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Toda la oposición se une y pide en el Congreso una nueva Ley de autoconsumo de electricidad sin cargos

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EFE / Europa Press.- Todos los partidos políticos de la oposición al Gobierno se unieron para presentar una iniciativa parlamentaria que suponga la creación de una nueva Ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. Todos los partidos políticos a excepción del PP y Foro Asturias han firmado una proposición de Ley que han registrado en el Congreso para favorecer el consumo energético compartido y colectivo, hacer posible una simplificación administrativa, modificar el actual régimen sancionador y eliminar el impuesto al sol.

Los representantes del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu presentaron esta iniciativa y han exigido que el Gobierno no la vete y han advertido de que esta mayoría parlamentaria podría levantar dicho veto. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, puntualizó que el autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz. Además ha explicado que el escenario máximo de autoconsumo podría llegar a los 400 Megavatios, lo que supondría una alteración de tan sólo de 12 millones de euros.

Donoso calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque «se inicia el camino por el que el Parlamento recupera el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho al autoconsumo sin barreras y el sentido común». En este sentido, considera que se trata de una ley que busca evitar las «barreras» impuestas en la normativa actual y que se basa en cuatro puntos que pasan por “que no se pague lo que no se usa», de forma que se eliminen los peajes al autoconsumo, el llamado impuesto al sol. De hecho, ha cifrado en 11 céntimos de euro al año la repercusión que supondría para el conjunto de ciudadanos.

En el mismo sentido, el director general de Geoatlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, asegura que el autoconsumo de electricidad supone «ahorrar en la factura de la luz y hacerlo sin ningún tipo de subvención» e incide en que habría menos exposición a las variaciones de los precios de los combustibles. Además, Morales explicó que no se contempla el balance neto, sino que fija descuentos en los excedentes a precio de mercado, de forma que al autoconsumidor se le restaría de su factura la parte que haya vertido a la red.

La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes y los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficit de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. Podrían desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficit de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW.

La portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, destacó la unión parlamentaria para que se desarrolle el autoconsumo en España, «el único país del entorno en el que no se ha desarrollado», a través de una iniciativa «fruto del sentido común y la justicia». Lucio desveló que la «voluntad» de los grupos parlamentarios que impulsan la iniciativa legislativa es aprobarlo «cuanto antes», con una previsión de iniciar su tramitación antes del mes de junio, siempre y cuando el Gobierno no presente vetos a la iniciativa con «argumentaciones peregrinas» similares a las dadas cuando presentó el veto a la iniciativa sobre autoconsumo presentada por Ciudadanos el año pasado.

En este sentido, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, pidió al Gobierno que no vete el proyecto de ley ya que «si no es ahora, saldrá adelante dentro de unos días». Rodríguez lamenta que el Ejecutivo se preocupe más por la no recaudación que a su juicio supondría el autoconsumo que por la disminución del precio de la luz que supondría, cuando se podría recaudar «pinchando la burbuja política o eliminando duplicidades». De esta forma, abogó por un modelo de autoconsumo similar al resto de países de Europa y del mundo, y asegura no entender el «miedo» a la generación descentralizada cuando hay «infraestructuras suficientes» para ello.

De igual forma, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha manifestado su «satisfacción» porque la iniciativa de las organizaciones sociales se vea reflejada en un texto legislativo que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Vendrell ha criticado que el Ejecutivo, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, no sea «amigo» del autoconsumo al fijar una regulación «de las más restrictivas que hay en el mundo», y ha calificado de «impresentable» y «deleznable» que argumente una menor recaudación de impuestos cuando puede abaratar la factura de la luz.

El diputado de PDeCAT Ferran Bel ha recordado que en Cataluña las instalaciones de autoconsumo se han paralizado, no sólo por los costes asociados sino por el mensaje que ha transmitido el Gobierno a los usuarios, y ha reafirmado la voluntad parlamentaria de promocionarlo. También, el diputado de ERC Joan Capdevila ha señalado que se inicia el camino para hacer justicia a las pequeñas empresas y a las familias que apostaron por la energía fotovoltaica, unas 4.300 en Cataluña «al borde de la ruina», por lo que ha dicho esperar que el consenso parlamentario se mantenga y se facilite una transición energética «real y sostenible».

El diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, también calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque demuestra que «el PP está absolutamente solo en materia energética«. Candela ha destacado que la proposición de ley permita avanzar en la búsqueda de alternativas al modelo energético «mientras unas cuantas empresas se llevan todo el dinero», y ha mostrado su compromiso con los «miles de arruinados» por la «estafa» fotovoltaica para que recuperen sus derechos.

Ciudadanos plantea un plan nacional para renovar edificios públicos y hacerlos eficientes

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Europa Press.- Ciudadanos insta al Gobierno, a través de una proposición no de ley, a elaborar un plan nacional para aumentar en, al menos un 3% anual, la renovación de edificios públicos. En el texto registrado, firmado por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, se hace un llamamiento al Ejecutivo para que evalúe la eficiencia energética de los edificios más sensibles como colegios, residencias de ancianos y hospitales, de manera que se prioricen las actuaciones de renovación y conversión de estos edificios hasta anular su consumo.

Se trata, según Rodríguez, de «elaborar medidas de eficiencia energética dirigidas en especial para el colectivo de consumidores vulnerables severos». El documento también sugiere una regulación de la eficiencia energética de edificios, fijando los términos que éstos deberán cumplir para llegar a ser construcciones «de consumo de energía casi nulo». La idea de la formación naranja es que el Ejecutivo desarrolle el decreto que establece la obligación de poner a disposición de compradores o usuarios un certificado de eficiencia energética. Sin embargo, los requisitos mínimos de eficiencia energética de las construcciones se establecen en el Código Técnico de la Edificación.

Ciudadanos pide en el Congreso una auditoría de los costes energéticos y de la factura de la luz

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Europa Press.- Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar una auditoría de todos los costes del sistema energético y otra del coste de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

En su proposición no de ley, firmada por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, la formación naranja pide impulsar una auditoría a todo los costes del sistema energético, tanto generación, transporte, distribución y comercialización, que «permita determinar con precisión los costes reales del sistema”. El objetivo es «fomentar la transparencia en el mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación». Asimismo, pide impulsar una auditoria de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

De igual forma, insta al Ejecutivo a encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad (Aeval) sobre los resultados de las diferentes reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por el Gobierno del PP, con «especial incidencia» en las implicaciones que las mismas han tenido para los consumidores particulares y para las industrias.

Intervención del Gobierno en 2013

La formación naranja recuerda en su iniciativa que hasta finales de 2013 el precio variable de la electricidad se fijaba a partir de las subastas Cesur. La celebrada el 19 de diciembre de ese año arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6% que, de haberse aplicado, hubiera provocado una subida de tarifa del 11%. Ante esta situación el Gobierno decidió entonces intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014, y el 1 de octubre de 2015 estableció un nuevo modelo de facturación horaria, para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que tuviesen ya instalado un contador inteligente y telegestionado.

De este modo, el precio del kWh varía cada hora, se calcula en función de la cotización del kilovatio cada hora, en el mercado mayorista y se traduce en 8.760 precios diferentes al año. Para Ciudadanos, estos incrementos en el precio variable de la energía, pero sobre todo, su «elevada volatilidad» como consecuencia de las sucesivas modificaciones acometidas en sus sistemas de fijación, ha terminado por provocar la «imposibilidad de conocer el grado de correlación entre su evolución y la de los costes reales de generación de la energía convencional».

Asimismo, Ciudadanos señala que durante este mes de enero los incrementos en la factura de la luz para los usuarios  registraron “una proporción desmesurada, fomentando de ese modo las situaciones de impago y dificultad económica para familias y empresas a la hora de asumir el coste de una de las facturas eléctricas más cuantiosas de Europa, según datos de Eurostat».

