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El PP presentará un recurso en el Tribunal Constitucional si la renovación del CSN se completa con el Congreso disuelto

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Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha anunciado que su formación presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si la propuesta del Gobierno para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, se completa con las cámaras disueltas y sin conseguir el aval del Congreso para sus nombramientos. La propuesta necesitaba el apoyo de tres quintos, pero el PP votó en contra mientras que Ciudadanos decidió renunciar a la votación.

«Al ser una institución el CSN con control directo por parte del Parlamento, creemos que se están violando los derechos de los diputados a elegir esos miembros», denunció el diputado popular. «Si como todo parece indicar la renovación se completara, entendemos que el Gobierno continúa con el asalto a las instituciones al nombrar estos cargos con las cámaras disueltas», insistió Mariscal. Lo cierto es que los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar el CSN no han conseguido el aval del Congreso para sus nombramientos.

Los 4 nombres propuestos para el regulador, Elvira Romera y Pilar Lucio, por parte del PSOE, José María Serena, candidato de PDecAT y Francisco Castejón de Unidos Podemos, comparecieron ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso que debía votar su idoneidad para el cargo. Tanto PSOE, como Unidos Podemos, PNV, ERC y Compromís ha votado a favor de esta propuesta, mientras que PP ha votado en contra y Ciudadanos abandonó la sesión antes de que se produjera la votación en protesta por el proceso de elección de este Consejo.

El PP ha explicado, a través de su portavoz Juan Juncal, que Romera y Serena sí tienen un perfil profesional. Sin embargo dudan de la «independencia» y del posible conflicto de intereses de Lucio, exportavoz socialista en esa misma comisión hace unos meses, y Castejón, portavoz de política antinuclear de Ecologistas en Acción. Los populares también reiteraron que se está «vulnerando su derecho» a la elección porque este proceso de nombramiento se va a completar con las Cortes ya disueltas.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, ha explicado que no ha venido a hacer política para «participar en estas cacicadas» y, aunque ha señalado que los perfiles presentados eran técnicos, cree que el nombramiento de estas personas «siempre estarán manchadas por estar puestas a dedo«. La diputada recordó que esta ha sido siempre la postura de su partido en este tipo de procesos. Así, los naranjas no participaron en la votación para el Consejo de RTVE, ni en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

El PP cuestiona el cierre de centrales en España si luego se importa del extranjero energía de nucleares y térmicas

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Europa Press.- El PSOE defiende ante el Congreso una «entrada masiva» de energías renovables en el mix energético mientras que el PP cuestiona que se cierren centrales térmicas y se plantee el fin de las plantas nucleares y en cambio se acabe importando electricidad procedente de la quema de carbón (Marruecos) o generada por centrales nucleares (Francia).

«¿Cómo le explicamos a gallegos, asturianos, ponferradinos, turolenses, almerienses… cerramos, pierdes el trabajo, pero le compramos a Marruecos la electricidad producida por carbón?», se preguntó el diputado popular José Manuel Juncal, que teme que la transición ecológica, si la impulsa el PSOE, puede acabar como la reconversión industrial, con más desempleo, menos población y «crisis permanente» en estas zonas. «Lo que sí sabe hacer el PSOE, eso se lo reconozco, es prometer, prometer, y prometer y, una vez metido, nada de lo prometido. El voto en la urna, me refiero», manifestó, ante la indignación de la bancada socialista por la expresión lanzada por el diputado.

Las acusaciones de Juncal se han lanzado durante el debate de una proposición no de ley llevada al Congreso por En Comú Podem, con la que la formación catalana integrada en Unidos Podemos reclama una reforma del mercado, que tanto PP como PSOE han ignorado durante sus intervenciones. Unos cambios insuficientes, a juicio del portavoz de Unidos Podemos, Josep Vendrell, que lamenta la falta de «cambios estructurales» en un modelo que, considera «es factor de empobrecimiento» para la población, que ha visto como en 15 años los precios de la electricidad han subido un 78%.

“Excesivo poder de las empresas”

«Grandes beneficios por un lado, cortes de luz a otro», ha indicado Vendrell, que ha recordado los beneficios de más de 3.000 millones de euros de Iberdrola y más de 1.500 millones de Endesa el pasado año y denunció el incumplimiento del Gobierno para abordar la reforma del bono social eléctrico, como comprometió. Para el portavoz de Energía de Unidos Podemos, esta situación responde al «exceso de poder de las empresas» que, ha acusado, «han determinado la regulación simplemente levantando el teléfono», y que consecuencia de ello es el paso de presidentes y ministros por los consejos de las eléctricas.

