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Ciudadanos se interesa por la vinculación del bono social de la luz a la renta de las familias

Europa Press.- El grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado una pregunta al Gobierno en el Congreso para saber si la renta de las familias demandantes del bono social eléctrico se tiene en cuenta al otorgar este descuento en la tarifa energética. Este bono, que se aplica automáticamente a todos los hogares que tengan contratada una potencia inferior a 3 kilovatios, puede ser solicitado también por hogares con potencia inferior a 10 kw siempre que cumplan una serie de requisitos.

Precisamente, la tipología de los demandantes es uno de los intereses de la pregunta registrada por la portavoz adjunta de la formación naranja en el Congreso, Melisa Rodríguez Hernández . Así, en la pregunta formulada al Gobierno en funciones se inquiere por el número de hogares que hasta la fecha se han acogido a este bono social, cuántos de ellos lo han hecho como familia numerosa y cuántos por tener a todos sus miembros en situación de desempleo. También por aquellos hogares que lo hayan hecho por tener sus titulares más de 60 años y ser beneficiarios de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

Ricardo Sixto (Unidos Podemos) es el nuevo presidente de la Comisión de Industria del Congreso mientras apenas cambian los portavoces

Javier Angulo / Europa Press.- Izquierda Unida logró situar a uno de los ocho diputados que tiene en el Congreso como presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, un puesto para el que el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto, fue elegido sin votación, por simple asentimiento del resto de grupos. Se trata de un puesto que en la anterior legislatura correspondió al PP y ejerció Fernando Martínez Maillo, que pasa a presidir la Comisión del Tribunal de Cuentas.

En el reparto de presidencias de las distintas comisiones parlamentarias pactado por los grupos, a Unidos Podemos se le reservó las de Industria, Energía y Turismo, Empleo y Seguridad Social y la de nueva creación que, a instancias del partido morado, se ocupará de los asuntos relativos a la infancia y la adolescencia. El reparto de portavocías de comisión en el grupo de Unidos Podemos generó tensiones internas porque ninguno de los diputados de IU logró una portavocía titular. Al final, tras denunciarlo públicamente, se decidió dar al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por tanto, con el nuevo reparto, Sixto presidirá la comisión de Industria, Energía y Turismo, en la que ejercerá como portavoz de Unidos Podemos la diputada de En Marea y dirigente de IU, Yolanda Díaz. Es previsible de todas formas una rotación en las voces parlamentarias de Unidos Podemos para los temas relativos a la energía, por lo que se espera que el parlamentario de En Comú Podem, Josep Vendrell, y los representantes de Equo también jueguen un papel importante.

Sixto es junto con Garzón el diputado con más experiencia parlamentaria de Unidos Podemos, porque ya tuvo escaño entre 2011 y las elecciones generales del pasado mes de diciembre. Entonces, volvió a concurrir pero no logró revalidar su acta, lo que sí consiguió el pasado 26 de junio, tras integrarse EUPV en la candidatura A la valenciana, con la que Compromís y Podemos concurrieron a aquellos comicios. El cargo de presidente de comisión está remunerado con 4.245,18 euros al mes, los que suman los 2.813,87 de la asignación que perciben todas sus señorías, y el complemento para gastos de representación fijado en 1.431,31 euros. Además, al ser de fuera de Madrid, Sixto también cobra una indemnización de 1.823,86 al mes.

Sin cambios en otros partidos

En el resto de los principales partidos políticos no se han producido cambios en lo que respecta a sus portavoces en materia de Energía en la Comisión de Industria del Congreso. Al frente de la portavocía de Energía del PSOE seguirá la diputada por Cáceres, Pilar Lucio, que es también la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del partido.

Por otro lado, el acento canario de esta comisión se mantiene en las figuras de Guillermo Mariscal y Melisa Rodríguez, que repiten nuevamente como portavoces de Energía en la Comisión. De hecho, el diputado popular ha ejercido esta función desde el último trimestre de 2014, momento en el que heredó el puesto del exdiputado gallego Antonio Erias, que abandonó su acta de diputado para presidir MibGas. Continúa así el toque insular aportado por el anterior presidente, Pablo Matos, y el experimentado portavoz socialista, José Segura.