Por ello, dadas las «recurrentes dificultades» por las que atraviesa el sistema energético, como problemas de seguridad de suministro, recargos en la factura o dependencia internacional, que consolidan un «alza masiva» de los precios durante la última década, ve necesario conocer el conjunto del sistema y «determinar, de manera adecuada y transparente, cuáles son los costes que el funcionamiento del mismo conlleva y cómo deben ser asumidos por los consumidores».

La oposición critica en la Comisión de Industria la “opacidad y politización” del CSN

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Europa Press / EFE.- Durante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, recordaron que la Comisión aprobó en la pasada legislatura su cese y que el Gobierno no lo llevo a cabo. Han criticado también las actuaciones del órgano respecto a las decisiones en torno a la central de Garoña así como al ATC. Igualmente, lamentan que se esté impulsando, a juicio de los parlamentarios, una regulación para extender la vida útil de las nucleares hasta los 60 años.

«Es un órgano más opaco y menos independiente desde que usted está en el cargo», le indicó la diputada del PSOE, Pilar Lucio, que insistió en que es «chocante» que sea el máximo responsable del CSN después de haber sido secretario de Estado de Energía. A su juicio, su actividad al frente del mismo ha supuesto «una captura del órgano regulador«. Asimismo, Lucio lamentó que Marti vaya a la Cámara Baja a responder a los técnicos, en lugar de responder a los parlamentarios sobre cómo va a resolver la situación.

Desde Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha advertido del «deterioro» de la seguridad nuclear en los últimos años. «Hoy estamos más expuestos», ha avisado al tiempo que ha recalcado que este deterioro se refiere tanto a la situación de las centrales como a la realidad interna del CSN, «consecuencia de la ocupación por parte del PP de este organismo». Su compañero de filas, Josep Vendrell, ha insistido en la «escasa credibilidad» de un presidente que viene de ser secretario de Estado, además de denunciar falta de transparencia y el «clima interno» en el CSN.

Uralde también ha tachado de «tomadura de pelo» la comparecencia de Martí. «No es de recibo que las discrepancias se sustancien poniendo a caldo a quienes han apuntado las críticas», afirmó, al tiempo que advirtió de que el suceso notificado por Almaraz calificado como 0 y denunciado por la asociación ha pasado a calificarse como 1. «Les da la razón a ellos y le quita la razón a usted. Lo mejor es que usted dimita y que el Consejo de Seguridad recupere su credibilidad», sentenció.

Mientras, Melisa Hernández, de Ciudadanos, ha manifestado la voluntad de su grupo de confiar en el organismo regulador, pero ha precisado que no de esa manera y ha avisado de la «politización» del sistema. En este sentido, también ha criticado la ausencia de Marti en la pasada legislatura y le ha reprochado que la razón que se dio a la Cámara Baja es que tenía «muchos viajes». Por ello, le ha recordado que su grupo también apoyó la petición de dimisión. Hernández ha anunciado que su grupo presentara una iniciativa para que los plenos del CSN se retransmitan en directo.

Por su parte, Pedro Azpiazu, por el PNV, que se centró en la central nuclear de Garoña, ha confesado estar un poco cansado de este tema. «Ya vale, tomen una decisión, hagan el informe técnico que corresponde. ¿A qué esperan para no conceder la autorización a Garoña? Pusieron un calendario hasta septiembre de 2015 y no han cumplido ¿A qué esperan? A mí me gustaría que, por fin, Garoña se cerrase, sería hacer lo que exige el sentido común», proclamó.

La evaluación de reapertura de Garoña por el CSN está pendiente del envío de información y de modificaciones por Nuclenor

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Redacción / Agencias.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, explicó que el proceso de evaluación de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) está pendiente del envío de información por parte del titular, Nuclenor, y de la puesta en marcha en la instalación de algunas modificaciones requeridas, por lo que «estamos a la espera de que Nuclenor cumpla las condiciones» para la reapertura de la central, que cesó su actividad a finales del año 2012.

