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El Supremo admite a trámite el recurso de la CNMC contra Energía por las últimas funciones arrebatas por el Ministerio

Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso.

La CNMC ha decidido judicializar el enfrentamiento abierto entre el organismo regulador y el gabinete dirigido por Álvaro Nadal. El organismo dio este paso después de que el Ministerio respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle estas funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En el fondo de este recurso por estas competencias entre la CNMC y el Ministerio de Energía se encuentra la pugna por la fijación de los peajes de acceso a redes eléctricas. En septiembre de 2016 Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador a España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno ha planteado a Bruselas un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

El sistema eléctrico cerró 2016 con un superávit de 421,45 millones de euros

Europa Press.- El sistema eléctrico arrojó en el ejercicio 2016 un superávit de 421,45 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este excedente se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos, señala el organismo en su informe.

En concreto, en la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se han ingresado 696,3 millones de euros por aplicación de la Ley 15/2012, de los cuales 196,1 millones de euros se corresponden con el canon por utilización de aguas continentales. De este modo, el superávit definitivo en el ejercicio es superior en 396,6 millones de euros al previsto en la Orden IET/2735/2015 (24,9 millones de euros) y en 310,6 millones de euros al de la Orden ETU/1976/2016 (110,9 millones de euros).

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo. Concretamente, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros. De esta manera, acumula más de 1.440 millones de euros de superávit. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

De todas maneras, el Gobierno acordó el pasado mes de octubre devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ejecutaba así las sentencias y autos que habían dado la razón a las eléctricas respecto al anterior sistema de financiación el bono social. Estas indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros.

Por otra parte, Gas Natural Fenosa presentó alegaciones para la incorporación en esta liquidación definitiva de 2016 de la devolución del bono social descontado por las comercializadoras de referencia en el periodo del 1 de septiembre al 24 de diciembre de ese año, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de que tumbaba el anterior esquema de bono social y hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre.

No obstante, la CNMC señala que en cumplimiento, entre otras, de la sentencia del Supremo, así como de su auto de ejecución de septiembre, se dictó la Orden ETU/929/2017 y, como consecuencia de ésta, el organismo aprobó la resolución de devolución de las cantidades financiadas por las sociedades o grupo de sociedades en concepto de bono social correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes.

Así, indica que no cabe en absoluto lugar a confundir los descuentos que las comercializadoras de referencia efectúan a sus clientes en cumplimiento de la obligación legal establecida en el artículo 45.3 de la Ley 24/2013, con las cantidades satisfechas por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollasen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización, en virtud de su obligación de financiación. Por ello, la CNMC considera que no se puede concluir la incorporación en la liquidación de 2016, como coste del sistema eléctrico, de estas cantidades descontadas por las comercializadoras a sus clientes en concepto de bono social en ese periodo.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.645 millones de euros en septiembre, 390 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.645 millones de euros en los nueve primeros meses del año, 390,2 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este desajuste inferior a lo previsto se debió, fundamentalmente, a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos (94,2 millones de euros) y de la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares (341,7 millones de euros menos de lo previsto). El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 165.956 gigavatios hora (GWh), un 2,2% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 9.557 millones de euros, un 1% superiores al valor promedio histórico. El coeficiente de cobertura registrado en esta liquidación se situó en un 84,93%, lo que determina hasta qué punto se cubren los costes en esta liquidación.

En cuanto a las renovables, en la liquidación de septiembre la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.629 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero hasta el pasado 30 de septiembre, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico, se elevó hasta los 5.367,09 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

506 millones en esta liquidación

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la novena liquidación aplicando el coeficiente de cobertura señalado asciende a 506,58 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), asciende a 51,5 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado fue de 396 millones de euros, frente a los 417 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 81,3% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 1.902 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 32 millones de euros, un 25,5% superiores a los del mismo periodo del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se han obtenido unos ingresos netos declarados de 1.870 millones de euros. La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.094 millones de euros. Por su parte, la demanda nacional de gas este año facturada hasta el 30 de septiembre ascendió a 220,5 teravatios hora (TWh). El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras ascendía a 7,7 millones, con un aumento interanual de 88.805 consumidores, un 1,2% más.

