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El PP congelará la parte regulada del recibo eléctrico manteniendo las centrales nucleares y reducirá los impuestos sobre la generación

Redacción / Agencias.- El PP propone para la próxima legislatura congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno, los conocidos como peajes; reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, y la introducción progresiva de nuevas instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Son algunas de las propuestas en materia de energía, recogidas en el bloque económico Consolidar la economía para crear empleo y bienestar del programa electoral del partido con el que aspira a ganar los comicios del próximo 20 de diciembre.

De este modo, el PP se compromete a reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, después de crear en 2012 un impuesto del 7% a la producción de electricidad, «garantizando en todo caso la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico», lo que «redundará también en un abaratamiento de la factura», y reforzará la protección del bono social. De hecho, el PP se compromete a congelar la parte regulada del recibo, que soporta costes como los del transporte, distribución o primas a renovables y depende del Gobierno, así como continuar garantizando que «no se volverán a generar déficits» en el sector energético.

Los superávits que se generen en el sistema «se destinarán a reducir la factura del consumidor», tal y como hizo el Ministerio de Industria el pasado verano, cuando rebajó la parte regulada un 4%, lo que abarató un 2,2% el recibo para la segunda mitad del año. De hecho, el ministro José Manuel Soria ya anunció la semana pasada que mantendrá esta bajada durante 2016 gracias a una rebaja de los peajes de electricidad. Hay que recordar que el sector eléctrico cerró el ejercicio 2014 con un superávit de 550,3 millones de euros, el primero en más de una década.

También seguirá mejorando la competencia en los mercados de electricidad y gas, eliminando «rigideces y restricciones y avanzando hacia una mayor integración de España en el mercado energético europeo». Para ello, profundizará las medidas de vigilancia y fomento de la competencia y de los precios en el mercado de carburantes, al tiempo que favorecerá la implantación de gasolineras independientes. El impulso de las interconexiones eléctricas y gasistas y el establecimiento de un marco adecuado para que la minería energética competitiva sea «un sector de futuro» son otras de las propuestas.

El proyecto de los populares en materia energética para la próxima legislatura pasa por mantener las centrales nucleares como «parte integrante» del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad. A su vez, culminará la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares, paralizado a la espera de que se resuelva el recurso de la Abogacía del Estado contra la decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de paralizar la autorización de construcción de las instalaciones.

Finalmente, el PP afirma que cumplirá los compromisos en materia de cambio climático «potenciando la penetración de las renovables en el mix energético«, con la introducción «progresiva» de «nuevas» instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Se compromete también la incorporación de renovables en la climatización de edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica, así como la incorporación progresiva de la geotermia. Los populares proponen el establecimiento de la exención del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica a las nuevas instalaciones de renovables que se introduzcan en el sistema sin subvención.

En cuanto al transporte, el programa electoral incluye la mejora de la sostenibilidad en el transporte, a través del despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas así como el aumento gradual de los biocarburantes para cumplir con los objetivos de la Unión Europea. Por otro lado, en el ámbito de la eficiencia energética, el PP promete invertir más de 1.800 millones en cuatro años, mediante el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y otros mecanismos y cumplir los objetivos de ahorro energético a 2020. Según cuantifica, esto supondrá un ahorro equivalente al consumo de los hogares españoles durante todo un año.

En este ámbito, el PP considera la rehabilitación de viviendas como un «pilar fundamental» para promover la eficiencia energética y, en coordinación con otras administraciones, ampliará las subvenciones disponibles para reducir los costes energéticos de las familias y se cometerá un plan de eficiencia en todos los edificios de la Administración General del Estado. En esta línea, también se compromete a incrementar la eficiencia mediante el impulso al vehículo impulsado con energías alternativas, la mejora de los consumos en el transporte por carretera, el aumento del peso del transporte ferroviario eficiente y un plan de actuación específico para mejorar la eficiencia en las infraestructuras ferroviarias.