Así lo explicó Marti durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, especificando que la central, perteneciente a Iberdrola y Endesa, tiene que aplicar los requisitos derivados de Fukushima y presentar unas modificaciones de diseño que deben estar implantadas antes de la carga de combustible para poner en marcha la central (estos incluyen el sistema de venteo filtrado de la contención, los recombinadores pasivos autocatalíticos y el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE). Estas modificaciones «habrían de ser apreciadas favorablemente por el CSN antes de su entrada en servicio». El presidente del CSN ha asegurado desconocer el coste de las mejoras que ha exigido a Nuclenor para reabrir Garoña.

Por otro lado, recordó que estos requisitos tendrían que haberse cumplido en septiembre de 2015, por lo que afirmó que «el calendario ha sido rebasado». Preguntado por la posibilidad de aparcar la posible reapertura de Garoña ante el retraso de su titular Nuclenor, aseguró que «el CSN no puede parar sus actividades reguladoras sobre Garoña». «No tenemos capacidad jurídica para parar esos expedientes, de unos señores que son regulados y que están pagando sus tasas», prosiguió Martí, quien advirtió de que «si lo hiciésemos, prevaricaríamos».

Por su parte, la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, salvo PP y Foro Asturias, han vuelto a mostrarse partidarios del cierre definitivo de la central burgalesa, y en el caso del PSOE y Podemos, sus diputados han llegado a afirmar que el Gobierno, a través del CSN, «ensayan» con Garoña la extensión de la vida útil del parque nuclear hasta los 60 años. «La renovación de Garoña es un claro ejemplo de sus inconfesables intenciones, permitiendo que pueda operar hasta 2031 como solicitó Nuclenor», remarcó la diputada socialista Pilar Lucio, quien aseguró que «el Parlamento debe ser informado de estas intenciones».

«Garoña es un paripé para alargar la vida de las nucleares, su reapertura no interesa ni a los propietarios de la central», insistió el diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien exigió al presidente del CSN que no siga adelante emitiendo informes de Garoña «hasta que no haya nuevo Gobierno». La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, también acusó a Martí de «seguir dando curso» a los informes de Garoña pese a la discrepancia con la reapertura de la central nuclear de la mayoría parlamentaria.

Sobre el ATC, Marti indicó que el pleno del CSN remitió en julio de 2015 al Ministerio de Industria el informe favorable a la solicitud de autorización previa o de emplazamiento, estableciendo en dicho informe los límites y condiciones referidas a la seguridad nuclear y la protección radiológica. En este sentido, en 2016, el CSN ha trabajado en la solicitud de autorización de construcción, concretamente en la evaluación del Estudio Preliminar de Seguridad que ha generado una petición de información adicional. Igualmente, ha recalcado que hubo dos inspecciones centradas en garantía de calidad, en el diseño de la instalación y en las actividades de caracterización geológica y geotécnica en campo.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

El Congreso de los Diputados reclama una tregua invernal y un fondo público-privado de protección para paliar la pobreza energética

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. Esta medida se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con la salvedad de Podemos y ERC, que optaron finalmente por abstenerse.

El texto aprobado por la comisión, con 26 votos a favor y 8 abstenciones, recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Finalmente, tanto el PP como el PSOE han realizado varias aportaciones. Concretamente, la participación de las empresas energéticas en estos fondos ha sido propuesta por los populares, si bien Ciudadanos ya incluía en su iniciativa acuerdos con las compañías suministradoras de energía para evitar estos cortes de luz.

Así, se insta a establecer la obligatoriedad de avisar por parte de las compañías antes de interrumpir el servicio con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como «vulnerables» en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que «se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente».

Además, plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Por último, la enmienda recoge la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar «servicios energéticos avanzados» a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Según los datos ofrecidos por Ciudadanos durante el debate de la iniciativa, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua. «Creo que todos entendemos que la pobreza energética es un problema real que hay que paliar», aseveró la diputada Melissa Rodríguez, que criticó que se estén produciendo cortes en el suministro energético «sin tener en cuenta su condición social, su renta o que es invierno».

