Juan López de Uralde (San Sebastián, 1963) es coportavoz de EQUO y encabeza la candidatura de Podemos por la provincia de Álava. Fue director de la organización ecologista Greenpeace España entre 2001 y 2010, año en el que funda el partido EQUO, que decide confluir con Podemos de cara a las elecciones generales. Su propuesta es clara: una transición energética hacia las renovables, basada en la intervención del sector eléctrico, poniendo fin al mercado reimplantando un sistema de costes reconocidos.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

El balance es muy malo. El PP, más que lanzar una reforma sostenible del modelo energético, ha realizado una contrarreforma para salvaguardar los intereses del oligopolio energético. Lo hemos visto con las prospecciones de Repsol en Canarias, con el perdón de 3.400 millones de euros a las eléctricas, con el impulso al fracking en la reforma de la Ley de Hidrocarburos y, sobre todo, con el llamado impuesto al sol, que impide de facto el autoconsumo.

–Podría decirme algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Me cuesta que me venga a la mente algo bueno…

-En general, ¿en qué situación se encuentra el sector energético para los próximos cuatro años?

Pues se encuentra en una situación complicada si nuestro objetivo es lograr un cambio de modelo energético. Sólo hay que echar un vistazo a la última jugada del PP al respecto: el PP tiene un tercer consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, asegurándose la mayoría en el pleno de este organismo regulador y rompiendo así la paridad que existía entre PP y PSOE. Este golpe de estado en el CSN hace que el PP se asegure tomar las decisiones en materia de energía nuclear; los populares se han asegurado la mayoría en el consejo sin necesidad de estar gobernando.

De cara a los próximos cuatro años necesitamos poner en marcha una auténtica revolución en el sector energético para que gire decididamente hacia el ámbito de las energías renovables, para establecer un sistema sostenible y descentralizado que sea bueno tanto para el planeta como para los ciudadanos.

-En referencia a la diferencia de precios de la energía en España con respecto a Europa y sus causas, ¿qué opina su partido sobre su efecto en la competitividad? ¿qué piensan al respecto y qué propondrían para solucionarlo?

España es uno de los países de Europa donde la electricidad es más cara y esta circunstancia tiene un efecto desastroso en la competitividad de nuestras empresas. Para solucionarlo, es necesario actuar en múltiples frentes: por un lado, fomentando la implantación de medidas de eficiencia y ahorro energético, y por otro, impulsando una reforma profunda del sector eléctrico en general, y del mercado eléctrico en particular. En este sentido, es preciso asignar una retribución justa a cada tecnología en función de sus costes de generación, eliminando los beneficios caídos del cielo que perciben las centrales ya amortizadas e incluyendo en dicha retribución los impactos negativos de ciertas tecnologías en el aspecto social y ambiental.

SECTOR ELÉCTRICO

-¿Cómo dibuja su partido el mix energético de generación? ¿ A qué plazo? ¿Cómo sería la transición al mismo?

Consideramos imprescindible un cambio en política energética que facilite un nuevo modelo energético. Proponemos la aprobación de una ley de cambio climático, la lucha contra la pobreza energética y medidas que permitan una transición hacia un 100% de energías renovables en 2050, fijando a medio plazo una reducción del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, con respecto a 1990. También se recogen medidas para poner la energía, por supuesto renovable, en manos de la ciudadanía, y el abandono de las energías contaminantes.

-Su partido apuesta por el cierre de las centrales nucleares, ¿cómo piensan suplir esa producción de electricidad que supone ese 20/25% que generan anualmente?

Desde EQUO apostamos por transitar hacia un nuevo modelo energético, basado en el ahorro, la eficiencia, las energías renovables y la generación distribuida, dejando atrás la dependencia de combustibles fósiles, la energía nuclear y prácticas como la fractura hidráulica (fracking). Nuestra visión es la de un Mercado Eléctrico Europeo. Para ello defendemos  el fin de las ayudas a combustibles fósiles y energía nuclear, así como a todos los equipamientos y usos ineficientes de la energía. Cierre progresivo de centrales nucleares para antes de 2020 como objetivo y, en cualquier caso, no más allá de los 40 años de vida útil de las centrales nucleares.

