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La Asamblea de Extremadura rechaza instar a la Junta a elaborar un Plan Regional de Energía a petición de Podemos

EFE.- El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado instar a la Junta a elaborar un Plan Regional de Energía, a impulsar un debate monográfico sobre la situación del sector y a legislar sobre la eficiencia energética en los centros educativos públicos. Se trataba de una moción subsiguiente a interpelación del grupo parlamentario de Podemos ante la que el PSOE se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

Ha sido defendida por el parlamentario Eugenio Romero, que ha dicho que se han reunido con muchas empresas del sector para conocer la situación y que la propuesta del 35% de renovables que ha hecho la Unión Europea para 2030 no es ambiciosa ya que la Unión Europea podría alcanzar un mayor porcentaje. Además, ha indicado que, por ejemplo, la comarca de Campo Arañuelo (Cáceres) tiene una tasa de paro del 25% a pesar de que la central nuclear de Almaraz «mete en la zona» 2 millones de euros diarios, y además “es preciso” clausurarla.

Ha agregado que se intenta «pinchar» el modelo de energía verde con la continuidad de Almaraz y que es posible crear miles de empleos y cambiar el modelo productivo de la región mediante la potenciación de las energías renovables, entre las que las que ha mencionado la solar y la biomasa. Para esto, ha dicho, hay que activar un modelo de empleo en energía renovables y mejorar la eficiencia energética de los municipios y en el sector de la construcción.

Por su parte, el diputado del PP, José Antonio Echávarri, ha defendido una enmienda de modificación en el sentido de que la región no tiene todas las competencias en materia energética y que no se puede exigir al Gobierno el cierre de la central nuclear dentro de dos o tres años, aunque estaban de acuerdo en el resto de puntos.

A su vez, el del PSOE, Andrés Moriano, presentó una enmienda de modificación y ha aseverado que no pueden aceptar pedir al Gobierno regional a elaborar un Plan Regional de Energía ya que ya se ha trabajado y se trabaja en esta cuestión de apoyo a las renovables al igual que lo hace el Parlamento Europeo, mientras que el Ejecutivo central no hace lo mismo.

Ante ellas Podemos ha presentado una enmienda transaccional para «unificar los criterios» ya que los socialistas «lo dejan todo en manos del Gobierno central» a pesar de que la Junta tiene competencias, mientras que los populares no apoyan suficientemente a las renovables. Esta enmienda de la formación morada no ha sido aceptada ni por el PSOE ni por el PP.

El alcalde de Calzadilla de los Barros (Badajoz) denuncia que la Junta de Extremadura obstaculiza una planta de energía fotovoltaica

EFE.- El alcalde de Calzadilla de los Barros, Antonio Galván (PP), ha pedido a la Junta de Extremadura que no obstaculice la instalación de una planta fotovoltaica en los términos municipales de Calzadilla y Medina de las Torres. En este sentido, Galván, que también es senador por la provincia de Badajoz, reclama a la Consejería de Economía e Infraestructuras «un compromiso firme» de que la Junta no obstaculizará la instalación de los 74 megavatios admitidos por el Ministerio para ambos términos.

El alcalde expresó su «más profunda indignación» por las informaciones que le han llegado a propósito de las reuniones que se han celebrado en despachos de la Junta de Extremadura a lo largo del mes de febrero, según indicó, entre el consejero de Economía, José Luis Navarro, y los promotores de los Proyectos Fotovoltaicos Calzadilla y Núñez de Balboa. Según Galván, esas informaciones apuntan a que en dichas reuniones se estaría alentando la idea de «borrar de un plumazo los 74 megavatios de la planta fotovoltaica Calzadilla III«, que se asentaría en los términos municipales de Calzadilla de los Barros y Medina de las Torres.

Posible supresión de Calzadilla B

Dicha instalación, ha apuntado Galván, ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y todos los permisos pertinentes para su construcción y puesta en funcionamiento. En las citadas reuniones, denuncian, «se habría valorado la supresión» de la planta fotovoltaica Calzadilla III y la promoción de la planta Calzadilla B (en el término de Bienvenida) y de la planta Nuñez de Balboa, en Usagre.