Otro de los ámbitos de eficiencia energética en el que el PP ve posibilidades en la próxima legislatura es el desarrollo de programas específicos para los sectores industriales, de alumbrado municipal, de agua y desalación. Igualmente, se ampliarán los ámbitos del etiquetado energético, mediante la realización de auditorías y la certificación energética de empresas, sobre todo las PYMES y desarrollará un mercado de certificados de eficiencia energética. Finalmente, en este ámbito, en su programa, los populares se comprometen a renovar las instalaciones de cogeneración para aumentar su eficiencia pero también las instalaciones renovables existentes con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los  recursos disponibles.

Rajoy promete una Ley de Cambio Climático y nuevas ayudas para reducir emisiones

EFE.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que si sigue al frente del Ejecutivo en la próxima legislatura, aprobará una ley de cambio climático para dar coherencia a todas las decisiones en esta materia, y subrayó que España aumentará sustancialmente las ayudas para la reducción de emisiones.

Rajoy ha hecho estos anuncios en la conferencia de prensa que ha ofrecido en París con motivo de su participación en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno con la que se ha iniciado la conferencia mundial sobre cambio climático COP21 en la capital francesa.

El jefe del Ejecutivo español ha querido aprovechar para elogiar a Francia y a su presidente, François Hollande, por la organización de esta cumbre en unos «momentos difíciles», en referencia a los atentados de París del 13 de noviembre.

«España afronta esta cumbre desde el compromiso», ha explicado al recordar que el país ha puesto en marcha medidas concretas como programas de renovación de la flota de vehículos, actuaciones para aumentar la eficiencia energética en edificios o financiación de proyectos concretos de reducción de emisiones.

Se trata de una «ambición» que ha garantizado que España seguirá manteniendo a partir de 2020 porque junto al resto de socios europeos ha asumido el compromiso de reducir las emisiones en al menos un 40 % en 2030 con respecto a 1990.

Señaló que prueba de ese compromiso es el anuncio de una ley de cambio climático y el aumento de las ayudas para reducir emisiones destinadas a países en desarrollo.

A veinte días de las próximas elecciones generales en España, Rajoy ha explicado que esa ley «dotará de coherencia a las actuaciones de todos los implicados en la transición a una economía baja en carbono, que crezca y que cree empleo».

También ha precisado que el texto legal recogerá los compromisos de España en materia de cambio climático y «descarbonización» de la economía y, en particular, en reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética y participación de las energías renovables.

Además, creará un marco institucional único que dote de agilidad a todas las actuaciones y promoverá las que tengan una mayor capacidad de reducir emisiones al menor coste teniendo en cuenta su impacto sobre la actividad económica y sobre la creación de empleo.

El presidente del Gobierno español ha señalado que también abordará un diseño a medio plazo y coordinado de todos los recursos que las administraciones públicas españolas destinen al cumplimiento de los objetivos de cambio climático, y racionalizará la fiscalidad medioambiental para que contribuya a alcanzar los objetivos.

Ha aclarado que no se trata de crear ningún nuevo impuesto medioambiental, sino de racionalizar el conjunto de normas en materia fiscal y ambiental de las diversas comunidades y de la propia administración del Estado.

En definitiva, según ha explicado Rajoy, se trata de coordinar todos los programas y actuaciones de apoyo a la eficiencia energética, en particular en los ámbitos de transporte, edificación y alumbrado público, así como apoyo a las tecnologías renovables y de I+D.

Respecto a la movilización de recursos financieros a países en desarrollo en sus esfuerzos para llevar a cabo actuaciones de lucha contra el cambio climático, Rajoy ha dicho que el compromiso de España también ha sido claro en los últimos cuatro años.

En ese tiempo, ha aportado 1.400 millones de euros a ese fin, y a eso se suma que, recientemente, el Gobierno ha acordado la contribución financiera al Fondo Verde del Clima por un importe de 120 millones de euros entre 2015 y 2020.

Para el futuro, Rajoy ha avanzado que se va a reforzar este compromiso y, en concreto, España aumentará sustancialmente sus aportaciones anuales a proyectos que favorezcan la transición de una economía baja en carbono en países en desarrollo hasta llegar a duplicarlas en 2020 con niveles del entorno de 900 millones de euros al año.

Rajoy señaló que cree que esta cumbre debe lograr un acuerdo «global, ambicioso y jurídicamente vinculante» que comprometa a todos en función de sus respectivas capacidades y circunstancias.

