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El PP se marca como objetivo político la congelación de los peajes de luz y gas

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Europa Press.– El PP fijará entre sus objetivos políticos la congelación de la parte de la factura de electricidad y de gas que depende del Gobierno, esto es, la dedicada a sufragar los costes regulados, al tiempo que mantiene el compromiso de evitar que se generen déficits de tarifa en estas actividades. Esta pretensión aparece recogida en la ponencia sobre economía y administración territorial que será presentada en el decimoctavo congreso del PP, que se celebrará en febrero. La ponencia ha sido coordinada por Javier Arenas.

«En el ámbito de la energía, deberemos esforzarnos por evitar generar nuevos déficits», afirma el documento, en el que se indica que el partido «defenderá la congelación de la parte de la factura que depende del Gobierno y contribuirá a que la mejora de la eficiencia y la competencia contribuyan en un mejor y más accesible servicio al consumidor«. La ponencia también apela a la necesidad de un mix energético «sostenible y respetuoso con los compromisos en la lucha contra el cambio climático», en el que se fomenten la eficiencia energética y las energías renovables.

Impulsará Ley de Transición Energética

Para acometer este reto, el PP se muestra partidario de aplicar los métodos más «efectivos y eficientes en coste», conforme al modelo propuesto a nivel europeo en el paquete de invierno de la Comisión Europea. Para ello, impulsará una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El partido también se compromete a impulsar un pacto por la Energía que «garantice la seguridad jurídica, fomente la competencia y que sirva de apoyo a la estrategia española de conexiones internacionales«. De hecho, las interconexiones deben ser una «prioridad estratégica para Europa», aseveran.

«Será necesario también reforzar nuestro compromiso a favor de las medidas de eficiencia energética impulsándolas tanto en hogares, particularmente en los de rentas más bajas, como en empresas y administraciones públicas», indica la ponencia. El documento califica además de «fundamental» la protección al consumidor, así como el refuerzo en la información que se ofrece a los clientes en la contratación y gestión de los contratos de suministro energético a hogares.

También indica que, tras el reciente fallo del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social de luz, el PP ha actuado «para que el mismo no lo termine pagando el contribuyente ni el consumidor energético». «Además, hemos logrado un buen pacto para regular la problemática de los cortes de suministro a los hogares cuyo grado de vulnerabilidad es más severo, con la participación de las compañías y los servicios sociales de las autoridades competentes a nivel local», añade, en alusión al acuerdo con el PSOE y Ciudadanos.

El Congreso acuerda pedir una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir los compromisos con la Unión Europea

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Europa Press / Servimedia.- El PP y la oposición llegaron a un acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que España pueda «integrar y armonizar la legislación» y llegar a cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en estas materias. De este modo se consensuó un texto transaccional a la iniciativa original del PP, que contó con el apoyo de PSOE, Ciudadano y Podemos.

El texto cuenta con una docena de puntos, entre los que destacan las propuestas de promover políticas nacionales para reducir emisiones, crear un Plan Nacional de Energía y Clima, concienciar sobre el problema del cambio climático y dotar al sector de la financiación adecuada para llevar a cabo todas estas iniciativas. El documento también insta al Ejecutivo a establecer un marco de ecoeficiencia en la gestión energética; mejorar la retención natural de carbono con el desarrollo de técnicas de captura y almacenamiento en sumideros que disminuyan la concentración atmosférica de CO2; y promover una política de movilidad y transporte sostenible así como actuaciones de eficiencia energética en el sector residencial.

Además, los partidos piden al Ejecutivo que impulse la adaptación eficiente de España al cambio climático, promoviendo la explotación y el escalamiento hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono. En este sentido, el texto recuerda que España se ha comprometido a reducir, el 20% de sus emisiones para el 2020 y el 40% para el 2030, con respecto a los valores registrados en 1990. En la propuesta se especifica que son objetivos «ambiciosos» pero también «realistas».

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró «satisfecho con el acuerdo» que, a su juicio, muestra «la evolución del trabajo en esta Cámara» de cara a «combatir el fenómeno del cambio climático». Desde Podemos y, a pesar de haber firmado este acuerdo, su portavoz Iñigo Errejón, subrayó la necesidad de tomar más medidas adicionales, como «abolir el impuesto al Sol y cambiar el modelo energético del país a uno más sostenible».

