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El Supremo duda de la constitucionalidad de los cambios retributivos aplicados a las renovables

Redacción / Agencias.- El Tribunal Supremo ha planteado sus dudas sobre la constitucionalidad de los cambios normativos con los que el Ministerio de Industria dirigido por José Manuel Soria modificó el régimen retributivo a las energías renovables, la cogeneración y los residuos en el marco de la reforma eléctrica.

La sala tercera del Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que acuerda dar a las partes, los que recurrieron estas normativas y al Ministerio Fiscal, 10 días para que formulen alegaciones «sobre la procedencia de plantear ante el Tribunal Constitucional cuestión sobre la posible inconstitucionalidad» de algunos preceptos de las normativas aprobadas en el marco de la reforma eléctrica del Gobierno, que redujeron la retribución de las instalaciones renovables. El Tribunal Supremo señala que con los cambios recogidos en estas normativas se pudieron vulnerar los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima del artículo 9.3 de la Constitución, así como los límites de retroactividad de las normas.

En concreto, señala la posible inconstitucionalidad de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013 y de la disposición final tercera de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, con las que se fijaron un nuevo marco retributivo para las energías renovables y que podrían vulnerar los límites de retroactividad de las normas y esos principios de seguridad jurídica y confianza legitima. También cuestiona otras disposiciones que sirvieron para establecer la entrada en vigor de un nuevo régimen retributivo para estas fuentes sin fijar uno transitorio, lo que generó «un periodo de incertidumbre» en el que «las empresas quedan abocadas a desarrollar su actividad sin conocer el régimen jurídico y retributivo que posteriormente les será de aplicación en ese periodo intermedio«.

El Gobierno, a través de Industria, abordó una reforma energética destinada a atajar el déficit de tarifa, una deuda histórica acumulada en el sector eléctrico. Entre las medidas tomadas estuvo un cambio en el modo de retribuir a la energía eléctrica producida por fuentes renovables que conllevo un recorte, de unos 1.700 millones, a las ayudas que recibían estas tecnologías. Las renovables dejaron de funcionar con el sistema de primas para pasar a regirse por un sistema de incentivos a la inversión con una rentabilidad razonable para toda la vida útil de cada instalación. Para calcular esa retribución razonable se necesitaban unos parámetros de inversión que tardaron meses en publicarse.

Los productores renovables recurrieron estos cambios al considerarlos, por un lado retroactivos, y por otro, insuficientes para retribuir a estas fuentes. En la misma providencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo indica además que todo se hace sin perjuicio de lo que más adelante pueda acordarse sobre un posible planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a la espera de las alegaciones planteadas, los magistrados deciden suspender el plazo para dictar sentencia en 30 recursos de los alrededor de 400 presentados contra el nuevo marco retributivo de las renovables, la cogeneración y residuos.

El resultado electoral abre semanas de incertidumbre

El PP ganó las elecciones generales de 2015 pero no son pocos los que creen que el próximo año tocará volver a las urnas dada la dificultad para formar mayorías estables. En el apartado energético, el ministro José Manuel Soria, Guillermo Mariscal, Pablo Matos (todos del PP), Pilar Lucio (PSOE), Pedro Azpiazu (PNV) y Juan López de Uralde (Podemos/EQUO) obtuvieron sus correspondientes escaños.

El PP ha cimentado su mensaje electoral en el continuismo y en la estabilidad en el Gobierno, apoyándose en unos indicadores económicos que han mejorado los números pero que esconden múltiples lecturas detrás, tal y cómo ha demostrado una victoria menor que sacrifica 63 escaños, 16 puntos y 3,5 millones de votos. En lo que atañe al mundo energético, las miradas al PP se concentraban en Canarias al realizar el escrutinio para valorar quiénes podrían ser las voces de la energía en la nueva legislatura.

En la legislatura de las prospecciones petrolíferas, aumentó notablemente el voto, pasando de un 59% a un 65%, con un importante auge de Podemos, que irrumpió con fuerza en Canarias siendo la segunda fuerza en votos y la tercera en escaños. El descenso del PP en votos fue similar a la caída sufrida a nivel nacional. Aún así, tanto el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por la circunscripción de Gran Canaria, como por Tenerife el presidente de la comisión del área en el Congreso durante esta legislatura, Pablo Matos, se hicieron con la victoria. Asimismo, el portavoz del PP de Energía en esta comisión, Guillermo Mariscal, obtuvo su escaño sin problemas.