Ante ello, Galván subrayó su «más frontal oposición», pues ello conllevaría una «discriminación» a los ciudadanos de ambas localidades para su acceso al empleo por la supresión de los puestos de trabajo que generaría la mencionada planta. Los técnicos del Ministerio autorizaron 224 MW, con Calzadilla III y Calzadilla B, por lo que Galván cree que «no se entendería» que ahora quede limitado a solo 150 MW (Calzadilla B), «sin ninguna razón que lo explique».

La apuesta energética de la Junta de Extremadura pasa por instalar más renovables hacia la economía descarbonizada y cerrar Almaraz

EFE.- El consejero de Economía de Extremadura, José Luis Navarro, ha indicado que el modelo energético de la Junta pasa por el fomento de las energías renovables, una economía descarbonizada y sin nucleares; mientras que el diputado de Podemos, Eugenio Romero, le pidió  que «informe, forme y genere demanda», al margen de convocatorias de ayudas esporádicas, para la transición hacia las renovables al tiempo que, en materia de planificación energética, demandó un Plan de Energía regional.

El consejero de Economía ha manifestado que la transición hacia un nuevo modelo energético descarbonizado, incluyendo el autoconsumo y los sectores del transporte y la calefacción, «es imparable«. A este respecto, Navarro critica la «inacción» del Gobierno central, encargado del marco regulatorio y de aportar «seguridad jurídica» a los inversores. Así, insistió en la necesidad de un «gran acuerdo energético» en España, que fije la evolución del mix energético a largo plazo. Un acuerdo que debe incluir el calendario de cierre de las centrales nucleares y de carbón, con planes de transición para las zonas afectadas, como la de Almaraz.

En Extremadura, ha añadido, las expectativas inmediatas son «muy positivas»; en las próximas semanas comenzará su construcción el primer parque eólico de la comunidad, en energía fotovoltaica se prevé también la construcción este mismo año de varias grandes plantas y en 2019 de «un número mayor». «Todas ellas para vender la electricidad en el mercado o con contratos bilaterales pero sin ninguna prima», ha precisado Navarro, quien también ha defendido la promoción de las renovables en los hogares y las pymes, pues todos son necesarios para alcanzar el objetivo de una economía descarbonizada en 2050.

Por el momento, Extremadura ha recibido solicitudes para una potencia total que sobrepasa los 8.000 megavatios, mientras que en España hay en funcionamiento 4.675 megavatios fotovoltaicos. Ello ha provocado que todos los nudos de la red eléctrica en la región incluidos en la última planificación de 2015 estén hoy saturados, por lo que se solicitará al Ministerio de Energía una modificación de la planificación, de forma que se incluyan nuevos nudos y se permita así la viabilidad de numerosos proyectos.

Además, ha recalcado que la energía fotovoltaica es ya tan competitiva, que, incluso con el impuesto al sol, el autoconsumo puede ser rentable. También anunció que próximamente convocarán ayudas al transporte sostenible y para planes municipales de movilidad y se espera sacar este año una convocatoria de ayudas para fábricas de biocombustible sólido (pellet, carbón vegetal) con ayudas de hasta el 30%, además de mantener todas las que ya existen.

Por su parte, Romero ha subrayado que ahora hay «una magnífica oportunidad» de pasar de un modelo energético «insostenible», basado en tecnologías «sucias y peligrosas», a un modelo basado en energías limpias. En este sentido, ha señalado que la apuesta por renovables «a pequeña escala», como el autoconsumo, es una apuesta «segura», pues a «la mayoría de estas instalaciones no les afecta el impuesto al sol«. Finalmente, Romero solicitó a la Junta que mantenga abiertas las convocatorias de ayudas que promueve hasta agotar los fondos y que actualice el Plan Renove de electrodomésticos y lo abra a climatización y sustitución de las «obsoletas» calderas de gasoil por otras de biomasa.

Fernández Vara aboga por ofrecer «alternativas de energías renovables» a las centrales nucleares para regiones como Extremadura

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por establecer un «calendario de cierre de centrales nucleares» en España y trabajar para que estas plantas «tuvieran alternativas de energías renovables». Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en la Asamblea de Extremadura a preguntas del presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, sobre las medidas que tiene «prevista la Junta para el impulso económico de Campo Arañuelo ante el posible cierre de la central nuclear de Almaraz».