El PSOE, por su parte, ha apostado a través de su portavoz fiscal, Patricia Blanquer, por reducir los costes de generación eléctrica a través de una «entrada masiva» de energía renovable, pues estas son «más baratas y competitivas», y por ello ha elogiado la eliminación de «trabas», como el llamado impuesto al Sol a estas energías, llevado a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera en estos meses. En este sentido, criticó el recorte a las primas realizado por el Gobierno Rajoy.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha compartido con Unidos Podemos la necesidad de llevar a cabo un cambio en las retribuciones y realizar una auditoría «integral» tanto del sistema como de la tarifa, pero no así un cambio en la fiscalidad sin haber examinado antes su resultado o la recuperación de la gestión pública en las centrales hidroeléctricas cuya explotación expire.

El portavoz energético de ERC, Joan Capdevila, echa en falta mayor concreción en las propuestas y un horizonte para conseguir tales objetivos, pese a la «magnífica declaración de intenciones», mientras que Carles Campuzano, del PDeCAT, ha pedido «un acuerdo político» en esta materia para que sea «predecible, estable», y «lance mensajes claros a mercados e inversores». Finalmente, Idoia Sagastizabal (PNV) ha compartido una nueva regulación del mercado ante el «método deficiente de fijación de precios».

PP y Ciudadanos acusan al Gobierno socialista de politizar las instituciones ante los nombramientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

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Europa Press.- El PP y Ciudadanos rechazan la propuesta del Gobierno del PSOE, pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, para la renovación de 4 de los 5 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Ambas formaciones han mostrado su rechazo a esta actitud del Ejecutivo alegando que busca politizar las instituciones con sus afines antes de terminar su mandato en esta legislatura.

El portavoz parlamentario adjunto del PP, Guillermo Mariscal, ha denunciado que esta propuesta para renovar al regulador «va más allá de la política energética» y se basa en «la ocupación del espacio público, apoderándose de las instituciones». «El hecho de que el Gobierno tenga que nombrar a estas personas con las cámaras disueltas es, además de absolutamente irresponsable, una demostración más de que el único objetivo de este cambio es llenar todas las instituciones posibles de miembros de su formación política o adeptos», ha denunciado.

El portavoz del PP ha señalado que organismos tan importantes como estos «necesitan el consenso y la concordia» de las formaciones políticas y que los partidos lleguen juntos «a buscar a quienes son los mejores candidatos». Según ha señalado, el PSOE está haciendo un «ejercicio de sectarismo» que el PP no practicará «a partir del 28 de abril cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno».

Por su parte, la portavoz adjunta de los naranjas en la Cámara, Melisa Rodríguez, ha explicado que es contraria a «seguir manipulando y poniendo a dedo» los órganos de regulación y que los diputados de su grupo se mantendrán en esa convicción. En este sentido, Rodríguez ha defendido reguladores independientes del poder político y ha mostrado su sorpresa ante la actitud de un PSOE que, en la oposición, se mostraba favorable a las propuestas de Ciudadanos para cambiar el sistema de elección de estos órganos.

«Propusimos que las negociaciones no fueran a puerta cerrada y a dedo y que las personas que tienen que formar parte del regulador se eligiesen de manera independiente y meritocrática», ha señalado, para apuntar que los socialistas quieren «a toda prisa» y «saltándose el reglamento» nombrar para el CSN «a los suyos». En este sentido, indicó que este «nerviosismo» por «repartirse los cromos» llega ante el miedo de que después de las elecciones “pierdan la cuota» en el organismo sin poder «nombrar a los suyos».

El Congreso convalida el real decreto del Gobierno que devuelve a la CNMC con total independencia las competencias en Energía

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Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto «pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones», en alusión al cambio de criterio, aprobado por el PP en 2014, por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética. De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno «ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión«. Momentos previos a la votación, la ministra dio un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin «al incumplimiento arrastrado durante años» o, por el contrario, «daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma «facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores».

Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida «reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial«. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la «incertidumbre continua» que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido «reuniones secretas» con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. «Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría», ha afirmado Mariscal.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto «se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie», añadiendo que «no es excesivamente ambicioso«. Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos, Rosa Martínez, ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.

PP y Podemos facilitan con su abstención convalidar en el Congreso el decreto de ayudas por el cierre de minas

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Europa Press.- El PP y Unidos Podemos facilitaron en el Congreso con su abstención la convalidación del decreto ley que formaliza el acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronal de la minería de cara al cierre de instalaciones no competitivas. De esta forma, el Gobierno se garantiza la continuidad de este acuerdo, gracias al respaldo de PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, mientras que el PDeCAT también ha optado por la abstención.

Durante la defensa de su decreto ley ante el Congreso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno viene «trabajando en un plan de rescate» de estas empresas, facilitando las prejubilaciones y bajas incentivadas para trabajadores de estas empresas y la inclusión en bolsas de trabajo de los de empresas subcontratadas, no incluidas en el acuerdo. Sin embargo, la ministra ha apostado por centrar la actuación de los planes de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética en aquellas zonas afectadas por estos cierres, contando con sus trabajadores, y la firma de convenios «de transición justa», así como el «seguimiento transparente» de estas líneas de ayuda.

Sin embargo, Alberto Herrero, portavoz energético del PP, ha criticado que la transición planteada por el Gobierno «ni es justa ni mucho menos sostenible» y, sin rechazar las prejubilaciones planteadas, ha lamentado que el decreto sea «la estrategia perfecta para cargarse las centrales térmicas«. En este sentido, ha criticado que las políticas industriales del Gobierno hayan desencadenado los anuncios de cierre en fábricas como las de Alcoa, Cemex o Vestas, y que vayan a suponer, para zonas como Andorra (Teruel), «el punto y final a una comarca» y la herida «de muerte» a la provincia.

Por parte de Podemos, tanto Ana Marcello como Segundo González han criticado la insuficiencia de las partidas presupuestadas para reactivar las comarcas, que han pedido mejorar en los Presupuestos, y también que se queden fuera de las prestaciones los trabajadores subcontratados. Así, han criticado que el compromiso del Gobierno a «estudiar la posibilidad de mejorar las prestaciones» para estos, no deja de ser «una mera declaración de intenciones». «No es que no nos valga a nosotros, es que no les vale a ellos», lamentó Marcello.

Ciudadanos cuestiona las ayudas pasadas

Melisa Rodríguez, responsable de Transición Ecológica de Ciudadanos, ha avalado las ayudas pero cuestiona la eficacia de los planes precedentes, señalando la alta tasa de desempleo en estas comarcas y la ausencia de una reconversión industrial. «¿Dónde está ese dinero que se supone que se ha destinado? ¿La situación de las cuencas ha mejorado después de todos estos planes?», se preguntó, reclamando un mayor seguimiento de todo este dinero, con el fin de comprobar que las partidas «llegan a los mineros», y reclamando una comisión parlamentaria para investigar estos fondos.

Por parte del PSOE, Ignacio Urquizu ha defendido que las ayudas facilitan «una salida digna» a la minería y nuevas oportunidades a sus trabajadores, y ha celebrado que el acuerdo alcanzado se haya llevado a cabo dando la palabra a sindicatos y patronal, «quienes saben y están en la cuenca». Joan Capdevila, de ERC, ha avalado las medidas, «no sin antes poner en duda su ejecución real» ha puntualizado, y Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha pedido no excluir a cuencas mineras catalanas, además de alertar un posible conflicto de competencias con las comunidades autónomas.

Los sindicalistas celebran la convalidación

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (FICA UGT) ha celebrado la convalidación por parte del Congreso de los Diputados del acuerdo para lograr una transición energética justa para la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, ya que considera que es «el mejor acuerdo posible, además de razonable y positivo». El sindicato subraya que este acuerdo, que ha sido convalidado después de que fuera aprobado el pasado diciembre por el Consejo de Ministros, «pone las bases definitivas para desarrollar una transición energética justa en el país».

UGT subraya que ha mantenido desde el principio «una defensa cerrada e inequívoca del carbón autóctono» como parte del mix energético y, por ello, recuerda que ha insistido en esta reivindicación hasta pactar con el Gobierno que, más allá del 2018, y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, «se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a una minería competitiva«.