El Gobierno transfiere al Ministerio de Energía algunas funciones que ejercía la CNMC como las inspecciones y las liquidaciones

EFE / Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que la Secretaría de Estado de Energía asumirá algunas funciones que desempeñaba hasta ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este traspaso de funciones se enmarca en una reestructuración orgánica del Ministerio.

Fuentes del Ministerio señalaron que esta nueva distribución de funciones se hará progresivamente y que no se había acordado antes «por falta de medios materiales y humanos» del propio departamento. Esta estructura organizativa, según el Gobierno, pretende «ayudar a alcanzar un crecimiento económico sólido y duradero, que permita una generación de empleo sostenible». Las funciones transferidas en el ámbito energético son las inspecciones y liquidaciones, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos (petróleo y sus derivados y líquidos del gas natural), el sistema de certificados de biocombustibles y control de operaciones, todas recogidas en la Ley de la CNMC de 4 de junio de 2013.

El objetivo de esta medida es adaptar la estructura del Ministerio para adecuarla a las competencias en materia de energía y telecomunicaciones recogidas en diferentes leyes sectoriales. Por tanto, se han creado ad hoc las siguientes subdirecciones generales: Energías Renovables y Estudios, Eficiencia Energética e Inspecciones y Liquidaciones Energéticas. Por el contrario, desaparece la subdirección general de Planificación Energética, mientras que la de Relaciones Energéticas Internacionales refuerza su dimensión exterior y participará en las funciones de estudios, estadísticas y prospectivas.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.555,2 millones de euros hasta julio, 304,5 millones menos de lo previsto

Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de las actividades reguladas son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.555,2 millones de euros en los siete primeros meses del año, 304,5 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación mensual del sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos y del sector del gas natural, realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según Competencia, esta reducción en el déficit se debe a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos en 50,3 millones de euros y de la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 261 millones de euros. En concreto, el consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 122.825 gigavatios hora (GWh), un 2,1% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 7.124 millones de euros, un 0,7% superiores al valor promedio histórico, esos 50,3 millones de euros. En este sentido, los costes regulados fueron 231,5 millones de euros inferiores a los previstos.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 81,62%, frente al 81,63% de la anterior, a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las energías renovables y al sector de la cogeneración, en la liquidación de julio la CNMC gestionó la liquidación de 63.638 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en los 7 primeros meses del año, con cargo a las Liquidaciones de las Actividades Reguladas del Sector Eléctrico, se elevó hasta los 4.146,2 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la cantidad a pagar a cuenta a los productores de renovables en la séptima liquidación asciende a 506,14 millones de euros, antes de IVA.

Por otro lado, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 39,875 millones de euros, antes de impuestos. La CNMC indicó que al cierre de la liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación séptima asciende a 5,860 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado fue de 249 millones de euros, frente al déficit de 240 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 85,1% de la retribución acreditada. Los ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 1.561 millones de euros, un 1,6% más que en el mismo periodo del 2016, con un descenso de ingresos por término de conducción y, en sentido contrario, con el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 28 millones de euros, un 30,7% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se obtuvieron unos ingresos netos declarados de 1.533 millones de euros.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 1.649 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acreditó en esta liquidación una retribución variable de 17 millones de euros. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 1.666 millones de euros, un 2,1% inferior a la del año anterior.

Por su parte, la demanda nacional de gas este año facturada hasta el 31 de julio, ascendió a 168,9 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (6,2 TWh), lo que supone un descenso del 1%. El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras al cierre del pasado 31 de julio fue de a 7,76 millones, con un aumento interanual de 80.940 consumidores, un 1,1% más, de los que 1,63 millones se suministraron con tarifa de último recurso.

El déficit provisional de tarifa eléctrica asciende a 1.345 millones de euros hasta abril, 259 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.345 millones de euros hasta abril, 259 millones menos de lo previsto, según la liquidación provisional de 2017 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señala que en esta liquidación los costes regulados fueron 184 millones de euros menores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción de renovables, cogeneración y residuos del sistema peninsular, en 54 millones, y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, en 130 millones de euros. No obstante, la CNMC subraya que el desfase entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de costes hace que esta liquidación tenga una «escasa relevancia».