En su intervención, Fernández Vara ha aseverado que su «posición está clara» y pasa por establecer un «calendario de cierre de centrales nucleares» en el que los partidos políticos españoles se pongan de acuerdo en este sentido, lo cual «haría que no estuviéramos hablando de una prórroga de 5, 10 o 15 años, sino que se marcaran unas fechas concretas» para que estas plantas «tuvieran alternativas de energías renovables». Así, «al tiempo que vayan creciendo las energías renovables, que se vayan cerrando las centrales nucleares», ha aseverado Fernández Vara, quien ha mostrado su preocupación por que «cuando se tome esa decisión, tengamos las alternativas preparadas».

Desde el punto de vista energético, el presidente extremeño asevera que «puede haber una alternativa evidente en fotovoltaica, en biomasa», y apunta que «ahora ya hay en el entorno de Almaraz casi 600 megavatios solicitados de fotovoltaica», por lo que ha reafirmado que «alternativas puede haber, y las hay». Eso sí, añade que «sería bueno» que el Gobierno central «diga algún día qué tiene pensado hacer en el futuro con las centrales nucleares». Y es que, según ha defendido, España «necesita una planificación energética», y considera que la Comarca de Campo Arañuela necesita una «alternativa energética» y una «alternativa industrial».

Por su parte, Monago ha recordado que en los próximos años termina la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, y ha destacado que para los vecinos de Campo Arañuelo «la central nuclear no es el pasado, es el presente, y además lo tienen por su futuro». Monago ha lamentado que el presidente de la Junta «no tiene ningún plan» para esta comarca cacereña, sino que «mira continuamente de reojo a Madrid, a ver si tiene algo que decir Madrid», tras lo que añadió que «si todo depende de Madrid, sobra la figura de presidente» de la comunidad.

Así, el dirigente del PP extremeño sostiene que Vara «no tiene un plan» sino que «su alternativa es que los 2.100 megavatios de la central nuclear de Almaraz se sustituyan con renovables en el entorno de Campo Arañuelo», algo que «no se lo cree nadie«. Ante esta situación, Monago ha pedido a Vara que «se tome muy en serio que en 2020 termina la vigencia» de la central, por lo que hay «que hacer algo desde Extremadura para plantear alternativas, que no pasen permanentemente por el quejío, y por echarle la culpa a Madrid», concluyó.

Fernández Vara (Extremadura) llama a un gran acuerdo político en España sobre la planificación energética y las energías renovables

Europa Press.– El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el «desafío» al que debe hacer frente la política actual, además de «resolver los problemas» de los ciudadanos, es crear un «pacto común y estable en el tiempo» en España sobre la planificación energética y las energías renovables.

En este sentido, Fernández Vara ha defendido la «necesidad» de hacer en España un «gran acuerdo» en este sentido ya que la planificación energética es un asunto, según él, que «no se puede hacer a golpe de decisión respecto a una central o un determinado recurso» ni dejarse para el debate «solo» cuando aparece un proyecto de este tipo en la región, lo que ha considerado que «no es bueno».

Asimismo, el presidente de la Junta reiteró su posición de que las energías renovables son un asunto «de una enorme importancia» y ha destacado que los recursos naturales de Extremadura, «donde tenemos mucha agua y muchísimo sol», colocan a la región en una situación «interesante» a este respecto, ya que «hace 10 o 20 años quién iba a decir que iban a valer tanto». «Tengo una cierta sensación de que se están repartiendo las cartas de nuevo en la economía mundial», tras lo que ha confiado en que «en ese nuevo reparto de cartas las que nos toquen jugar como país y como comunidad autónoma sean diferentes a las de hace 40 o 50 años, que no fueron precisamente positivas«.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha sostenido que la experiencia del «boom de las fotovoltaicas y el inicio de las renovables», además de suponer una «carísima burbuja», infló el mercado y produjo «una serie de resistencias» que luego «han retrasado la instalación adecuada» de estas plantas eléctricas, tras lo que ha manifestado que se debe «aprender de todas estas situaciones para que no se vuelvan a repetir».