También ganó las elecciones en su circunscripción Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo y el principal valedor del nacimiento de esta formación política en 2011 después de abandonar su cargo de director ejecutivo de Greenpeace. Uralde concurrió a los comicios como cabeza de lista de Podemos en Álava y ganó las elecciones en esta provincia, con 48.265 votos, por delante del PP (33.609), EAJ-PNV (28.297) y PSE-EE (25.293).Complicada para esta formación poder optar al Gobierno aunque en energía comparten muchos puntos con el PSOE, tal y como se pudo comprobar en la entrevista en la que afirmaba que «reformaremos el mercado eléctrico para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes de producción”.

3.000 votos separaron a Pilar Lucio de alzarse con la victoria en la circunscripción de Cáceres, triunfo que sí logró el PSOE en Badajoz. En cualquier caso es buen dato para los socialistas el empate con el PP y haber frenado el auge de los partidos emergentes, que no alcanzan representación. El tiempo dirá si Lucio se ocupa de los temas energéticos de la formación en el Congreso, dada su vocación más centrada al Medio Ambiente, en otra comisión parlamentaria durante esta legislatura. Otro socialista que consigue escaño es el asturiano Antonio Trevín, habitual orador en la comisión cuando se trata la minería del carbón.

Finalmente, otro diputado que es ya un clásico en estas lides es Pedro Azpiazu (PNV), que acudió como número 2 por la circunscripción de Vizcaya, la única en la que ganaron los nacionalistas vascos. En el capítulo de ausencias, en la nueva legislatura no estarán, entre otros, algunos que no obtuvieron escaño como Josep Sánchez Llibre, número 2 de la escindida Unió, Ricardo Sixto (Izquierda Plural), y otros que no iban en listas como Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) o el portavoz socialista de Energía, José Segura, cuyas intervenciones en la comisión del Congreso se echarán sin duda de menos en la Carrera de San Jerónimo.

Soria ve «bueno» que el precio de la luz lo determine el mercado, ante las subidas en el ‘pool’

Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ve «bueno» que el precio de la electricidad lo determine el mercado mayorista, en el que se están produciendo subidas que mitigan el impacto de las rebajas aplicadas por el Gobierno en la parte regulada del recibo, correspondiente a los peajes.

Soria realizó esta consideración al ser preguntado acerca de si sentía frustración ante las subidas en el ‘pool’ y su efecto sobre un recibo que el Gobierno intenta abaratar mediante el recorte de los peajes.

Para el ministro, resulta positivo que el Gobierno «no esté interfiriendo al menos para que la luz vaya hacia arriba». «Si interviene», señaló, debe ser en todo caso «para que descienda».

El titular de Industria defendió que la luz bajó en 2013 por primera vez en nueve años y que en 2014 «descendió nuevamente». «Habrá que esperar al cierre del ejercicio «para saber cómo ha evolucionado la luz a lo largo de 2015», añadió.

Respecto a la posibilidad de sacar de la tarifa eléctrica partidas que distorsionan el recibo y meterlas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Soria indicó que esto ahora no es posible, ya que para España «el objetivo más importante de la política económica es reducir el déficit público».

«No se puede cargar con costes extras los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que bajar el déficit público es lo que más confianza ha generado en la economía española», añadió.

Por otro lado, el ministro explicó que el Gobierno prevé convocar nuevas subastas de renovables en 2016, dando así continuidad a la que se llevará a cabo el próximo 14 de enero de 500 megavatios (MW) eólicos y otros 200 MW de biomasa, y que pondrá fin a la moratoria a las tecnologías ‘verdes’ aplicada en 2012.

«No hay que descartar que en 2016 haya una nueva convocatoria», señaló el ministro de Industria, antes de destacar el «interés» que existe actualmente por parte de los inversores por las renovables, una vez que el sector cuenta con un marco «estable, fiable y que genera confianza», y aseguró que hay agentes que están pidiendo ya que para el próximo año «haya nuevas subastas».

