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Fenie respalda la desregulación del gestor de cargas propuesta por el Gobierno

Europa Press.- Fenie ha mostrado su respaldo a la propuesta del Ministerio de Energía de facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gestor de carga. La asociación apoya la propuesta ministerial y añade que si se quiere desregular, total o parcialmente, la figura del gestor de cargas, «además de actuar sobre el real decreto que lo regula, se debería modificar la Ley del sector eléctrico».

Fenie ya trasladó al Gobierno la necesidad de crear un escenario «de promoción real de instalación de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico». Así, considera que la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico ha de adaptarse, exclusivamente, al reglamento electrotécnico de baja tensión y, de esta forma, «el usuario recargar su vehículo eléctrico en condiciones seguras, sin necesidad de incrementar los trámites para disponer de un punto totalmente legalizado».

La banca acreedora de Castor estudia «cuál es el mejor camino» para recuperar su inversión

Europa Press.- La banca acreedora de Castor, de la que forman parte el Banco Santander, Caixabank y Bankia, están estudiando «cuál es el mejor camino» para recuperar la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por la hibernación del almacenamiento de gas a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Fuentes financieras indicaron que aún no hay una decisión tomada al respecto sobre la vía que adoptarán y que «siguen trabajando» en ello, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya paralizado los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre.

La deuda por Castor, que ascendió a esos 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones de euros, Caixabank un total de 450 millones de euros y Bankia los 200 millones de euros restantes. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha vaticinado una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional. A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como ha hecho en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que aplique la sentencia», indicó.

Posteriormente, Nadal precisó que, como consecuencia de la sentencia del Constitucional, «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago» es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia “para pagar” no es del Gobierno, sino de la CNMC, “y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor“.

En diciembre, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo ese pago a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

El PSOE contra el ministro

El diputado socialista por la provincia de Castellón, Artemi Rallo, ha calificado de «decepcionante, sonrojante y grosera» la comparecencia del ministro de Energía en el Congreso en la que «supuestamente iba a dar explicaciones sobre el estado en el que se encuentra en estos momentos el problema Castor, después de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 22 de diciembre».

Rallo ha lamentado que Nadal no diera explicaciones de «por qué el Gobierno, en su día, aprobó un decreto ley que obligaba a indemnizar a la empresa con 1.350 millones en el corto plazo de 35 días». Un decreto, que ha recordado, «el Tribunal Constitucional ha declarado nulo, gracias al recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista y liderado por el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig”. Artemi Rallo ha censurado que el ministro no haya dado explicaciones de «por qué se adoptó aquella decisión exprés, que beneficiaba exclusivamente a intereses particulares y no al conjunto de la ciudadanía».

El diputado socialista esperaba que, después de la sentencia del Constitucional y de la decisión de la CNMC de suspender el pago a las entidades financieras por los derechos de cobro derivados de la indemnización, el ministro explicara «qué piensa hacer para salir de la situación en la que nos encontramos». Sin embargo, recordó, Nadal «se limitó a decir que augura un periodo de ligitiosidad entre privados». Al respecto, Rallo ha recordado que el ministro está obligado a actuar y que «no resulta de recibo la extraordinaria dejación de funciones de la que hace gala».

El parlamentario castellonense ha recordado que la sentencia abre la puerta a que dentro del actual marco legal se reconsideren la indemnización y los términos en los que está planteada, «algo que debería haberse efectuado antes de realizar pago alguno». Artemi Rallo ha señalado que la comparecencia del ministro resultó «una decepción y una irresponsabilidad» porque, entre otras cosas, «debería haber explicado qué piensa hacer para recuperar los 1.350 millones de euros que en su momento el Gobierno entregó a la empresa correspondiente en el corto plazo de 35 días».

Unesa asegura que modificar la retribución “de manera inesperada” pone en cuestión la estabilidad jurídica y perjudica a las empresas

Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas, Unesa, que representa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, junto a otras patronales de distribución como ASEME y CIDE, han recordado que la remuneración de la distribución eléctrica fue establecida por la Ley de 2013 y critican que los ajustes que el Gobierno pretende aplicar se producen «de manera inesperada» al estar fuera de los periodos regulatorios, «lo que pone en cuestión la estabilidad jurídica» y perjudica a las empresas.

