden decidir cerrar una central».

Mientras, el presidente de Asturias, Javier Fernández, defendió la permanencia de estas centrales de carbón desde «el punto de vista de la política global asturiana, que tiene una marcada política industrial». Fernández consideró que una empresa debe tener libertad para «deshacerse de una central», pero valoró que debe ser el Gobierno «quien debe decidir si es o no posible» cerrarla.

Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, se ha referido al encuentro y ha manifestado que espera que, o bien Iberdrola reconsidere su decisión o bien el Ministerio ejerza sus competencias administrativas para impedir el cierre. «Hay suficientes y buenas razones para que Iberdrola rectifique», sentenció el portavoz del Gobierno asturiano, que ha reiterado que un «cierre precipitado» de las instalaciones que utilizan carbón para producir energía puede propiciar un incremento del precio de la electricidad y una nueva reconversión industrial en Asturias.

La intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas instalaciones, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos«. Nadal explicó que mediante este decreto se pretende adoptar medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro. Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica son «coherentes» con los instrumentos de planificación energética.

«Pongamos que una compañía quiere cerrar una central argumentando que no es rentable. El decreto nos permite analizar si esa central es necesaria para mantener el suministro, si el cierre es adecuado por motivos medioambientales o de precio o bien si otro agente quiere encargarse de ella. Unos pueden tener sus estrategias empresariales, pero el Gobierno tiene que controlar que esto se hace bien», señaló.

Nadal aboga por tratar de mantener en el mix energético las tecnologías que son baratas, como la nuclear o el carbón, y ha señalado que el cierre de las centrales nucleares encarecería el precio de la tarifa eléctrica un 25%, mientras que la clausura de las centrales térmicas de carbón supondría un sobreprecio del 15% en las horas punta, es decir, en los días más fríos del invierno o en los más calurosos del verano.

Energía modifica el servicio de interrumpibilidad, cuya subasta pone en juego 2.600 MW de potencia interrumpible para los grandes consumidores

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado la orden que modifica el servicio de interrumpibilidad eléctrica, el mecanismo por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. Esta subasta se celebra esta semana en la Feria de Valladolid y estará administrada por Red Eléctrica de España (REE). Los grandes consumidores de electricidad aspiran a la asignación de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible.

En concreto, estos 2.600 MW de potencia interrumpible a subastar estarán repartidos en 376 bloques del producto de 5 MW (1.880 MW) y ocho bloques del producto de 90 MW (720 MW), según REE. Esta adjudicación, por la que competirán cerca de 150 empresas de la gran industria con intensivo consumo eléctrico, se limitará a un periodo de 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Gobierno justifica esta limitación temporal en la necesidad de adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018. El mecanismo de asignación será similar al de los años anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW por año para los productos de 5 MW y de 270.000 euros/MW por año para los de 90 MW. En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta precedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros.

El Gobierno modificó este año el sistema de interrumpibilidad. Entre las novedades introducidas figura la posibilidad de activar el servicio por criterios económicos. En este caso, el operador hará que entre en juego la interrumpibilidad si es más barata que los servicios de ajuste del mercado diario. La aplicación del servicio de interrumpibilidad por criterios económicos se realizará por cantidades mínimas de 200 megavatios (MW) y máximas de 500 MW en cada hora, de acuerdo con el cumplimiento de algunas condiciones. Además, en caso de su activación por este criterio, entre los adjudicatarios del servicio se establecerá un sistema de turnos rotatorios como criterio de orden para requerir su activación.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de una opción de reducción de potencia.

Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) criticó las propuestas del Ministerio al considerar «elevado» el coste del sistema de interrumpibilidad eléctrica, «apenas utilizado», y propuso que se justificase su necesidad. El organismo consideró que las subastas de interrumpibilidad son «complejas», que sus costes triplican las del gas y electricidad y que algunos productos (90 MW) favorecen a las grandes industrias.

Endesa reitera que no tomará decisiones sobre sus centrales térmicas hasta conocer la normativa definitiva sobre el cierre de centrales

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Europa Press.- Mientras el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha criticado el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales térmicas al considerarlo «incoherente», «carente de sentido en el contexto actual» y con algunos preceptos de «dudosa legalidad», Endesa ha reiterado que esperará a conocer el contenido definitivo del real decreto y la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de tomar una decisión sobre sus plantas de carbón.