Además, subrayó el potencial a futuro de estas energías debido al incremento de las interconexiones energéticas de España con el Viejo Continente, lo que permitirá al país acabar siendo un «exportadores netos de electricidad a Europa, fundamentalmente renovable».

Abengoa pide a la banca 450 millones para tener liquidez durante los próximos 4 meses y anuncia reducción de plantilla

Redacción / Agencias.- Tras anunciar que está realizando «ajustes continuados que implican la reducción de plantilla» y que no descarta «eventuales paradas de algún proyecto», Abengoa ha pedido a la banca una línea de liquidez de 450 millones de euros con la que afrontar los pagos corrientes de los próximos cuatro meses, los que durará el preconcurso de acreedores. Así lo hizo durante la reunión celebrada con el objetivo de marcar los próximos pasos en la negociación que pretende reestructurar la deuda contraída.

Concretamente, Abengoa considera que necesita unos 100 millones de euros de aquí a final de año y 350 millones adicionales para el primer trimestre de 2016, un periodo que coincide con el del preconcurso. Hasta ahora, la banca había vinculado el desbloqueo de esa línea de liquidez a la culminación, por parte de la consultora KPMG, de un estudio detallado de la deuda de la compañía, en el que se especificase qué parte de la deuda es sostenible y qué parte no. Sin embargo, fuentes financieras consideran que tendrán que ofrecer parte de esta liquidez en los próximos días para que la empresa efectúe pagos inminentes, fundamentalmente a trabajadores y proveedores, ya que se encuentra en una situación de urgencia.

Fuentes financieras calculan 320 millones

Varias fuentes han señalado que confían en disponer del mapa detallado de la deuda para la semana que viene y que, una vez que la tengan, KPMG analizará la necesidad real de liquidez de Abengoa. A este respecto, fuentes financieras calculan de forma preliminar que la compañía necesita en torno a 80 millones de euros mensuales de liquidez, lo que situaría la cifra en unos 320 millones en los cuatro meses del preconcurso, un dato que en cualquier caso podría modificarse en función del resultado del estudio de la consultora.

Una vez superada esta primera fase de análisis de la deuda y desbloqueo de la liquidez, comenzarán a plantearse las distintas vías para salvar la empresa, que podrían pasar por la venta de activos, quitas o capitalización de deuda. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores ante su elevando endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de euros en deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

En la batalla judicial, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado el auto por el que se abren las diligencias previas y se da traslado a la Fiscalía sobre la competencia en las primeras querellas presentadas contra Abengoa. En el auto se señala que es procedente «instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable». El auto de la juez se refiere a las dos querellas presentadas hasta ahora contra Abengoa: dos bonistas, representados por el despacho de abogados Ius+Aequitas, y la presentada por el despacho Yvancos en representación de varios accionistas.

Reduce plantilla y revisa proyectos

De momento, Abengoa indicó que, como parte de su plan de reestructuración, lleva a cabo «ajustes continuados que implican la reducción de plantilla en sedes y el trasvase de equipos». En casos puntuales, no descarta «eventuales paradas de algún proyecto», todo con el fin de lograr la sostenibilidad del negocio «adaptando la operativa a los objetivos de eficiencia y cumpliendo con la competitividad necesaria en esta coyuntura». Abengoa «se esforzará para llevar a cabo estas ambiciosas medidas, que continuarán aplicándose hasta llegar al equilibrio óptimo para la sostenibilidad del negocio».

Ya en concreto sobre su situación en Estados Unidos, Abengoa ha señalado que opera con normalidad aunque no descarta «eventuales paradas de algún proyecto con vistas a retomar su funcionamiento una vez se garantice su continuidad de forma estable». La compañía detalla que «está operando con normalidad» todos los activos de Abengoa Yield, así como las plantas termosolares Solana (Arizona) y Mojave Solar (California), sus activos de bioenergía y otros proyectos. Solo en algún caso «puntual», añaden, «se está analizando la viabilidad del mismo», tal y como se está haciendo en otras geografías, «con el objetivo de garantizar su actividad».

La legislación laboral estadounidense, señala la empresa, se caracteriza por sus condiciones flexibles, lo que permite «asegurar la protección de los trabajadores en todo momento». «Abengoa cumple rigurosamente con la referida legislación«, añade. En cuanto a los empleados de la compañía que hayan sido destinados Estados Unidos u otros países, la compañía «mantiene sus compromisos contractuales, ofreciendo todas las garantías para su traslado y retorno a su país de origen».