Desde la tribuna del Congreso, la diputada del PP, María Luz Bajo, ha celebrado el «espíritu de consenso» de todas las formaciones políticas en esta materia para intentar poner en marcha una ley que, a su juicio, «llega en el momento idóneo», cuando se ha ratificado el Acuerdo del Clima de París. La popular, se ha mostrado segura de que, para elaborar la proposición de Ley, el Gobierno va a plantear «un proceso abierto y participativo» que implicará de manera transversal a diversos ministerios, así como a las administraciones autonómicas y locales. Del mismo modo, ha señalado que se contará con los «actores relevantes en la lucha contra el cambio climático, como el colectivo investigador, el empresarial y las ONGs.

También el PSOE ha valorado positivamente el «contexto de unanimidad» que se ha reflejado en esta propuesta y espera que la futura norma «promueva un modelo de crecimiento verde» que sea «más sostenible y menos dependiente de la quema de combustible fósil» de lo que es ahora. Más crítica ha sido la representante de Unidos Podemos, Rosa Martínez, quien ha acusado al PP de tener «poca memoria» a la hora de redactar la transaccional y exponer los datos conseguidos por España en reducción de emisiones. Así, la diputada ha explicado que si las emisiones bajaron en los últimos años es «consecuencia de la desaceleración económica de la crisis» y ha apuntado que en 2015 las emisiones han registrado un repunte.

Para Martínez, la nueva norma deberá servir para que el Gobierno «se tome en serio la lucha» contra el cambio climático y para ayudar a transformar el modelo productivo del país. «Pongan recursos y voluntad política para cambiar de rumbo» señaló Martínez, quien definió la situación ambiental como «la violación masiva más grande de la historia» y uno de los «mayores retos de la humanidad».

También reclamó «voluntad política» el diputado de Ciudadanos, José Luis Martínez, que recordó que España es el país peor situado de Europa en cuanto a renovables y pidió la anulación del impuesto al Sol. A su juicio, si se quiere lograr una mejora en esta materia, España debería liderar la acción europea. Finalmente, los representantes de PNV, Esquerra Republicana (ERC), la antigua Convergència y Bildu han decidido abstenerse después de mostrar su contrariedad en el debate porque el texto transaccionado no especifica en su totalidad el ámbito competencial que, en esta materia, tienen algunas autonomías.

Piden objetivo 2050: 100% renovable

La Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales y de cooperación al desarrollo, entre otras, difundió un documento de propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que elaborará el Gobierno, en el que fija como objetivo para 2050 que el 100% de la energía proceda de fuentes renovables. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió el pasado noviembre en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) a poner en marcha una ley de cambio climático para que la economía española sea menos contaminante, algo que ya anunció en diciembre de 2015 durante la cumbre climática mundial celebrada en París (Francia).

Esta coalición se pondrá en contacto en los próximos días con representantes de la Oficina Española de Cambio Climático y de los principales partidos políticos para dialogar sobre la futura ley prometida por Rajoy. El documento que difundieron propone como objetivo de mitigación que la norma sea «lo suficientemente ambiciosa para avanzar hacia un futuro energético descarbonizado en 2050», es decir, que la totalidad de la energía provenga de fuentes renovables y no de combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón).

Álvaro Nadal será el titular del nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que se desliga de Industria

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Javier Angulo / EFE.- La energía se hace mayor. Los objetivos comprometidos con Europa y la forma de iniciar la transición energética de la que habla el sector se han hecho merecedores, a ojos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de una cartera ministerial. Industria queda añadida ahora al Ministerio de Economía, reforzando los poderes del titular Luis de Guindos.

El nuevo ministro, Álvaro Nadal, recibe el premio a su labor en la sombra como director de la Oficina Económica de La Moncloa, especialmente delicada en los albores del primer mandato de Rajoy, con la continua amenaza del rescate sobre el país. La principal duda es conocer si Álvaro Nadal hará tándem con su hermano gemelo, Alberto, como secretario de Estado de Energía, después de haber encabezado este último las quinielas para ocupar el Ministerio.

El hasta ahora jefe de la Oficina Económica de La Moncloa tiene un currículum académico brillante y fama de ser extremadamente inteligente, pero también ha sido tachado de poco empático por algunos de los agentes económicos con los que le ha tocado lidiar, ya sea en Bruselas o Berlín o con empresarios españoles. Nacido en Madrid el 30 de enero de 1970, en el barrio de clase media del Parque de las Avenidas, ambos hermanos sacaron la plaza de técnicos comerciales y economistas del Estado con 24 años: Álvaro María con el número uno y su hermano con el dos.

