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Madrid y Barcelona exigen lealtad al Estado frente a la contaminación y piden eliminar las ventajas fiscales al diesel

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Europa Press.- Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han exigido «lealtad» al Estado y que emplee sus competencias para unirse en la lucha contra la contaminación con la revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diesel, o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad «alcanzando como mínimo los niveles de 2010».

La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la concejala responsable en Barcelona de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, han presentado más de una decena de exigencias dirigidas al Gobierno central. Sabanés y Sanz han coincido en que la contaminación es un «problema de Estado», razón por la que ambas ediles han exigido «el máximo nivel de lealtad y que cada cual cumpla con su obligación».

Las exigencias planteadas al Gobierno central incluyen la modificación del impuesto de matriculación para priorizar los menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO; la obligatoriedad de la identificación mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante, así como su perfeccionamiento con las etiquetas para motocicletas, ciclomotores no eléctricos y vehículos industriales hibridados de bajas emisiones; o el desarrollo de programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en NO2 y PM y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.

Las dos ciudades plantean la aplicación de descuentos en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal; la priorización de inversiones vinculadas a las infraestructuras ferroviarias; la habilitación de BUS VAO; y modificar la Ley de tráfico para incluir como infracción grave o muy grave el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales.

También proponen modificar el Reglamento de Circulación para prever medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales; la revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación y promover medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como el control de calderas, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.

Revisar la fiscalidad del diesel

Inés Sabanés, por su parte, ha defendido que los planes municipales de lucha contra la contaminación, como el Plan A, «requieren la coordinación con el resto de administraciones porque hay cuestiones que las ciudades no pueden resolver» como, por ejemplo, la afección en los aeropuertos, los carriles Bus VAO o medidas relacionadas con la fiscalidad de los coches diésel, asunto que ha calificado de nuclear.

Janet Sanz puso el foco en que la contaminación es «un problema de Estado» y de salud pública que genera 24.000 muertes al año en España según un estudio ambiental de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, ha elaborado un estudio que cuantifica las muertes prematuras en 600/700 al año, unidas al incremento de ingresos hospitalarios. «La inacción no es alternativa porque está en juego la salud de la gente», esgrime.

La edil ha cargado con el «sin sentido» de que haya incentivos fiscales para la compra de vehículos diésel por parte del Estado cuando las ciudades limitan el acceso de este tipo de coches en determinados episodios contaminantes. Además, Madrid y Barcelona han defendido el transporte público exigiendo que el Gobierno central no sólo no siga recortando en esto sino que aumente su contribución, como hacen los ayuntamientos. La concejala de Barcelona también se ha referido al coste que le supone al municipio la recarga de vehículos eléctricos, unos 4.000 euros al año el kw/h.

Polémica de Madrid con Tejerina

Por otro lado, Sabanés ha defendido la coordinación de su cartera con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en materia de contaminación y ha asegurado que las nuevas medidas de su plan, que restringen el uso del coche privado en Madrid, estaban «más que anunciadas«. Así, Sabanés respondió a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, que admitió que le «chocó» que el Ayuntamiento de Madrid no les informara de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante la Unión Europea.

La edil de Ahora Madrid ha defendido que desde el Consistorio de la capital han hecho «todos los esfuerzos de coordinación con el Gobierno y la Comunidad». Asimismo, Sabanés señaló que la reunión con la Comisión Europea trataba fundamentalmente de medidas «que va a tomar y que debe tomar» el Gobierno de España, y no de planes anticontaminación municipales, que asegura que ya han sido presentados a la Unión Europea.

Madrid quiere limitar la circulación de vehículos sin etiqueta, los de las emisiones más contaminantes, en escenarios 2 y 3

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Europa Press.- El área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid está revisando el protocolo de medidas a adoptar ante episodios por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) de modo que la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, los más contaminantes, se limite en escenarios 2 y 3. Los vehículos sin etiqueta son los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006.

Con esta propuesta se mantiene que el escenario 2 se active cuando dos estaciones de la misma zona superen los 180 microgramos por metro cúbico (preaviso) o 200 (aviso) durante 2 horas consecutivas y se añadirá como novedad que tres estaciones de cualquier zona superen los 180 microgramos por metro cúbico (preaviso) o 200 (aviso) durante 3 horas consecutivas. De esta manera, tendrán más peso las condiciones de contaminación de los distritos del exterior de la M-30. Así, la contaminación registrada en las estaciones de los distritos de la periferia tendrá su incidencia en la adopción de medidas, según ha avanzado el Ayuntamiento de Madrid.