Asimismo, señalan que los cambios se quieren introducir cuando aún está pendiente de tramitación la Ley del Cambio Climático y Transición Energética y cuando la comisión de expertos creada por el Gobierno para asesorar sobre estos asuntos aún no entregó sus conclusiones. Para las patronales, la transición energética «exige mantener y ampliar» las redes de distribución y la incertidumbre generada por los cambios regulatorios «no favorece la inversión», que supera los 1.100 millones de euros.

Además, consideran que el papel de las redes «es crítico» para poder integrar de manera efectiva las energías renovables, conseguir que el consumidor sea más activo y responsable en una red digitalizada y para poder ampliar los usos de la electricidad, «por lo que alterar el entorno regulatorio puede condicionar la consecución de estos objetivos«. En su comparecencia en el Congreso, Nadal pidió al resto de fuerzas políticas del Parlamento respaldo para aplicar a las eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por cerca de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

Ajustes a distribución y transporte

El mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. “Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero”, indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos amortizados pertenecientes a las principales compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros. Además, en los costes extrapeninsulares, propone una actualización en los parámetros de activos una vez que Red Eléctrica ha remitido las pruebas más actualizadas para determinar la estructura de costes de generación de las distintas centrales en las islas, que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros.

No obstante, el Gobierno finalmente no ha incluido en el paquete de enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado a la Ley contra la sequía ninguna propuesta de cambio encaminada a reducir la retribución a las redes de gas y a la distribución eléctrica. Así, en la batería de enmiendas se incluyen únicamente propuestas de modificación en la Ley del Sector Eléctrico referentes a peajes y cargos para determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad y a regadíos, adaptándose a la normativa europea.

En el Congreso, Nadal consideró que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las eléctricas proceden de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o de REE. Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

Andalucía ve «disparatadas» las palabras de Nadal sobre el almacén de gas de Doñana y recalca la responsabilidad del Gobierno

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, considera «disparatadas» las declaraciones del ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre el almacén que Gas Natural tiene previsto construir en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, en las que «decía que la evaluación ambiental de los proyectos correspondía a la Junta de Andalucía cuando cualquiera sabe que es una competencia exclusiva del Gobierno de España».

En este sentido, Fiscal tachó de «desafortunadas» estas declaraciones de Nadal y ha afirmado «que de alguna manera el ministro pretendía hacer recaer la responsabilidad de esta asunto en el Gobierno de la Junta de Andalucía». Así, Fiscal señala que «esto obedece a que el Gobierno se ha quedado solo, ya que todo el mundo está en contra de esteproyecto excepto el PP y el Gobierno de España, y me refiero a la Junta, a los ayuntamientos de la zona, a las organizaciones ecologistas, a las organizaciones agrarias, colegios profesionales, universidades, comunidad científica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Geológico Minero de España, en resumen, todo el mundo, lo que ha hecho que el ministro diga estos disparates».

Además, y sobre las últimas actuaciones llevadas a cabo por su departamento, ha destacado que «están utilizando todas las herramientas jurídicas y administrativas, para en lo que dependa de ellos, frenar el proyecto» y ha recordado que «han presentado un requerimiento ante el Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de los 4 subproyectos y no de uno en uno». Pero, añade, el Gobierno «hasta ahora no ha contestado y, cuando conteste, analizaremos la cuestión, porque tal y como dijimos, según esta contestación, el gabinete jurídico de la Junta iniciará acciones judiciales«, porque «entendemos que este no es lugar para un almacén de este tipo y vamos a blindar el Espacio Natural de Doñana».

En este sentido, apunta que «han impedido que se adentre en el espacio natural protegido» y «mientras nosotros estemos aquí ni un solo metro de este proyecto atravesará Doñana, de eso pueden estar los andaluces tranquilos. Hay que recordar que Nadal aseguró que el almacén de gas Marismas Occidental no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un “visto bueno 100%” de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico. Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento, después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidió encargar una evaluación al IGME.

Nadal plantea ajustes a las energéticas por 250 millones de euros y que asuman el coste de desmantelar las nucleares

Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.

Nadal vaticina una enorme litigiosidad con la banca al paralizarse el pago de la deuda contraída por el almacén Castor

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén gasista  Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la indemnización de 1.350 millones de euros con que se resolvió la hibernación de Castor.

Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia», explicó Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.

