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La Junta de Extremadura, los movimientos ecologistas y la izquierda extremeña critican el visto bueno al ATI de Almaraz

EFE.- Tanto Podemos como Izquierda Unida han manifestado estar en contra de la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) si ello supone alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, cuya licencia de explotación expira en 2020. Por su parte, la consejera extremeña de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, criticó que el Gobierno central está en funciones para unas cosas y para otras no.

Así se pronunció después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable a la construcción de un ATI de combustible gastado en Almaraz, si bien su ejecución aún debe recibir el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Industria. «Para algunas cosas el Gobierno está en funciones y para otras no. Dicho queda», ha manifestado la consejera. García recordó que Extremadura ya presentó en su momento escritos contra la creación de este almacén.

Podemos contra ampliar vida útil

Por su parte, la portavoz de Podemos en el parlamento extremeño, Jara Romero, aseguró que su formación «está completa y absolutamente en contra» del ATI en Almaraz si ello supone alargar la vida útil de la central nuclear. En este sentido, Jara Romero ha indicado que la central nuclear «debe ser cerrada cuando termine el período de vida planteado» por lo que ha añadido que si ese almacén temporal es para los residuos que se generen en el período de vida que le queda les parece «correcto», pero si es para alargar la vida de la planta, están en contra.

IU también rechaza el ATI

Asimismo, el coordinador de IU Extremadura, Joaquín Macías, ha mostrado la oposición de su organización a la construcción del ATI ya que entiende que supondrá alargar la vida de la central nuclear de Almaraz pues «abre la puerta a la prolongación de la vida de la central más allá de los 40 años», cuando el permiso de explotación de Almaraz expira en 2020, por lo que esta nueva instalación podría facilitar que los propietarios soliciten una nueva prórroga del permiso.

Para Macías, «es incompatible» permitir la prórroga de Almaraz y hablar de un nuevo modelo de economía verde y renovable para Extremadura como anunció el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en el Debate del Estado de la Región. Por ello, insiste en que es necesario que «Vara éste a la altura de sus palabras, porque es incomprensible pensar que un gobierno en funciones pueda dar el permiso que falta para la construcción del ATI desde el Ministerio de Medio Ambiente», lo que significará hipotecar el futuro de Extremadura «y dejarlo en manos del oligopolio eléctrico»

Para Izquierda Unida de Extremadura, es necesario un plan económico y de desarrollo de la Comarca de Campo Arañuelo que permita que el cierre de la central nuclear no tenga un impacto negativo en la economía de la comarca. Macías ha recordado que Ecologistas en Acción presentó un plan para el desmantelamiento sostenible de Almaraz que suponía una importante creación de empleo y sería una actividad con una duración prevista de más de 15 años.

Los ecologistas, contra el ATI

Según Ecologistas en Acción, la construcción del ATI de la central nuclear de Almaraz servirá para prolongar la vida de esta planta más allá de los 40 años, en vez de para su desmantelación, lo que consideran algo «inaceptable». Aunque todavía faltan los permisos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el de Industria y Energía, resulta «obvio» que ambas autorizaciones se otorgarán, a juicio de la asociación ecologista.

Así, Ecologistas en Acción ha afirmado que, según los plazos, los responsables de Almaraz esperan tener el ATI disponible para 2018, antes de que expire el permiso de explotación, para facilitar así la consecución de la prórroga del mismo. En este sentido, la explotación de los dos reactores de Almaraz expira en junio de 2020 y se cumplen 40 años de su funcionamiento en 2021 y 2022, respectivamente, aunque las piscinas pueden funcionar hasta enero de 2022 y 2023, sin necesidad de construir un ATI.

A su juicio, éste es el «caballo de batalla» de la industria nuclear española, ya que el verdadero negocio de las centrales nucleares para el sector eléctrico radica en mantenerlas en funcionamiento el mayor tiempo posible. Según Ecologistas en Acción, Almaraz produce unos beneficios de 1 millón de euros diario, lo que explica el empeño en mantener la central abierta «contra viento y marea», incluso con «deficientes» condiciones de seguridad. A su juicio, el sector nuclear no desea la puesta en marcha de nuevas centrales, puesto que el elevado coste de su construcción las convierte en «ruinosas sin subvenciones públicas».