Ciudadanos pregunta a la ministra Ribera sobre plazos y costes de la realización del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas

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Europa Press. – La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Melisa Rodríguez Hernández, ha preguntado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre los plazos y costes que maneja para la realización del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares de Villar de Cañas.

De la misma manera, le ha solicitado que explique sí va a comprometerse a retomar el plan de construcción del ATC como insto el Congreso de los Diputados al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se reconoció en el posterior Plan de Residuos.

Así, la portavoz por medio de una pregunta oral, presentada en el Congreso de los Diputados, también le pregunta «¿qué ha sucedido para que cambie sus tesis en los últimos meses, pasando de cuestionar el ATC a defender incluso la posibilidad de que se construya más de uno?»

En este contexto, se refiere a las declaraciones de la titular del Ministerio de Transición Ecológica que si al llegar al cargo solicitó al CSN la paralización de todo el proceso de construcción del ATC, en una entrevista posterior alega que «es fundamental recuperar la idea de contar con uno o varios ATC, rápidamente, aunque la opción favorita es tener uno solo».

Asimismo, la diputada de Ciudadanos pregunta a Ribera si va a promover el Gobierno la realización de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos como recomendaba la comisión de expertos y como se instó desde la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso de los Diputados.

También se interesa por los plazos que maneja este ministerio para la realización de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos y sobre la estimación del coste de los Almacenes Temporales Individualizados que se han construido y que a priori serían innecesarios en caso de contarse con el ATC.

El PSOE garantiza que el Gobierno facilitará en menos de 3 meses los cambios de la potencia eléctrica contratada

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Europa Press.- El PSOE se comprometió en el Congreso a impulsar en menos de 3 meses los cambios legislativos dirigidos a cumplir con varias proposiciones no de ley aprobadas en la Cámara Baja, entre ellas la relativa a facilitar los cambios en la potencia eléctrica contratada para ajustarla a las necesidades del momento y favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico. Su objetivo es evitar que las mociones y PnLs no se queden «en una mera declaración de intenciones».

Su portavoz de Energía, Pilar Lucio, ha asegurado que no sólo apoyará la iniciativa defendida por Esquerra Republicana en el Pleno para exigir este cumplimiento, sino que garantiza que el Gobierno así lo hará en el plazo indicado de 3 meses. «Se dará cumplimiento a todas las demandas establecidas en esta moción y en los plazos que se solicita«, comprometió Lucio, que ha asegurado que el Gobierno ya trabaja, a partir de los Ministerios de Transición Ecológica e Interior, en la actualización de los planes de emergencia nuclear de las centrales de Ascó (I y II) y Vandellós (II), y que la nueva Ley de Cambio Climático incluirá el establecimiento de las redes eléctricas cerradas.

Asimismo, los republicanos reclamaban que el Gobierno haga efectiva una proposición no de ley aprobada hace menos de un mes, en octubre, en la que pedía facilitar el autoconsumo en el sector agrícola, eximiendo de trámites administrativos a las pequeñas instalaciones de autoconsumo, a excepción de una notificación previa a la conexión. Con esta iniciativa el Congreso reclamó habilitar que una instalación de autoconsumo pueda ser gestionada por un tercero, y definir una tramitación administrativa simplificada adecuada a las características de las instalaciones de autoconsumo.

Otra medida reivindicada por ERC en su moción es garantizar que se da un correcto uso de los datos de los consumidores en la sustitución de los contadores inteligentes. El texto aprobado pedía garantizar que el acceso a la información se hiciera mediante «un portal neutral», evitando así una posible posición de dominio por parte de la empresas distribuidora y comercializadora a la que esté vinculado el punto de suministro.

La iniciativa encontró el respaldo de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT y Compromis. El portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, recordó que las medidas cuya aplicación exige ya han sido aprobadas en el Congreso. Asimismo, defendió que su puesta en marcha mejoraría la competitividad, como los cambios de potencia o la introducción de una tarifa estacional para pymes, o permitir en redes cerradas que diferentes industrias contaran con una sola conexión a la red.