Cita política en el Congreso Eólico

Dos días después de la resaca de la noche electoral, la cita anual con el Congreso Eólico reunía a los partidos políticos que habían competido en estas recientes elecciones españolas en una mesa ad hoc en materia energética. Evidentemente, con la cuestión de los pactos encima de la mesa, también tenía su morbo periodístico.

Los comicios pesaban en el ambiente de las intervenciones, casi como si se tratase de la prolongación de una campaña en la que la energía no pasó de un discreto segundo plano en los argumentarios electorales. Por un lado, la representante del PSOE, Pilar Lucio, utilizando un pasado cuasi nostálgico, iniciaba sus intervenciones con un manido «nosotros llevábamos en el programa…». Sorpresa y desparpajo por la representante de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez, reclamando una energía al servicio de la competitividad y con ganas de promover un pacto de Estado en energía. También estaba Juan López de Uralde, candidato de Podemos y coportavoz de Equo; voluntarioso pero previsible y desfondado, apelando a afilar la fiscalidad energética que premia y castiga.

Hasta entonces el Congreso del sector eólico discurría por las vías esperadas, sesión de CEO’s, reflexión sobre el papel de la tecnología eólica en el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles para 2020 y 2030, reuniones más técnicas sobre financiación de proyectos, project finance en el argot. México como monográfico dada la actualidad internacional para este sector en este país.

Como proscenio de la actualidad energética, un ambiente raro en el que ya se empiezan a producir nuevos ejercicios de declamación al «futuro Gobierno», una fórmula muy elíptica para decir «el Gobierno que venga» o el Ejecutivo que resulte y como resulte, tan abundantes durante el primer interinato de Gobierno. Fórmula que sirve para distribuir visiones ideologizadas: desde el cumplimiento de los compromisos medioambientales, según su calendario temporal y posibilidades financieras, a la mistificación dogmática de la transición energética. Todo mientras la situación de la demanda y las posibilidades de reabrir un ciclo inversor en nueva potencia en la energía en España están en duda.

Por otra parte, desde las elecciones anteriores se vienen produciendo una serie de acontecimientos que se pueden esquematizar en una legislatura llena de reclamaciones y pronunciamientos políticos referidos a la energía (del fracking a las interpretaciones sobre la pobreza energética), además de la salida del ministro Soria por los motivos ya conocidos y el embarramiento del terreno de juego en lo que se refiere a la central deSanta María de Garoña, cuestión extraída de los motivos puramente técnicos o jurídicos, para entrar en lo político e ideológicos por la poca pericia de Marti Scharfhausen.

Asimismo, continúa la energía gestionada por Nadal y provisionalmente ubicada en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos. En el aire siguen los conflictos y arbitrajes internacionales que el futuro Gobierno, el que surja, deberá afrontar. Gas Natural reclama al Estado daño patrimonial por el efecto de las renovables en la infrautilización de sus ciclos cobminados. La guerra de las tecnologías sigue soterrada y alimentada por la acción política.

Finalmente, nota y apunte de interés: el representante del Partido Popular convocado para el encuentro político, Guillermo Mariscal, heredero in pectore de la insularidad canaria de Soria en lo referente a la energía, no apareció en el debate. El PPxit.

El plazo para inscribir instalaciones de autoconsumo termina con sólo 20 proyectos domésticos entre las críticas de Ciudadanos y Podemos

Europa Press / EFE.– Mientras que Podemos carga de nuevo contra el “impuesto al sol», según la portavoz de Ciudadanos en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez, las desaladoras que funcionan en el archipiélago en régimen de autoconsumo «lamentablemente» son desde este lunes “ilegales o alegales”. El plazo de 6 meses concedido por el Ministerio de Industria a los autoconsumidores de electricidad para inscribir sus proyectos termina con sólo 20 instalaciones domésticas dadas de alta, según datos del registro.