Dado el exceso de potencia instalada, no sería necesario implementar medidas inmediatas para suplir ese 20% de producción nuclear. Este porcentaje se cubriría con la instalación de nueva potencia renovable y, hasta que ésta estuviera operativa, mediante las centrales de ciclo combinado que actualmente están funcionando al 10% de su capacidad.

-¿Qué les parece el nuevo sistema de facturación horaria aprobado en esta legislatura?

Tal y como está planteada, es una medida que no beneficia al consumidor sino que nuevamente las beneficiadas son las eléctricas. Para poder aprovecharse de la facturación horaria, es necesario disponer de un contador inteligente y estar acogido a la tarifa regulada o PVPC, lo que actualmente sólo cumplen unos 5 millones de usuarios. Y el ahorro que podrían conseguir con esta facturación se estima en apenas un euro al mes, según los expertos.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit? ¿Considera que las decisiones sobre el suministro eléctrico están politizadas? En caso de que sí, ¿qué harán para evitar este problema?

Nos encontramos con varios problemas: por un lado, el déficit de tarifa o deuda de los consumidores con las eléctricas, es decir, la diferencia entre los costes reconocidos del sistema y los ingresos vía tarifa eléctrica. Se hace imprescindible una auditoría para determinar cuáles de esos costes reconocidos están justificados y cuáles son ficticios. Entonces dispondremos de la verdadera cifra de superávit, que entendemos, debe destinarse a reducir la parte fija del recibo de la luz. No puede ser que España tenga uno de los recibos más caros de toda la Unión Europea.

Por otro lado, tenemos el problema de las puertas giratorias. Por supuesto que las decisiones sobre el suministro eléctrico en este país están politizadas. No hay más que ver la cantidad de expolíticos y altos cargos que se sientan en los consejos de administración de las compañías energéticas o disfrutan de puestos con altas retribuciones en las mismas. Esto sólo puede evitarse adoptando medidas que restrinjan la contratación de exaltos cargos por parte de compañías del sector afectado por sus decisiones mientras desempeñaban su responsabilidad pública.

-Desde la Unión Europea, el comisario Arias Cañete plantea la conveniencia de avanzar hacia un futuro próximo sin tarifa regulada en el sector eléctrico. ¿Comparte estos planteamientos? ¿Aboga por mayor intervención, mayor liberalización o una continuidad en el sector?

Un sector estratégico para cualquier país, como es el energético, no debe estar totalmente liberalizado, eso es evidente. Además, nos encontramos con que la energía y, concretamente, la electricidad, no son bienes de consumo corrientes, sino que son derechos básicos que no pueden dejarse al albur de los intereses privados de unas pocas empresas. Por tanto, en EQUO abogamos por mantener la intervención del sector público en la regulación de la tarifa eléctrica.

GOBERNANZA

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia? ¿Qué cambios propugnan para el regulador independiente? ¿Cómo abordarían el requerimiento de la Unión Europea de que las tarifas se fijen en este organismo?

La valoración es negativa. Con la creación de la CNMC desaparecen, no sólo la antigua CNE y la CNC, sino también otros organismos reguladores independientes (telecomunicaciones, sector audiovisual, ferroviario, aeroportuario, etc.). El nuevo superregulador ya no es independiente, puesto que sus miembros son nombrados por Real Decreto del Gobierno. En definitiva, tal y como está planteada, la CNMC no se ha creado para fomentar la competencia y la transparencia, sino todo lo contrario, para blindar al oligopolio.

Es evidente que habría que modificar todo esto y adoptar medidas para que este organismo realmente sirva para favorecer la libre competencia, la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores. Sólo en ese caso tendría sentido que las tarifas eléctricas sean fijadas por el organismo regulador.