Nadal es licenciado en Derecho y Ciencias Económica en ICADE, y amplió estudios en la Universidad de Harvard. Ejerció como asesor económico en distintos ministerios durante los dos mandatos de José María Aznar. En 1997 fue asesor de Josep Piqué, entonces titular del Ministerio de Industria y Energía, y en 1998 pasó al Ministerio de Economía y Hacienda, como asesor de Cristóbal Montoro cuando éste era secretario de Estado de Economía y posteriormente del vicepresidente económico Rodrigo Rato, hasta 2001. A partir de 2001 y hasta 2003 ejerció como consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en Israel.

A su regreso a España fue nombrado vocal asesor en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y subdirector General de Programación y Evaluación de Fondos Comunitarios, ya en el último año en el poder del PP. Con los responsables populares en la oposición, fue secretario adscrito a la Secretaría Ejecutiva de Política Económica y Empleo del partido, y formó frecuente equipo con Cristóbal Montoro y Fátima Báñez en las labores parlamentarias. Los mencionados cargos los ha compaginado con la docencia en el Instituto de Empresa (IE) de Madrid.

En diciembre de 2011 fue nombrado jefe de la Oficina Económica de La Moncloa en el ejecutivo formado por Mariano Rajoy, tras alzarse el PP con la mayoría absoluta en las elecciones generales del 20 de noviembre anterior. Un mes más tarde, enero de 2012, fue nombrado vocal del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La Fundación Renovables pide una ley de transición energética y un ministro dialogante mientras Anpier reclama “sentido de Estado”

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Europa Press / Servimedia.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha reclamado al presidente de Gobierno un ministro de Industria, Energía y Turismo «con sentido común y sentido de Estado, y que sea capaz de encontrar una solución política urgente frente a la inseguridad jurídica«. Por su parte, la Fundación Renovables reclama un giro de las políticas energéticas hacia un modelo más sostenible que incluya una ley sobre transición energética que esté pilotada por un ministro con capacidad para pactar y dialogar.

La Fundación considera que, en la nueva etapa política, resulta «ineludible avanzar hacia un nuevo modelo energético y recuperar el grave atraso sufrido durante la pasada legislatura, nefasta desde el punto de vista de la sostenibilidad energética». El momento actual, por «urgencia y por oportunidad», recomienda que España aplique las políticas energéticas adecuadas para evitar «quedar fuera de la senda de acción política que ya está siguiendo la mayoría de las grandes economías del entorno».

La Fundación Renovables considera que todos los partidos tienen «una importante función que cumplir» y espera que se pongan «de inmediato a trabajar en el Parlamento para generar los consensos necesarios y avanzar hacia un futuro 100% renovable». Además, reclama al nuevo Gobierno que designe un responsable con «capacidad demostrada de dialogar y pactar con el resto de formaciones parlamentarias e instituciones sociales una Ley de Transición Energética y Cambio Climático» que permita alcanzar un modelo energético sostenible y cumplir con los compromisos climáticos adquiridos.

Este giro político resulta clave «tras años de desastrosa política energética y de ignorar el desafío del cambio climático«, señala la Fundación. «La participación y el diálogo, no solo entre los grupos políticos, sino con todos los actores sociales, será un elemento imprescindible para que la regulación se adecue a las necesidades y capacidades de la sociedad española», añade. La Fundación aboga por impulsar las renovables, una mayor electrificación de la demanda, el desarrollo del coche eléctrico, la mejora en la eficiencia, la lucha contra el cambio climático y la erradicación de la pobreza energética.

Anpier pide más seguridad jurídica

Por su parte, Anpier pide un ministro «que sea capaz de encontrar, a través del diálogo sectorial, una solución política urgente frente a la inseguridad jurídica que sufre el sector fotovoltaico español». En este sentido, la asociaciónconsidera que el anterior ministro José Manuel Soria, junto con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tuvieron «un comportamiento reprobable al paralizar la progresión del sector renovable en beneficio de la producción fósil y nuclear» e «intoxicaron» a la sociedad «con información sesgada sobre el colectivo fotovoltaico, con la intención de justificar los draconianos recortes aplicados».

Asimismo, Anpier insta a Rajoy a que contraste información sobre «la magnitud real de los recortes aplicados y las rentabilidades» y advierte que el sector se movilizará en 2017. De esta manera, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, considera que el nuevo Gobierno «debe articular una nueva política energética de Estado, electrificando la economía sobre fuentes renovables y socializando el acceso a la generación, y empezando por restaurar la seguridad jurídica de las miles de familias españolas fotovoltaicas que han contribuido con sus ahorros a resolver los problemas energéticos y medioambientales de nuestro país».