ERC recordó que el Congreso acordó en 2017 obligar a las distribuidoras eléctricas a atender las peticiones de modificación de tarifa y potencia contratada ya permitir las variaciones voluntarias del consumidor en caso de contar con un contrato de potencia estacional. Este contrato, al que podrían acogerse pymes y cooperativas, establecería diferentes valores de potencia para cada período del año, así como tarifas y condiciones técnicas de acceso. Para cada período tarifario se contrataría una potencia, aplicable durante todo el año, y se podrían acordar cambios en la tarifa según las necesidades del cliente.

También en febrero de 2017, el Congreso instó al Gobierno a revisar, modernizar y adecuar los planes de emergencia nuclear de las centrales de Tarragona, redefinir los planes de todas las centrales para contemplar a los municipios dentro del radio de entre 10 y 20 kilómetros desde la instalación y equiparar sus mecanismos de protección civil ya incluidos en zonas más cercanas. Por otro lado, la iniciativa aprobada en mayo de 2017 sobre redes energéticas cerradas apostaba por el desarrollo de la regulación para su implantación, prevista en una directiva europea de 2009, y el desarrollo de la figura del agregador de demanda y oferta.

Tras su intervención, varios de los diputados intervinientes subrayaron la importancia de este tipo de enfoques con el fin de apremiar al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Cámara Baja. Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos, apuntó que se trata de «un toque de atención» tanto al Ejecutivo actual como a su predecesor. Enric Bataller, de Compromís, cree necesario conocer qué se ha tomado en consideración por parte del Gobierno de lo aprobado en las Cortes, mientras que Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha lamentado «la poca credibilidad de la que gozan las proposiciones no de ley». En este sentido, ha instado a la reforma del Reglamento que se tramita en el Congreso.

Las únicas formaciones que han declinado dar su apoyo fueron el PNV, que apostó por abstenerse pues no comparte las resoluciones «en su literalidad», y el PP, cuyo diputado José Manuel Juncal ha instado a «esperar a tener bien definido el sistema eléctrico» que propone el Gobierno, y por ello ha avanzado su voto en contra. «Esperemos a ver ese árbol, porque igual nos encontramos un árbol frondoso y bonito, o bien un árbol chamuscado. Vistas las experiencias con el PSOE, me espero lo peor», ha lamentado el diputado popular.

El Congreso crea una comisión para investigar el almacén de gas Castor y su millonaria indemnización

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Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado la creación de una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización, tal y como habían propuesto Unidos Podemos y Compromís y han respaldado todos los grupos de la Cámara.

El responsable de energía de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha argumentado que, pese al archivo de la querella por la Audiencia Nacional contra exministros y Florentino Pérez, propietario de ACS, el Castor «no es un caso cerrado, ni judicial ni políticamente». «Nadie ha asumido responsabilidades políticas», ha aseverado. «Tenemos que explicar por qué algunos juegan con ventaja, por qué Florentino juega con ventaja cuando muchos han tenido que cerrar su negocio», ha esgrimido Ángela Ballester, de Podemos, que ha recordado que la zona sufrió más de mil terremotos y aún no está cuantificado el impacto medioambiental ni económico de un proyecto que comenzó con un presupuesto de 481 millones en 2007 y acabó con 1.200 millones tres años después.

El PSOE se ha mostrado dispuesto a investigar «sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general», si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su diputado Artemi Rallo también ha pedido investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó «de forma tan veloz» cuando, a su juicio, debía analizarse qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro popular José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto que, ha recordado, llevó la firma de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su declaración de impacto ambiental. Además, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares. Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentado que el proyecto fuera «otro de los parches» de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido en la tarifa.

Cláusulas millonarias y Real Madrid

Por ERC, Jordi Salvador ha denunciado que ni PP ni PSOE han apostado por investigar hasta ahora el proyecto ni a realizar una auditoría técnica, y recordó que Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, para después acabar siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid. «Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo 6 meses después de que dejara el Ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes», relató.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación «por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar». «Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione», ha subrayado. Por Compromís, Marta Sorlí instó a investigar «por qué se le puso una alfombra roja a Florentino Pérez» y las razones que llevaron a PSOE a permitir el almacén de gas y al PP a aprobar de forma rápida su indemnización.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías. En su propuesta de investigación, las formaciones de izquierda enumeraban varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la ministra podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Ribera asegura que la descarbonización permitirá ahorrar a la economía española más de 400.000 millones en importaciones de combustibles fósiles

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que conseguir la plena descarbonización permitirá ahorrar al conjunto de la economía española «más de 400.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, facilitando la electrificación y repercutiendo en la factura de la electricidad».

