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El Gobierno elaborará un estatuto para ayudar a la industria electrointensiva en la transición energética

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Europa Press.- El Gobierno elaborará un estatuto de la industria electrointensiva con el objetivo de ayudar a este tipo de empresas a superar el periodo de transición energética, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, Ribera indicó que su objetivo será explorar «distintas herramientas y medidas para evitar que nos encontremos con situaciones no previstas». Este anuncio se produce en un momento en el que empresas como la multinacional Alcoa o Cemex han anunciado el cierre de varias plantas en España.

Las empresas de la gran industria vienen reclamando el pago de las ayudas que estaban previstas en los Presupuestos de 2018, pero que no se materializan. Además, cuentan con la interrumpibilidad, un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro o por cuestiones económicas. Por otra parte, Ribera se comprometió a traer «en breve» al Congreso de los Diputados una respuesta para los inversores que antes de 2013 invirtieron en renovables y se vieron afectados por los recortes aplicados por el Ejecutivo en aquella época.

Un inversor interesado en Alcoa

Por otro lado, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha trasladado en el Congreso a los trabajadores el interés de un inversor por una de las dos plantas españolas que la empresa Alcoa tiene previsto abandonar. Así lo ha asegurado el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, Sergio Sobrido, que ha seguido junto a otros representantes de la plantilla la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que la ministra ha sido preguntada por el PP y Unidos Podemos por las actuaciones del Ejecutivo al respecto.

En todo caso, Maroto no ha especificado por cuál de las plantas se habría interesado este posible inversor. Durante su intervención ante el Pleno, la ministra afirmó que «Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas». Al respecto, los trabajadores entienden que ambas plantas, la de Avilés y la de La Coruña, son viables económicamente y que deben continuar con su producción y mantener los puestos de trabajo que actualmente hay en ellas. La decisión de Alcoa supone prescindir de 692 empleos.

En todo caso, Sobrido ha reclamado que el Gobierno realice las gestiones pertinentes para garantizar que el 1 de enero las plantas de Avilés y La Coruña sigan en funcionamiento, y que ello debe pasar por que Alcoa acuda a la subasta de interrumpibilidad. De lo contrario, advierte, en el caso de que la empresa decidiera finalmente abandonar la actividad, la alternativa de un inversor que quisiera continuar con la producción perdería fuerza. «No puede haber interesados si no se garantiza que la planta sigue en funcionamiento en 2019», asevera.

Por ello, ha reclamado a la empresa que continúe con la actividad y que, en caso de que no siga interesada en mantenerla, inicie un período de diálogo con la plantilla y las autoridades con el fin de encontrar una solución que garantice tanto la producción como los puestos de trabajo en ambas plantas. Sobrido también mantuvo encuentros con PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, de los que saca «valoraciones positivas», al constatar que las diferentes formaciones respaldan las reivindicaciones de la plantilla y «coinciden en la defensa de los empleos».

Eso sí, si bien Sobrido ha dicho que les «congratula saber que para la ministra de Industria es una situación importante», ha reclamado el mismo interés, «atención y énfasis» en la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Entendemos que es un problema que compete a ambas y ahora nos gustaría saber que va a poner todo su esfuerzo para el mantenimiento de la actividad industrial y los empleos», ha dicho.

El sector químico descarta que los costes energéticos amenacen a sus empresas aunque incidirá en su cifra de negocio

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Europa Press.– La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) asegura que no existe ninguna amenaza sobre el cierre de sus plantas, no como en el caso de la multinacional Alcoa, que anunció el cierre de sus fábricas en La Coruña y en Avilés escudándose en un mayor gasto energético ya que el porcentaje que representan los costes de la energía para una empresa aluminera es «mayor» que en las empresas del sector químico, por lo que no ve la misma amenaza.