Ciudadanos recordó que en España hay 4,5 millones de personas «pobres desde el punto de vista energético», sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados. En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético, «sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago«.

Por su parte, el diputado socialista, Gonzalo Palacín, destacó la necesidad de profundizar con iniciativas como esta los beneficios del bono social con el que, a su juicio, existe un «problema de indefinición» de las personas que pueden acogerse a él. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por tener la posibilidad de aprobar esta iniciativa, pues su grupo presentó otras medidas al respecto en el pasado y, a pesar de contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

Teresa Palmer, diputada popular, reivindicó que el Gobierno del PP «ha sido el primero que ha afrontado el problema heredero del déficit tarifario, de unos 26.000 millones de euros«, cuantificando el ahorro gracias a las reformas llevadas a cabo en unos 10.000 millones. Por el contrario, el único grupo de los cuatro grandes partidos que no apoyó la medida fue Podemos, pese a compartir, según indicó Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, las ideas y el diagnóstico de la iniciativa. Sin embargo, ha pedido «no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza». Sus enmiendas referidas al cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva no han sido aceptadas.

El PP se compromete con un Renove para la cogeneración mientras Ciudadanos lo encuadra en un pacto de Estado energético

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Javier Angulo.- Los partidos que lograron suscribir un pacto de investidura el pasado agosto han ofrecido una perspectiva esperanzadora para la cogeneración en caso de formarse Gobierno. El Plan Renove, aspiración del sector que está contenida en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 pero aún no desarrollada, parece contar con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos, aún con las manifiestas diferencias entre sus representantes. En el lado contrario Podemos, que no varió su aspiración 100% renovable.

La mesa política del Congreso Anual de Cogen España (Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración) no contó con la presencia de la portavoz socialista de Energía en el Congreso de los Diputados, Pilar Lucio. Una ausencia totalmente comprensible e incluso esperada dado como bajan las aguas por Ferraz. A pesar de la ausencia del principal partido de la oposición, no faltó la tensión política en algunos momentos. Frente a las críticas de Ciudadanos y Podemos a las medidas puestas en marcha por el Gobierno popular en los últimos años, el PP volvió a justificar sus decisiones en la necesidad de atajar la generación de más déficit de tarifa.

Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, resaltó que su partido fue el único que llevó en su programa electoral el compromiso de llevar a cabo un Plan Renove para la cogeneración. No comprometió cifras ni plazos, pero mostró su convencimiento de que el gas natural “es el futuro a corto y medio plazo” al tiempo que resaltó la infraestructura gasista existente en España. Por ello cree que, una vez logrado “un marco jurídico estable” en el sistema eléctrico, es el momento de apostar por la cogeneración y la eficiencia energética, pensando en los objetivos comunitarios para 2020. La cuestión es conocer si la sintonía será absoluta entre lo expresado desde el grupo popular y los actuales y futuros responsables ministeriales.

Su homóloga en el Congreso por Ciudadanos, Melisa Rodríguez, priorizó un pacto de Estado en materia energética para que el país defina cómo quiere garantizar su suministro. En este sentido, reprochó al PP haber tomado medidas que “han sido un palo para el sector” así como otras como la regulación del autoconsumo, “ambas realizadas desde la improvisación después de no escuchar a nadie”. Asimismo reconoció que la eficiencia energética es clave para la economía de un país y ratificó el compromiso de Ciudadanos con los objetivos comprometidos con la Unión Europea en la materia, pero no quiso respaldar explícitamente un Plan Renove para la cogeneración, algo que circunscribió a la conveniencia de alcanzar un pacto de Estado en materia energética.  