Otra novedad es que el escenario 3 se activará, además de cuando se produzcan dos días consecutivos de aviso como ahora, cuando se encadenen 3 días de preaviso, lo que supondrá un mayor número de días de escenario 3. Al escenario 4 se llegará cuando se alcance el nivel definido en la Unión Europea, es decir, cuando en tres estaciones de una zona se superen los 400 microgramos por metro cúbico durante tres horas consecutivas.

Para calcular los porcentajes de vehículos sin etiqueta el Ayuntamiento de Madrid ha utilizado el estudio sobre el parque móvil circulante realizado en 2017. En el mismo, se refleja que el 17,7% de los vehículos que circulan por la ciudad no tienen distintivo ambiental de la DGT. Las propuestas de revisión que plantea el área que dirige Inés Sabanés se analizarán y serán debatidas junto a expertos, Administraciones, políticos, Ecologistas y la FRAVM en la Comisión de Calidad del Aire y su ponencia técnica. El borrador definitivo tendrá un periodo de alegaciones para que todas las personas y entidades interesadas puedan hacer sus aportaciones, que serán estudiadas. Se espera que el nuevo protocolo pueda estar en vigor tras el verano.

Ojo a la etiqueta ambiental

La propuesta municipal para el nuevo protocolo determinaría que las medidas de escenario 1 son limitación de velocidad a 70 km/h; recomendación del uso del transporte público y recomendaciones incorporadas en el protocolo de la Comunidad de Madrid, al igual que en el resto de escenarios. En escenario 2 se incluye el prohibido estacionar en zona SER. Solo pueden aparcar los vehículos CERO y los ECO, y como novedad, la prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT en la almendra central. Esto supone un 13,41% de los desplazamientos que se hacen en la almendra central y un 4,3% de las emisiones del tráfico de Madrid.

El escenario 3 supondría prohibir estacionar en zona SER. Solo pueden los CERO y los ECO; la prohibición de circular a los vehículos sin distintivo ambiental se extiende a toda la ciudad. Supone una reducción del 17,7% de la circulación en toda la ciudad y del 33,2% de las emisiones del tráfico. En el protocolo en vigor se aplica la distinción por matrículas par o impar pero solo en el interior de la M-30. Se sustituye el criterio de las matrículas por el de los vehículos más contaminantes. El escenario 4 supone la prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta y etiquetas B y C (99,94% de los desplazamientos) y todas las medidas anteriores.

El actual Protocolo se aprobó en enero de 2016 con el compromiso de revisarlo pasado un tiempo, con el objetivo de aumentar la protección de la salud de los madrileños, manteniendo e incrementando la anticipación en la información. Con esta revisión se pretende tomar más medidas para conseguir reducir antes los niveles de contaminación, así como una mejor gestión de cada episodio con una aplicación más progresiva. El Ayuntamiento trabaja en un modelo predictivo del Protocolo junto a la Universidad Politécnica de Madrid para anticipar aún más los avisos por activación de los diferentes escenarios. Actualmente se avisa con un día de antelación, excepto en el momento de la activación.

La delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad ha tendido su mano a la DGT, «para si es necesario, en colaboración, lanzar campañas de información». Preguntada por cuánta contaminación se logrará ahorrar Madrid con estas medidas, Sabanés ha indicado que se está realizando el cálculo junto a la UPM, y que «será superior a lo conseguido». «En el escenario 2 y 3, se reducirá más del doble», ha señalado. Esta propuesta está alineada con «atender más al vehículo que a las matrículas pares o impares«. «Así hemos analizado que reducimos más el volumen de emisiones; lo hablaremos con los grupos y espero que se saque adelante, dado que se ha planteado con algunos más que con otros», ha avanzado.

Levy defiende la sensibilidad del PP con el medio ambiente y asevera que la formación «debe liderar» en políticas verdes

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Europa Press.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, considera que el PP «debe liderar» las políticas «verdes» porque la formación política es «sensible con el medio ambiente». Durante su participación en la jornada de trabajo Cambio Climático y Energía Sostenible, Levy ve «indispensable» que España lidere la vanguardia de los proyectos legislativos contra el cambio climático y ha defendido que el PP aborda la cuestión «con el sentido de Estado que requiere«.