Para la asociación, esta instalación debería cerrarse cuando expire su permiso de explotación, ya que no tiene sentido realizar el esfuerzo y las inversiones para mantener el funcionamiento un año más, en el caso de la Unidad I, y de dos, en la Unidad II. «El proceso de autorización y construcción del ATI, necesario para vaciar las piscinas y desmantelar la central, podría empezar en junio de 2020», ha agregado. Asimismo, las actividades necesarias para cerrar la instalación, así como la elaboración del propio plan de desmantelamiento, se desarrollarán en un periodo de al menos dos años, por lo que sus responsables tendrán tiempo de poner en marcha el ATI.

La Junta de Extremadura también tendrá que devolver 2,3 millones a Gas Natural Fenosa por el impuesto ambiental de 2009

EFE.- La Sección II del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a la Junta de Extremadura a devolver a Gas Natural SDG S.A. casi 2,3 millones de euros del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente (IIMA) correspondiente a la autoliquidación del ejercicio 2009, debido a la inconstitucionalidad de la norma reguladora.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que presentó la Junta de Extremadura contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJEx) en el recurso contencioso administrativo relativo al impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, ejercicio 2009.

La sentencia impugnada estimó el recurso contencioso interpuesto por Gas Natural SDG, como sucesora de Unión Fenosa, contra una resolución extremeña que rechazaba la reclamación económica de la citada empresa, que exigía una rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente por importe de casi 2,3 millones de euros por producción de energía.

Dicha petición de devolución se sustenta en la inconstitucionalidad de la Ley extremeña 8/2005, de 27 de diciembre, de Reforma de Tributos propios de la comunidad autónoma extremeña.

En el fallo del TS se recoge que, «siendo inconstitucionales los preceptos legales que dieron cobertura a la autoliquidación discutida, su nulidad resulta indiscutible, procediendo, como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia, reintegrar a Iberdrola Generación la suma que ingresó en las arcas públicas de la Junta de Extremadura en concepto de impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente del ejercicio 2009, más sus intereses legales«

Iberdrola permanecerá en el Reino Unido aunque gane el Brexit mientras el Supremo obliga a devolverla 11,7 millones en Extremadura

EFE.- El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a la Junta de Extremadura a devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola, compañía eléctrica que ya ha avanzado que permanecerá en el Reino Unido sea cual sea el resultado del referéndum sobre el Brexit que se celebra este jueves, una decisión que todas las empresas españolas allí establecidas consideran que sería más provechosa económicamente si ganara la permanencia, aunque preparan planes para afrontar la eventual salida de la Unión Europea.

El Reino Unido es un país clave para Iberdrola, donde emplea a 6.700 profesionales, cuenta con 6.465 megavatios (MW) instalados, la mayoría renovables, y casi 5,5 millones de clientes en los servicios de electricidad y gas. Sus activos en el país están valorados en 30.000 millones de euros. Este mercado ronda el 25% del resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo, una cifra que Iberdrola espera consolidar con unas inversiones previstas de 8.400 millones de euros entre 2016 y 2020. Iberdrola ha señalado que, en su opinión, «la pertenencia al mercado común beneficia a Gran Bretaña«, al tiempo que ha avanzado que, «sea cual fuere el resultado del referéndum, Iberdrola seguirá siendo una de las grandes empresas de Gran Bretaña».

11,7 millones devueltos en Extremadura

Por otro lado, el Tribunal Supremo confirmó que la Junta de Extremadura debe devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente correspondiente al ejercicio 2009. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimó el recurso de casación que interpuso la Junta contra la sentencia que dictó en abril del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la cual confirma en sus propios términos.