De la veintena de instalaciones domésticas registradas, cuatro se encuentran en Lugo, tres en Málaga, tres en Lleida, dos en Madrid y dos en Asturias. Tanto Alicante como Jaén, Murcia, Navarra y Castellón registran una instalación. Estos proyectos corresponden a los del tipo 1 con potencia inferior a 10 kilovatios (kW), propios de un autoconsumidor doméstico con placas solares. Esta tipología permite verter a la red el sobrante de la energía generada, pero sin retribución económica. Dentro del tipo 1 con potencias superiores a 10 kW, se dieron de alta 20 autoconsumidores, mientras que el tipo 2 cuenta con 115 inscritos. En esta segunda modalidad, pensada para perfiles empresariales, se puede vender la energía sobrante.

En los últimos días, varias comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y asociaciones empresariales del sector han reclamado a Industria que ampliase el plazo para inscribirse en el registro para evitar. Como parte de estas peticiones, llegaron a remitir una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sin embargo, fuentes de Industria no quisieron comentar esta cuestión, al tiempo que desde la Unión de Empresas Fotovoltaicas (UNEF) se asegura que han sido varias las ocasiones en las que se insistió ante el Ministerio para lograr una ampliación en el plazo de registro.

Las organizaciones denuncian en la carta dirigida a Rajoy la «indefensión» en que quedará gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica. Asimismo, consideran que Industria, que «fraguó» en octubre un real decreto «contra el autoconsumo», está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que él mismo ha establecido, ya que aún no ha desarrollado las exigencias técnicas. Asimismo, las entidades piden al presidente en funciones que resuelva «el caos» creado por el ministro José Manuel Soria y acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean «ilegalizados y expuestos a multas multimillonarias a causa de la falta de previsión del Ministerio de Industria».

El real decreto sobre autoconsumo obliga a los autoconsumidores conectados a contribuir en la parte fija de su contrato, que es la del término de potencia, con los costes regulados del sistema eléctrico, entre ellos el déficit eléctrico acumulado, los gastos extrapeninsulares, los incentivos a las renovables o los pagos por capacidad. En cuanto a la parte variable, que es la correspondiente a la energía autoproducida, también se obliga a contribuir a los costes del sistema eléctrico. Esta medida es la que genera polémica y ha sido tildada por el sector como impuesto al sol.

Ciudadanos se preocupa por desaladoras

Melisa Rodríguez denunció que los propietarios de las desaladoras en régimen de autoconsumo tienen que fiarse de la buena voluntad del gobierno español para no ser sancionados, y afirmó que, como el real decreto 900/2015 no está derogado, esas plantas sean ilegales. La diputada añadió que Ciudadanos ha presentado iniciativas para solucionar el problema y ha pedido la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, para que explique la situación el miércoles en Comisión del Congreso de los Diputados. Sin embargo, Melisa Rodríguez no sabe si el ministro querrá «honrar» con su presencia a la Comisión de Industria y aseguró que, aunque desde el PP se diga que todo está solucionado, no es así.

Podemos critica los cargos impuestos

Por su parte, el diputado regional de Podemos en Murcia, Antonio Urbina, recordó la oposición de Podemos «al impuesto al sol», y auguró que cuando se apruebe la Ley de generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo ese real decreto quedará derogado. El proyecto de Ley está ahora admitido en la Mesa del Congreso de los Diputados, avanzando en su tramitación «para que por primera vez desde una comunidad autónoma se pueda regular una política de ámbito estatal», comenta. «Solicitamos que agilice la tramitación de la Ley aprobada en la Asamblea Regional de Murcia. Gracias a ello, en 2016 se abrirá una nueva etapa con el relanzamiento de las energías renovables en nuestro país», añadió.

Podemos, PSOE y Ciudadanos acuerdan reclamar el desmantelamiento del almacén gasista Castor y estudiar posibles responsabilidades penales de Escal UGS

Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso aprobó una iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación tras completar Enagás su sellado, y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS participada por ACS, así como realizar un peritaje para valorar los daños causados.