Levy ha elogiado el papel de España en la lucha contra el cambio climático y cree que el modelo de transición energética es «una cuestión transversal». Por ello, añadió que es «indispensable» para España liderar la vanguardia de los proyectos legislativos en esta materia porque el cambio climático es un tema «prioritario» que, en su opinión, «debe ser punta de lanza» del proyecto político popular. Asimismo, subrayó la implicación de los españoles: «creo que podemos sentirnos afortunados y orgullosos de que la sociedad española haya entendido el importante mensaje que hemos trasladado, al tener como prioridad las cuestiones que afecten a nuestro medio ambiente», concluyó.

España aborda este martes el reto del aprovechamiento de la energía de los residuos con un foro en Madrid

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Redacción.- El primer Foro sobre Aprovechamiento de la Energía de Residuos, tendrá lugar este martes, 21 de noviembre, organizado por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom) y el Foro Generadores de Energía de Residuos (Fger). El objetivo de este foro es analizar la gestión de residuos en España,  el papel de su aprovechamiento energético en la economía circular, el potencial tecnológico para la descarbonización de la economía y el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones.

Los distintos ponentes tratarán en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales las barreras administrativas y/o técnicas, así como las fortalezas de las instalaciones de aprovechamiento energético de los residuos para lograr una mayor implantación de los modelos de gestión de residuos y su desarrollo en el sistema energético nacional, con la presencia de todos los agentes implicados en su cadena de valor: Administración, empresas y ciudadanos.  Asimismo, se abordará el fomento en España de políticas de aprovechamiento energético de los residuos, tanto para cumplir la normativa como por constituir un recurso energético autóctono estratégico.

También se debatirá la necesidad de que la normativa relativa a la generación de energía eléctrica renovable a partir de los residuos tenga en consideración su carácter de servicio público. Finalmente, se expondrán diferentes puntos de vista sobre las ayudas que pudieran necesitarse para impulsar el aprovechamiento de la energía de los residuos. La Jornada dará comienzo a las 9.30 horas con la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, a la que acompañarán el director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Medio Ambiente, Francisco Javier Cachón de Mesa, y el presidente de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, José Ignacio Llorens.

La clausura, programada para las 17.00 horas, correrá a cargo del director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Abajo; y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Emilio Mínguez. La conferencia de apertura correrá a cargo de Rafael Sánchez Aparicio, presidente del Foro de los Generadores de Energía de Residuos (Fger), que tratará de La valorización energética dentro de la cadena de valor de la gestión de los residuos. ¿Problema o parte de la solución?.

Tras la inauguración y la conferencia de apertura,  se debatirá la ponencia-marco que lleva por título Administraciones y Gestores-Consumidores: visiones sobre la energía de residuos, moderada por Sylvain Cortés, director de Tratamiento de Residuos de FCC.  Participarán José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, excoordinador general del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid;  Víctor Marcos Morell, consejero técnico de la Subdirección General de Planificación Energética del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital; y Vicente Galván López, director del Centro de Competencia Ambiental de Ferrovial Servicios.

Las tres mesas redondas  programadas llevan por título: Política y Normativa sobre energía de residuos;  Retos empresariales en la gestión de la energía de residuos en España y El aprovechamiento de la energía de residuos, una asignatura pendiente en España. En la primera mesa participarán representantes de la Comunidad de Madrid, de la Generalitat Valenciana, del Ministerio de Medio Ambiente;  y de la Oficina Española de Cambio Climático.  En la segunda mesa intervendrán representantes de Ferrovial Servicios, del Ayuntamiento de Madrid, de FCC Medio Ambiente y de Hera Holding. En la tercera mesa redonda participarán representantes del Ayuntamiento de Madrid, de Aeversu, de Plasticseurope Ibérica y de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).

Las empresas con mayor riesgo de accidente con sustancias peligrosas cubrirán daños entre 300.000 euros y 20 millones de euros

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Europa Press.- Las empresas que realicen actividades empresariales con mayor riesgo de sufrir un accidente con sustancias peligrosas tendrán un año, hasta noviembre de 2018, para depositar las garantías financieras que exige la Ley de Responsabilidad Medioambiental en determinadas actividades industriales, que oscilan entre los 300.000 euros y 2 millones de euros. Así consta en la orden ministerial del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que publica el Boletín Oficial del Estado.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, para determinar el importe de garantía financiera obligatoria, prevista en la Ley 26/2007 de 23 de octubre, el operador deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales de la instalación, según el reglamento de desarrollo parcial de dicha ley. Como resultado del procedimiento, se calcula la cuantía que debe quedar cubierta mediante la garantía financiera obligatoria, a la que deberá añadir un 10% del importe calculado para incluir en la garantía el coste de las medidas de prevención y evitación de daños.