El fallo del TSJEx estimó el recurso contencioso-administrativo promovido por Iberdrola contra la resolución adoptada por el Gobierno regional en abril de 2012, que consideraba que no había lugar a las reclamaciones acumuladas instadas por Iberdrola frente a la desestimación presunta, después expresa, de la solicitud de devolución de ingresos indebidos y rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, según han explicado las mismas fuentes. La Sala de instancia anuló dichos actos administrativos y condenó a la Junta de Extremadura a devolver a Iberdrola la indicada suma, más los correspondientes intereses de demora.

En este proceso se ha tenido en cuenta una decisión del Tribunal Constitucional emitida en 2015, que declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley extremeña 7/1997 de Medidas Fiscales sobre producción y transporte de energía que incidan sobre el Medio Ambiente. «Siendo inconstitucionales los preceptos legales que dieron cobertura a la autoliquidación discutida, su nulidad resulta indiscutible, procediendo, como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia, reintegrar a Iberdrola la suma que ingresó en las arcas públicas de la Junta en concepto de impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente del ejercicio 2009, más sus intereses legales», han explicado desde el Tribunal Supremo.

Monago critica a la compañía

El presidente regional del PP, José Antonio Monago, criticó que las compañías eléctricas «en lugar de recurrir tanto a los tribunales podían tener un guiño que otro con la comunidad autónoma». El dirigente popular añadió que aunque la respeta «no deja de ser curioso siendo Extremadura exportadora neta de energía al resto de España». En este sentido, lamentó que no se haya sido capaz de que el domicilio fiscal de estas empresas esté en Extremadura ni que haya un tratamiento diferencial en cuanto al precio de la energía en Extremadura.

Unas 1.500 personas de España y Portugal piden el cierre de Almaraz

EFE.- Unas 1.500 personas de España y Portugal reivindicaron el cierre de la central nuclear de Almaraz, en una jornada en la que participaron 40 organizaciones del Movimiento Ibérico Antinuclear y representantes del Bloco de Esquerdas, presente en el gobierno luso y eurodiputados de Podemos e Izquierda Unida. Bajo los gritos de «Chernóbil, Almaraz, Fukushima nunca más», proclamaron un manifiesto para pedir el cierre de la central nuclear de Almaraz en 2020 y que no se amplíe su vida.

El diputado de la Asamblea de la República de Portugal, Pedro Soares, que ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Descentralización y Desarrollo local en el parlamento de Portugal, señaló que «el gobierno de Portugal ha aprobado por unanimidad una moción para pedir al Gobierno español que cierre Almaraz lo antes posible». Para el diputado portugués, «en el caso de que ocurriese un accidente, afectaría también a Portugal y el Tajo sería su vehículo, por lo que es un problema de ambos países».

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, fue más allá e indicó que «es un problema europeo». También aseguró que «en Europa se está avanzando en política antinuclear y España no se puede quedar atrás». Así indicó que, a raíz de Fukushima, Alemania tiene previsto cerrar todas sus centrales nucleares en el 2022 y en Austria se prohibieron en la Constitución.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, ha destacado la importancia de que «dos países que muchas veces han estado de espaldas se unan para defender el río y las energías limpias». A este respecto indicó que «el futuro de los territorios vinculados a las nucleares pasa por cambiar el modelo de producción y apostar por las energías renovables; en Extremadura por suerte cuentan con mucho sol«.

Una de las coordinadoras del Movimiento Ibérico Antinuclear, Paca Blanco, resaltó que la central «ya ha superado su vida útil con más de 30 años y tras una primera ampliación hay que impedir una segunda». Por ello ha pedido que «el reactor 1 se cierre en 2020 y el reactor 2 en 2021 para dejar de correr riesgos innecesarios«. Blanco indicó que cuenta con un informe del físico nuclear Francisco Castejón que avala el cierre y ha incidido en que «el cierre no supondrá pérdida de riqueza para la zona».