«Los más de 6.000 megavatios que hay solicitados ahora mismo en la Consejería de Economía e Infraestructuras ponen de manifiesto el enorme interés que vuelven a tener las energías renovables y cómo fijan su posible ubicación en Extremadura», ha sostenido Vara, tras lo que ha reconocido que el Ejecutivo ve «con ilusión este renacer de las renovables» que mejorará la economía de la región, la construcción y el empleo «fundamentalmente».

Por otra parte, Fernández Vara anunció que dentro de la Consejería de Medio Ambiente se va a crear una unidad «específica para llevar todo el tema de las plantas fotovoltaicas», con el objetivo de «no desaprovechar» oportunidades como consecuencia de la «excesiva» burocracia y «agilizar los tiempos de respuesta» de la Administración a estos proyectos. En esta misma línea, Vara ha considerado que es «importante» garantizar la estabilidad política y jurídica. «Los tiempos en los que las empresas se instalaban según el dinero que ofrecía la Administración han pasado», sentenció.

Para concluir, Fernández Vara ha manifestado que tanto si Extremadura como España quieren ser «actores principales» en las energías renovables, se debe «renunciar a una parte de nuestra soberanía» puesto que «sin Europa no somos nada«, por lo que «a pesar de las dificultades» se deben reforzar las ayudas europeas y la cooperación en este sentido. Por otra parte, Vara se ha referido también al proyecto presentado por la Junta en Bruselas que consiste en la construcción en Extremadura de una planta termosolar de torre con una potencia de entre 100 y 200 megavatios, de la que ha explicado que espera que se faciliten los trámites administrativos para que se instale «lo más pronto posible«.

Por su parte, la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, Olga García, ha explicado que este proyecto ha sido elaborado por el Partenariado de Energía Solar, creado en mayo de 2017 e incluido en la Plataforma de Especialización Inteligente en Energía, promovida por la Comisión Europea. En este sentido, la directora general extremeña ha explicado que desde la región se está trabajando en dos proyectos, el primero de ellos es éste con el que la Junta también pretende crear «un lugar donde poder investigar los avances en energía termosolar» y que pudiera tener «un tamaño suficiente para tener un perfil comercial».

«La idea es producir energía eléctrica con esta planta de torre, que la idea es que estuviera ubicada en Extremadura, y vender esa energía a países del centro y del norte de Europa», ha continuado Olga García, tras lo que ha explicado que la Unión Europea establece una obligación de cumplimiento de objetivos de energías renovables por países, por lo que este proyecto pretende «computar» por esos países que «se sabe que no van a llegar a cumplirlos». Así, la directora general ha sostenido que la Junta contempla «diferentes formas» para hacer esa compensación mediante transferencias físicas o estadísticas, tras lo que ha resaltado que, aunque son «de complejidad», en Europa ya existen 4 proyectos de cooperación de este tipo.

Además, ha continuado, el Partenariado está trabajando en otro proyecto que tiene que ver también con solar termoeléctrica, «pero en lugar de alta temperatura este es de media temperatura» y de aplicación «directa a la agroindustria», un sector, bajo su opinión, «estratégico» también para Extremadura. Para concluir, Olga García ha subrayado que los beneficios para la región son «muchos» como la «importancia» de desarrollar este proyecto desde el punto de vista de la innovación y de la investigación en esta energía, y por otra parte la inversión en industria, que «atraería más industria y una mejoría» de la economía regional, tras lo que ha explicado que para financiar este proyecto son «necesarios» fondos europeos, además de estos mecanismos de cooperación.

Extremadura prohíbe las gasolineras desatendidas mientras los sindicatos apuntan que esta modalidad puede poner en peligro 40.000 empleos en España

Servimedia.- Los sindicatos CCOO y UGT advirtieron de que la proliferación de las gasolineras sin empleados puede suponer la destrucción de entre 30.000 y 40.000 empleos en el sector en España. En este sentido, el responsable de la Federación de Industria de CCOO, Ángel Marinero, aplaudió la medida adoptada en Extremadura, que obliga a las estaciones de servicio a estar atendidas por un trabajador desde las 7 hasta las 22 horas. La Comunidad de Madrid también va a estudiar esta medida.