Además, según el artículo 28 de la Ley 26/2007, una vez que los operadores realicen el análisis de riesgo medioambiental, estarán exentos de constituir la garantía financiera obligatoria aquellos que obtengan un coste de posibles daños inferior a 300.000 euros, o a 2 millones de euros si están adheridos al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 vigente. También hay un límite máximo de la garantía financiera obligatoria, que establece en 20 millones de euros.

En definitiva, señalan que el importe de la cobertura por responsabilidad medioambiental prevista en la ley debe calcularse a partir del análisis de riesgos de la actividad, por lo que depende fundamentalmente de las características de la instalación y de su localización, así como de la gestión del riesgo que se lleve a cabo. Por tanto, la horquilla de la cobertura cubierta por la garantía financiera obligatoria, estará entre los 300.000 euros y los 20 millones de euros, aunque el Ministerio recuerda que, en todo caso, los operadores también pueden suscribir de forma voluntaria una garantía financiera con cobertura superior.

En concreto, han precisado que las modalidades de garantía financiera según la normativa de responsabilidad ambiental a las que puede acogerse el operador pueden ser alternativas o complementarias. Se trata de tres modalidades: la póliza de seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada; Aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada y Reserva técnica, mediante dotación de un fondo ad hoc, con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.

El objetivo es reforzar la protección del medio ambiente y asegurar el principio de prevención y del principio de quien contamina, paga en las actividades industriales clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2, según la Orden ARM/1783/2011. La orden ministerial establece que las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la Orden, es decir, antes de noviembre de 2018.

Entre las actividades del nivel de prioridad 1 están sujetas al Real Decreto de aprobación de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como determinadas actividades incluidas en el Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). Se trata, por ejemplo, de instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal igual o superior a 50 MW y las instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos con una capacidad de tratar más de 10 toneladas por día.

Por otro lado, las actividades clasificadas con nivel de prioridad 2 deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Orden, es decir, antes de noviembre de 2019. Estas, por ejemplo son algunas de las incluidas en el anexo I del Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), como son determinadas refinerías de petróleo y gas.

Para facilitar esta tarea, el Ministerio, a través de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental ha desarrollado una serie de documentos guía y herramientas de ayuda y ha habilitado un servicio de apoyo y asesoramiento a las empresas afectadas. Por último, el Ministerio señala también que independientemente de la existencia de una garantía financiera obligatoria y de su cuantía cubierta, todos los operadores del anexo III de la Ley 26/2007 tienen responsabilidad objetiva e ilimitada desde que la ley entró en vigor en 2007. Es decir, que tienen la obligación de llevar a cabo todas las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños causados que sean necesarias, independientemente de su coste.

España aportó 595 millones a la lucha contra el cambio climático en 2016, un 28% más

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Servimedia.- España destinó el año pasado 595 millones de euros de dinero público a la lucha contra el cambio climático, lo que supone 129 millones más que en 2015 (un incremento del 28%), con lo que se acerca al objetivo fijado por el Gobierno de aportar 900 millones anuales a partir de 2020.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, desveló estos datos hoy en una rueda de prensa en Madrid en la que, acompañada de la directora de la Oficina Española de Cambio Climàtico, Valvanera Ulargui, informó de los objetivos del Gobierno en la Cumbre del Clima de Bonn (Alemania), que comenzó este lunes y se prolongará hasta el próximo 17 de noviembre.

García recalcó que la financiación climática de España con fondos públicos asciende a 1.995 millones de euros en el quinquenio entre 2012 y 2016, de los que 466 millones corresponden a 2015 y 595 millones al año pasado. La UE tuvo una contribución climática de 20.000 millones en 2016.

Además, García indicó que el Gobierno trabaja en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo primer borrador podría estar listo en el primer trimestre del próximo año, y que España emitió 323,8 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en 2016, lo que supone un 3,5% menos respecto al año anterior. «Estamos en la senda del cumplimiento de Kioto II», apostilló.

Cumbre del Clima

Por otro lado, García subrayó que la Cumbre del Clima de Bonn tiene un «carácter técnico» después del «impulso político enorme» derivado del Acuerdo de París, adoptado en la capital francesa en 2015, pero es «importante» para continuar con las directrices marcadas en ese pacto mundial contra el cambio climático.