La comarca del Campo Arañuelo, a pesar de contar con la central nuclear, «es una de las más pobres de la región y con más paro», destacó. «Las energías renovables son suficientes para mantener el suministro y sólo se está favoreciendo a las compañías eléctricas con el mantenimiento de Almaraz», según el Movimiento Ibérico Antinuclear. Entre las organizaciones que acudieron agrupadas en el Movimiento Ibérico Antinuclear han asistido entre otras PAN (Personas-Animales-Naturaleza), PEV (Partido Ecologista los Verdes), Anticapitalistas, ProTejo, Ecologistas en Acción, Adenex, Greenpeace y Equo, así como Podemos, IU, Pacma, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, CGT y CNT.

Extremadura, más cerca de contar con energía eólica con un parque de Gas Natural Fenosa

EFE.- Extremadura está más cerca de contar con energía eólica después de años de demora a consecuencia de las trabas políticas y sociales a estos proyectos por su supuesto impacto sobre el medioambiente y el turismo en la zona y por los distintos cambios de normativa. Parece posible después de que se haya conocido que la Junta de Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa y el estudio de impacto ambiental del parque Merengue, en Plasencia (Cáceres), y su infraestructura de evacuación.

Con un presupuesto cercano a los 38 millones de euros, la mercantil Gas Natural Fenosa Renovables pretende instalar en la Sierra del Merengue 15 aerogeneradores con una potencia total de 39,9 megavatios. El proyecto del parque recoge una línea de enlace entre los generadores y la subestación eléctrica elevadora de 4,8 kilómetros de tramo aéreo y otros 2,1 de tramo subterráneo. Además de éste, la Junta de Extremadura tiene encima de la mesa otros 18 expedientes de solicitud de proyectos de parques eólicos, cuya potencia conjunta rondaría los 547 megavatios. En diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Plasencia anunció que no pondría obstáculos al proyecto de instalación de parques eólicos en la Sierra del Merengue.

Hace 16 años, el entonces presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue el primero en oponerse a este tipo de energía. «Si alguien quiere modificar el paisaje, que dé trabajo a 1.500 jóvenes», planteó en mayo de 2000, año en el que, según desveló el propio Ibarra, muchas empresas eólicas habían pedido al Ejecutivo regional instalar 150 parques repartidos por toda la comunidad con 6.758 aerogeneradores. A su juicio, la energía eólica debía ser concebida «como alternativa a la otra». Además, como la industria eólica también «fabrica cosas», deberían implantar las otras factorías en Extremadura.

No fue hasta 2005 cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó un decreto por el que se regulaba el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través de parques eólicos. Dicho decreto recogía que las empresas tenían que comprometerse a crear 3 puestos de trabajo estable por megavatio de potencia instalada, así como a impulsar la creación de infraestructuras industriales en las áreas de influencia socioeconómica de estas instalaciones.

Se denegaron todos los proyectos

Un año después, un total de 17 empresas presentaron proyectos para crear cerca de 129 parques eólicos en la región con una petición de potencia de 3.641 megavatios, lo que demostraba, según el entonces consejero de Economía, Manuel Amigo, que «no estábamos equivocados» al exigir la creación de 3 empleos por cada megavatio instalado, una premisa que desde el primer día rechazó el PP. En 2007, el Consejo de Gobierno de la Junta denegó la autorización a todos los proyectos presentados para la instalación de parques eólicos en la región aunque anunció que abriría un nuevo proceso para adjudicar estas plantas energéticas ya que apostaba «decididamente por las energías renovables».

Según explicó Amigo, la totalidad de las iniciativas presentadas incumplían alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 192/2001 debido mayoritariamente a «problemas administrativos» que debían ser subsanados, aunque son «cosas fácilmente subsanables». De hecho, días después el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba la orden por la que se convocaba la presentación de solicitudes de autorización de instalación de parques eólicos. Ya con Fernández Vara en la Junta, la nueva convocatoria atrajo la presentación de 96 expedientes de parques. En agosto de 2008, el Consejo de Gobierno aprobó un total de 22 autorizaciones, con una potencia de 437,5 megavatios.

