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Reciben la carta de despido 119 de los 143 trabajadores de Elcogas

EFE.- 119 trabajadores de los 143 que integran la plantilla de la central termoeléctrica Elcogas de Puertollano (Ciudad Real) han recibido la carta de despido. Así lo indicó el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, para el que fue «una jornada muy larga, muy dura y muy triste». Los trabajadores abandonarán el próximo martes 15 la central, en la que llevan varias semanas encerrados, una vez sea ejecutado el despido, según el ERE de extinción que ha presentado la empresa.

Hasta entonces, continuarán presionando y reivindicando la recolocación en las empresas eléctricas propietarias de la central, Endesa, EDF y EDP, a las que demandarán «que actúen de la misma manera que lo ha hecho Iberdrola, recolocando al 16% de los afectados por el ERE», indicó Alcaide. A partir del día 15, permanecerán en la central 22 trabajadores hasta el último trimestre de este año. Se encargarán de la retirada de residuos químicos y lubricantes de los equipos para dejar la planta en condiciones de desmantelamiento.

Después, media docena de operarios se encargará durante un año del desmantelamiento de la central y la retirada de los equipos. Sin embargo, Alcaide confía en que antes de que comience el desmantelamiento de la central, en próximos meses, haya un nuevo gobierno en España «que apueste por esta tecnología limpia» y en que el proceso sea reversible y se recupere la actividad de Elcogas con el plan de viabilidad que presentó la empresa y rechazó el Ministerio de Industria.

Alcaide criticó al ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, que «lo único que le interesaba era retrasar 3 meses el cierre de la central para que no le afectara en las elecciones, para al final desentenderse de esta empresa«, aseguró el presidente del comité de empresa. A su juicio, el Ministerio «sólo tenía que haber dado soluciones con una regulación adecuada, para que Elcogas pudiera hacer las inversiones necesarias para trabajar con biomasa, coque de petróleo y carbón de baja calidad, para producir electricidad de una manera limpia».

Soria augura que cerrar el parque nuclear y una energía 100% renovable encarecería un 40% el precio de la luz

Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que las propuestas en materia energética de la izquierda de cerrar el parque de centrales nucleares cuando cumplan 40 años y fijar un objetivo del 100% de energías renovables en la generación supondría un incremento «superior al 40%» de la factura de la luz. A su juicio, estas propuestas del PSOE y Podemos representan una «involución» y sólo llevarán al «incremento de precios y déficits en los distintos sistemas».

El ministro de Industria subrayó que cerrar el parque de centrales nucleares representaría prescindir de aproximadamente el 21% de la generación, lo que llevaría «a incrementos importantes de precios». Asimismo, señaló que optar por 100% de renovables en la generación «es lo más contrario a un objetivo de disminución de precios», ya que para ellosería necesario contar con un backup que garantice la sostenibilidad del sistema, por el «cual hay que pagar y que va también repercutido a las facturas». Soria criticó también que se apuesta a la vez por descarbonizar la economía y usar más carbón nacional, algo «incompatible entre sí», y que se propone eliminar el impuesto al sol sin decir «cómo».

Así, el titular de Industria subrayó que la apuesta energética del Gobierno de Rajoy es la del «equilibrio, basado en la sostenibilidad económica, financiera y medioambiental» del sistema. Soria reconoció que han quedado «retos» en la legislatura por abordar en materia energética, como introducir una mayor competencia en los mercados mayoristas, tanto del mercado eléctrico como de combustibles. Sin embargo, afirmó que espera que «por el bien de España no haya un volantazo» en el signo de la política económica que revierta la situación del país. «Hacer un acuerdo de Gobierno es actuar por el bien de España, hacer un acuerdo para derogar todo lo hecho es una frivolidad«, recalcó.

Por su parte, el presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, destacó que el actual entorno de precios bajos del petróleo llevó al sector a recortar a la mitad sus inversiones, «desde los 800 billones americanos a sólo 400 billones», y ha producido más de 300.000 despidos en el sector. Además, Miró señaló que la COP21 de París marcará «un antes y un después» en la lucha contra el cambio climático y en la consideración de los combustibles fósiles, aunque subrayó que «la volatilidad y la incertidumbre» son factores que influyen en el petróleo y el gas.