Uno de los objetivos principales para la UE y España en Bonn, según García, es «avanzar en el programa de trabajo» o «letra pequeña» del Acuerdo de París, que tendría que cerrarse en la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) en 2018, con un marco de transparencia para los objetivos de reducción de emisiones de los países.

Otro objetivo se refiere al denominado «diálogo facilitador», es decir, profundizar en el mecanismo intermedio de los compromisos climáticos que los países tendrían que aprobar en Katowice antes de que en 2023 comiencen los periodos quinquenales ordinarios de revisión del Acuerdo de París.

Y el tercero alude a «la agenda de vulnerabilidad», puesto que la Presidencia de la Cumbre del Clima de Bonn recae en Fiyi (país que ha declinado acoger un evento en el que se espera que haya unos 20.000 asistentes) y se prevé la adopción de un plan de acción de género para incidir en el papel de las mujeres en relación al cambio climático y se dedicará un capítulo a los océanos.

Por otro lado, García subrayó que Estados Unidos no ha notificado oficialmente su salida del Acuerdo de París pese a que su presidente, Donald Trump, hizo tal anuncio el pasado mes de junio, y señaló que la delegación estadounidense en Bonn «está teniendo una actitud constructiva».

«El anuncio generó una respuesta global sin precedentes de apoyo al Acuerdo de París en el sentido de que no es revisable, incluso también por parte de agentes no gubernamentales norteamericanos», destacó.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se incorporará el próximo miércoles al tramo ministerial de la Cumbre del Clima de Bonn y mantendrá reuniones bilaterales con su homólogo de Fiyi y la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), Patricia Espinosa, además de participar en otras actividades.

La Junta de Andalucía prepara el recurso para pedir en los tribunales la paralización del proyecto de gas en Doñana

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Europa Press.– El consejero de Medio Ambiente de Andalucía, José Fiscal, anunció que el gabinete jurídico de la Junta «está preparando» el recurso que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir la paralización del proyecto de almacén de gas natural en el entorno de Doñana, si finalmente el Ministerio de Medio Ambiente no se pronuncia en esa línea porque «debe realizarse una evaluación conjunta» del impacto ambiental del proyecto ya que «es solo un proyecto y no cuatro».

Fiscal se ha referido al requerimiento que hizo este verano la Consejería al Ministerio para que realizara una evaluación conjunta de los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana. De este modo, ha asegurado que por ahora no tiene constancia de que se haya producido la respuesta ministerial pero ha señalado que la Junta envió su escrito y el plazo para responder empieza a contar desde que se produce el registro de entrada.

Administrativamente 4, pero uno real

Por ello, ante la proximidad de la respuesta ministerial, ha apuntado que la Junta «está preparando» ya su recurso para «pedir en los tribunales que se paralice este proyecto». En esta línea, ha recordado el informe del CSIC que alerta de la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona, así como ha reiterado que el estudio de su afección se haga de manera conjunta. Por todo ello, el consejero ha indicado que se trata de una cuestión que les «preocupa» y ha dejado claro que «la realidad es tozuda» y todo apunta a que la evaluación debe realizarse de manera conjunta y no por separado porque, aunque «administrativamente» sean cuatro proyectos, «es uno solo», ha zanjado.

España tendrá anteproyecto de ley de cambio climático a comienzos de 2018

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EFE.- El Gobierno tendrá listo el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, en el que participan «prácticamente todos los ministerios» con el fin cumplir con el Acuerdo de París, en el primer trimestre de 2018, tras cerrarse ayer el plazo de recepción de propuestas para la norma.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz de cambio climático del PP en el Congreso, Belén Bajo, durante su intervención en la jornada «Sobrevivir al Cambio Climático» organizada por Sociedad Civil para el Debate.

La mayoría de portavoces parlamentarios de cambio climático del resto de grupos políticos allí presentes han incidido, sin embargo, en que España «llega tarde» con esta ley para hacer frente a un problema «que requiere urgencia».

El director de la Fundación Ecodes, Víctor Viñueales, ha recordado, de hecho, que «hasta un parlamento catalán dividido fue capaz de aprobar por consenso una Ley de Cambio Climático».

El portavoz parlamentario de cambio climático del PSOE, Ricardo García Mira, ha incidido en que si el Gobierno «estuviera comprometido con el cambio climático» no reduciría la partida dedicada a esta materia en un 47 % en los presupuestos de 2017, y «no mantendría a España en la cola de los países que apuesten por la fiscalidad verde».