Sin embargo, en enero de 2010, el Gobierno central denegó la totalidad de los proyectos eólicos presentados ya que ninguno entraba en la preasignación que garantiza las primas para hacer rentables las inversiones. La denegación por parte del Gobierno socialista de la totalidad de proyectos de parques eólicos en la región fue para el PP una «tomadura de pelo» para los extremeños que atribuyó a la «docilidad» del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

La respuesta extremeña fue dada al aprobar en octubre de 2010 un nuevo decreto de regulación en la región, que permitía sustituir la condición de crear 3 empleos por megavatio generado por la posibilidad de otorgar a los ayuntamientos la cuantía mínima del 8% de su facturación anual con el fin de ajustarla al nuevo marco regulatorio. A esta convocatoria se presentaron 248 solicitudes de parques eólicos, de 43 promotores diferentes y con una potencia de 6.698 megavatios. Ya con el PP en la Junta, se anunció un retraso en la firma de autorización de las solicitudes para atender la idoneidad ambiental de los proyectos. Con la moratoria renovable del Gobierno central el número de solicitudes ha caído a 19.

De los 18 restantes, una decena ya cuentan con autorización administrativa, que fue dada antes de abril de 2015, y uno de éstos ya tiene aprobado el proyecto de ejecución, mientras que los otros 8 están en fase de tramitación. Fuentes de la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura indicaron que la iniciativa que ya cuenta con el proyecto de ejecución aprobado hace referencia al parque eólico Valle de Peraleda, con una potencia total de 50 megavatios, y que se ubicaría en los términos municipales de Peraleda del Zaucejo y Monterrubio de la Serena.

Municipios del entorno de la central nuclear de Almaraz respaldan la construcción de un ATI de residuos nucleares

EFE.- Más de 20 municipios del entorno de la central nuclear del Almaraz apoyan la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en esta instalación industrial, pues evitaría un cierre anticipado de la misma. La Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Campo Arañuelo insiste en que, sólo en impuestos locales, la contribución de la central nuclear en los municipios limítrofes es de 15 millones de euros anuales.

Asimismo, han remarcado la aportación de la central nuclear al desarrollo económico y social de toda la comarca. De hecho, los empleos directos generados superan los 800 y los indirectos se aproximan a los 3.000. A estas cifras de empleo se suman el millar de trabajadores que cada 18 meses son contratados para acometer las labores de recarga de combustible. Por ello, los municipios han instado a la Junta de Extremadura a reconsiderar su rechazo al ATI, que presentó alegaciones al proyecto al entender que no hay necesidad de almacenamiento.

«La central de Almaraz es fundamental, es uno de los motores de nuestro municipios», señaló el presidente de la citada Mancomunidad y alcalde de Valdehúncar, David González.  La Mancomunidad también se opone a una propuesta no de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados que impide alargar «la vida» de la central nuclear y resaltan que Almaraz lleva acumulada una inversión de 420 millones de euros en procesos de actualización tecnológica.

La Junta de Extremadura subvencionará el acceso a calderas de biomasa a las pymes

EFE.- El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, anunció la próxima apertura de una línea de subvenciones directas para facilitar que las pymes extremeñas puedan sustituir las calderas convencionales por otras de biomasa. El objetivo de esta nueva línea de ayudas, de la que también se podrán beneficiar las calderas de tipo doméstico, es «intentar generalizar» el uso de la biomasa para uso térmico por parte de las pequeñas y medianas empresas de la región.

«El plazo normal para este tipo de convocatorias es de entre 3 y 4 meses, pero vamos a intentar acortarlo al máximo con el fin de que pueda estar lista en julio o, en el peor de los casos, en septiembre», destacó Navarro, que concretó que el compromiso de la Junta para 2016 en el ámbito de la biomasa es trabajar en dos líneas: facilitar la oferta de biomasa de origen forestal y generalizar su uso tanto a nivel doméstico como industrial. «Las ventajas del uso de la biomasa son enormes, de ahí la importancia de que este sector rompa definitivamente y empiece a ser conocido por todos», subrayó Navarro.