La iniciativa recibió 28 votos favorables y 15 en contra. La propuesta, que partía de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, ha sido finalmente transaccionada con socialistas y Ciudadanos, y ha cosechado el respaldo de ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV y Compromís, frente al rechazo de los diputados del PP. El portavoz de Industria de En Comú Podem, Josep Vendrell, criticó el «escándalo mayúsculo» de este proyecto «fracasado», que se fomentó «más por el interés del promotor que por el interés general» y que ha acabado por convertirse en un «pelotazo financiero» que puede llegar a costar más de 4.000 millones de euros a los ciudadanos. «Una prueba más del capitalismo de amiguetes», añadió el portavoz.

Por eso, exige una «solución justa» que pase por explorar las «posibilidades legales existentes» para recuperar las indemnizaciones pagadas a Escal UGS porque «incurrió en dolo», así como por establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos. Igualmente, se reclama un calendario de desmantelamiento de las instalaciones de Castor una vez se conozca el informe técnico encargado al MIT sobre el estado de las instalaciones y nuevas medidas legislativas para que casos de este tipo no puedan repetirse en el futuro, dando «mayor protagonismo» a la Oficina Nacional de Evaluación de modo que pueda controlar ex ante las licitaciones y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

En el texto que finalmente ha sido aprobado también se ha incluido la petición de promover un Pacto de Estado de la Energía para que esta política tenga estabilidad en el tiempo y que permita facilitar el tránsito hacia un modelo basado en las renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda. Unos objetivos que comparte el PSOE, cuyo diputado Herick Campos recordó que la posición socialista es de «cierre y desmantelamiento de la infraestructura», mientras criticó que el PP coincida con estas reclamaciones en Valencia y luego vote en contra en Madrid.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, cree que antes de tomar cualquier medida sobre el desmantelamiento de Castor o sobre el recurso a los tribunales hace falta contar con informes técnicos y jurídicos, lo mismo que debe conocerse la documentación que ha llevado al Gobierno a pagar la indemnización a Escal UGS «sin transparencia«. El portavoz de Industria de ERC, Jordi Salvador, fue más allá al avanzar que solicitarán la creación de una comisión de investigación para aclarar las responsabilidades políticas, económicas, medioambientales e incluso penales «si las hubiera» respecto de este «escándalo», ocurrido «tanto en periodo socialista como popular», según recordó.

El diputado Jordi Xuclá, de Democracia y Libertad, ha hecho hincapié en que este «escándalo» ha sido posible por una «decisión política» que permitió que el contrato incluyera unas «cláusulas abusivas» en beneficio de la empresa. Por Compromís, la diputada Marta Sorlí denunció que «Castor ha sido una fábrica de billetes para Florentino (Pérez) y para los bancos que sólo ha servido para hacer temblar nuestra tierra y ensuciar nuestro mar» y se felicitó de que «ahora sí» exista la posibilidad de «hacer bien las cosas: desmantelar la planta, exigir responsabilidades a la empresa y recuperar parte de ese dinero».

Finalmente, el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, criticó que esta propuesta es «insuficiente» porque lo que solicita para que se recupere la indemnización ya está incluido en un decreto aprobado en 2014 si se demuestran irregularidades por parte de la empresa, tanto en lo que respecta a la no extinción de las responsabilidades de la promotora Escal UGS en la próxima década como en relación con la hibernación y seguridad de las instalaciones.

Además, ha recordado que ya se han pedido informes al MIT y a Enagás sobre lo sucedido y, durante la pasada legislatura, se han aprobado otros cambios legislativos para exigir declaración de impacto ambiental sísmico para este tipo de proyectos en el futuro. Con respecto al pago de la indemnización, el diputado ha recordado que el Gobierno estaba obligado a pagar y que ha minimizado el coste financiero y ha ampliado el plazo de amortización para reducir la cifra final.

Por último, Mariscal señaló que el «dañino» decreto que incluía el «alucinante» artículo que permitía a la empresa recuperar el valor residual de la inversión incluso si abandonaba el proyecto en cualquier momento lleva la firma de un «socialista» y que el Ejecutivo del PP trató de revertirlo para no tener que abonar la indemnización a Escal pero el Tribunal Supremo no se lo permitió.