Juan López de Uralde, portavoz de Equo-Podemos en esta materia, ha pedido a los ciudadanos preocupados por el cambio climático que «contribuyan a recuperar la política como herramienta para cambiar la realidad».

José Luis Martínez, diputado de Ciudadanos, ha subrayado, por su parte, que la futura ley de cambio climático «tiene que suponer una auténtica revolución para el país».

Por su parte, Álvaro Rodríguez, director de The Climate Reality Project España, ha reprochado a los representantes políticos que sus partidos «no estén lo suficientemente preocupados ni den al cambio climático la prioridad en la agenda que se merece».

Isabell Büschel, experta de la organización Transporte y Medio Ambiente, ha reclamado que la futura ley «sea transparente, y deje claro qué va a hacer España para descarbonizar su transporte -principal fuente de emisiones-«.

Finalmente, Carlos Sallé, director de Política Energética y Cambio Climático de Iberdrola ha subrayado que luchar contra el cambio climático «es una tarea titánica pero, al mismo tiempo, presenta grandes oportunidades sociales y económicas».

Red Eléctrica de España apadrina 6.000 metros cuadrados de posidonia en Formentera por medio del proyecto Save Posidonia Project

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EFE.- Red Eléctrica de España ha apadrinado 6.000 metros cuadrados de posidonia en Formentera por medio del proyecto Save Posidonia Project, impulsado por el Consejo Insular de Formentera, que detalló que la aportación destinada a apoyar la iniciativa para conservar esta planta marina ascendió a 6.000 euros.

Con la aportación de Red Eléctrica, ya son 89.349 m2 apadrinados entre particulares y empresas. La recaudación finalizará el 1 de noviembre y las donaciones, de un euro por metro cuadrado, se destinarán a proyectos de protección por la posidonia. Desde la compañía han destacado su interés en la protección de la Posidonia Oceánica, y han recordado que como operador del sistema eléctrico y gestor único de la red de transporte, sus enlaces eléctricos submarinos garantizan el «máximo respeto» a la planta endémica del Mediterráneo.

También recordaron que junto al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) impulsaron un proyecto de recuperación de Posidonia Oceánica para la recuperación de praderas degradadas. Este proyecto se llevó a cabo del 2014 al 2016 en las bahías de Santa Ponça (Mallorca) y Talamanca (Ibiza), y ha demostrado que futuras restauraciones de praderas degradadas «son viables». Red Eléctrica también ha firmado recientemente un convenio con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno autonómico balear para editar 30.000 folletos informativos, para sensibilizar sobre buenas prácticas en los fondeos, para prevenir afecciones a la Posidonia Oceánica o a los cables eléctricos submarinos.

Schindler Iberia recibe el certificado AENOR por su mejora y compromiso en la gestión medioambiental

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Europa Press.– La empresa Schindler Iberia ha recibido el certificado de Gestión Ambiental de AENOR por su mejora y compromiso con la gestión medioambiental, en el marco del 10º aniversario de su sistema en materia ambiental. Las actividades del grupo certificadas son Ventas, Diseño, Desarrollo, Instalación, Mantenimiento, Rehabilitación y Servicio Posventa de Equipos Elevadores, según explicó Schindler.

Además, AENOR y Schindler han firmado su adhesión a la comunidad #PorElClima, acuerdo con el que las empresas buscan resaltar su compromiso en materia ambiental. Así, la empresa ha recalcado su responsabilidad con el medio ambiente, ya que, según afirma, utiliza energía limpia que revierte a la red eléctrica del edificio a través del proceso de recuperación de energía. La eliminación de los tradicionales aceites o la mejora de la eficiencia energética de sus productos son algunas de las medidas que ha instaurado la empresa y que le ha permitido obtener y mejorar la certificación.

Según Schindler, la implantación de un sistema de gestión ambiental proporciona una serie de beneficios económicos, derivados del ahorro en el consumo de energía, combustible y agua, así como de ahorros en el tratamiento de emisiones, vertidos o residuos. A estos beneficios económicos se le pueden sumar beneficios legales, como la reducción de riesgos de demandas de responsabilidades civiles y penales. Para obtener el certificado de Gestión Ambiental es necesario garantizar una correcta gestión, asegurar el cumplimiento de la legislación y mejorar el comportamiento ambiental.