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades ? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

El transporte es una actividad sobrerretribuida, al menos en el caso de la electricidad. No hay más que ver el espectacular incremento de los beneficios de REE año tras año, mientras la inversión en nuevas infraestructuras de transporte no justifica el aumento de la partida destinada a este concepto en la parte regulada del recibo. En este sentido, sí parece conveniente una separación entre las funciones de operador del mercado y el transporte.

-¿Cómo valoran el funcionamiento del mercado de generación español, con unos precios semejantes en esta actividad que los europeos? ¿Cómo valoran la actividad de comercialización en el margen que permite la tarifa regulada? ¿Son partidarios de cumplir con las normativas europeas y profundizar en la liberalización?

Como hemos dicho, somos partidarios de reformar en profundidad el mercado eléctrico, para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes reales de producción y desaparezcan los beneficios extraordinarios percibidos por centrales nucleares e hidroeléctricas. Por tanto, no somos partidarios de una mayor liberalización del sector.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-Tanto la electricidad como los carburantes soportan una carga fiscal importante en España debido a la inelasticidad de su demanda y consumo. ¿Qué piensan hacer con la carga impositiva que hay sobre la energía?

Tras los resultados de la Cumbre de París y la necesidad de luchar contra el cambio climático es necesario mantener la carga impositiva a los combustibles fósiles y favorecer fiscalmente a las energías limpias.

-¿Están dispuestos a sacar del recibo de la luz algunos de los conceptos derivados de cuestiones de política económica, territorial o medioambiental que se cargan en el recibo de todos los consumidores?

Mientras no se realice la auditoría de costes del sector que proponemos, es difícil aclarar esta cuestión.

-La Agencia Internacional de la Energía (AIE) consideró en su última visita a España que, en aras de cumplir los objetivos medioambientales, habría que elevar los impuestos a los carburantes que son, por otro lado, de los más reducidos de la Unión Europea, para financiar así el apoyo a las renovables. ¿Qué piensan al respecto?

Estamos de acuerdo. En nuestro programa llevamos la implantación de medidas para una fiscalidad verde: impuesto a los hidrocarburos, igualación de los tipos del gasóleo con la gasolina, aumento de la tarifa del fuelóleo y eliminación de la exención del queroseno en los vuelos domésticos.

RENOVABLES

-¿Qué volumen de nueva potencia renovable estiman para la próxima legislatura?

Si queremos cumplir nuestro objetivo de cerrar las centrales nucleares en 2020 y sustituirlas por instalaciones renovables, sería necesario instalar al menos unos 7.500 MW durante la legislatura.

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Qué piensan de su asignación de nueva potencia mediante subasta? ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

En el actual contexto en que las energías renovables ya son competitivas frente a las convencionales, no tiene sentido establecer ningún tipo de limitación para su implantación. Eso sí, la retribución de las nuevas instalaciones debe ser en todo momento acorde con la evolución de los costes de cada tecnología.

-El modelo retributivo diseñado por el gobierno para las renovables y la distribución denominado de rentabilidad razonable está cuestionado judicialmente y desde el punto de vista de la seguridad jurídica ¿Qué hará su Gobierno ante unas resoluciones contrarias a España en los arbitrajes internacionales? ¿Les daría el mismo trato a los nacionales que a estos inversores extranjeros si el arbitraje falla en su favor?

Desde EQUO somos partidarios de restablecer la retribución a las instalaciones en funcionamiento, que ha sido recortada retroactivamente por el gobierno del PSOE primero y el del PP después. De este modo se restablecería la seguridad jurídica del sector y se neutralizarían los procedimientos de arbitraje internacional actualmente en marcha, eliminando a la vez la discriminación hacia los inversores nacionales.

-¿Cuál es su postura ante el autoconsumo energético? Si se deroga el decreto de autoconsumo, ¿está a favor de que no paguen por el acceso a la red y la utilización de sus servicios los pequeños productores?

El programa electoral incluye la derogación inmediata del actual RD 900/2015 y la aprobación de una normativa reguladora del autoconsumo con balance neto (los usuarios pueden compensar la energía consumida menos la energía vertida a la red, saldando en un balance los periodos de producción y consumo en la factura) y de la generación eléctrica distribuida.