Soria ve «implanteble» las indemnizaciones

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, insistió en que Abengoa se trata de «una buena compañía desde el punto de vista del contenido», que ha tenido «una política financiera profundamente desacertada«. «Se han endeudado mucho, están muy apalancados y al final los costes financieros de ese endeudamiento han sido muy superiores a los flujos de caja, a los ingresos que se estaban generando y eso ha llevado a esta situación», apuntó. Y todo, ha subrayado, sin perjuicio, de que al Gobierno le parece «absolutamente implanteable» que la dirección de la empresa aborde una situación de preconcurso y se repartan unos 25 millones de euros en finiquito.

Soria aseguró que las acusaciones que quieren situar al Gobierno como responsable de la situación de la empresa por los cambios normativos en el sector de las energías renovables «carecen de fundamento». Así, señaló que Abengoa es una empresa que tiene más del 85% de su actividad fuera de España y que el grupo ha sufrido «un desplome» de lo que ha sido su valor, «cosa que no ha ocurrido con otras empresas energéticas». Asimismo, descartó por completo que el Gobierno, que tiene una exposición al grupo de unos 415 millones de euros sin contar la participación en Bankia, «inyecte liquidez adicionalmente» a la compañía y recordó que, además, existe una directiva europea de ayudas de Estado que lo impide.

Preguntado por si desde las empresas públicas nadie se percató de la situación financiera de la multinacional, Soria respondió que las ayudas se concedieron «en base a la realidad de la empresa, que tiene una cartera de proyectos muy interesante en todas partes del mundo» pero que «ha venido acompañada por una desacertada actuación financiera». El titular de Industria dijo estar «sorprendido» de los últimos acontecimientos en Abengoa porque «tiene una gran reputación» y «desconocía la ingeniería financiera que estamos conociendo». «Cuando salta la situación el Gobierno se preocupa, sigue la situación y espera que en la negociación se pueda refinanciar la deuda y la empresa pueda seguir adelante», agregó.

Soria tacha de irresponsable al Gobierno de Castilla-La Mancha por parar el ATC

EFE /Europa Press.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, tachó de «extraordinariamente irresponsables» las medidas del Gobierno de Castilla-La Mancha para paralizar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), una instalación «fundamental para la seguridad nuclear y la seguridad nacional». Por eso criticó que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha haya recurrido a «artimañas legalistas» para paralizar su construcción.

No obstante, Soria recordó que el Gobierno central lo recurrió y está a la espera de que se puedan dictar medidas cautelares porque de lo contrario, advirtió, «tendremos un problema serio por la irresponsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha». Así se mostró confiado en que la justicia dé la razón al Ejecutivo central frente al autonómico en los dos recursos contencioso-administrativos que actualmente siguen su curso contra dos decisiones regionales que podrían paralizar las obras.

En concreto, Soria se refería a los dos recursos judiciales interpuestos por el Gobierno central ante las decisiones del Gobierno de Emiliano García-Page de ampliar una Zona de Especial Protección de Aves cercana a los terrenos de la obra y a la decisión de su Consejería de Fomento de anular el Plan de Ordenación Municipal de la localidad conquense que tiene que albergar esta infraestructura.

Junio de 2017, fecha límite

El ministro no descartó la declaración del proyecto de interés general porque, aquí, ha dicho, «el interés general es el de la seguridad energética nacional y la seguridad nacional». Por ello ha recordado que éste es un proyecto que inició en 2006 el anterior gobierno socialista y que el proyecto le fue traspasado a falta únicamente de decidir la ubicación, para lo cual, según explicó, habló con quien era entonces la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. «Nos pusimos de acuerdo en poco tiempo porque no solo entendía que era una instalación de seguridad nuclear sino como una extraordinaria fuente de generación de riqueza y empleo», aseguró Soria.