Mientras, Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KMPG, valoró que el sector está viviendo un momento de «gran incertidumbre», con un derrumbe en los precios del crudo que no se veía en los últimos 30 años. Para Martín, existe una gran incertidumbre sobre cuándo se va a producir ese reequilibrio dentro del mercado, a pesar de que existen señales que indican que la oferta está reaccionando.

Soria asegura que la única solución que planteó Elcogas fue cargar su déficit de explotación a la factura de luz

Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, insistió en que la dirección de Elcogas «no planteó ningún tipo de viabilidad» para la compañía y que la única solución que presentó fue cargar a la factura eléctrica su déficit de explotación, «lo que no se podía admitir». En este sentido, el ministro de Industria subrayó que el Gobierno «desde un principio intentó buscar una solución» para la planta termoeléctrica de Puertollano.

No obstante, señaló que la compañía «simplemente quería que todos los consumidores de la factura eléctrica pudiéramos pagar el déficit de explotación que tenía». «No lo podíamos admitir porque habría supuesto aumentar los costes del sistema, volver a una situación de déficit eléctrico y cargarlo y pagarlo en la factura de todos los consumidores españoles«, dijo. Los trabajadores de Elcogas se manifestaron este martes ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para protestar por las actuaciones y decisiones de sus actuales responsables que han derivado en el cierre de la central térmica de Puertollano y la ejecución de un ERE para toda su plantilla.

Aragón quiere que el Gobierno declare las cuencas mineras como zona estratégica mientras Castilla y León confía en los compromisos

EFE.- Mientras la Junta de Castilla y León mantiene su plena confianza en los compromisos del Gobierno central respecto al mantenimiento y reactivación de la minería del carbón, el presidente de Aragón, Javier Lambán, se comprometió a solicitar una entrevista con el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, para pedir para las cuencas mineras de Teruel la declaración de zona estratégica.

Además, Lambán anunció que el Gobierno de Aragón declarará de interés autonómico cualquier inversión en la central térmica de Andorra o las que se produzcan en la zona, lo implica facilitar los plazos de tramitación. También que visitará en los próximos 15 días las minas y la central, donde querría ser recibido por los máximos representantes de Endesa, es decir, de la matriz Enel, «para por fin descubrir todos las cartas con las que jugamos» y ver si es posible dar mayor velocidad a las tramitaciones para que la necesaria inversión en la central, que depende de la regulación del sector, se produzca cuanto antes.

Así lo indicó el presidente socialista tras reunirse, junto con los consejeros de Economía y Presidencia, Marta Gastón y Vicente Guillén, con miembros de la Mesa en defensa del sector minero-eléctrico de Andorra y comarca, compuesta por representantes sociales, económicos e institucionales, a los que ha transmitido el «compromiso rotundo» del Gobierno con las cuencas mineras. Según Lambán, han coincidido tanto en el diagnóstico de la situación de las cuencas mineras como en las soluciones a adoptar, que pasan por dos líneas de actuación simultáneas: la defensa del carbón y la puesta en marcha de un plan de reindustrialización y diversificación de la economía local.

Además, han compartido la necesidad de insistir ante el Ministerio de Industria y la Unión Europea en definir la futura regulación del sector, que es fundamental incidir en las necesarias inversiones de modernización de la térmica de Andorra. Puntualizó, al respecto, que va a pedir una entrevista con José Manuel Soria, que espera que se produzca a la mayor brevedad posible, porque «la gravedad del problema no permite ninguna clase de demora». Ha explicado que pedirá para las cuencas mineras la declaración de zona estratégica al entender que reúnen más condiciones para serlo que las de Asturias y de Castilla y León de cara a posibles necesidades de suministro de carbón en un momento determinado.

Asimismo, han subrayado la necesidad de impulsar un plan de reindustrialización en la zona, y para ello, ha dicho Lambán, se intensificará el trabajo para intentar combinar las posibilidades de financiación a partir del plan nacional dirigido a las zonas carboníferas con acciones propiamente autonómicas y que pasarían por actualizar los estudios existentes para definir los sectores en los que pueden ser más competitivas para priorizar inversiones en la zona.