La demanda eléctrica en abril alcanzó los 62.805 gigavatios hora (GWh), un 1,14% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores fueron de 3.755 millones de euros, un 1,4% más. Por su parte, el coeficiente de cobertura se situó en un 71,65% y se aplicó a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

En la liquidación correspondiente a abril, la CNMC gestionó 63.657 instalaciones del colectivo total de instalaciones que estaban inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico se elevó hasta los 2.292 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Merma el déficit del gas

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit provisional de esta liquidación se situó en 49 millones de euros, frente al desajuste de 114 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. De esta manera, se tiene un índice de cobertura del 95,1% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema supusieron 1.022 millones de euros por facturación de tarifas, peajes y cánones. Esta cantidad fue un 6,5% superior al mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución y por peaje de regasificación.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 976 millones de euros. A ello se suma una retribución variable de 9 millones de euros por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase GNL y puesta en frío de buques. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 985 millones de euros, que es un 2,1% inferior a la del año anterior. En cuanto a la energía suministrada, la demanda nacional de gas hasta abril fue de 104,1 teravatios hora (TWh), incluida la carga de cisternas desde plantes, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al mismo mes del año anterior.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.128 millones de euros hasta marzo, 276 millones de euros menos de lo previsto

Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.128 millones de euros hasta marzo, 276 millones menos de lo previsto, según la tercera liquidación provisional de 2017 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes al sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos y también al sector del gas natural.

El regulador señala que este resultado de la liquidación se debe a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos, que supusieron 136 millones de euros más de lo previsto, y a unos menores costes de la retribución adicional y específicos de los sistemas no peninsulares, de 91 millones de euros, y de la retribución a la producción renovable, cogeneración y residuos peninsular, de 45 millones. No obstante, subraya que el desfase entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de costes hace que esta tercera liquidación tenga «una escasa relevancia».

La demanda eléctrica en marzo alcanzó los 43.747 gigavatios hora (GWh), un 4% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores fueron 2.707 millones de euros, resultando un 5% superiores, 134,1 millones de euros, al valor promedio histórico. Mientras, los costes regulados en la liquidación fueron 133 millones de euros inferiores a los previstos por la menor retribución a la producción renovable y a la cogeneración de alta eficiencia. Por su parte, el coeficiente de cobertura de la liquidación provisional de marzo se situó en un 68,12% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

En esta tercera liquidación, la CNMC gestionó la liquidación de 63.663 instalaciones del colectivo total con derecho a retribución específica. La liquidación provisional de la energía generada desde enero hasta el pasado marzo en las instalaciones de producción de energía renovable, cogeneración y residuos alcanzó un valor de 1.710 millones de euros, antes de IVA o equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 534 millones.

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit provisional de esta liquidación se situó en 68 millones de euros, frente al déficit de 149 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la presente liquidación, se tiene un índice de cobertura del 91% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 761 millones de euros, un 15% superior al mismo periodo del 2016.

En cuanto a la retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 757 millones de euros, más 7 millones de euros de las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques que se acredita en esta liquidación. Como resultado la retribución total acreditada es de 764 millones de euros, un 0,7% inferior a la del año anterior.

Respecto a la energía suministrada, la demanda nacional de gas en 2017 y facturada hasta el 31 de marzo asciende a 79,3 teravatios hora (TWh). Esta cifra supone un aumento del 11%, debido principalmente al descenso de la temperatura media en enero respecto a 2016 y a la menor participación de la generación eólica y la hidráulica en el mix de generación. El número de consumidores ha ascendido a los 7,73 millones, según lo declarado por las empresas distribuidoras hasta el 31 de marzo. Representa un aumento interanual de 83.432 consumidores, un 1%, de los que 1,65 millones pertenecen a la tarifa de último recurso.