Eso sí, Feique ha admitido que el mayor precio del petróleo y de otros productos energéticos sí incidirá en la cifra de negocios del año que viene con una ligera desaceleración en 2019, cuando se prevé un ascenso del 2,6%, frente al 4,6% del 2018. Respecto al precio del petróleo, Feique lo considera «uno de los principales factores de desaceleración global». En el caso de España y de la mayoría de los países comunitarios, el alza del crudo tiene un efecto negativo inmediato tanto en el consumo como en los costes y en la competitividad de las empresas», ha explicado.

Ribera califica de «cortina de humo» que Alcoa alegue el precio de la electricidad para cerrar 2 plantas en España

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Europa Press.- La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció su intención realizar un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad». Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado una «excusa y una cortina de humo» que Alcoa alegue el alto precio de la electricidad para decidir estos cierres.

En este sentido, Ribera reconoció la sorpresa del Gobierno por la decisión de Alcoa, ya que es una de las empresas beneficiarias y que se lleva «una buena parte» de las subastas de interrumpibilidad, el sistema de gestión de la demanda que retribuye a las empresas por desconectarse del sistema eléctrico en caso de ser necesario. Así, la ministra consideró que igual ahora es necesario «ralentizar» el proceso de las subastas de interrumpibilidad y replantearse el sistema. Ribera subrayó que está trabajando «conjuntamente» con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para reaccionar «a algo que nos ha pillado por sorpresa«.

«No es una tontería que dos grandes plantas de producción de industria básica anuncien su cierre sin comunicación, sin previo aviso. Es importante revisar con la empresa de qué estamos hablando y ver los motivos reales de los cierres, cuando en sus balances seguían presentando beneficios. Algo no cuadra en esta operación, justo cierran las dos plantas donde no ha habido inversiones de mejora», apuntó. Ribera subrayó que ante la convocatoria del comité de empresa, la ministra de Industria intentó ponerse en contacto con los directivos de Alcoa, aunque sin éxito. «Ahora queda por ver si es una decisión irreversible o si habrá otras compañías de aluminio que pueda hacerse cargo de esas instalaciones», añadió.

Ribera reconoció que «es muy llamativo» y «un poco duro» que en fase de recuperación económica dos multinacionales como Alcoa y Vestas hayan anunciado estos procesos de cierres de plantas en España. «En el caso de Vestas, que también fue así y objeto de conversaciones duras con la empresa es doloroso, ya que esa industria es la del futuro», subrayó.

Alcoa y su factura eléctrica

Según la compañía estadounidense, las plantas de Avilés y La Coruña son las menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos». Ante el cierre, Alcoa ha emprendido un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La empresa se ha comprometido a trabajar para reducir el impacto de este proceso y negociará un plan social con los trabajadores, al afirmar ser «consciente» de la repercusión humana y social de ese anuncio, por lo que «trabajará para alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes«.

Según Alcoa, las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos«, unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», y el coste de la energía. Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos 2 años, pérdidas «que previsiblemente continuarán en el futuro», alerta Alcoa.

La empresa ha defendido su intención en el pasado de superar estas condiciones adversas, que han supuesto «importantes esfuerzos» en los últimos años para reducir costes en estas dos fábricas y para mantener el empleo, aunque sin éxito debido a su «tecnología más antigua y menos eficiente, economía de escala y otros factores». De esta forma, Alcoa ha concluido que el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña podrá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián, también en Galicia, donde se produce tanto aluminio como alúmina. Las ventas en España alcanzaron el pasado más de un 28% del total de su negocio mundial.

Una asociación denuncia que la avería en la refinería de Repsol en Coruña provocó «picos ilegales» de dióxido de azufre

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Europa Press.– La organización ecologista Arco Iris ha denunciado que la avería eléctrica que se produjo en la refinería de Repsol en A Coruña, y que provocó una densa humareda negra, provocó «picos ilegales» de dióxido de azufre. En concreto, asegura que hubo «un aumento severo y prolongado de los niveles de SO2 en todas las estaciones de control atmosférico de las que dispone la red municipal». Al respecto, señala que los valores obtenidos «superan los límites de protección para la vegetación».