Por su parte, el representante sindical de la mesa de la minería, Antonio Planas, incidió en la grave situación que atraviesa el sector minero-eléctrico y ha exigido a Endesa que invierta en la central para adaptarse a la normativa ambiental europea y emita «humo limpio», porque de lo contrario desaparecerán la central y las minas y por tanto, las comarcas afectadas. Planas, que espera que también visiten la planta de Andorra representantes de la italiana Enel, para hacerles ver la grave situación que atraviesan en la zona, calcula que Endesa tendría que decir si invierte o no en la central a finales de mayo y espera que para entonces esté la orden ministerial de ayudas.

«Que un ministerio esté en funciones no significa que deje de trabajar. Lo que le pedimos es que trabaje», subrayó Planas, quien ha incidido que es un problema nacional y en que la mesa en defensa del sector minero-eléctrico de Andorra y comarca no descarta movilizaciones. Según el Gobierno de Aragón, el complejo minero-eléctrico de las comarcas turolenses da trabajo a más de 1.000 personas directamente y más de 4.000 indirectamente, representando aproximadamente el 40% del PIB de la provincia.

Castilla y León aún confía

Por su parte, la Junta de Castilla y León mantiene su plena confianza en los compromisos del Gobierno central respecto al mantenimiento y reactivación de la minería del carbón. «Los compromisos del Gobierno siguen a pesar de estar en funciones y nosotros trabajamos con ello», afirmó la vicepresidenta y portavoz de Castilla y León, Rosa Valdeón. Para esta comunidad autónoma, ha añadido Valdeón, «sigue vigente todo lo acordado en el Plan del Carbón» para que el mineral autóctono «sea viable y sea considerado como de calidad, a través de mecanismos que favorezcan su utilidad». En la Junta de Castilla y León «seguimos esperando a que el Ministerio de Industria y Energía cumpla lo que dijo en su momento«, ha concluido.

En Comù Podem exige que Soria dé explicaciones al Congreso sobre la indemnización extra de 295 millones reconocida a Castor

Europa Press / EFE.- El portavoz de En Comú Podem en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha exigido la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, para que dé explicaciones sobre la indemnización extra y secreta  de 295 millones de euros que se habría reconocido a los promotores y expropietarios del almacén subterráneo de gas Castor, cantidad que será pagada a través de la factura del gas.

El Confidencial informa de que las cuentas de 2015 del socio canadiense de ACS en Escal, el grupo Dundee Energy, revelan que en noviembre del año pasado, apenas un mes antes de las elecciones, Industria emitió una resolución aprobando una retribución adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de 42,3 millones por gastos de operación y mantenimiento a favor de los operadores de Castor. Una cantidad que se sumaría a los 1.350 millones de euros en concepto de indemnización que el Gobierno ya reconoció a Escal cuando se decidió el cierre del almacén en 2014, con lo que la factura total a la que deberán hacer frente los contribuyentes se elevaría a 1.645 millones de euros, más intereses.

El Ministerio de Industria concedió esta indemnización después de que la empresa promotora Escal UGS decidiera renunciar al proyecto Castor, almacén que llevaba meses suspendido de actividad tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona, por lo que pasó a manos del gestor del sistema gasista Enagás. El diputado de Podemos denuncia también el mecanismo por el cual la empresa Escal, participada mayoritariamente por ACS, firmó un contrato que «le permite tener beneficios seguros si todo sale bien, pero obliga a pagar con dinero público en caso de pérdidas».

Ante estas informaciones, el diputado catalán quiere que Soria comparezca en sede parlamentaria para informar sobre esta decisión, relativa a un proyecto que «nunca se tendría que haber hecho». En Comú Podem recordó que, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el proyecto costará 4.731 millones de euros sumando los intereses. «No puede ser que los consumidores tengamos que volver a pagar esta indemnización a través de la tarifa del gas durante los próximos 30 años por la sumisión de este Gobierno a los intereses de las grandes empresas», reprochó Vendrell.