El sistema eléctrico registra un déficit de 99 millones de euros en 2016 a falta de la liquidación definitiva

Redacción / Agencias.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 99,42 millones de euros en la decimocuarta liquidación de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), frente al desajuste positivo previsto de 25 millones de euros y 111 millones de euros recogidos en las órdenes de peajes de 2015 y 2016. El organismo presidido por José María Marín Quemada destaca que este desajuste provisional es debido a que los ingresos son inferiores a los previstos.

Dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Además, antes del 1 de diciembre del año siguiente al que corresponda la liquidación hay que efectuar la liquidación definitiva con los datos que se tengan en ese momento. Concretamente, los ingresos por la Ley 15/2012 de medidas fiscales y de subastas de CO2 asciende a 2.089,2 millones de euros en la liquidación, frente a las previsiones de 3.155 y 2.740 millones de euros, respectivamente, recogidas en las distintas órdenes de peajes de 2015 y 2016.

La demanda en consumo registrada en la liquidación fue de 238.493 gigavatios hora (GWh), un 0,2% superior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores resultaron 46,6 millones de euros inferiores a los previstos. El coeficiente de cobertura de la liquidación se situó en un 99,29%, debido a que los ingresos son inferiores a los costes. Por su parte, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada por las renovables y cogeneración en 2016 ascendió a 6.397 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 151,4 millones de euros, antes de IVA o impuestos.

En lo que se refiere al sector gasista, registró un déficit de 108 millones de euros, frente al desajuste de 23 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.853 millones de euros, que es un 0,9% superior al mismo periodo del 2016. La demanda nacional de gas en 2016, facturada hasta febrero de 2017, asciende a 320,2 teravatios hora (TWh), lo que supone un aumento del 2,4%.

207 millones mejor hasta febrero

En lo que respecto a la liquidación provisional del sector eléctrico de 2017 hasta febrero, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 1.019 millones de euros, lo que supone una evolución 207 millones de euros mejor a la prevista. Los costes regulados en esta liquidación fueron 91,6 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de retribución específica peninsular de la producción renovable y cogeneración en 42,5 millones de euros y de la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 51 millones de euros. El coeficiente de cobertura se situó en el 55,93%, situación que se corregirá en las siguientes liquidaciones, indicó el regulador, que advirtió la escasa relevancia de esta liquidación.

La CNMC ha gestionado la liquidación de 63.692 instalaciones con derecho a retribución específica. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación con cargo al sector eléctrico es de 477,414 millones de euros, antes de IVA o impuestos. Dado que no se ha recibido ningún ingreso del Tesoro Público no ha sido posible el abono de la partida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de la retribución a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares, indicó el organismo.

En lo que respecta al sistema gasista, registró un déficit de 127 millones de euros a febrero, un 30,2% inferior a los 182 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 74,8% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en esta liquidación asciende a 50 TWh y es un 15,3% superior a la del periodo mismo periodo de 2016, debido principalmente al descenso de la temperatura media en enero respecto al año anterior y a la menor participación de la eólica y la hidráulica en el mix de generación de este mes.

Gas Natural Fenosa presenta ante Uncitral el proceso arbitral contra Colombia para que le devuelva Electricaribe antes de su liquidación

Europa Press.– Gas Natural Fenosa ha iniciado el arbitraje internacional contra Colombia con la presentación de una demanda ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Uncitral) por la decisión de liquidación de su filial Electricaribe, según anunció la compañía.

En concreto, el objetivo de la demanda por parte de la energética española es que se le devuelva Electricaribe, en la que posee una participación del 85%, con un marco regulatorio viable o se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, con arreglo a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares (unos 927 millones de euros).

En la solicitud presentada, Gas Natural Fenosa se alza al acudir al arbitraje, entre otros, contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, señala la compañía. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), al igual que el Ciadi del Banco Mundial, está reconocido como un foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España.

Deuda de casi 1.300 millones

Por su parte, Colombia cifra entre 1.200 y 1.300 millones de euros la deuda total de Electricaribe, incluyendo el pasivo correspondiente a entidades financieras y proveedores, según indicaron fuentes diplomáticas colombianas. Esta cifra es superior a la facilitada al anunciarse la liquidación de Electricaribe, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del país, que cifraba el pasivo total de la compañía en 2,4 billones de pesos colombianos (unos 750 millones de euros), de los que 1,8 billones (565 millones de euros) correspondían a entidades financieras.