Fuentes de la energética señalaron que el Gobierno tiene el derecho y el deber de fijar la política energética del país, por lo que aguardarán a conocer la letra definitiva del decreto y la Ley de transición energética, y cualquier iniciativa se hará «en coordinación con la política energética que determine el Ministerio«. En su plan estratégico 2017-2020, Endesa reafirma su apuesta por la descarbonización total de su mix para 2050, defendiendo la operación de la energía nuclear a largo plazo para garantizar la seguridad del suministro y la preservación del carbón para evitar mayores emisiones y costes del sistema.

A este respecto, llevará a cabo inversiones por 400 millones de euros hasta 2020 destinadas a la seguridad y operación a largo plazo de su capacidad nuclear y de 300 millones de euros para las inversiones medioambientales en sus térmicas. El pasado mes de mayo, Enel, principal accionista de Endesa, anunció su intención de cerrar las centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) en 2020 por no ser viables económicamente.

Abogados ambientales critican el decreto

Por su parte, el IIDMA advierte de que algunas de las disposiciones del texto que trabaja el Ministerio de Energía incluye disposiciones que podrían «no estar apegadas a la legalidad» y que en el contexto de transición energética «no es razonable», ya que no contempla criterio de salud ni protección del medio ambiente recogidos expresamente en los artículos 43 y 45, respectivamente, de la Constitución española. En su opinión, lejos del borrador de Real Decreto, sería exigible la «unión de esfuerzos» para lograr un plan de cierre de las centrales «ordenado y progresivo» y, al mismo tiempo aumentar la capacidad fotovoltaica española, de acuerdo con los objetivos de largo plazo.

Tras analizar el texto, añade que disposiciones como la retroactividad o la solicitud de información contable sin considerar los costes de adaptación, o las razones para la denegación de los cierres o la competencia para realizar el informe de valoración medioambiental «son incoherentes». Asimismo, ven «poco racional» exigir presentar la información contable de las instalaciones de los últimos 3 ejercicios sin incluir los costes de adaptación que deben hacerse para seguir funcionando en un futuro.

En este contexto, precisa que las centrales térmicas de carbón en España están operando bajo excepciones a los valores límites de emisión de contaminantes como el SO2, NOx y partículas, como en el Plan Nacional Transitorio, bajo el que se acogen 13 de las 15 centrales. Si bien, para poder seguir operando después de 2020 deberían hacer grandes inversiones en sistemas de desulfuración y desnitrificación. De hecho, calculan que a Endesa le costaría unos 400 millones de euros adaptar las centrales de As Pontes (Galicia), Litoral (Andalucía) y Alcudia (Baleares).

También duda el colectivo sobre la legalidad de la disposición transitoria única que prevé la retroactividad del mismo, porque el texto sería de aplicación a «todos» los cierres solicitados desde el 15 de septiembre. La memoria que acompaña al borrador tampoco justifica de forma razonada la necesidad de retroactividad. Asimismo, recuerda que el futuro Plan de Energía y Clima del Paquete de Invierno de la Unión Europea, que está en negociación, incluirá los objetivos, metas y la contribución de España en descarbonización, metas de energía renovable y eficiencia energética, seguridad, mercado interno de la electricidad y la I+D+i y competitividad.

Finalmente, el IIDMA ve necesario aumentar la capacidad de generación fotovoltaica y precisamente, en el contexto de sequía, que está agotando la fuente de energía hidroeléctrica, insiste en la importancia de buscar soluciones que permitan cumplir los compromisos internacionales como el Acuerdo de París contra el cambio climático. La directora del IIDMA, Ana Barreira, criticó el Decreto por no ser «razonable» en un contexto de transición energética y lamenta la «falta de visión» y previsión a medio plazo del Ministerio ya que «un gran número de centrales» tendrán que cerrar en julio de 2020 y, como máximo, todas tendrán que terminar como mucho en 2030.

El Supremo restablece los 25 años de ayudas a las plantas de purines para generar electricidad

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha restablecido los 25 años de ayudas para las plantas de tratamiento de purines para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas, según indicó la organización agraria COAG. En concreto, el alto tribunal ha declarado nula la decisión del Ministerio de Industria y Energía de limitar a 15 años las ayudas a las plantas de cogeneración, tal y como recoge la sentencia del 8 de noviembre.