Nuevo Gobierno: riesgos del nombramiento para la energía

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Será este jueves cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presente su nuevo gabinete. Desde la sesión de investidura se viene especulando, cada vez con mayor fruición, acerca de la composición del mismo. En este artículo nos ocuparemos por un lado de los criterios que se han seguido para designar en tiempos pasados, pero recientes, al responsable de energía; en segundo lugar, de los nombres a los que ha tenido acceso Energía Diario y que contarían como candidatos a la cartera ministerial.

La titularidad de Industria, Energía y Turismo, quedó sumida en la orfandad tras la salida del ministro offshore José Manuel Soria. Orfandad que fue cubierta de aquella manera desde abril por la égida del actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, con todas sus inhibiciones y silencios al respecto, y bajo la tutela del hasta ahora secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Hay que tener en cuenta que la trayectoria seguida por los últimos gobiernos en la cobertura de esta cartera no ha sido especialmente halagüeña, sobre todo al estar inserta en el ámbito más difuso de Industria. Al perfil de José Manuel Soria, excesivamente proclive al protagonismo, hay que sumar a sus antecesores socialistas, Joan Clos y José Montilla, que también contaban con un marcado carácter y trayectoria política anterior relevante, frente a un perfil técnico o económico que les avalase.

La excepción como perfil híbrido económico-técnico fue Miguel Sebastián quien, realmente, comenzó a comprender el sector energético al final de su mandato, tras provenir de la Oficina Económica del presidente Zapatero. De los anteriores gobiernos populares hay que recordar cómo José María Aznar atribuyó conscientemente la siempre patata caliente de la energía al vicepresidente Rato y al entonces secretario general José Folgado (actual presidente de Red Eléctrica de España), quien seguramente recuerda todavía las increpaciones que recibía por los apagones.

Por tanto, el principal problema que plantea la designación de un ministro de Industria es que se ha venidoaplicando un mecanismo de cobertura de índole política y de preferencia personal. Argumentos como dar una contraprestación por servicios prestados en el partido, ser catalán, ser vasco, barón territorial, alcalde prominente, amigo del presidente, etc…, son elementos que cotizan en el pool de ministrables. En todo caso, la coyuntura actual obligaría a hilar más fino y a ser conscientes de la importancia del nombramiento y de la relevancia de esta decisión.

Los nombres que suenan en esta ocasión: aunque todo el mundo apuntaría a que el claro favorito es Alberto Nadal, responsable del cuadre contable del déficit de tarifa, el escenario es enormemente abierto dada la propia personalidad de Rajoy y sus propias cábalas. Resulta difícil que pudiera ser ministro si su hermano Álvaro, procedente de la Oficina Económica, pasase a ocupar una cartera. El mayor paroxismo sería tener a un hermano de ministro y al otro de secretario de Estado.

Por otra parte, se descarta la alternativa que más reciente se ha colado en las quinielas con el nombre de Josep Piqué, quien ya fuera Ministro de Industria, cuyas suspicacias y prevenciones en el seno del Ejecutivo son públicas. También recibe suspicacias y apuestas, por igual, Dolores de Cospedal. Incluso en ciertos ambientes se incluye el nombre de Guillermo Mariscal, portavoz de Energía en el Congreso y situado en la órbita de José Manuel Soria.

Asimismo, el nombre que suscita más coincidencias es la estrella ascendente de Javier Maroto, vasco y cuya relación con el mundo industrial podría ser decisiva. En este caso hay que recordar su manifiesta oposición a la actividad en la central nuclear de Garoña cuando ejercía de alcalde de Vitoria, lo cual sumaría puntos de cara a atraerse al PNV. Otro candidato, hombre del partido, es Fernando Martínez-Maíllo, que ocupó la presidencia de la Comisión de Industria en la legislatura fallida.

Esperemos que la energía, cuya legislatura será intensa y cargada de cuestiones de fondo, no se gestione por un canje. Posiblemente la peor solución será utilizar la cartera de Industria para colocar a los ministrables desubicados una vez completado el sudoku, lo que incidiría en la tradición de la clase política española de que la energía es una asignatura maría.