Ribera indicó que la transición energética representa una oportunidad para movilizar 100.000 millones de euros hasta 2030. Para aprovechar todo este potencial, subrayó que es necesaria «la construcción de un marco estable y atractivo para los inversores que conlleve esa movilización» de inversiones. Además, consideró que hay que «analizar y reflexionar» sobre las reformas estructurales que el pleno aprovechamiento de la transición energética exige, por lo que no se puede «seguir poniendo parches». La titular de Transición Ecológica consideró que la electricidad tiene «un gran futuro», pero añadió que para ello es necesario «avanzar en un marco regulatorio diferente que responda a los desafíos actuales».

Ribera recordó las medidas anunciadas para abordar el incremento en la factura de la luz de los consumidores, destacando la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, que «es la medida más adecuada en el corto plazo», así como la ampliación de la protección de los consumidores vulnerables. Asimismo, destacó otras medidas que requieren «más sosiego, pero no más tiempo», como una reforma estructural del mercado mayorista eléctrico, así como asegurar un sistema fiscal «coherente» y regular «algo fundamental» como es el almacenamiento.

Por su parte, el senador del PP, Arturo Pascual, acusó a Ribera de sembrar «la incertidumbre» respecto al diésel, poniendo «en peligro real miles de puestos de trabajo» y de querer acabar con las nucleares, lo que hará «subir el precio de la luz a todos los españoles«. Además, subrayó que la intención del actual Gobierno de «echar la persiana ya» al carbón «va a influir en el bolsillo de los ciudadanos y a generar problemas en unas zonas deprimidas». «Por lo que le pido que se lo plantee», reclamó.

Cierre de las centrales térmicas

Por otro lado, el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra (ERC) y PNV han rechazado limitar el cierre de las centrales térmicas, como ha propuesto Foro Asturias, durante el debate celebrado en el Congreso sobre el papel que debe jugar el carbón durante la transición energética. De hecho, únicamente el PP ha manifestado su apoyo a esta iniciativa, en línea con la ley que los populares trataron de tramitar sin éxito.

En la defensa de su proposición no de ley, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, esgrimió que «renunciar al carbón equivale a sacrificar soberanía energética», y relacionó esta actividad con la caída de la actividad industrial, del 18,7% del PIB en el año 2000 al 16,4% en 2017. Una caída que en Asturias, ha apostillado, alcanza los 3,3 puntos.

Por ello, ha calificado como «despropósito» el anunciado cierre de las centrales térmicas, aceptado por la ministra para la Transición Ecológica y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de «copiar de los manuales ecologistas más rancios». Respecto a su incidencia en el medio ambiente, Oblanca ha defendido que en los actuales Presupuestos ya se incorporaron partidas para investigar en el control de sus emisiones en las propias centrales. Además, ha alertado de que el fin de estas centrales podría encarecer el precio de la luz entre un 5% y un 10%.

Únicamente el diputado José Ramón García Cañal, del PP, ofreció su apoyo a Foro, recordando que la comisión demandada por el Congreso para avanzar en una «transición energética equilibrada y justa» y cumplir con los objetivos de descarbonización ya alertó de este encarecimiento en caso de renunciar a las térmicas. Según sus conclusiones, no prorrogar el uso de las centrales elevaría los precios entre un 15% y un 25%, por lo que ha cargado contra el «ecologismo rojiverde y neoecologismo anaranjado», «buenos ecologistas de moqueta», calificó, a los que no les «importa el precio que se pague» para estar a la «vanguardia del ecologismo europeo».

Frente a ello, el PSOE ha acusado de traer esta iniciativa para «enredar políticamente», justo «cuando se ha iniciado el diálogo social» para negociar el cierre de las centrales térmicas. «Llega a ser insultante. No es propio de alguien que quiere solucionar un problema», criticó Ignacio Urquizu, que ha apostado por que la transición energética sea «justa», pues «es de justicia que las cuencas mineras, que han contribuido al desarrollo del país, tengan un futuro».