Elena Méndez, coordinadora del Área de Trabajo Territorial del grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid, se limitó a exponer el objetivo de un suministro energético 100% renovable como el objetivo a alcanzar en el futuro. Dentro de este discurso, si bien reconoció que es necesaria una transición para llegar a ese punto, no ofreció una solución mejor a la cogeneración para las industrias que precisan de gran cantidad de energía térmica (calor o frío) para sus procesos productivos, limitando su discurso al sector eléctrico y a un plan de ahorro energético centrado en la rehabilitación de edificios y el sector del transporte. “Hay que subordinar los intereses económicos a los intereses sociales”, sentenció respecto al cambio climático.

Punto de vista de autonomías

Los representantes de los partidos políticos también protagonizaron otros momentos del Congreso Anual de Cogen. Mención especial merece Aitor Oregi, director de Energía del Gobierno del País Vasco, que asistió a todas las sesiones del Congreso e incluso lanzó una pregunta a los diputados. El dirigente vasco lamentó que la incertidumbre que rodea al plan Renove de cogeneración esté retrasando las inversiones en un sector en el que no se ha invertido nada desde 2012. A la espera también se expresaron otras comunidades como indicó el representante de Aragón, Fernando Rivera, que señaló que el Plan Energético a 2020 prevé una potencia instalada en cogeneración de 850 megavatios, lo que supondría un incremento del 30%.

Desde la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge Juan Jiménez Luna destacó que la cogeneración es una herramienta “básica” para el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética. En términos parecidos se expresó Esther Marín, directora de Energía de la Región de Murcia, que aspira a aprobar próximamente una regulación específica para el autoconsumo. Otro representante murciano, el diputado del PP en el Congreso, Teodoro García Egea, apuntó que, “después de asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico”, es momento de dar un paso adelante y plantear otras cuestiones como si deben financiarse mediante la tarifa eléctrica todos sus componentes actuales o favorecer a la industria “haciendo justicia” con la cogeneración.

Los partidos coinciden en la necesidad de una nueva regulación para avanzar a una transición energética

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Europa Press.- Expertos del sector energético y representantes de las principales formaciones políticas alertaron desde el Foro de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas de la necesidad de consensuar un marco legislativo para garantizar una correcta transición energética en España.

Al acto acudieron el diputado de Equo Juan López de Uralde, el exministro socialista Luis Atienza, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez y el diputado popular Guillermo Mariscal. Junto a ellos también estuvieron el presidente de BP España, Luis Aires y el director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de Comillas, Ignacio Pérez-Arriga. Los expertos señalaron que el sector del transporte es el sector que contribuye más a las emisiones de CO2 en España, ya que suponen un 30% del total. De esta forma, piensan que se deben mejorar las tecnologías de los vehículos y que se promuevan señales económicas y fiscales adecuadas.

Según el presidente de BP España, Luis Aires, los gobiernos deben ofrecer un marco legislativo claro que facilite y ayude al desarrollo energético. Asimismo, ha recordado que los combustibles fósiles suponen un 86% de las emisiones a nivel global. En este sentido, Aires propuso que se sustituya el uso del carbón como materia prima para la producción eléctrica por gas, ya que, según comenta, la combustión del carbón constituye un tercio de todas las emisiones. Del mismo modo, Aires ha criticado que España fuera en 2015 el país con un mayor incremento de la emisión de contaminantes derivados del carbón.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Comillas Ignacio Pérez-Arriaga advirtió que todos los sectores energéticos tendrán que contraer mucho sus emisiones para el año 2030 y que tendrán que exponerse a «un esfuerzo notable». En este sentido, Pérez-Arriga pide que se establezca una hoja de ruta y una política energética «fuerte, estable y ortodoxa». Asimismo, pidió que la regulación que se adopte tiene que adaptarse a las alteraciones del mercado e indicó que ahora es «un buen momento» para reflexionar acerca de una legislación conjunta. «Hace falta decisión, liderazgo y cierto nivel de consenso político», ha explicado.