Marinero apuntó que lo que ha sucedido en Extremadura «es lo que debe ser» ya que «estamos hablando de un producto que es contaminante, peligroso, inflamable» en referencia a los carburantes. «No entendemos, con lo que está pasando, que se permita a estas instalaciones que no se controle nada», subrayó el portavoz de CCOO, que calificó esta situación de «peligro» para la sociedad. Además, la proliferación de este tipo de estaciones de servicio puede suponer la destrucción de entre 30.000 y 40.000 empleos en España, según Marinero, quien propuso que se abaraten los carburantes, puesto que, según estima, las gasolineras desatendidas rebajan hasta en 12 céntimos el precio por litro.

Por su parte, el secretario general del sector energético de la Federación de Industria en UGT, Andrés Muñoz, añadió que «lo que queremos es que haya una normativa común en todas las comunidades autónomas» en la línea de Extremadura, para que no se destruya empleo y al mismo tiempo no suponga riesgo para las personas ni el medio ambiente. Muñoz criticó que las estaciones de servicio desatendidas son susceptibles de «incidentes y sabotajes» y remarcó que «se está impidiendo el acceso a personas con discapacidad».

Desde CCOO explicaron que las centrales sindicales se reunieron con empresarios de distintas regiones con el objetivo de evitar que proliferen este tipo de gasolineras y se reduzca el empleo, pero no ha sido posible sacar adelante un acuerdo. Lo que sí que están desarrollando CCOO y UGT, junto a las patronales Ceees y Aevecar, y la Confederación de Personas Discapacitadas (Cocemfe), es una campaña de recogida de firmas para lanzar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del empleo en el sector y en contra de las gasolineras desatendidas.

Aevecar aplaude la prohibición extremeña

Precisamente, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) valoró como «medida muy oportuna» la prohibición de dejar desatendidas las gasolineras en Extremadura mediante la modificación del Estatuto de los Consumidores de la comunidad. El secretario general de Aevecar, Víctor García Nebreda, explicó que «una gasolinera no se puede dejar sola» por la multitud de «pequeños incidentes» que se pueden producir y que «un trabajador puede solucionar sin problemas», pero que de otro modo podrían suponer un riesgo para los usuarios. Los derechos de los consumidores, la protección medioambiental y las necesidades de las personas con discapacidad son otros motivos por los que, según Nebreda, están «trabajando para poder aplicar esta medida a nivel nacional».

Facua pide multas más altas

Por otro lado, la organización de consumidores Facua pidió un aumento en el importe de las multas que deberán pagar las gasolineras desatendidas en Extremadura. Facua considera que las sanciones previstas (entre 3.000 y 15.000 euros) son «insuficientes» y explicó que la petición de multas mayores tiene como objetivo que a las empresas que incumplan la prohibición «no les compense económicamente saltársela«. La asociación, además, propuso que «la reincidencia en el incumplimiento de la obligación de que la gasolinera sea atendida por personal de la empresa debería ser causa para el cierre de la estación».

Madrid lo va a estudiar

Por su parte, el consejero de Politicas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, aseguró que el Gobierno regional estudiará «si encaja o no encaja» la petición de Cocemfe para que todas las gasolineras, incluyendo las de autoservicio, cuenten como mínimo con un trabajador para ayudar a las personas con discapacidad que lo requieran. Al pronunciarse sobre las gasolineras sin empleados, Izquierdo valoraba que Cocemfe haya denunciado que las estaciones de servicio sin trabajadores suponen una «vulnerabilidad» de los derechos de las personas con discapacidad, ya que no pueden ser debidamente atendidos.

En este sentido, Izquierdo aseguró que «en estos momentos nosotros estamos trabajando en una gran estrategia para personas con discapacidad, queremos que sea la estrategia más ambiciosa de toda españa. Estamos trabajando con el Cermi, con todas las federaciones que conforman el Cermi. Añadió que la propuesta de Cocemfe de que las gasolineras tengan, al menos, un empleado «está dentro de las peticiones y veremos si esto encaja o no encaja porque cualquier decisión afecta a muchos agentes y lo tenemos que ver con todos y cada uno de ellos».