«Este es un asunto en el que o estamos implicados todos, o será muy difícil y complicado luchar contra el cambio climático», ha advertido.

Más de 1.250 organizaciones de 64 países piden a los líderes políticos mundiales, incluido Rajoy, que rechacen el fracking

Europa Press / Servimedia.- Más de 1.250 organizaciones civiles y plataformas ciudadanas de 64 países firmaron una carta dirigida a los líderes mundiales, entre ellos al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que rechacen el fracking y apoyen su prohibición y lo expresen en acuerdos internacionales, como el que se negociará en la Cumbre del Clima de París. Entre estas organizaciones, figura Ecologistas en Acción, que señala que 74 organizaciones y plataformas le han hecho llegar la petición a Rajoy para que prohíba el fracking.

Además de rechazar la técnica de fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas natural o petróleo de yacimientos no convencionales en España, los firmantes piden que se alcance un compromiso para dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo y posibilitar así una transición hacia un futuro con energía 100% renovable, necesaria para combatir el calentamiento global en la próxima cumbre mundial sobre el clima, que se celebrará en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Las organizaciones del Global Frackdown, movimiento internacional celebrado desde 2012, esperan que así se logre resaltar el creciente movimiento «contra esta peligrosa técnica y crear presión sobre los líderes nacionales para que se opongan a ella».

Las organizaciones españolas señalaron que, mientras Escocia, Francia y Bulgaria prohibieron el fracking o han establecido moratorias por los riesgos que conlleva esta técnica, el Gobierno de Rajoy ha impulsado «numerosos proyectos de extracción de gas mediante fractura hidráulica repartidos por buena parte de la geografía española».  «Estos proyectos han generado la creación de decenas de plataformas ciudadanas antifracking, con fuertes movilizaciones que se oponen a esta técnica, e incluso el desarrollo de legislación autonómica para frenarla en varias comunidades autónomas», destacaron. En septiembre, todos los partidos políticos con representación en el Congreso, a excepción de PP, CiU, PNV y UPyD, así como otras formaciones que no tenían representación parlamentaria, ratificaron su compromiso para la prohibición del fracking en España.

Entre las organizaciones firmantes hay entidades ambientales como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, y formaciones políticas como Equo e ICV. En este contexto, aseguran que las movilizaciones sociales de los últimos años demuestran que la ciudadanía «rechaza esta técnica debido a los riesgos que conlleva, tales como afecciones a la salud, contaminación de acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero, elevado consumo de agua, aumento del riesgo de seísmos o impacto paisajístico, entre otros». En definitiva, las organizaciones firmantes esperan que el presidente Rajoy tenga en cuenta esa «gran oposición» ciudadana y que el Gobierno frene de una vez los proyectos de fracking en España y abra paso a las energías renovables.

También a Juan Vicente Herrera

Por otro lado, Ecologistas en Acción de Castilla y León también envío esta carta al presidente de la comunidad autónoma, Juan Vicente Herrera, para pedir la paralización de la fractura hidráulica. Ecologistas en Acción incidió en que los impactos negativos del fracking incluyen contaminación del aire, con grandes emisiones de metano, gas con 21 veces más potencial de calentamiento global que el CO2, y agua, problemas en la salud pública, terremotos, además de ir en detrimento del cambio «urgente e inevitable» hacia las energías renovables.

La organización añadió que en Castilla y León, la provincia de Burgos es en la que los permisos de fractura hidráulica están más avanzados de toda España y, tras rechazar en tres ocasiones las mociones de oposición en terreno burgalés, acabaron por presentar alegaciones en contra de los pozos proyectados por BNK y por aprobar una moción en contra de esta técnica a la espera de nuevas informaciones que certifiquen que su puesta en marcha sería segura para la salud y el medio ambiente. Además, el permiso Gran Enara, que agrupa varios permisos de investigación que afectan a País Vasco, Castilla y León, Navarra y Cantabria, fue ampliado por el Ministerio de Industria hasta 2017.