«Podemos mentir diciendo que hay futuro para el carbón cuando no lo hay», ha manifestado el portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, quien ha pedido «que el Estado se involucre decididamente para evitar lo que puede ser un desastre» y para que no se repita la reconversión «que ya padeció» España en los años 80. Así, recordó que en el País Vasco, Cantabria y Asturias «se enquistaron el paro y la heroína, fruto de la desesperanza y la inacción del Gobierno», y ha apostado por impulsar el norte del país como potencia en energía renovable.

«Una cosa es la industria y otra son las térmicas», ha replicado, por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, que ha instado a investigar el destino final de unos fondos mineros «que se han quedado en rotondas y no en las cuencas«, recordando además la reciente sentencia de prisión al líder sindical y exdiputado socialista José Ángel Fernández Villa por apropiación indebida.

Por su parte, Joan Capdevila, de ERC, recordó que la tarifa ya es cara con un mayor peso del carbón y nuclear que las renovables, y que además en las térmicas repercute un coste, el del CO2, que seguirá subiendo. Por último, Idoia Sagastizabal, responsable económica del PNV, ha recordado que el fin del carbón ya lo marca la Comisión Europea con sus plazos: cierre de las minas dependientes en 2019 y de las centrales que no reduzcan de forma importante sus emisiones en 2020.

El Congreso rechaza dificultar el cierre de centrales de generación eléctrica ya que para el PSOE es un “despropósito jurídico”

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha definido la Proposición de Ley del Partido Popular para ampliar los criterios para denegar el cierre de las centrales de generación eléctrica como «un despropósito jurídico», cuyo único fin es hacer campaña «desleal y engañosa» para ganar votos en territorios «abandonados por el PP durante 40 años». En consecuencia, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó tramitar esta ley para dificultar el cierre de estas centrales de generación eléctrica.

Además del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético. La proposición proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. Energía quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir su propietaria Iberdrola desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

El debate se ha producido después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya expresado su intención de cerrar las centrales nucleares y en medio de un fuerte repunte del precio de la luz. Precisamente el diputado del PP, José Alberto Herrero, indicó que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas. Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

«Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público», apuntó, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha subrayado que la iniciativa es un «fiasco y un despropósito» ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo. Ha reprochado que subyace la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea.

En este sentido, criticó que el PP ha querido «utilizar» la incertidumbre de las cuencas mineras tras 6 años de Gobierno del PP para atacar al Gobierno socialista, al tiempo que lamentó que durante su etapa al frente del Ejecutivo «no se tomaron medidas en favor de las cuencas mineras y siguen sin tener propuestas viables». «El PP dice que el objeto de la norma es que las decisiones de cierre guarden coherencia con los instrumentos de planificación energética», apuntó Lucio, quien considera que dicha previsión «no existe» tras «6 años pidiéndola los agentes implicados».

Del mismo modo, ha asegurado que los criterios del PP para impedir el cierre de instalaciones de generación eléctricas son «contradictorios entre sí», al tiempo que ha reprochado que «no dan pistas de cómo piensan hacer la valoración de estos nuevos criterios». Además, ha subrayado que «su propuesta puede contradecir los principios generales de libertad de empresa». En definitiva, la diputada aseguró que no es más que una historia de «órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones democráticas entre partidos, de astucias y personalismos y menosprecio a los oponentes políticos«.

Finalmente, ha acusado al PP de «utilizar el parlamento para fines electoralistas», de la utilización de la «desesperación» de muchos trabajadores y de «un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto». Mientras tanto, «las comarcas mineras tienen futuro porque el PSOE está en el gobierno y es el garante de una transición justa y lleva 40 años defendiendo sus intereses».

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado que el PP «no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos» y ha criticado que se aborden «parches» cuando más del 70% de la factura eléctrica se vincula a «errores electoralistas«. Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante. «El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo», explicó.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal basó su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar. La proposición abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

“En manos de las eléctricas”

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha denunciado que PSOE, Podemos y Cs quieren dejar en manos de las compañías eléctricas la decisión sobre el cierre de centrales de generación sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio ni la garantía de suministro. «Queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro», ha explicado Mariscal.

Mariscal ha cuestionado que PSOE, Podemos y Cs «se oponen y por tanto, prefieren que sean las propias compañías las que tomen la decisión de si cierran esas centrales sin tener en cuenta ni las emisiones ni el precio ni la garantía de suministro». El diputado popular ha explicado que esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias. Además, ha abogado por una energía que garantice siempre el suministro.