Extremadura reclama un calendario de cierre de las centrales nucleares que también plantee alternativas energéticas y empleo donde se ubican

Europa Press.– El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reclamado un calendario de cierre de las centrales nucleares en España que vaya acompañado por una alternativa energética así como por proyectos que generen empleo en las zonas donde están ubicadas. Fernández Vara se ha referido de esta forma a la propuesta planteada por el Gobierno central acerca de dar dos años más a las compañías eléctricas para decidir sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Fernández Vara ha señalado que se trata de una decisión que le corresponde al Gobierno central, si bien ha señalado que éste «no es el problema», sino si existe «una planificación hecha del para qué y de alternativas de futuro sobre qué es lo que quiere España en materia energética», y en la que según ha dicho parece que se va «a salto de mata».

Para el presidente de la Junta de Extremadura, el cierre de las centrales es «una cuestión de fechas», pero detrás hay «algo más importante», que es una falta de proyecto, y que éste «no puede ser solo de un gobierno». «Los grandes proyectos que tienen que ver con la energía son proyectos de país, no coyunturales ni momentáneos», ha remarcado. Fernández Vara reiteró en este sentido que el conjunto de fuerzas políticas y sociales del país deberían «sentarse a ver qué» quiere España al respecto.

La nueva subasta renovable, acogida de forma desigual, mantiene el criterio de desempate entre eólica y fotovoltaica

Europa Press / EFE.- La nueva subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido acogida de forma desigual en el sector, pues mientras la industria eólica cree que es una buena noticia, a las asociaciones de fotovoltaica les suscita dudas. La subasta mantendrá los criterios de desempate en función de las horas de producción establecidos en la puja celebrada este mes, según consta en el borrador y en la memoria económica del decreto.

Este criterio de desempate recibió críticas de las asociaciones fotovoltaicas de referencia, UNEF y Anpier, que ven en su aplicación un trato de favor a la eólica y que destacan la capacidad de la solar para competir en igualdad de condiciones. La segunda de estas asociaciones denunció la subasta de mayo ante el Tribunal Supremo precisamente por encontrarla discriminatoria. En el borrador del real decreto, Energía señala que el procedimiento de la subasta celebrada en mayo, en la que la eólica se llevó el 99% de la potencia ofrecida, ha sido «muy satisfactorio», por lo que serán de aplicación las reglas anteriores, incluidas en la orden ministerial ETU/315/2017 y en la resolución del 10 de abril que desarrolló su contenido.

En estas disposiciones se indica que, en caso de empate, ha de tomarse el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento. Además, se establecen unos porcentajes máximos de abaratamiento de las ofertas diferentes en función de cada tecnología. «Lo que pedimos es que la definición final de la subasta permita a todos los agentes del mercado ejercer su competitividad», indicó el director general de UNEF, José Donoso, tras conocerse el contenido del borrador del decreto.

Conforme a las reglas de la subasta, para cada tramo de oferta se calcula la retribución a la inversión y el cociente entre dicha retribución y el número de horas estándares de funcionamiento de la instalación. Como las horas estándares fijadas para la eólica son superiores a las de la fotovoltaica, esta tecnología gana opciones para la adjudicación. El borrador del real decreto limita como novedad el alcance de la subasta a estas dos tecnologías. En concreto, indica que será de aplicación a instalaciones de los subgrupos b.1.1. y b.2, que corresponden a la fotovoltaica y a la eólica, respectivamente.

Como en la anterior ocasión, la convocatoria se limita a los territorios peninsulares y, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de renovables de España ante la Unión Europea para 2020, excluye instalaciones cuya construcción suponga el cierre o la reducción de potencia de otra de la misma tecnología e instalaciones constituidas por equipos principales que no sean nuevos o que hayan tenido uso previo.

En la memoria, Energía repite los cálculos utilizados para la anterior subasta y confía en que el coste para el sistema de los nuevos proyectos sea «nulo». Este coste nulo se produce para el consumidor en los escenarios medios de precios de la electricidad tomados como referencia por el Gobierno. Si se produjese un abaratamiento en el pool con respecto a la previsión, a partir de 2019 las instalaciones podrían recuperar la diferencia a modo de coste regulado del sistema.