Sin embargo, explica que las estaciones dependientes de Repsol (Centro Cívico-A Grela y Pastoriza) y de la Xunta (Riazor y Torre Hércules) «no ofrecen, curiosamente, datos del intervalo en cuanto a cifras de contaminación». La organización denuncia «esta intolerable situación, que trasgrede y viola todas las directivas europeas en materia de acceso a la información ambiental y deja a los ciudadanos a merced de unas empresas cuya carga contaminante está afectando de forma continuada a la ciudad«. Por todo ello, Arco Iris insta a que estas estaciones se integren “de forma inmediata” en la red de Meteogalicia en tiempo real.

El Defensor del Pueblo propone cambios al ser eximida la regasificadora de Mugardos de presentar una evaluación de impacto ambiental

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo instó al Gobierno a que garantice la participación activa de un órgano ambiental antes de tomar la decisión de excluir a ciertos proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental, como en el caso de la regasificadora de Mugardos (La Coruña).

Durante 2017 el Defensor realizó distintas actuaciones en defensa del medio ambiente y el entorno rural como, por ejemplo, la actuación de oficio que inició ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando conoció la decisión del Gobierno de eximir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en la localidad coruñesa.

Respecto al caso, recuerda que dos sentencias del Tribunal Supremo anularon la autorización administrativa para instalar dicha planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004, ya que al emitirse no contaba con el instrumento de planificación urbanística adecuado. El Defensor subraya que como la planta tenía que pedir autorizaciones nuevas, el Gobierno «decidió eliminar el trámite de evaluación ambiental para agilizar el procedimiento».

Por eso, la Institución recuerda que la ley de Evaluación Ambiental establece que antes de llevar al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo es «necesario» informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que elabore un informe sobre el estudio de viabilidad ambiental y sobre el resultado de las consultas y la participación pública.

«Así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada», señala el Defensor que, no obstante prosiguió sus actuaciones. En ellas ha recomendado al Ministerio de Medio Ambiente que en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión por el Consejo de Ministros de excluir un proyecto del trámite de evaluación ambiental.

Durante 2017 el Defensor del Pueblo actuó también ante el posible riesgo sísmico de cuatro proyectos de gas en Doñana y continuó sus actuaciones ante 15 municipios españoles para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población. La Institución tiene el cometido de supervisar que las administraciones realicen tareas de prevención, compensación, reparación de daños y restauración del medio e instar a que hagan un mantenimiento adecuado y sostenible de los recursos naturales y de la contaminación e impacto ambiental. Finalmente, también pide a la administración en sus escritos que tenga en cuenta los aspectos ambientales en la normativa así como en la ejecución de planes o proyectos de infraestructuras.

La Fundación Paideia Galiza y Repsol promueven la formación de personas con diversidad funcional

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EFE.- El director de la refinería de Repsol en La Coruña, Javier Sancho, y la presidenta de la Fundación Paideia Galiza, Sandra Ortega, han firmado la renovación del convenio que ambas entidades mantienen desde 2013 para la formación de personas con diversidad funcional. El objetivo de este acuerdo es promover la inclusión en la sociedad de personas con capacidades diferentes o jóvenes en riesgo de exclusión, a través de la inserción laboral, la mejora de la accesibilidad y la promoción de acciones de difusión y sensibilización social.

Una inversión de 18.000 euros

Entre las líneas de actuación previstas, a las que la refinería de Repsol en A Coruña destina 18.000 euros, está el desarrollo de cursos de formación que favorezcan la capacitación para el empleo a personas con discapacidad. Este convenio también recoge la ejecución y desarrollo de proyectos de movilidad que permiten a jóvenes en riesgo de exclusión, la realización de prácticas formativas y de becas en estancias trasnacionales, así como el desarrollo de proyectos de voluntariado. El pasado año se beneficiaron de estas actuaciones cerca de 90 personas, añaden las mismas fuentes de la compañía.

En libertad con cargos los 4 activistas de Greenpeace detenidos tras su protesta en Coruña contra Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- Los 4 activistas de Greenpeace detenidos tras ser acusados de desobediencia a la autoridad, después de que la Guardia Civil retirara al grupo que protestaba en el almacén de carbón del puerto de Coruña que abastece a la central térmica de Meirama, han quedado en libertad con cargos, según indicó un portavoz de la organización ecologista.