Finalmente, Ecologistas en Acción denunció que «la industria del petróleo y el gas haya gastado millones de dólares en campañas de relaciones públicas para poder extraer combustibles sin la suficiente supervisión gubernamental». Sin embargo, han asegurado la opinión pública en oposición al fracking continúa creciendo. «Mientras que la industria trabaja intensamente para proteger sus ganancias y extinguir la demanda mundial de combustibles limpios y renovables, hay un enorme movimiento en marcha en todo el mundo para proteger nuestros recursos globales del fracking«, ha aseverado Ecologistas.

Las asociaciones renovables acusan a Rajoy de mentir y le afean no haberse reunido durante esta legislatura

EFE / Europa Press.- El sector renovable español (Anpier, APPA, Protermosolar, UNEF, Aprean, Aremur, Cluster de la Energía de Extremadura, Avaesen y Aperbal) haacusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de una «total falta de conocimiento de la realidad», tacha sus declaraciones sobre las renovables de «inaceptables» y le afea que en cuatro años de legislatura no haya mantenido ni un solo encuentro con el sector.

Nueve asociaciones empresariales criticaron las manifestaciones vertidas a la opinión pública por Rajoy en las que afirmó que determinados tipos de energías renovables como la fotovoltaica o la termosolar tenían una rentabilidad de entre el 20% y el 25% que «pagaban los españoles en el recibo de la luz«. Las renovables aseguran que estas declaraciones demuestran un «profundo desconocimiento» del sector eléctrico y de la situación en la que se encuentra inmerso tras la reforma llevada a cabo por el Ministerio de Industria, y suponen repetir los «mismos mensajes sesgados».

El sector explica este «desconocimiento» en que Rajoy no haya mantenido «ni un solo encuentro con el sector» en toda la legislatura y explica punto por punto la «falsedad» de sus declaraciones. Así, dicen que es falso que el presidente del Gobierno no haya puesto trabas a las renovables, ya que implantó en 2012 una moratoria renovable y recientemente aprobó un real decreto de autoconsumo «ideado, en vez de para fomentar su desarrollo, para entorpecerlo».

No existe la rentabilidad razonable

Además, niegan que los productores tuvieran garantizadas rentabilidades del 20-25%, ya que el sector «lleva años sufriendo recortes que, ya antes de la reforma, situaban a la gran parte del sector al límite de la suspensión de pagos, con un periodo medio de retorno de la inversión de 15 años y un TIR del 6%». A este respecto, también consideran falso que la rentabilidad garantizada actualmente sea del 7,5%, ya que, descontados los impuestos, apenas supera en muchos casos el 5% y, en el caso de los pequeños ahorradores, «con peores condiciones crediticias y que pagaron por sus instalaciones un mayor precio, tienen rentabilidades medias que no alcanzan el 3%».

Asimismo, subrayan que las renovables no son la causa del déficit de tarifa y afirman que es falso que sean las culpables del incremento «descomunal» de la factura de la luz. De esta manera, las asociaciones de energías renovables creen que las afirmaciones del presidente del Gobierno pueden «confundir a la opinión pública y proyectan una imagen absolutamente distorsionada de un sector productivo que aporta muchos e importantes beneficios a la economía española y que, precisamente, su propio Gobierno utiliza como imagen de la Marca España en todo el mundo».

Rajoy anuncia recursos adicionales para reactivar las comarcas mineras

Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que constituirá una mesa de trabajo para diseñar nuevas medidas para las cuencas mineras, para cuya puesta en marcha se «comprometió» a aportar «recursos adicionales en los próximos años». Rajoy realizó este anuncio en León, durante su intervención tras la inauguración de la nueva línea del AVE, y después de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reclamara al Gobierno central «la misma sensibilidad y eficacia para las comarcas mineras que la mostrada con la llegada del AVE».

El jefe del Ejecutivo recogió el guante al asegurar ser «consciente de las dificultades que atraviesa el sector del carbón y las comarcas afectadas«, que, según apuntó, «derivan de un marco europeo complejo, de la caída de los precios y de los precios de la electricidad». Tras recordar las medidas que ya ha tomado el Gobierno para paliar la situación y el «trabajo» realizado en la Unión Europea en este sentido, Rajoy reveló que le había anunciado al presidente regional la constitución de un grupo de trabajo para «estudiar la mejor forma de reactivar las comarcas mineras. «Y me he comprometido a aportar fondos adicionales para ello en los próximos años», concluyó.