El ministro ha achacado la actitud del actual Gobierno de Castilla-La Mancha a que la condición que le puso Podemos para apoyar la investidura fue que tenía que oponerse al ATC, y ha dicho que le sorprende que el PSOE nacional haya sido «irresponsable» y no haya actuado en relación a su organización en Castilla-La Mancha porque es «una cuestión en la que nos va la seguridad nuclear y la seguridad nacional». En ese sentido, recordó que España tiene el compromiso de que, a partir de junio de 2017, tiene que empezar a traer nuevamente a España todos los residuos radiactivos que a lo largo de los últimos 20 años ha enviado a Francia como consecuencia del desmantelamiento de Vandellós.

Soria asegura que la multa de Iberdrola «prueba que el Gobierno lo hizo bien» pero Facua pide más al Ejecutivo

Redacción / Agencias.- Desde Facua-Consumidores en Acción consideran «ridícula» la sanción de 25 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Iberdrola y a su juicio «no tiene efecto disuasorio para evitar que se repitan fraudes de esta envergadura». Sí que resulta suficiente para el Ejecutivo puesto que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que la multa «prueba que el Gobierno hizo bien en anular» la subasta eléctrica de 2013.

Soria argumenta que el informe de la CNMC «viene a acreditar que el Gobierno cuando tomó aquellas decisiones fueron decisiones adecuadas y acertadas», en referencia a la suspensión de la puja y la creación de un nuevo sistema. La CNMC multó con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista eléctrico a finales de 2013, en las semanas previas a la subasta CESUR, una puja que cerró con un alza tal que hubiera encarecido el recibo eléctrico más del 13%. Ante esto, el Gobierno anuló el resultado de la subasta y, unos meses después, sustituyo el sistema de subastas por el actual precio vinculado al mercado mayorista.

«Es verdad que el Gobierno no tenía pruebas en aquel momento», reconoce ahora Soria, «pero todo apuntaba a que había habido una alteración para que aquello diera aquel resultado», insistió. «Ahora lo que dice el informe después de una investigación de dos años es que hubo una manipulación«, un hecho que ha lamentado, pero que ha considerado que demuestra que «el Gobierno hizo bien». Poco después de conocerse el informe de la CNMC, Iberdrola anunció que recurrirá la multa al negar que manipulara el mercado y defender que actuó como un gestor «prudente y razonable» de las centrales hidroeléctricas investigadas.

«Cumplir las reglas de juego»

Por su parte, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defendió que la CNMC es un «organismo independiente que tiene que velar para que haya unas reglas de juego que se cumplan«, además de dejar «funcionar el mercado en libre competencia».  «Es algo que todos debemos respetar», dijo Tejerina en referencia a la independencia de la Comisión, para agregar que hay que «atenerse a sus pronunciamientos».

Una multa «sin efecto disuasorio»

Mientras tanto, desdela asociación Facua-Consumidores en Acción consideran «absolutamente ridícula» la sanción de 25 millones de euros impuesta por la CNMC a Iberdrola y ven «indignante que una infracción tan grave se salde de esta manera» puesto que, a su juicio, la multa a Iberdrola «no tiene efecto disuasorio para evitar que se repitan fraudes de esta envergadura». Además, Facua reclama al Gobierno que intervenga el sector para acabar «con la especulación y los precios abusivos, de manera que fije íntegramente las tarifas sobre la base de los costes reales de la producción energética».

En concreto, la sanción a Iberdrola se refiere a las actuaciones realizadas mediante el incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. «Las sospechas de que había manipulado el mercado llevaron al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios y este decidió suspender las subastas Cesur, celebrada el 19 de diciembre de 2013, para evitar que la luz subiera de golpe casi el 11%, en lo que se llamó «el tarifazo» de la subasta», indicó Facua.

Competencia estima que el beneficio propio ocasionado por esa actuación del incremento del precio fue de unos 21,5 millones de euros, mientras que el impacto para el conjunto de la demanda se cifra en unos 105 millones de euros. «Ante este hecho, el Gobierno decidió intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014″, denunció Facua.

Industria mantiene que la subasta de renovables, prevista hace una semana, se celebrará próximamente

EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó que la subasta de la nueva convocatoria de potencia eólica y biomasa se celebrará «las próximas semanas» y con una «demanda muy elevada». Prevista inicialmente para el pasado 26 de noviembre, no se ha celebrado ni tiene fijada nueva fecha. Soria indicó que, a pesar de que hay sobrecapacidad en generación en España «hay demanda para seguir instalando renovables», y avanzó que ya hay agentes que están reclamando nuevas subastas y concursos adicionales para 2016.

