Europa Press.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, presentaron el Plan de Calidad del Aire, rebautizado como Plan A «porque no puede haber un plan b», que incluye la reducción de la velocidad a 70Km/h en la M-30 a partir del 2018, la prohibición de aparcar en la zona SER (interior de la M-30) a los vehículos sin distintivo ambiental desde 2020 y su prohibición en 2025 en todo el término municipal.

La limitación a 70km/h se establecerá también para los accesos metropolitanos desde la M-40 y M-45. Sabanés explicó que estas medidas tienen como objetivo reducir el dióxido de nitrógeno (NO2) en un 15% con 2020 como horizonte temporal y un transvase modal que pase por reducir los recorridos del automóvil privado en un 25%, lo que se conseguirá con limitaciones para el vehículo privado en función del etiquetaje marcado por la DGT y sus emisiones.

El plan establece plazos temporales, con hitos en los años 2018, 2020 y 2025. En 2018 habrá horarios diferenciados para coches cero y eco en el Área Central Cero Emisiones (que agrupa y amplía las actuales APR); gratuidad para cero y sin restricción horaria, junto a una bonificación del 50% de los eco en el interior de la M-30 (zona SER), y renovación de taxis sólo con modelos eco y cero en el término municipal.

En 2020 podrán acceder al Área Central los cero, eco y C; habrá limitaciones de coches sin distintivo ambiental en la zona SER y la flota de la EMT será 100% de bajas emisiones en todo Madrid. En 2025 podrán entrar en el Área Central sólo los coches con distintivo cero emisiones y eco y se limitará la circulación en el término municipal a vehículos sin distintivo ambiental. Los taxis deberán ser cero o eco.

Los distintivos de la DGT clasifican como no sostenibles a vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y del 2006 en el caso del diésel. Conforme al parque circulante de Madrid, en 2013 los coches sin distintivo correspondían al 28,3%, por lo que es previsible que para el periodo 2020-2025 la proporción alcance valores en torno al 20%. Las 30 medidas arrancan en 2018 con el Área Central Cero Emisiones, de perímetro continuo y acceso restringido para eliminar el tráfico de paso con el fin de priorizar al peatón, la bicicleta, el transporte público y todo vehículo menos contaminante.

El plan prevé la renovación de la flota de la EMT para ser 100% bajas en emisiones; incentivos para la transformación de los taxis de la mano de vehículos de bajas emisiones; creación de un sistema de gestión y control de plazas en la calle para la carga y descarga con una aplicación específica y un registro municipal de operadores; acceso y horarios preferentes al Área Central y en la zona SER para los baja emisiones y flota de servicios municipales de bajas emisiones hasta alcanzar el 90% en 2030.

Igualmente se proponen planes de movilidad laboral sostenible negociados con las empresas, para lo que buscarán la complicidad del Gobierno regional; implantación de una red de recarga para vehículos eléctricos; impulso a las iniciativas de movilidad compartida; fomento de sistemas de climatización de bajas emisiones; reducción de las emisiones en la gestión de residuos; optimización de la gestión de los consumos de las instalaciones municipales; incorporación de criterios de sostenibilidad en la contratación municipal y apuesta por la sensibilización ambiental.

De esto modo, y para conseguir una gestión urbana baja en emisiones y una mayor eficiencia energética, se impulsará la sustitución de combustibles de calefacción contaminantes y se prohibirá el uso del carbón en 2020. También está previsto regular el uso de la biomasa en la ciudad. Igualmente se establecerá una hoja de ruta para el desarrollo de las energías renovables, se revisarán las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles por instalaciones de energía solar y se explotará el potencial de la geotermia. Desde el Ayuntamiento se requiere la colaboración de otras administraciones (Estado y Comunidad) para llevar a cabo las modificaciones legales y adoptar medidas de incentivo necesarias para facilitar los cambios de hábitos.

El documento se aprobará próximamente en Junta de Gobierno, tras lo que se abrirá el preceptivo periodo de alegaciones. Las medidas, expusieron Carmena y Sabanés, están encaminadas a cumplir la legislación europea y nacional en materia de calidad del aire, reducir en el año 2030 las emisiones en línea con el Acuerdo de París y disminuir en un 50% las causadas por la movilidad urbana en 2030, junto a una estrategia de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

El Plan A cuenta con un presupuesto para el periodo 2017-2020 de 543,9 millones de euros. La partida para actuaciones del parque móvil y la ordenación de sectores clave con alto impacto en la calidad del aire es la más abultada, con 330 millones de euros. Las actuaciones en la red viaria y el espacio público dirigidas a reducir la intensidad del tráfico privado y promover modos de transporte sostenible están dotadas con 154 millones de euros; la gestión urbana baja en emisiones, con 46; la gestión energética en edificios municipales, con 3,2; las estrategias de adaptación al cambio climático, con 7,7; las iniciativas de educación ambiental, con 3 millones.