De manera previa, Herrera se había referido a las responsabilidades que los poderes públicos tienen a la hora de «garantizar el futuro de los sectores, las empresas y los empleos públicos que dan vida a determinadas provincias y comarcas sin fáciles alternativas» y que «se encuentran en una situación crítica, necesitada de actuaciones decididas y urgentes», como es el caso de las comarcas de la minería del carbón.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha hecho también suya una de las principales reivindicaciones del sector: la puesta en marcha de «todas las medidas contenidas en el Marco de Actuación pactado con el Ministerio de Industria en octubre de 2013», que «sufren un gran retraso«. En la misma línea, también ha reclamado la puesta en marcha de otras actuaciones que «puedan acordarse para favorecer la competitividad de las producciones de carbón o para dar una alternativa a dichas comarcas».

Facua denuncia que la bombona de butano está siendo un 28% más cara durante la legislatura de Rajoy

Servimedia / EFE.- Los precios máximos fijados por el Gobierno durante la legislatura de Mariano Rajoy de la bombona de butano más utilizada, de 12,5 kilogramos, han sido un 28,1% más caros que durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, al pasar de 12,76 euros a 16,34 euros de media, según un cálculo realizado por Facua-Consumidores en Acción.

Desde la investidura de Rajoy se aplicaron 12 precios máximos de la bombona de butano (10 tarifas máximas publicadas en el BOE, fruto de las revisiones tarifarias, más 2 cambios ocasionados por la introducción del impuesto de hidrocarburos y la subida del IVA del 18% al 21%). Prorrateados en función del número de días que estuvieron en vigor cada uno de ellos, el precio medio durante este Gobierno del PP ha sido de 16,34 euros.

En el segundo Gobierno de Zapatero se aplicaron 14 precios máximos (13 publicados en el BOE más un cambio provocado por la subida del IVA del 16% al 18%). El análisis de Facua señala que el precio medio fue de 12,76 euros, un 19,2% más caro que durante la anterior legislatura del presidente socialista, cuando estuvieron en vigor 13 precios máximos y el importe medio fue entonces de 10,70 euros.

El máximo histórico de la bombona de butano han sido los 17,5 euros que tuvieron que pagar los usuarios durante casi la mitad de esta legislatura, entre mayo de 2013 y marzo de 2015 (672 días). Facua pidió tanto al Gobierno como al conjunto de partidos que concurrirán a las próximas elecciones que se comprometan a introducir en sus programas electorales otros instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses de los consumidores.

Según Facua, el crecimiento de la factura media ha sido de 400 euros en la ultima década

Los hogares españoles pagan de media en la actualidad 400 euros al año más de luz que hace una década, según un análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción, en el que se aprecia que el recibo ha crecido un el 76% entre 2005 y 2015. Con las tarifas vigentes entre agosto de 2014 y julio de 2015, el usuario medio acogido al denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) ha pagado 929,15 euros por las facturas de la electricidad, a razón de 77,43 euros mensuales.

Esta cantidad contrasta con los 529,32 euros al año, o 44,11 al mes, que abonaba con la tarifa aprobada por el Gobierno en 2004. Según los análisis de Facua sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas, el usuario medio en España consume 366 kilovatios hora (kWh) mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW).Con la tarifa media del pasado julio, el usuario medio paga 81,18 euros mensuales, un 9,7% por encima de los 73,99 euros de julio de 2011, asegura la asociación.

Evolución de la tarifa con Aznar-Zapatero-Rajoy

Cuando Aznar llegó por primera vez al poder, en mayo de 1996, el recibo medio estaba en 52,06 euros mensuales. Al finalizar la legislatura, en abril de 2000, se situaba en 44,63 euros. Cuando dejó el Gobierno, en abril de 2004, la luz suponía 44,11 euros mensuales. Por su parte, Zapatero cuando abandonó la presidencia de su gobierno, en abril de 2008, se situaba ya en 50,20 euros.

Al terminar su segundo periodo de Gobierno, en diciembre de 2011, el recibo alcanzaba los 78,64 euros mensuales. Casi trascurridos los cuatro años de la legislatura de Rajoy, con las tarifas del pasado julio, la factura del usuario medio está en 81,18 euros mensuales.