Soria asegura que suprimir la energía nuclear subiría la luz un 14% mientras el sector se augura un futuro “complicado”

Europa Press / Servimedia.- El acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Ciudadanos que incluye establecer el cierre de las centrales nucleares al cumplir 40 años “de vida útil” supondría el fin de la energía atómica en España en 2028 y un futuro «complicado» para el sector, según la Sociedad Nuclear Española (SNE), mientras que el ministro de Industria, José Manuel Soria, señalaba que esta decisión  «encarecería la facturación de la electricidad en un porcentaje por encima del 14%».

El ministro ha manifestado que no le gusta el acuerdo adoptado porque cuando ha visto «en detalle» lo que atañe a energía ha observado que «quieren suprimir todas las centrales nucleares» cuando lleguen a 40 años sin «ninguna posibilidad de prórroga». Soria defendió la energía atómica en España porque representa el 21% de la generación eléctrica y porque es «limpia». También indicó que prefiere el sistema actual en el que, cuando una planta llega a los 40 años, el organismo regulador (el Consejo de Seguridad Nuclear) determina si con determinadas inversiones podría seguir adelante «5, 10 o 15 años más».

Futuro «complicado» para el sector

Por su parte, Sociedad Nuclear Española reivindicó que si el pacto entre PSOE y Ciudadanos llegara a ejecutarse, se podría perder una industria que aporta el 0,27% del PIB español (2.781 millones de euros) y que genera más de 27.500 empleos, según sus estimaciones. En este sentido, el presidente de la SNE, José Ramón Torralbo, apostó por la operación a largo plazo de las centrales nucleares y señaló que a nivel mundial la «tendencia» es continuar con la energía nuclear. De este modo, reclamó un marco «estable» para el sector.

La Sociedad Nuclear Española también advirtió de que el cierre paulatino de las centrales nucleares en España obligaría al sector a paralizar o desviar sus inversiones a otros países. Eso sí, Torralbo subrayó que de momento no se han planteado ese escenario sobre la mesa, ya que «aún hay un margen de tiempo, las legislaturas duran lo que duran y las políticas energéticas han sido cambiantes a lo largo de los años«. La SNE, que reúne a mil profesionales cuya misión es la difusión de la tecnología nuclear, propugna un modelo energético consensuado, con un mix equilibrado en el que esté presente la producción nuclear.

«Fundamentalmente hay que tener el cuenta que el sector está exportando el 70% de los servicios y actividades y que, sobre todo, ha crecido al amparo de su desarrollo en la plantas nucleares», cuya tecnología está exportando. «A nadie se le escapa que, si las nucleares no existen, la tarjeta de presentación en otros países será complicada y, por tanto, esa tecnología y las centrales tendrán un futuro muy complicado».

«Los próximos años serán momentos de tomar decisiones de inversiones importantes para las centrales del país» y de acordar si acaban su vida útil a los 40 o 60 años, tesis defendida por la Sociedad Nuclear Española. Al respecto recordó que casi todo el parque nuclear de Estados Unidos ha apostado por la operación a largo plazo ya que a 81 de sus 99 plantas atómicas se les ha concedido un permiso de 60 años.

A juicio de Torralbo, cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento es un error puesto que la «esperanza de vida» de las plantas es muy larga y supera con creces ese plazo. «La edad no es importante sino la actualización tecnológica para que sean plantas seguras, fiables y competitivas», argumentó. Con esa decisión, la vida media restante del parque nuclear español sería de 8 años: la primera de las centrales tendría que cerrar en 2021 y la última en 2028. Por el contrario, operar las centrales españolas hasta los 60 años de edad generaría 1,2 millones de kilowatios hora, reduciría la dependencia energética y evitaría la emisión a la atmósfera de 800 millones de toneladas de CO2.

Torralbo ha destacado que la energía nuclear supuso la primera fuente de electricidad en España en 2015, con un 20,3% de la producción y un 7,3% de la potencia instalada. En este contexto, ha asegurado que en 2015 el parque nuclear español tuvo «un funcionamiento bueno» y que así sigue siendo en 2016. El año pasado, según ha añadido, las plantas funcionaron 8.760 horas, lo que significa un 88,26% de factor de carga y un 90,26% de todo el año.

También ha apuntado que la demanda de la electricidad, según UNESA, creció en España un 1,8%, «por primera vez en cinco años» y que las centrales nucleares supusieron el 36,3% de la energía libre de CO2, que supone el 60% del total. «Todas las energías deben ser consideradas. La energía nuclear debe formar parte de un modelo energético equilibrado», concluyó.