Posteriormente, Nadal precisó que «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago», es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.

De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales, a razón de 6,7 millones de euros mensuales, y se incluían en el sistema gasista. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia «para pagar» no es del Gobierno, sino de la CNMC, «y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor«. Así sucede después de que el Tribunal Constitucional declarara «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto en el que se reconocía la compensación a Escal UGS.

Se anuló el real decreto

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización, a través de la aprobación de un real decreto de urgencia. A este respecto, Nadal consideró que el Constitucional no pone en duda ni la hibernación ni la asignación a Enagás de la instalación, pero que lo que sí contradice es que la asignación del pago se lleve al sistema gasista.

En 2014, el Gobierno aprobó un decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En lo que respecta a esta decisión del anterior Gobierno, Nadal la defendió ya que, de no haber sido así, se habría producido la quiebra de la entidad, el impago al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y «habría corrido como la pólvora a la prima de riesgo española«.

La CNMC paraliza el pago

El regulador indicó que, en aplicación de la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro «dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Además, la CNMC señala que «se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista». Por tanto, la decisión de la CNMC también afecta a Enagás, encargada del mantenimiento de Castor, aunque en este caso su retribución por ello es anual.

Asimismo, los pagos de las liquidaciones recibidos en 2017 por la banca por los derechos de cobro por Castor ascienden a 67,21 millones de euros en los meses anteriores a noviembre. En lo que se refiere a los pagos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 por Castor, ya fueron liquidados, por lo que habrá que decidir ahora si corresponde a la CNMC o al propio Gobierno su reclamación, según indicaron fuentes conocedoras del procedimiento.

Energía ajustará la retribución al sistema gasista para que sea «coherente» mientras Sedigas pide al Gobierno que reconsidere su decisión

Europa Press.- La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha reclamado al Gobierno que reconsidere su propuesta de modificar el cálculo de la retribución de la actividad de distribución y transporte de gas,que afectaría negativamente al mercado energético y al de las inversiones en España. Al respecto, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, apuntó que el objetivo de la revisión es ver dónde los incentivos son excesivos o insuficientes y «ajustarlos para que sean coherentes».

Asimismo, Navia se mostró sorprendido por las cifras publicadas respecto a cuánto podría ascender este posible recorte para el sector y consideró que son estimaciones «de lo máximo que se podría hacer en escenarios muy extremos», añadiendo que, en ningún caso, el Ministerio maneja «cifras de ese calibre». «Se han dado cifras de 700 millones de euros en un sistema que son 3.000, es algo que no cabe. Aunque quieras hacer el ajuste al máximo sería imposible esa cifra», indicó.

El secretario de Estado subrayó que esas cifras no se han facilitado ni a los grupos parlamentarios en las discusiones que se han mantenido con ellos ya que «el Ministerio tiene que hacer el análisis interno». Además, señaló que a este respecto será «clave» lo que diga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que estos ajustes responden a aspectos que «la CNMC ha suscitado en el pasado y tendrá un papel muy relevante para estimar cuál es el montante final».

Respecto al real decreto para endurecer el cierre de centrales de generación eléctrica, Navia insistió en que es necesaria una regulación al respecto, aunque añadió que se tendrán en cuenta las sugerencias realizadas en su informe por la CNMC, especialmente en materia de hibernaciones o cuestiones que se pueden simplificar de las subastas, y se harán los ajustes necesarios. «En la parte del apoyo legal, seguimos pensando que con lo que tenemos es suficiente», añadió, subrayando que se mantiene la idea de regular por la vía del real decreto, ya que con la actual legislación solo se puede aplicar el criterio de la seguridad de suministro para evitar un cierre.

En lo que respecta a la minería, Navia aseguró que 2018 será un año «muy importante» para el sector, por lo que se comprometió a mantener ahora un calendario de reuniones «mucho más intensivo». A este respecto, el Ministerio, que se ha reunido con los sindicatos mineros, emplazó a tener una nueva reunión a finales de febrero o principios de marzo para mantener un seguimiento del sector y ver «las perspectivas que se abren ahora».

Sedigás pide reconsiderar la decisión

Según ha advertido la patronal gasista, una modificación del cálculo de la retribución de las actividades reguladas ahora tendría «un impacto negativo en el mercado inversor», al interpretarse como «una señal de inseguridad jurídica». Sedigas ha apuntado que este cambio conculcaría los principios de estabilidad y predictibilidad que rigen los marcos jurídicos de las actividades reguladas, con el consiguiente impacto negativo en el mercado inversor.