Tras pasar a disposición judicial, los activistas quedaron en libertad, pero con cargos, en torno a las 22.00 horas del martes. Ahora navegan rumbo a Gijón a bordo del barco Esperanza, que ha iniciado una campaña por el Cantábrico contra el cambio climático. Estos activistas, junto a otros 5 que quedaron en libertad después de la intervención de la Guardia Civil, participaron en una protesta en el almacén de La Medusa. En ella, desplegaron una pancarta en la cúpula y se movilizaron en la entrada.

Todos ellos llegaron la instalación de Gas Natural Fenosa en embarcaciones neumáticas para llevar a cabo una jornada de protesta «con la intención de alertar al Gobierno sobre la necesidad de terminar con la quema de carbón y sustituirlo por energías limpias». La organización ecologista realiza una campaña el lema Misión Salvar el Clima para alertar de que la quema de carbón «es el principal responsable del cambio climático » y para exigir al Gobierno una ley «que establezca un plan de cierre para 2025 de las térmicas de carbón».

La subasta de interrumpibilidad se salda con un coste de 525 millones y asignando 375 MW más de lo previsto

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Redacción / Agencias.- Red Eléctrica de España (REE) ha completado el proceso de asignación del servicio de interrumpibilidad para 2017 a través de subastas competitivas con la asignación de un total de 2.975 megavatios (MW), 375 MW más de lo previsto inicialmente. El coste total para el sistema eléctrico ascenderá a 525 millones de euros. Este servicio lo ofrecen los grandes consumidores de electricidad y consiste en su compromiso de reducir o suspender la demanda cuando lo exija la operación del sistema eléctrico.

Los 2.975 megavatios (MW) de potencia interrumpible a grandes consumidores industriales se han asignado a un precio medio ponderado de 176.420 euros por MW, según indica REE. En las subastas han participado pujadores en representación de 138 puntos de suministro, al tiempo que los adjudicatarios han sido 138, de modo que todos ellos han obtenido potencia interrumpible. En total, se han asignado durante las subastas, 10 bloques de 90 MW y 415 bloques de 5 MW. REE, que organizó el proceso en calidad de administrador de la subasta, ha publicado los resultados definitivos, validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Una vez subastados los 340 bloques iniciales de 5 MW sin que se agotara el presupuesto asignado para la temporada 2017, REE convocó, en virtud de lo fijado por la regulación, subastas adicionales en las que se asignaron 75 nuevos bloques de 5 MW. El precio medio de asignación ha sido de 289.125 euros por MW para los productos de 90 MW y de 127.536 euros por MW para los de 5 MW, mientras que la media ponderada de asignación se ha situado en los 176.420 euros por MW. Los precios de salida fijados por Energía habían sido de 310.000 euros por MW para los productos de 90 MW y de 160.000 euros por MW para los de 5 MW.

Alcoa, satisfecha, pide más estabilidad

Por su parte, Alcoa, que obtuvo mejores resultados que el pasado año en la subasta de interrumpibilidad, con al menos 5 bloques de 90 megavatios, ha pedido un sistema que permita una planificación a más largo plazo y no deje a las plantas españolas sujetas a la volatilidad del mercado. «Las plantas de electrolisis de aluminio primario necesitan una solución de energía competitiva a más largo plazo porque el servicio de interrumpibilidad sólo se garantiza para un año; la compra de energía en el mercado spot hace que las plantas estén sujetas a la volatilidad de los precios de la energía», explicaron fuentes de Alcoa.

Las mismas fuentes han confirmado que se han logrado 5 bloques de 90 MW, de los que tres se destinarán a la fábrica de San Ciprián, y los otros dos a la de La Coruña y Avilés. También ha logrado más bloques de cinco megavatios. De esta forma, Alcoa ha conseguido mejores resultados que en años precedentes y ahora lo que va a hacer la compañía es analizarlos y comprobar su impacto en las operaciones.