De esta forma, dicha sentencia permite reabrir todas las plantas que tuvieron que cerrar en 2014 por el recorte del Estado a las energías renovables y la cogeneración, restableciendo el plazo con derecho a ayudas a 25 años. Según COAG, las 29 plantas de purines tienen capacidad para gestionar anualmente más de 2.500 millones de litros de purines procedentes de 2 millares de granjas de porcino. En este sentido, desde la organización agraria se reclama a las administraciones estatales y autonómicas agilizar los trámites necesarios para reabrir todas las instalaciones.

Asimismo, COAG solicita que los años que las plantas han tenido que estar cerradas por el recorte del Gobierno no computen dentro de los 25 años de vida útil establecidos por la normativa inicial, finalmente restablecida. En 2014, fecha en la que se tuvieron que cerrar las plantas, COAG se opuso a la decisión del Gobierno, organizando manifestaciones mientras mantenía reuniones para intentar revertir una situación que perjudicaba «enormemente» a los productores de porcino españoles.

La CNMC se subleva

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Los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el último mes vienen incorporando una inusitada oposición a las directrices del Ministerio de Energía. Oposición que se muestra sin eufemismos ni medias tintas y que ha causado sorpresa en los medios de comunicación especializados. Es lo que ha pasado con el plan invernal del Ministerio de Energía para aumentar las obligaciones de reservas de gas que tendrían que realizar las empresas, derivado de su consideración de la garantía de suministro para eventuales momentos de frío extremo.

La CNMC considera que esta propuesta incidía al alza en las tarifas a los consumidores gasistas, además de señalar que el departamento que dirige Nadal no había evaluado los costes para el sistema de pasar de contar con un almacenamiento obligatorio de 2 días a uno de 3 días y medio. Medida que seguramente también tiene que ver con la resolución que obliga a los operadores principales de gas a ser creadores de mercado obligatorios por cuatro años. Energía quiere presionar para que haya abundancia de gas garantizada más allá de los mecanismos de mercado.

Además, la CNMC le recordaba al Ministerio de Energía las posibilidades existentes de aprovisionamiento basadas en el abastecimiento en los mercados nacionales e internacionales gracias a la red de regasificadoras, la gestión de los almacenamientos subterráneos y la intervención del propio gestor del sistema gasista Enagás, posibilidades que hacen innecesaria una medida coactiva de estas características con el consiguiente efecto en los precios al consumidor.

Remontándonos más atrás, pero también recientemente y de una forma especialmente explícita, la CNMC se pronunció contra los mecanismos de gestión de la demanda a través de la subasta de interrumpibilidad propuesta por Energía y sus pagos. Dado que los informes de la CNMC no son vinculantes,  la importancia de este informe estribaba en su posicionamiento: un cuestionamiento abierto y desnudo de este mecanismo por su elevado coste y ausencia de justificación de la necesidad.

Además, en una lectura de su contenido, este informe cuestionaba la práctica totalidad de mecanismos de subsidios cruzados existentes en los costes de acceso al tiempo que, descarnadamente, enunciaba todos los procesos de investigación que la Comisión Europea tiene sobre España en materia de energía y que podrían estar relacionados con unas tarifas de acceso que quieren absorber decisiones políticas discrecionales, junto con su misión imposible de su irreal contención por vías «creativas» o heterodoxas.

Ahora, como en las películas de vampiros, se reabre un ataúd con otra latente controversia entre CNMC y Ministerio, consistente en la oposición que este organismo mantiene contra el mejoramiento de las tarifas de acceso a las industrias radicadas en el País Vasco, medida resultante de las componendas del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado desde 2014 y que este año el Ejecutivo había comprometido con el PNV.

Hablemos del escenario. El momento temporal también es importante. Crítico. Estas diferencias se transparentan mientras se producen las «negociaciones» con la Comisión Europea por la atribución de competencias en materia de fijación de los peajes de acceso que el Ministerio quiere retener a toda costa y que la CNMC se atribuye. La concepción de la política española de que la CNMC debe ser dependiente del regulador principal es un ejercicio vertical que no comprende el papel de estos órganos independientes en los países occidentales con sistemas de contrapesos más eficientes.

Finalmente, en la crisis relacional y diplomática entre los dos reguladores, se apunta a la disminución de la influencia de la vicepresidenta María Fernández dentro del organismo. Hasta el momento todas las fuentes confirman el papel que ha tenido Fernández como gozne entre los intereses políticos de Nadal y los pronunciamientos que éste necesitaba de la CNMC. Algo que parece normal en la vertical política española, dónde la representación política llega a los extremos técnicos y económicos. En todo caso, esa debilidad y pérdida de ascendencia sobrevenida es un elemento que está agudizando este desencuentro.