Ratificar el Acuerdo de París, el futuro de las renovables, de Garoña y del ATC, retos ambientales del nuevo Gobierno

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Europa Press.- El nuevo Gobierno liderado por Mariano Rajoy deberá abordar distintos temas ambientales de gran calado puesto que estas políticas afectan al desarrollo sostenible que debe tener en cuenta tanto los aspectos económicos como los sociales y los ambientales. El tema pendiente más urgente, puesto que el Ejecutivo en funciones consideraba que no se debía aprobar en esa condición política, es la ratificación del Acuerdo de París contra el cambio climático.

El Acuerdo de París, surgido de la COP21, ya ha sido ratificado por la Unión Europea y por varios de sus Estados miembro, así como otros países como Estados Unidos o China. Precisamente este acuerdo multilateral entrará en vigor el próximo 7 de noviembre. Es probable que España acuda a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático que se celebrará en Marruecos este mes sin que haya ratificado sus compromisos.

En esta línea España deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, tanto las sujetas al mercado de emisiones, tales como la energía y otras industrias, como las de los sectores difusos: las del transporte o la vivienda. Además, en esta senda hacia una economía libre de emisiones, España deberá replantearse el parón que han experimentado las energías renovables tras el conocido como impuesto al sol, que ha ralentizado el sector y el autoconsumo.

En materia energética, el nuevo Gobierno hereda la decisión de renovar o denegar la autorización a la central nuclear de Garoña (Burgos) para que produzca electricidad hasta 2031. Sin embargo, antes de tomar la decisión, el nuevo Gobierno deberá recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al respecto, que será preceptivo si es favorable a la continuidad, y vinculante, en caso de que el regulador estime que la planta no debe seguir abierta.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Rajoy tendrá que dar una solución a los residuos nucleares, pues el Parlamento instó al Gobierno en 2004 a construir un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad pero hasta finales de 2011 no se eligió la ubicación del mismo, en Villar de Cañas (Cuenca). El emplazamiento cuenta con el visto bueno del CSN pero con la oposición del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha. El silo atómico, que debía comenzar a funcionar en 2017, no tiene puesto aún su primer ladrillo.

En este sentido, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, advierte al nuevo Ejecutivo de Rajoy de que es «fundamental» apostar por un cambio en el modelo productivo basado una economía baja en carbono. En su opinión, esto implica un despliegue rápido y a gran escala de las energías renovables que conllevará eliminar los «obstáculos» de la pasada legislatura y cortar cualquier apoyo público a los sectores basados en las energías fósiles. «Sin duda esto tendrá consecuencias positivas e inmediatas en la economía y en el empleo en nuestro país», ha vaticinado.

Los ecologistas urgen a Rajoy a ratificar el Acuerdo de París mientras la Eurocámara pide mayor recorte de emisiones

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Redacción / Agencias.- Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el Acuerdo del Clima de París es «de incuestionable interés general», al tiempo que es de suma «importancia y trascendencia» para la población, por lo que urgieron al Gobierno a su rápida ratificación pese a estar en funciones. El PSOE también ha solicitado al Ejecutivo que ratifique el acuerdo pese a estar en funciones ya que podría justificar que se trata de un asunto de especial interés general.

Por ello, enviaron una carta al presidente en funciones, Mariano Rajoy, en la que le explican que España «debe estar en primera fila de la lucha contra el cambio climático» puesto que es uno de los países «más vulnerables» a sus efectos. «La importancia y trascendencia de este acuerdo aconseja que este proceso se desarrolle con carácter urgente», subrayan. En este sentido, lamentan la que la demora en la ratificación del Ejecutivo en funciones, de un Acuerdo que entrará en vigor el 4 de noviembre, impida a España participar como miembro de pleno derecho en los órganos de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático que se celebrará en el próximo noviembre en Marrakech (COP22).

España firmó el Acuerdo del Clima de París el pasado 22 de abril en la sede de Naciones Unidas, pero aún no lo ha ratificado, algo que debe pasar por el Congreso de los Diputados tras serle remitido un informe a instancias del Consejo de Ministros. Según las organizaciones, la votación favorable «parece segura» de acuerdo a las posiciones manifestadas por todos los grupos parlamentarios “incluido el PP, pero añaden que la ratificación no llega por el «actual bloqueo institucional» y a que diversas voces cuestionan «la urgencia o incluso la legalidad de tramitar un asunto de este tipo antes de la formación de un Gobierno», según explica la carta.