Para el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, el modelo que propone su formación consiste en que toda la energía que se consuma provenga al 100% de renovables. Del mismo modo, defendió que también se deben cerrar progresivamente todas las centrales nucleares conforme se vayan agotando sus licencias. Asimismo, lamentó que en los últimos años el sector de las renovables haya perdido «el gran aporte de riqueza» que le otorgaba a la economía española a causa de «políticas irresponsables».

Por otro lado, el exministro socialista de Agricultura Luis Atienza reclamó que la reducción de las emisiones pase por la descarbonización «plena» del sistema eléctrico. Asimismo, ve imprescindible que se acometa una decisión política a largo plazo. «Hace 20 años, la desaparición de la política energética era la medida más adecuada para asegurar la competitividad del sector. Ahora, el cambio climático se ha revelado como el gran fallo de mercado y necesita de intervencionismo«, argumentó.

Para la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, los partidos que han estado en el poder «han jugado» con la política energética y a raíz de este hecho se ha llegado a un punto de «inseguridad jurídica». De esta forma, Rodríguez ha solicitado «un pacto de Estado» para la energía pero duda de que todos los partidos lo apoyen. Igualmente, ha puesto en valor la utilización del ferrocarril como método a corto plazo para reducir las emisiones de carbono y ha pedido que se acometan medidas para que España se aleje del concepto de «isla energética».

Finalmente, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, recordó que la primera demanda del sector de la energía es el consenso. De este modo, cree que el objetivo de que el 20% de la energía producida en España sea renovable en 2020 es conseguible y explica que el porcentaje actual es superior al de los socios europeos. Además, Mariscal cree que una reducción de la tarifa y de los precios es fundamental para que la industria sea competitiva y para que no se «machaque» al consumidor.

El Congreso de COGEN reunirá a responsables energéticos y a desarrolladores de plantas para discutir el futuro de la cogeneración

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El próximo martes 4 de octubre el sector de la cogeneración celebrará el Congreso anual de COGEN España en el hotel The Westin Palace de Madrid, con la presencia de responsables de política energética de los principales partidos políticos, directores de desarrollo energético de comunidades autónomas y líderes de opinión europeos en materia de cogeneración.

Un año más COGEN España, la Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración, organiza una jornada internacional de trabajo e intercambio de opiniones alrededor de la política de desarrollo energético y el futuro a medio plazo para la cogeneración. En esta ocasión se debatirán los retos a los que se enfrentará durante la siguiente legislatura un sector que ha visto seriamente mermada su potencia en funcionamiento, unos 2 GW menos que los 6 GW de 2012, a raíz de las medidas implementadas durante los últimos años para atajar la generación de más déficit. Aún así, existe un potencial no abastecido de otros 2 GW adicionales solo en el sector industrial, según el Mapa de calor recientemente enviado a Europa.

Durante la jornada se explicarán los programas y acuerdos de gobierno de las 4 principales formaciones políticas, contando con tres portavoces de Energía en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados: Guillermo Mariscal (PP), Pilar Lucio, secretaria de Medio Ambiente del PSOE, y Melisa Rodríguez (Ciudadanos), así como Elena Méndez, asesora de Energía de Podemos. Participarán asimismo los directores generales de Energía de las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco, Aragón, Murcia y Andalucía, por cuyas manos circulan temas de vital importancia como la administración de cogeneraciones, el desarrollo de mecanismos de eficiencia o la concesión de apoyos y subvenciones.

También habrá ocasión de escuchar a responsables de política europea como Samuele Furfari, asesor del director general de Energía en la Comisión Europea, o a expertos como Roberto Francia, director general de la asociación Cogen Europe. Y finalmente se contará con expertos en regulación alemana de cogeneración, operadores globales e incluso habrá tiempo para nuevos mercados como el de las plantas de purinescon cogeneración, que esperan reabrir tras el fallo del Tribunal Supremo en junio pasado. En definitiva, una oportunidad para entender y participar de la realidad del momento que los profesionales del sector energético no deberían dejar escapar.