Soria ve la caída del precio del petróleo como una «noticia extraordinaria» para España aunque afecte a empresas como Repsol

Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, asegura que la caída del precio del petróleo es una «noticia extraordinaria» para la economía, aunque tenga un impacto negativo en los resultados de empresas como Repsol. En este sentido, Soria explicó que la caída del precio del petróleo es «muy buena noticia» para un país importador como España, pues le supone la «inyección directa» en la economía de 15.000 millones de euros.

Sin embargo, apuntó, esto a su vez supone «mucho menos ingresos» para los países productores, que algunos son clientes de España y de sus empresas, para las que «no es una buena noticia». Repsol, dijo el ministro, como «le ha pasado a todas las petroleras del mundo a distinta escala», se encuentra en un proceso de ajuste por la evolución de los precios del petróleo.

Defiende su legislación en carburantes

Soria también defendió su reforma de la Ley de Hidrocarburos, realizada por el Gobierno en la pasada legislatura, y se preguntó qué márgenes tendrían los operadores de carburantes si no se hubiesen adoptado estos cambios legislativos, al ser preguntado acerca del aumento de los márgenes de los operadores detectado por la CNMC durante 2015. El ministro indicó que, de las 370 nuevas estaciones de servicio abiertas tras la entrada en vigor de la nueva ley, el 90% es independiente. En ellas se puede repostar «por tres o cuatro céntimos menos» que en las convencionales, afirmó.

“Quitando poder al oligopolio” petrolífero

La reforma incluye medidas como la limitación del número de gasolineras a los operadores con un peso superior al 30% en una provincia, así como la reducción en los periodos de duración de los contratos suscritos entre los operadores y los empresarios. «Se les está quitando poder de oligopolio a los operadores», señaló, antes de indicar que aún es necesario acometer nuevas reformas en el mercado mayorista como las ya aplicadas en el minorista. De esta forma, «se irán alineando los márgenes con Europa», añadió.

El PNV reclama a Soria que tome medidas para reducir el coste de la energía a la industria siderúrgica

Europa Press.- El portavoz de Industria del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, se pregunta «qué ha hecho» el ministro en funciones del ramo, José Manuel Soria, ante el problema de dumping que sufre la industria siderúrgica europea ante la competencia del acero chino, y le exigió que tome medidas para reducir el coste de la energía y hacer más competitivo el sector.

El diputado vasco indicó que los «serios problemas de competitividad» de la siderurgia europea «se han visto incrementados» por las prácticas de dumping del acero chino. En estas circunstancias, los ministros de Industria de 7 estados miembros enviaron una carta a la Comisión para reclamar medidas específicas y una regulación que armonice los precios de la energía eléctrica. En la misma línea, el PNV registró en el Congreso una batería de preguntas parlamentarias para saber «qué ha hecho» el ministro Soria ante este problema, sobre todo en lo que afecta a ACB en Sestao, si «se suma a la preocupación» mostrada por otros países y «qué va a hacer» para reducir el precio de la energía para los grandes consumidores.

Red Eléctrica plantea mejoras ambientales y sociales para la central de bombeo Chira-Soria en Gran Canaria

Redacción / Agencias.- Red Eléctrica de España (REE), a la que el Ministerio de Industria encargó el proyecto adjudicado inicialmente a Endesa de la central hidráulica de bombeo Chira-Soria, en Gran Canaria, ha identificado aspectos que pueden ser mejorados para minimizar el impacto ambiental sobre el territorio y otras acciones que incrementarán su valor social. Así se lo transmitió el presidente de REE, José Folgado, al ministro en funciones, José Manuel Soria, con quien analizó un proyecto que supondrá una inversión de unos 300 millones de euros.

El Ministerio de Industria considera que la nueva central «es una herramienta del operador del sistema para la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables». El proyecto, gestado cuando Soria presidió el Cabildo de Gran Canarias (2003-2007), según recuerda el Ministerio, se encuentra en fase de tramitación y prevé la construcción de una central hidráulica de bombeo de 200 MW, así como su conexión con la subestación de Santa Águeda mediante una línea eléctrica de 220 kV. Se trata de una pieza clave en la implantación en los próximos años del nuevo modelo energético en las islas Canarias, basado en las energías renovables y las interconexiones entre islas, añadieron.