En la carta señalan que a España le interesa «ser visible y situarse en primera fila» en la lucha contra el cambio climático. «Somos uno de los Estados europeos más vulnerables a sus impactos, pero al mismo tiempo uno de los mejor posicionados para avanzar en la mitigación y adaptación, y así estimular la innovación, la transición hacia un nuevo modelo económico y la creación de empleos sostenibles y de calidad», manifiestan. En definitiva, piden a Rajoy «mayor contundencia» en la lucha contra el cambio climático y una «apuesta firme» por las renovables y la eliminación de los combustibles fósiles. También hay opiniones políticas que estiman que con apoyar la ratificación a nivel europeo es suficiente, según criticaron las organizaciones.

El objetivo del Acuerdo de París, adoptado en la capital francesa por 195 países y la Unión Europea, es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC y lo más cerca posible de los 1,5ºC con respecto al nivel de la era preindustrial con el fin de aumentar la capacidad de la economía y de la sociedad de adaptarse a los extremos climáticos, y dirigir la escala y la velocidad de los flujos financieros a encontrar el camino adecuado hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. Para ello se han comprometido a reducir sus emisiones de gases efecto invernadero con el objetivo de frenar el «ya inevitable» proceso de cambio climático.

Piden mayores recortes de emisiones

Por su parte, el Parlamento Europeo reclamó a los países firmantes del Acuerdo de París que aumenten sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para lograr el objetivo de limitar el calentamiento global a «bastante menos» de dos grados centígrados. En una resolución aprobada por el pleno de la Eurocámara con 467 votos a favor, 94 en contra y 55 abstenciones, los eurodiputados lamentan que la suma de los compromisos nacionales «no permite ni siquiera acercarse» al objetivo de los 2 grados centígrados y han subrayado «la urgencia y la crucial importancia» de que todas las partes, incluida la Unión Europea, eleven sus promesas de recorte.

El Parlamento Europeo destacó que la Unión Europea debe aspirar a recortes adicionales para 2030, dado que la trayectoria de reducción no está en línea con los compromisos adquiridos en París. En la misma línea, instó a la Comisión Europea y al Consejo a animar a otros actores globales a hacer lo mismo. En relación con los deberes del bloque comunitario, los eurodiputados defienden que la Unión Europea debe revisar también sus objetivos e instrumentos de política climática a medio y largo plazo, y piden al Ejecutivo comunitario que prepare «una estrategia para alcanzar la emisión cero en la mitad de siglo que trace un itinerario rentable hacia la consecución del objetivo adoptado en París».

Greenpeace transforma ‘La rendición de Breda’ en ‘La rendición de Garoña’

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Redacción / Agencias.- Activistas de Greenpeace exhibieron ante las puertas del Museo del Prado una adaptación del cuadro de Velázquez La rendición de Breda (o Las lanzas) para denunciar que «el Gobierno ha dejado la seguridad nuclear en manos de las grandes empresas eléctricas«. El Salón de Actos del Museo del Prado acoge la Conferencia Internacional sobre Seguridad Nuclear, a la que asisten representantes de los organismos reguladores de todo el mundo.

Los miembros de Greenpeace recibieron a los participantes en la conferencia con la adaptación de la pintura de Velázquez en tamaño real, que han rebautizado como La rendición de Garoña, en la que se puede ver en el centro a Mariano Rajoy que entrega con gesto sumiso «las llaves de la seguridad nuclear» al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. En la obra aparecen también los rostros de numerosas personas del mundo de la política, la energía y las puertas giratorias, respetando los cuerpos de los personajes originales del cuadro.

«La actual dirección del CSN y el Gobierno en funciones no tienen inconveniente en cambiar los principios básicos de la seguridad nuclear si así lo quieren los dueños de las nucleares», declaró Raquel Montón, responsable de energía nuclear de Greenpeace. «Esta adaptación representa cómo los políticos se rinden en materia de seguridad nuclear ante los intereses económicos del sector eléctrico».

En el lado de los «rendidos» es posible reconocer a los responsables políticos que en opinión de Greenpeace «han dado la espalda al medio ambiente y quieren ceder, como en el caso de Garoña, las llaves de la seguridad nuclear a la industria energética»: José Manuel Soria, Alberto Nadal, Miguel Sebastián. En el lado de los «vencedores» se ve a los presidentes de las eléctricas, así como también diversos políticos que pasaron a ocupar cargos en empresas del sector energético: José Bogas y Rafael Villaseca, o Felipe González, José María Aznar, Ángel Acebes, Juan María Atutxa, Cristina Garmendia, Manuel Marín.