Energía señala que, tomando como hipótesis que la rebaja obtenida en la subasta es de 0% y que la potencia adjudicada por tecnología se distribuyera a partes iguales entre fotovoltaica y eólica, el coste máximo para el sistema ascendería a 123 millones de euros anuales a partir de 2019. En todo caso, asegura que, «a la vista del resultado de la subasta anterior, es de esperar que el coste sea muy inferior a 123 millones de euros o incluso nulo como sucedió en dicha subasta».

Diversa acogida en el sector

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a más del 90% del sector en España, considera la nueva subasta de hasta 3.000 megavatios de capacidad una «buena noticia para todo el sector» de las renovables.Según la asociación, con esa nueva potencia España se acercará al objetivo europeo de que en 2020 las energías renovables supongan el 20% del consumo, lo que unido a la futura Ley de Cambio Climático, constituye un paso más dentro del proceso de transición energética.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que representa a empresas que suponen aproximadamente más del 85% del sector en España, también ve positivo que se convoque una nueva subasta, aunque cree que hay que reformar su diseño para que sea «verdaderamente competitiva» y para abaratar los precios al consumidor. Por eso, esta asociación, que recurrió ante el Supremo la normativa de la anterior, reclama una reducción en el suelo del descuento máximo y un modelo en el que cada agente interesado oferte un precio por kilovatio hora para que el más competitivo reciba la remuneración ofertada.

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, que agrupa a 5.000 socios que son pequeños productores e inversores, ha dicho que esta nueva subasta es «más de lo mismo». Su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, vaticina que si la subasta se celebra con las mismas reglas que la anterior, como está previsto en el decreto del Gobierno, «de nuevo arrasará la eólica«, en la que ha recordado «dominan» las grandes eléctricas.

Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, ha expresado su sorpresa por el anuncio de una nueva subasta renovable, más cuando apenas se acaba de celebrar la anterior, también de 3.000 MW. González Moya, cuya organización agrupa a empresas y entidades de todo tipo de energías limpias, ha manifestado que esta nueva convocatoria «es otra improvisación» del Gobierno.

Ha reiterado que es necesaria una planificación a largo plazo de las subastas, ya que las empresas y los inversores necesitan conocer cuando se convocarán para organizar sus inversiones, y ha criticado que en esta nueva subasta se vuelva a «enfrentar» a las diferentes tecnologías. Por eso, González Moya demanda que las subastas vuelvan a tener cupos por tecnologías (solar, eólica y otras) y ha afirmado que el mecanismo de adjudicación «sigue perjudicando a la energía fotovoltaica», que sólo logró un megavatio en la anterior convocatoria por el sistema para deshacer los empates en las ofertas, que era el mayor número de horas de funcionamiento.

Extremadura pide oportunidad para fotovoltaica

Por su parte, el consejero extremeño de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha asegurado que la nueva subasta de energías renovables será satisfactoria para Extremadura si la energía fotovoltaica tiene posibilidades reales y aseguró que «estaremos muy pendientes de que esta vez no perjudique a Extremadura«. Además, ha recordado que con la anterior subasta se hicieron muchas esperanzas porque conocían que había muchas empresas extremeñas interesadas en presentarse pero, por la “preferencia” que se daba a la energía eólica, «no entraron los proyectos extremeños». El consejero ha aseverado que desde la Junta han insistido a todos los niveles en la necesidad de una nueva subasta y «afortunadamente parece que esta petición ha sido recibida».

Por último, se ha referido también a la posibilidad de que una de las empresas adjudicatarias de la anterior subasta de energías renovables pudiera construir un parque eólico en el norte de Extremadura para cumplir los compromisos adquiridos en la subasta. En este sentido, se limitó a señalar que «es prematuro decirlo» porque las empresas tienen 6 meses para concretar los proyectos con los que van a cumplir sus compromisos.

La Junta de Extremadura presenta a los regantes un decreto para fomentar la mejora de la eficiencia energética

EFE.- El director general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Manuel Mejías, presentó a la Mesa del Regadío Agenda 2020 el decreto para fomentar la mejora de la eficiencia energética en las zonas regables de la comunidad autónoma. Según la Junta, permitirá la realización de obras, instalaciones, energías renovables y auditorías energéticas y ahorro y mejor aprovechamiento de la energía en las instalaciones comunitarias de riego.