Estas mismas fuentes diplomáticas calificaron a Electricaribe como «uno de los grandes problemas de Colombia», especialmente debido a que se trata de un «problema público» al afectar al suministro energético de 10 millones de personas, aproximadamente el 25% de la población. Además, estimaron que la cifra de impagos de los llamados organismos semioficiales del país, las Administraciones locales de las regiones, asciende a unos 50 millones de euros y es producto de muchos años de impago. «Es una cifra importante, pero lejos de ser la causa de la situación», señalaron.

Por otra parte, estas mismas fuentes diplomáticas consideraron «injustas» las críticas recibidas contra el país respecto a la seguridad jurídica por este conflicto con Gas Natural Fenosa. A este respecto, señalaron que se ha explicado a las empresas españolas con presencia en Colombia que la seguridad jurídica está garantizada y afirmaron que éste es «un caso específico». «Ninguna ha manifestado ningún temor y todas las empresas han expresado que se sienten muy cómodas en Colombia«, añadieron. Además, en el caso particular del presidente de Repsol, Antonio Brufau, que consideró que la decisión de Colombia de liquidar y vender Electricaribe se trataba de un ejemplo de «falta de seguridad jurídica-económica», indicaron que las autoridades colombianas en España le explicarán la intervención.

Las mismas fuentes subrayaron que la decisión de liquidar Electricaribe radica en la falta de condiciones para prestar el servicio con la calidad y continuidad que requieren los consumidores debido a la ausencia de inversión para acometer las mejoras de la red, algo «que viene de muchos años», precisaron, aunque reconocieron que existe una cultura del no pago en la región afectada. A este respecto, recordaron que Gas Natural Fenosa opera como distribuidora de gas natural en Bogotá y en otras zonas del país y que no existe este problema. «La seguridad jurídica de como operar una compañía en el país es la misma», indicaron.

La CNMC regula las liquidaciones de las renovables, una gestión que le cedió el Gobierno de forma transitoria en 2014

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reguló los procedimientos de solicitud de información y liquidación de las actividades de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, con lo que avanza en la reglamentación de una función temporalmente cedida por el Gobierno.

Pese a que el Gobierno se atribuyó en la Ley del Sector Eléctrico aprobada a finales de 2013 las liquidaciones de estas instalaciones, apenas seis meses después, mediante una disposición transitoria incluida en el real decreto 413/2014, encargó a la CNMC de forma transitoria la gestión de esta actividad, caracterizada por su complejidad. Ahora, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha derogado la circular 3/2011 elaborada por la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE) y aplica nuevos criterios para mejorar el proceso de liquidación de estas instalaciones. La ley le habilita para hacerlo.

Utilizando únicamente las comunicaciones telemáticas

La nueva norma actualiza determinados procedimientos de liquidación, incluidas nuevas figuras liquidatorias que resultan del nuevo régimen retributivo establecido por el real decreto 413/2014, al tiempo que amplía el ámbito de las comunicaciones telemáticas. Estas comunicaciones telemáticas será a partir de ahora el único medio para efectuar todas las comunicaciones entre CNMC y los titulares de las plantas. Además, para agilizar el proceso, se reducen los plazos en el calendario de liquidación y se adelanta el día de cierre de las liquidaciones. También se adapta al nuevo marco normativo la documentación que deben aportar los titulares y el resto de sujetos del sistema de liquidaciones.

Junto a esto, se aclara el procedimiento de cesiones y pignoraciones de derechos de crédito, así como los diferentes procedimientos de actuación por parte de la CNMC en casos de impagos por parte de los sujetos de liquidación. Por último, se permite el empleo de la domiciliación bancaria como medio de pago, lo que «conllevará una mejora en la tramitación en los pagos y un ahorro para los administrados», señala el organismo regulador en la circular, publicada en el BOE.