Alcoa asegura que se presentó a la subasta como empresa de consumo intensivo de la electricidad con el objetivo de obtener el mayor valor posible de los servicios de interrumpibilidad para fortalecer su sistema de producción de aluminio primario en España y poder hacer un mejor servicio al mercado. El servicio de interrumpibilidad se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por el operador del sistema REE a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria, como Alcoa, ArcelorMittal o Azsa.

Los operadores europeos de GNL abogan por «hacer del gas el combustible fósil para la transición hacia las energías renovables»

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EFE.– La entidad Gas LNG Europe (GLE), que une a los operadores de 16 terminales de gas natural licuado europeos, celebró en la sede de Reganosa, en Mugardos, su reunión anual, en la que analizaron la situación actual del sector gasista y debatieron acerca de los retos que presenta actualmente la distribución de gas natural licuado a pequeña escala así como la «transparencia» del mercado gasista.

De igual forma, abogaron por «hacer del gas el combustible fósil para la transición hacia la generalización de la energía renovable», completando así «los grandes retos que afrontan las empresas gasistas europeas«. En este sentido, el presidente de GLE, Win Groenindijk, indicó que las terminales se están transformando en centros de distribución, «conservando además su rol convencional, que sigue siendo vital para el sistema gasista».

Visita del Círculo de Empresarios

Por otro lado, representantes del Círculo de Empresarios de Galicia visitaron la planta de Reganosa, situada en Mugardos (La Coruña), para conocer su actividad y modelo de negocio. La compañía destacó ante el grupo, procedente de Vigo, «la consolidación del gas natural licuado como combustible marítimo, iniciativa en la que está comprometido» el ente portuario de la ciudad olívica. Representantes de Reganosa les explicaron «el funcionamiento de la terminal de regasificación y del sector gasista».

Los asistentes recorrieron las dependencias y fueron informados «sobre los proyectos en los que participa la empresa», que interviene actualmente junto a la Autoridad Portuaria de Vigo en el proyecto Core LNGas Hive. Se trata de una iniciativa que busca «el desarrollo de una cadena logística integrada, segura y eficiente en la Península Ibérica para el suministro de gas natural licuado como combustible en el sector del transporte, especialmente marítimo«.

Las familias de Baleares son las que más gastan en carburante con un gasto medio anual de 1.487 euros

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EFE / Europa Press.- Las familias de Baleares son las que más gastan en combustible, con un gasto medio anual de 1.487 euros en carburantes y lubricantes para vehículos en 2015, muy por encima de la media nacional de 1.185 euros, un 9% inferior a la de 2014 según un estudio de AIS Group. Después de Baleares, los hogares de La Coruña (con 1.450 euros), Toledo (1.425) y Murcia (1.390), son las que mayor gasto medio realizan en carburante, según la empresa autora del informe.

Por otra parte, teniendo en cuenta las localidades de más de 10.000 habitantes, las familias con la media de gasto más elevada de España se reparten entre varios municipios de Coruña, Pontevedra, Baleares y Valladolid, superando en algunos casos los 2.000 euros anuales. Por el contrario, aragoneses y vascos son los que menos gastan de media en este tipo de productos, ya que Teruel, Zaragoza, Huesca y Álava presentan volúmenes inferiores a los 1.000 euros anuales en carburante por familia.

Las familias que más redujeron su inversión en carburantes fueron las de Huesca, que en el último año destinaron un presupuesto cerca de un 20% inferior. Mientras, la única provincia cuyas familias aumentó su gasto en esta partida en el último ejercicio fue Burgos (6%). Además, el gasto medio más bajo se dio entre las familias residentes en grandes núcleos urbanos como las capitales de provincia. Bilbao fue la ciudad donde se dio el menor gasto en carburantes de España, con 715 euros, seguida de Ourense (723 euros) y San Sebastián (725 euros). En Madrid y Barcelona, el gasto medio de las familias en carburante también quedó por debajo de la media española, con 1.030 euros y 835 euros, respectivamente.