El motivo de esta presentación es, según Mejías, estudiarlo, analizarlo e incluso modificarlo, y, así, continuar con las líneas generales de actuación de la Consejería extremeña de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agraria y Territorio de «diálogo, participación y transparencia». Los beneficiarios serán comunidades de Regantes en zonas regables presurizadas de Extremadura. Mejías ha explicado que con este decreto, además de mejorar la eficiencia energética y ahorro de energía, mejorará las condiciones medioambientales y «se reducirá significativamente los costes energéticos».

El director general subrayó la apuesta de la Consejería por seguir modernizando los regadíos, dado que «es la clave para el desarrollo rural de nuestros pueblos», contribuye a generar riqueza y, sobre todo, a «evitar la despoblación y crear empleo en las zonas rurales», ha añadido. Asimismo, ha subrayado el apoyo firme de la Junta por resolver el problema de gasto energético de las comunidades de regantes, que en los últimos años se ha multiplicado «como consecuencia de la política energética del Gobierno de España».

Extremadura no quiere que su ecotasa, un impuesto autonómico sobre las compañías eléctricas, recaiga sobre los consumidores extremeños

EFE.- Los cuatro grupos parlamentarios extremeños se mostraron en contra de que el impuesto que grava las instalaciones que inciden sobre el medio ambiente, conocido por ecotasa, correspondiente al ejercicio de 2013, recaiga finalmente sobre los consumidores tras el auto dictado por el Tribunal Supremo. El Supremo ha dado un plazo de tres meses al Ministerio de Energía para que establezca cuánto de los 98 millones de euros que ingresó la Junta de Extremadura por la ecotasa de 2013 deben devolver los consumidores.

El portavoz socialista, Valentín García, ha explicado que el Gobierno de Rajoy, en su «afán» de proteger a las eléctricas y a los bancos, se apropió de los impuestos regionales que afectaban a estas empresas. «Nacionalizó» el que grababa los depósitos bancarios y los impuestos autonómicos que afectaban a las eléctricas hizo algo parecido con un real decreto para que no incidieran sobre la energía eléctrica, aunque García matiza que el impuesto extremeño no grava ni la generación ni el consumo, sino el impacto de las instalaciones de las compañías eléctricas. Por ello, ha precisado, «es un concepto diferente al que el Tribunal Supremo le reclama a otras comunidades autónomas».

El diputado socialista insiste en que la ley extremeña protege a los consumidores frente a la posibilidad de que las empresas pudieran repercutir el impuesto sobre los ciudadanos. García destacó que, a su juicio, tras esta cuestión hay dos modelos fiscales: el del PP que eleva el IVA y los impuestos indirectos, y el del PSOE, que impulsó impuestos directos sobre las grandes empresas, entre ellos la ecotasa o el que gravaba los depósitos bancarios.

El portavoz del PP, Luis Hernández-Carrón, ha destacado que el tiempo les ha dado la razón, ya que cuando el PSOE sacó el impuesto hace más de 20 años ya advirtieron de que iba a acabar incidiendo sobres los consumidores. Aún así en 2012, el Ejecutivo popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra «un gobierno del PP» por esa medida que afectaba a la ecotasa autonómica. Un recurso, según Hernández Carrón, para defender a los consumidores extremeños. Ahora, tras el auto del Tribunal Supremo, ha considerado que «no es justo» que se grave a los ciudadanos extremeños y no a las eléctricas, y ha concluido que entre todos habrá que pagar una «fallida» ley socialista.

El portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, ha reclamado al Gobierno regional que haga «lo imposible» para que este asunto no repercuta sobre los consumidores, que ya sufren pobreza energética y cortes de suministro. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, expresó su rechazo total a que la ecotasa de 2013 repercuta sobre los ciudadanos y a que la Junta de Extremadura lo pudiera hacer de alguna forma «encubierta». A su juicio, el Ejecutivo extremeño se tiene que poner manos a la obra para resolver este problema, cuando es la región que más electricidad produce.