Greenpeace ha recordado que la renovación de la licencia de Garoña por un periodo de 17 años, tal y como han solicitado Endesa e Iberdrola, «incumpliría la buenas prácticas del CSN al descompasar las revisiones periódicas de seguridad (RPS), que se hacen cada 10 años, y las renovaciones de licencia«. «Esperamos que los asistentes a la Conferencia puedan disfrutar de la magnífica obra original de Velázquez pero la adaptación que de ella hemos hecho refleja mejor la triste realidad del sector energético español, especialmente del nuclear, con un presidente del CSN que ignora las buenas prácticas de la institución que preside, rehúsa rendir cuentas ante el Parlamento y mantiene un grave enfrentamiento con parte de su cuerpo técnico», añadió Montón.

La luz bajará un 0,7% en enero y el gas natural un 3%

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Europa Press.- El recibo de la luz bajará un 0,7% en enero de 2016 con respecto a diciembre y el del gas natural caerá en torno a un 3% con respecto a la anterior revisión trimestral correspondiente al mes de octubre, según ha informado el Gobierno.

Estas bajadas son fruto de la aprobación de una rebaja en la parte regulada tanto de la tarifa del gas como de la electricidad, autorizada este miércoles por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

En el caso de la luz, la bajada supondrá una reducción media del 2,8% en el recibo para los consumidores domésticos con respecto a enero de 2015.

El descenso se produce tras ajustar un 21% los precios unitarios de los pagos por capacidad, una vez equilibrados los ingresos y los costes del sistema eléctrico. Esta partida recoge los costes regulados del carbón y del gas. La reducción acumulada para esta partida es de un 53% desde el pasado julio, ha informado el Ejecutivo.

Como novedad, el Gobierno ha previsto un fondo para eventuales contingencias que puedan impactar negativamente en los costes del sistema eléctrico, como la posible subida del precio del petróleo. Según su previsión, habrá superávit del sistema en 2015 y en años sucesivos, tras el superávit de 550 millones de euros confirmado por la CNMC para 2014 que el Gobierno achaca a la reforma del sistema eléctrico.

Por su parte, el recibo del gas se reducirá en un 3% a partir de enero de 2016, debido principalmene a la bajada del precio del gas en los mercados internacionales de referencia en los últimos meses, de acuerdo con el Gobierno, que indica que desde diciembre de 2014 se ha producido un descenso del 11,7% en la factura del gas de los consumidores domésticos.

«Se congela la parte regulada de la factura, los peajes de acceso, por segundo año consecutivo, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad financiera del sistema gasista», indica el Ejecutivo. De acuerdo con su previsión, el sistema gasista cerrará 2015 con un equilibrio entre ingresos y costes, «tras casi una década de desajustes», e, igualmente, se producirá un superávit para 2016 y los años sucesivos.

El Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy considera que la rebaja en la parte regulada de la factura eléctrica permitirá «mejorar la competitividad de las empresas y los consumidores y la creación de empleo».

20 claves energéticas del PP para el 20-D: Continuismo desde la reforma

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El partido en el Gobierno presume de su gestión durante esta legislatura con la reforma en materia energética: se atribuye haber acabado con el déficit de tarifa del sector eléctrico, soslayando el impacto causado sobre consumidores, empresas y seguridad jurídica, así como subraya su impulso de la competencia en los carburantes. Siguiendo el mantra del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, de que «la energía más barata es la que no se consume«, la eficiencia energética parece cobrar protagonismo en su programa electoral junto a las renovables, una vez superada la moratoria que decretaron nada más llegar al Gobierno.

Así afronta el programa del PP para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: El PP propone programas específicos para los sectores industriales, de alumbrado exterior municipal, de agua y desalación ya que «estas áreas permiten fuertes ahorros energéticos que redundan en ahorros para los sectores productivos y para las administraciones públicas».

ATC: Se compromete a culminar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Autoconsumo: No hay ninguna referencia al autoconsumo en el programa electoral del PP, pero se puede encuadrar en el decreto de autoconsumo energético aprobado en octubre por el Gobierno, que hace pagar con peajes los costes fijos al autoconsumidor que permanece enganchado al sistema eléctrico.

Bono social: No concreta más pero el PP anuncia que reforzará la protección del bono social garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. También habla de poner en marcha fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión.

Carburantes: Tras las medidas aprobadas en la legislatura, el PP quiere «profundizar en la vigilancia de los precios» en el mercado de carburantes y habla de fomentar la competencia favoreciendo la implantación de gasolineras independientes.

