EFE.- La Unión del Pueblo Leonés (UPL) califica de fraude de ley el uso de las subvenciones por parte de Vestas, y culpa a PP y PSOE del «fiasco» del cierre de la planta de Villadangos del Páramo (León). Asimismo, el sindicato CCOO ha denunciado que el resultado del encuentro que mantuvo la ministra Teresa Ribera con Vestas se limita a que la empresa continúa con su estrategia planificada desde hace mucho tiempo de dilatar y «engañar a todas las partes«.

«No es de recibo que ahora deseen potenciar las otras dos plantas con que cuentan en España y seguir adelante con el cierre de Villadangos del Páramo (León)», ha denunciado el sindicato. A su juicio, todo apunta a una «clara estrategia de negociación e intento de chantaje al Gobierno de España, más aún cuando la dirección de Vestas ha querido reunirse por separado con los Ejecutivos central y de Castilla y León». «No estamos de acuerdo con esa posición, ya que parece que el frente común de ambos gobiernos los desea dividir y, de hecho, ya se ha realizado una posición política de quien tiene la culpa», apuntó el secretario provincial de la Federación de Industria, Ángel Manuel Santos González.

Deslocalizar la planta a Asia

CCOO ha recalcado que no está de acuerdo con lo sucedido y ha insistido en que hay que utilizar todos los instrumentos que posee el Gobierno para «anclar una industria de este calado y dimensión en una población tan castigada como es la de la provincia de León». «Dicen que se van, pero están abiertos a una posible venta de la fábrica, con subrogación de la plantilla, cuestión que nos genera muchas dudas», ha advertido CCOO, que avisa que ahora ya sólo se cree en los hechos. «Basta ya de buenas palabras, y que se apliquen en actuar en beneficio de la plantilla y la continuidad de la factoría», reprocha Santos González, que añadió que la plantilla está totalmente decepcionada.

Desde que Vestas anunciara su intención de cerrar su fábrica leonesa para deslocalizar la producción a China o India, prácticamente la totalidad de la plantilla cuenta en su haber con la carta de la empresa en la que les comunica el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La mesa de negociación del ERE ya ha sido compuesta por los mismos integrantes del Comité de empresa de Vestas, según indicó el presidente del propio Comité, Juan Francisco García Cabezas. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados mantendrán levantado el campamento, instalado ante la factoría, hasta que consigan una solución.

UPL critica las subvenciones otorgadas

La UPL considera que «ha quedado perfectamente demostrada la absoluta inoperancia e inutilidad negociadora y ejecutiva de la Junta de Castilla y León que, salvo simples manifestaciones, no ha adoptado medida alguna para salvar la actividad y los puestos de trabajo de Vestas». UPL añade que el Gobierno de la nación «tampoco ha conseguido mayores logros por lo que, al final, tanto PP como PSOE son también corresponsables de un cierre del que la primera responsabilidad cae en la empresa Vestas, que con desprecio absoluto al drama humano y a las millonarias subvenciones autonómicas y estatales recibidas, deciden el cierre».

«Este desprecio de la empresa, materializado en que en su momento reciben las subvenciones para el montaje de la planta, para actividad de la misma, y la conservación de los puestos de trabajo, acaba incumpliendo precisamente los objetivos de las mismas, siendo también la responsabilidad de la Junta y del Estado», recalca la formación leonesista. Señala que, si bien pudieran estar prescritas las acciones para exigir a la empresa su devolución, lo que es evidente es que la norma existente no ha servido para su objetivo y ha propiciado «un auténtico fraude de ley en la utilización de las mismas».

Por todo ello, UPL exige a la Junta «que se deje de afirmaciones rutilantes cara a la galería, y adopte las medidas oportunas para exigir a la empresa todas sus responsabilidades». «Si esto hubiera acaecido en cualquiera de las provincias castellanas, no dudamos que hubieran buscado otro tipo de soluciones», precisa UPL, que subraya que el Gobierno de la nación deberá también buscar soluciones efectivas y no meros intentos que no han dado resultado alguno.

En último lugar, UPL pone de manifiesto la «incongruencia» de apostar por una transición energética justa, cerrando térmicas, finiquitando y descarbonizando lo poco que queda de la minería, y a la vez cerrar empresas de renovables como la de Vestas. De hecho, el líder de la UPL, Luis Mariano Santos, ha pedido en persona al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que exija a Pedro Sánchez explicaciones sobre lo que los socialistas denominan «transición justa» y si esto se traduce en «descarbonizar» o «acabar también con la eólica». «A León se le exige que se acabe con lo poco que le queda del carbón y nos dejan solos ante los problemas de las energías limpias», ha aseverado sobre Vestas.

El ataque a las renovables

Por su parte, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha criticado la política energética de España como causa de la salida de Vestas de la provincia y pide minimizar el impacto del cierre de la planta de Villadangos. En este sentido, FELE expresa su «respeto» ante esta decisión empresarial de la compañía danesa, que responde «a un procedimiento enmarcado en las leyes nacionales y europeas». También expresa su respeto «a los accionistas de la compañía, a la libertad de empresa y la economía de mercado».

En este contexto «de respeto mutuo», FELE solicita a los agentes implicados que se minimicen al máximo posible los daños que conlleva este cierre, tanto para los trabajadores como para la economía y el empleo de León. También insta a llevar a cabo una política que favorezca la recolocación de todos sus trabajadores y reducir así el grave impacto de esta decisión. La patronal leonesa pone de manifiesto que las descalificaciones, amenazas y represalias de los representantes políticos no son la manera más adecuada de actuar. Además, advierte de que esta actitud afectaría a futuras inversiones de otros agentes económicos.»Este tipo de situaciones requieren templanza, sosiego, responsabilidad y que se mantengan alejadas de intereses electorales o populismos políticos oportunistas», recalca.

La patronal leonesa reitera la «inquietud» y «preocupación» ante «una política energética que no ha sido la más adecuada y ha frenando el desarrollo de las renovables y propiciado la deslocalización de empresas«. Recuerda que, en su día, se acogieron a una normativa favorable para implantarse y posteriormente, debido a los continuos cambios regulatorios en España, se ha frenado el desarrollo del sector en los últimos años. De cara al futuro, FELE reclama una planificación energética basada en el consenso de todos los partidos políticos que permita alcanzar los objetivos fijados por la Unión Europea.