Mayor crecimiento en la parte fija

La organización también denuncia que en una década el kilovatio (kW), que se paga de forma fija en el recibo, ha subido un 150,1%, mientras que el kilovatio hora (kWh), que es variable en función del consumo, se ha encarecido un 66,2%.

En julio de 2015, el precio del kW de potencia contratada es un 150,1% más caro que el vigente durante 2005, ya que ha pasado de 1,78 euros (1,46 más el 21,93% de impuestos indirectos) a 4,46 euros (3,50 más el 27,19% de impuestos indirectos).

En lo que se refiere al precio de la energía consumida, ha subido un 66,2% en una década. En 2005, el kWh estaba en 10,12 céntimos (8,30 más impuestos) y este julio suponía 16,82 céntimos por kWh (13,23 más impuestos).

Narbona dice que el Gobierno de Zapatero se equivocó en 2010 al realizar el «primer ataque» a la retribución de la fotovoltaica

Así lo señaló durante la inauguración de la VI Asamblea General de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), en la que trasladó el compromiso del PSOE de derogar la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy si ganan las elecciones.

No obstante, reconoció ante los productores fotovoltaicos que el Gobierno socialista cometió un «error» y se equivocó en 2010 al decidir atribuir a la retribución de renovables un «efecto perverso» en términos económicos.

«Se podía haber hecho frente con otra situación, sin consecuencias dramáticos que esa medida de 2010 (recorte a la retribución de instalaciones fotovoltaicas) comenzó a comportar y que no han hecho más que empeorar», apuntó.

En todo caso, el Tribunal Supremo avaló la normativa aprobada en 2010 por el Gobierno español, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, por la que se recortaba la retribución de las plantas solares fotovoltaicas, y que suponía limitar el número de horas anuales de producción con derecho a prima.

De esta forma, Narbona abogó por hacer «justicia» con las empresas y ciudadanos que invirtieron en renovables bajo un marco regulatorio y ahora «tienen deudas que no pueden afrontar» por los cambios normativos.

A pesar de que valoró que España está «muy bien posicionada» de cara al impulso europeo a las energías renovables para convertirse en líder mundial en la materia, sin embargo reprobó que el país esté sufriendo una situación de «máxima vulnerabilidad».

Además, criticó la «confusión» generada por el Gobierno sobre el déficit de tarifa y defendió que «no es verdad» que el alto precio de la electricidad se deba a la presencia de renovables en el mix energético español.

La exministra socialista, quien lamentó que se haya «satanizado» a las renovables en los últimos años, sostuvo que cada vez se acerca «más rápido» el momento en el que el conjunto de renovables será «competitivo» con la utilización de convencionales.

En esta línea, Narbona trasladó durante la asamblea el compromiso del PSOE de «revertir esta situación» que ha provocado que la imagen de España en materia de renovables haya caído «drásticamente» en el exterior ante los «numerosísimos» litigios internacionales del Gobierno.

Así, opinó que se producirá una «necesaria transición» del modelo energético y dijo esperar que tras las elecciones de noviembre los procesos de elaboración de normas sean «mucho más transparentes y mucho más participativos» para los sujetos implicados.

«El cambio social se va a traducir en un cambio político» que a la postre «exigirá a los grandes partidos que las normas no se hagan en un despacho, sino que haya la máxima participación de los afectados», agregó.

A este respecto, abogó porque los políticos «seamos capaces de rendir cuentas ante los ciudadanos de cuál es el resultado efectivo de las leyes, algo a lo que no estamos acostumbrados en nuestro país» y sobre lo que «vamos con retraso».

De esta forma, sostuvo que «gobierne quien gobierne» habrá «una ciudadanía más consciente, informada, exigente, con la que tendrá que lidiar, dar más explicaciones y evitar generar incertidumbres desde punto de vista regulatorio».

Ante esta ciudadanía «cada vez más exigente y más cabreada» por la «falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace», el próximo Gobierno tendrá que «explicar muy bien» si no cumple una promesa, a pesar de que «hay veces que uno quiere hacer cosas pero luego hay otras que lo impiden», añadió.