Centrales nucleares: Sin concretar si se extenderá que las centrales nucleares puedan funcionar más allá de los 40 años, como por ejemplo Garoña, que solicitó licencia hasta 2031, el PP promete «mantener las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad».

Cogeneración: Se anuncia un plan renove para aumentar su eficiencia.

Consumidor: El programa apunta a «situar al consumidor como protagonista del mercado energético». Para ello culminará el despliegue de contadores inteligentes para 2018 a la par que impulsa medidas para facilitar que el consumidor disponga de la información de sus consumos en tiempo real para que pueda gestionar mejor su energía. El PP también pretende «aumentar la capacidad de elección y decisión del consumidor, mejorando la comparación y comprensión de las diferentes ofertas del mercado».

Deuda eléctrica: Relacionado con el consumidor, el PP se compromete a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno. Además, «garantiza» que no se volverán a generar déficits en el sector energético y se compromete a que los potenciales superávits que se generen en el sistema se destinarán a reducir la factura del consumidor, siendo esto contradictorio con el planteamiento de congelar la parte regulada del recibo.

Eficiencia energética: A través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y de otros mecanismos, compromete invertir 1.800 millones de euros en los próximos 4 años y realizar acciones que permitirán cumplir con los objetivos de ahorro energético a 2020, lo que supondrá un ahorro equivalente al consumo de los hogares españoles durante todo un año. La rehabilitación de viviendas será una de las claves. También impulsarán programas específicos de eficiencia energética para los servicios públicos y edificios de la Administración.

Fiscalidad: No concreta cifras, pero se compromete a reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, lo que afecta al impuesto del 7% que introdujo el Gobierno al comenzar la legislatura.

Fracking: La palabra fracking no aparece recogida en el programa pero el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, han argumentado que, con las medidas puestas en marcha durante esta legislatura, no podrá ponerse en marcha ningún proyecto de este tipo sin la correspondiente declaración de impacto ambiental. También se han mostrado partidarios de explorar todos los recursos energéticos que pueda haber en España dada la dependencia energética del exterior.

Impulso a las renovables: El PP se compromete a introducir «progresivamente» nuevas instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Incluso concreta un impulso a la incorporación de energías renovables en la climatización de edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica, así como con la incorporación progresiva de la geotermia.

Mercados energéticos: El programa del PP habla de «mejorar la eficiencia y el grado de competencia en los mercados de electricidad y gas, eliminando rigideces y restricciones y avanzando hacia una mayor integración de España en el mercado energético europeo».

Minería del carbón: Pretende un marco adecuado para que la minería energética competitiva «sea un sector de futuro», cumpliendo con la normativa comunitaria, que impedirá dar ayudas públicas al sector a partir de 2018. En este sentido, «garantiza» un marco de protección social de los trabajadores del sector y la financiación de las partidas a la reactivación de las comarcas mineras y su restauración medioambiental.

Mix energético: El PP dice que potenciará la penetración de las energías renovables en el mix energético, especialmente en los archipiélagos, «donde su coste es menor que las tecnologías convencionales».

Movilidad: El compromiso es mejorar la sostenibilidad en el transporte mediante una estrategia de despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas. Tal y como ha fijado en Consejo de Ministros, también se irán incrementando gradualmente el uso de los biocarburantes para cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea.

Respaldo térmico: No hay mención alguna al futuro de las centrales térmicas de carbón ni de ciclo combinado de gas. Por un lado las centrales de carbón tienen que acometer una serie de inversiones para modernizarse si quieren continuar funcionando, mientras que los ciclos combinados de gas aspiran a que el aumento de la demanda sirva para aumentar su funcionamiento, por lo que el Ministerio de Industria descartó en octubre que vaya a haber hibernaciones.

Seguridad jurídica: En una legislatura marcada por la judicialización del sector, con innumerables causas ante el Supremo e incluso una escalada sin precedentes de los arbitrajes internacionales, el programa del PP no hace referencia a la seguridad jurídica en el ámbito energético. En noviembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, advirtió nuevamente a los inversores en renovables que las garantías regulatorias son «limitadas».

Unión Europea: En continuidad a la labor desarrollada durante esta legislatura, un Gobierno del PP impulsará las interconexiones eléctricas con el resto del continente europeo, de forma que se cumpla el objetivo europeo del 10% de interconexión para 2020. Igualmente hará con las interconexiones gasistas a fin de reforzar el mercado interior europeo de gas.