Asimismo, ha destacado que el sector de la distribución es el que asume el riesgo más elevado de todas las actividades energéticas reguladas ya que, en caso de una posible evolución negativa de la actividad, la retribución «disminuiría por si sola». Por todo ello, ha solicitado al Ministerio de Energía que «reconsidere» su propuesta de presentar una enmienda que, de aprobarse, «repercutiría en el clima inversor español, tan necesario para mantener el buen crecimiento de la economía conseguido con las medidas implantadas estos últimos años».

Compromís exige a Nadal no facturar a los consumidores gasistas «los chanchullos de PP y PSOE con ACS» en Castor

Europa Press.- Compromís denució ante el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que el coste de la indemnización por el fallido proyecto de almacenamiento de gas Castor, que entienden como un «chanchullo de los gobiernos del PSOE y del PP con ACS», acaben cargándose en la factura del gas.

Ante el fallo del Tribunal Constitucional que anulaba las indemnizaciones aprobadas tras la hibernación del almacén por los seísmos causados en la zona, la formación valenciana espera que el Gobierno «recalcule a la baja» estos pagos. Asimismo, pide que el departamento de Nadal «depure las responsabilidades políticas pertinentes y que sean los culpables de las cláusulas abusivas los que las paguen de su bolsillo«. «Lo que han llevado a cabo es un auténtico atentado contra los derechos más básicos de la ciudadanía», subrayó la portavoz energética de Compromís, Marta Sorlí.

En este sentido, ha criticado que «miles de familias en situación de pobreza energética parecen no ser suficientes para Rajoy» pues «apuesta por que toda la ciudadanía pague a través de la factura del gas los 4.700 millones, entre la indemnización y los intereses, de sus errores y los del PSOE». «Se ha demostrado que el Castor fue una autoadjudicación sin precio para ACS», ha criticado Sorlí, que reitera «que los chanchullos de los Gobiernos del PSOE y del PP con Florentino no se pagan con la factura del gas».

Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

Nadal asegura que se mantendrá la retribución en las actividades reguladas pero modificando la base sobre la que se calcula

Europa Press.- El Ministerio de Energía trabaja en un borrador que prevé introducir ajustes en los costes regulados del sistema energético. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que «la retribución se va a mantener» en las actividades reguladas de los sectores del gas y el eléctrico, y que lo que se prevé que sea modificado es la base de los activos sobre la que ésta se calcula.

«Siempre se va a mantener la retribución. Lo que estamos hablando es si está bien calculada la base de activos. Si aquellos activos sobre los cuales se hace la retribución están bien calculados tanto en electricidad como en gas», ha explicado el ministro. Nadal ha detallado que la propuesta del Ejecutivo «todo el mundo la ha visto bien» en una primera aproximación y que se está trabajando para que estos cambios entren en el saldo de este año, aunque ha subrayado que aún no está definido qué instrumento parlamentario se acabará utilizando y ha indicado que preferiría que fuera una enmienda en el Senado, para la que ya se está hablando con los otros grupos.

«Los grupos parlamentarios muchas veces critican al Gobierno que está en demasiada connivencia con el sector. Cosa que no es así. Ahora se tendrá que demostrar su participación en modificaciones que son muy técnicas», ha defendido. Preguntado por el impacto que esta medida podría tener sobre el sector, Nadal ha indicado que «se tendrá que ver«. Estas modificaciones se enmarcarían dentro de los esfuerzos del Gobierno por reducir costes regulados de electricidad y gas y, en ese sentido, el Ejecutivo mantuvo congelados los peajes de electricidad y gas para 2018, por quinto año consecutivo para la electricidad y por cuarto año consecutivo para el gas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya consideró recientemente necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica mediante una metodología que permita adecuarla «al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

Según el regulador, el marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución eléctrica (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apuntaba a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, señalaba que la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

Las consecuencias en Bolsa han sido inmediatas, al igual que el pasado septiembre, cuando un informe del banco estadounidense Goldman Sachs, en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución del sector eléctrico español para la próxima revisión para el periodo 2020-2025, ya provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.