OTRAS PREGUNTAS

-¿Qué papel debe jugar el próximo Gobierno en lo que respecta a las interconexiones?

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor dependencia energética, importamos un 80% de la energía que consumimos y la práctica totalidad de petróleo y gas. Más que fomentar las interconexiones, lo que debe hacer el próximo gobierno es impulsar medidas para lograr una mayor independencia energética respecto al exterior, fomentando la eficiencia, el ahorro y el desarrollo de energías renovables y autóctonas.

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito? ¿Cómo se pueden combinar, la evolución de la demanda con los objetivos medioambientales y económicos con la situación de la deficitaria minería del carbón nacional?

Proponemos fomentar medidas, a nivel europeo y multilateral, destinadas a favorecer la adaptación de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático basándose en el concepto de resiliencia (capacidad de los sistemas para reponerse frente a una crisis). Como paso preliminar, se habilitará un fondo regional administrado por la Unión Europea basado en el principio “el que contamina paga”, financiado por una tasa europea a los emisores de carbón, tanto a nivel industrias como consumidores

-Guste o no la energía nuclear, las piscinas de los reactores nucleares estarán al límite en un corto plazo de tiempo. ¿Apuestan por el ATC? Si tienen objeciones por esta instalación, ¿se deben a la decisión de ubicarlo en Villar de Cañas o su apuesta es por almacenes individualizados?

Según datos de la propia ENRESA (6º Plan de Residuos Radiactivos), las centrales nucleares españolas tienen espacio en sus piscinas de residuos para albergar los residuos radiactivos hasta al menos el año 2021. Por tanto no habría ningún problema inmediato de falta de espacio. Además algunas centrales, en concreto Ascó y Trillo han construido almacenes ATIs (Almacén Temporal Individualizado) en el propio recinto de las centrales nucleares.

El problema se plantea cuando lo que se pretende (y esto es lo que pretenden el Gobierno del PP y las empresas eléctricas) es alargar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años. Ahí sí que el ATC adquiere una importancia vital para que ese plan pueda desarrollarse, porque es para ese alargamiento de la vida de las centrales para lo que haría falta más espacio para los residuos radiactivos de alta actividad. El ejemplo más cercano es el de la central nuclear de Garoña, que ya no tiene espacio para albergar más residuos (ha cumplido su vida útil) y no puede ponerse en marcha sin un basurero nuclear al que llevar los nuevos residuos que produjera.

-¿Llevarán a cabo alguna medida en el mercado de comercialización de los carburantes?

Creemos que debería estudiarse la introducción de un céntimo finalista destinado a financiar el plan de transición energética que proponemos. Pero no recogemos ninguna medida concreta.

-¿Cuál es su posición respecto del fracking? ¿Es necesario el fracking en la presente coyuntura  de oferta y demanda, nacional e internacional?

Como hemos comentado antes, desde Podemos-EQUO consideramos la prohibición del uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking), y de las prospecciones en el litoral como una de las medidas en materia de política energética a cambiar.

-Qué valoración hace de cómo se ha resuelto la hibernación del almacén gasista Castor? ¿Era necesaria esta infraestructura?

La terrible cláusula del contrato con Escal UGS por la cual se compromete a pagarle 1.300 millones en caso de paralización, aunque sea legal, es indecente. Es importante que se sepa que el Castor es uno de los primeros Project Bond europeo, y ha sido un completo fracaso y nos debe llevar a replantearnos lo antes posible la pertinencia y los controles que hay sobre este tipo de proyectos.

No podemos seguir financiando con dinero público megainfraestructuras para la industria de los hidrocarburos cuando la política energética que necesitamos va en dirección opuesta. Desde Los Verdes Europeos, exigimos que este dinero se invierta en ahorro, eficiencia energética y energías renovables, y en hacer la tan necesaria transición energética con criterios de participación ciudadana y transparencia.