La transmisión a Red Eléctrica del proyecto, según lo establecido en la Ley 17/2013 y la Orden Ministerial IET/728/2014, supone la necesidad de adaptar el proyecto de una central inicialmente diseñada para generación a su nueva función de herramienta del operador del sistema para la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables. Esto implica revisar la solución técnica de una forma que, además, sea coherente con el proyecto que había elaborado Endesa.

Red Eléctrica indicó al ministro Soria que busca las soluciones técnicas y constructivas más innovadoras para maximizar la eficiencia del sistema eléctrico, lo que permitirá que este complejo proyecto se convierta en un referente tecnológico en materia de almacenamiento. En el estudio realizado, la compañía identificó numerosos aspectos que pueden ser mejorados para minimizar el impacto ambiental sobre el territorio. En fechas próximas los responsables de Red Eléctrica se reunirá con las autoridades autonómicas, insulares y locales para explicarles las modificaciones y mejoras que se plantean, con el objetivo de recabar las autorizaciones correspondientes, además de solicitar la declaración de interés estratégico de la instalación.

Asturias y Aragón piden explicaciones sobre el mecanismo de ayudas al carbón

EFE / Europa Press.- Los gobiernos de Asturias y Aragón pedirán una reunión al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para que explique el rechazo de la Comisión Europea a la orden ministerial de Industria para incentivar el consumo de carbón nacional para producir electricidad al considerarla ayuda de Estado. La posición de Bruselas la anunció la Junta de Castilla y León tras comunicársela el propio Ministerio, una decisión que no fue trasladada al resto de comunidades afectadas, según el consejero de Empleo e Industria del Principado de Asturias, Francisco Blanco.

Blanco declaró que al gobierno asturiano «no le vale la excusa de que lo rechaza la Unión Europea», dado que el Ejecutivo central había asumido el compromiso en el Plan del Carbón de desarrollar dicho decreto para garantizar el consumo de hulla autóctona en las centrales térmicas ya que la anterior normativa perdió su vigencia a comienzos de 2015. Según los sindicatos la falta de un mecanismo de ayuda a la quema de carbón autóctono podría suponer el «hundimiento» del sector y la progresiva desaparición de los 2.000 empleos de la minería privada que hay en España, de los que 1.000 están en el Principado.

CCOO exige explicaciones al Ministerio

Por su parte, el sindicato CCOO de Industria reclamó que se convoque con urgencia la comisión de seguimiento del plan del carbón y que el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de Estado, Alberto Nadal, «den la cara». El sindicato exigió la convocatoria de la comisión «cuanto antes» para determinar las consecuencias que tendrá en el sector la decisión de la Comisión Europea. Así, CCOO denuncia que el PP «no ha movido ni un sólo hilo» para impedir que esta orden saliese adelante y afirma que desde que llegó al Gobierno «no hace otra cosa que articular políticas contra el carbón nacional».

Rechazo a comprar acciones mineras

Por otro lado, la Junta de Castilla y León consideró «sorprendente» que los sindicatos pidan su incorporación al accionariado de las empresas mineras porque «no es la fórmula» para dar una solución a compañías que tienen «problemas de viabilidad muy serios«. A su juicio, la propuesta «fue sorprendente para la patronal y también para la Administración, tenemos que ser serios y rigurosos», advirtió Valdeón, convencida de que el Gobierno autonómico tiene que «apostar por las empresas que tengan una viabilidad».

Preguntada por si esto significaba que la Junta de Castilla y León no ve viabilidad en las empresas mineras que operan en las cuencas mineras de León y Palencia, Valdeón defendió la viabilidad del sector y el uso del carbón autóctono. En su opinión, la propuesta de los sindicatos «fue un retroceso» porque la entrada en el accionariado «no es la solución» que puede aportar la Junta de Castilla y León, que apuesta por «dinamizar y favorecer a las empresas que se quieran instalar en las cuencas mineras», lo que consideró «una forma racional de invertir» el «dinero de todos».