En resumen, la CNMC está reivindicando su papel como organismo independiente, sublevándose de forma cada vez más explícita. Energía, mientras tanto, cada vez tiene más frentes abiertos, tanto en su relación con la Comisión Europa como con los organismos independientes.

Los operadores de explotaciones de hidrocarburos en el mar tienen 6 meses para implantar la nueva normativa de seguridad

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Europa Press.- Los titulares y operadores de explotaciones de hidrocarburos en el mar dispondrán de 6 meses para cumplir con las disposiciones del real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros y aún pendiente de ser convalidado en el Congreso desde su fecha de publicación en el BOE, pudiendo enfrentarse a multas de hasta 30 millones de euros si incumplen la nueva normativa.

Los operadores deberán cumplir con una serie de obligaciones para reducir los riesgos y garantizar la seguridad en el diseño y las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. Entre estas obligaciones, figura la elaboración de un informe sobre riesgos de accidentes graves, actualizado para cada una de las instalaciones, en el que se contará con la participación de los trabajadores. Asimismo, los operadores o propietarios elaborarán planes internos de emergencia que incluirán un análisis de la eficacia de la respuesta ante derrames de hidrocarburos y reflejarán las medidas dirigidas a prevenir el agravamiento o a limitar las consecuencias de un accidente.

La norma recoge la creación de la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (ACSOM), cuya función esencial será garantizar que la explotación de hidrocarburos se realiza con la máxima seguridad, y que contará con amplios poderes para prohibir los trabajos si las medidas propuestas por el operador en lo relativo a la seguridad de las instalaciones o de las operaciones se consideran insuficientes, así como para oponerse al otorgamiento de un permiso de investigación o de una concesión de explotación si considera que el solicitante no cuenta con capacidad técnica y económica suficiente.

Los operadores en medio marino y los propietarios deberán proporcionar a ACSOM los medios logísticos necesarios para desarrollar sus funciones y deberán elaborar una política corporativa de prevención de accidentes graves y aplicarla en todas sus operaciones en el medio marítimo, incluyendo mecanismos de seguimiento apropiados para garantizar su eficacia. Por otra parte, el texto exige que un tercero independiente al operador verifique todos los elementos críticos para la seguridad del operador, quien deberá responder al dictamen de este verificador independiente y ponerlo a disposición de ACSOM. Asimismo, la Administración General del Estado elaborará un plan de emergencia externo en el que se especificará las obligaciones financieras de los titulares.

Otro de los requerimientos que se exige a los operadores y a los propietarios es que someterán periódicamente a prueba su grado de preparación para responder de forma eficaz en caso de accidente grave y participarán en ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia, con el fin de evaluar su competencia. Por último, se establece la publicación de informes e información sobre el desarrollo de estas actividades que estarán públicamente disponibles, en línea con las políticas de transparencia del Gobierno.

Este real decreto-ley traspone la directiva 2013/30/UE del 12 de junio de 2013 sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, que debería haberse aplicado al ordenamiento interno antes de julio de 2015. Según explica el texto, su aprobación urgente trata de cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la demora y evitar así la imposición de sanciones económicas a España. Desde su convalidación, y en un máximo de tres meses, el Ministerio de Energía aprobará un real decreto que desarrolle lo dispuesto en este real decreto-ley, que entrará en vigor el día de su publicación en el BOE.

En el caso de que los operadores y titulares de las explotaciones de hidrocarburos en el mar incumplan las obligaciones dispuestas en la norma, el texto establece una serie de sanciones económicas que deberán afrontar en función de factores como el peligro resultante para la salud de las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente, la importancia del daño causado, el grado de participación y el beneficio obtenido, la intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración de la infracción.

De esta manera, se establecen multas de hasta 600.000 euros en el caso de infracciones leves, de hasta seis millones de euros para infracciones graves y de hasta 30 millones cuando se produzcan infracciones muy graves de la norma. Además, cuando a consecuencia de la infracción el operador obtenga un beneficio cuantificable, la sanción económica podrá alcanzar hasta el doble de este beneficio obtenido, incluso si se superan los límites máximos establecidos. Una infracción muy grave podrá conllevar la extinción de los permisos y concesiones.