El Ejecutivo anunció el pasado octubre una convocatoria para 500 megavatios (MW) de potencia eólica y 200 MW de biomasa, la primera desde la moratoria a la concesión de ayudas a nuevas plantas renovables aprobada a principios de 2013. Sobre el recibo de la luz, Soria reiteró que el próximo 1 de enero se reducirá respecto a enero de 2015 gracias a la existencia de superávit de tarifa en el sistema eléctrico. Es verdad, reconoció Soria, que puede ser una disminución «poco perceptible», pero mientras «haya margen» se debe «seguir haciendo el esfuerzo de reducir el precio de la factura».

Industria dice que el «éxito» de su reforma permite el superávit eléctrico y futuras bajadas de luz

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo considera que el superávit de tarifa del sistema eléctrico en 2014 notificado este viernes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirma el «éxito» de la reforma energética del Gobierno y permitirá que la luz baje progresivamente en el futuro.

«Tras más de diez años de déficit, el sistema eléctrico ha alcanzado el superávit, confirmando así el éxito de la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en esta legislatura», señala Industria en una nota de prensa.

El departamento dirigido por José Manuel Soria sale de esta forma al paso de la publicación este viernes del resultado de la liquidación definitiva del sistema eléctrico correspondiente al ejercicio 2014 elaborada por la CNMC, según la cual el ejercicio se cerró con un superávit de 550 millones de euros.

El déficit de tarifa, señala, «ha sido eliminado de manera definitiva, tras más de 10 años de continuos déficits, que habían llevado al sistema al borde de la quiebra».

«La reforma del sistema eléctrico llevada a cabo por el Gobierno en esta legislatura», continúa, «ha logrado la estabilidad financiera del sistema, eliminando el déficit del sistema eléctrico e introduciendo mecanismos para impedir que se vuelvan a generar desequilibrios en el futuro».

Una vez equilibrados los ingresos y costes del sistema, Industria asegura que la factura eléctrica «irá descendiendo progresivamente a medida que se vaya amortizando la deuda del pasado, lo que permitirá mejorar la competitividad de las empresas y los consumidores, facilitando la creación de empleo».

Abengoa solicita formalmente el preconcurso de acreedores mientras crece la presión para hallar una solución

EFE.- Abengoa solicitó el preconcurso de acreedores, mientras sus acciones siguen desplomándose en la Bolsa y crece la presión política y social para encontrar una solución que evite la que sería la mayor insolvencia de una empresa en España. Los esfuerzos de la empresa, la banca acreedora y el Gobierno pasan ahora por encontrar una salida, en medio de una fuerte presión social y política para salvar una empresa que da empleo a 24.000 personas, unas 7.000 en España, y con un perfil muy cualificado.

El principal escollo es claro: la complicada situación financiera de la empresa, que tiene una deuda bruta que roza los 9.000 millones de euros y deudas a proveedores superiores a 5.000 millones. Desde el sector financiero señalan que frente a ese gran inconveniente de Abengoa está su potencial y sentido industrial, una baza que la banca acreedora quiere jugar para poder dar viabilidad a la empresa y lograr una salida aunque el escenario sea complicado.

«Hay varias vías de solución pero ninguna es fácil», reconocen analistas consultados. Desde XTB, su analista Rodrigo García apunta tres: la entrada de un nuevo socio capitalista que inyecte liquidez, que los bancos acuerden una refinanciación y den cierta holgura a la empresa o que se opte por un rescate público, aunque subraya que esta última opción es la más complicada e improbable. Sobre la entrada de un nuevo socio tras la retirada de Gestamp, Rodrigo García también ve difícil encontrar un candidato para el que el potencial industrial de Abengoa compense apuntarse la abultada deuda. «La solución no va ser inminente pero va a haberla», insisten otras fuentes financieras.

Mientras, las reacciones desde el ámbito político, económico o sindical se han seguido sucediendo presionando a la banca y al Gobierno para que se logre una salida en aras del empleo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, garantizó la colaboración del Gobierno en la búsqueda de una solución «de futuro» para Abengoa y ha pedido a todos los implicados que «negocien y dialoguen hasta la extenuación». El ministro de Industria, José Manuel Soria, insistió en que espera una solución para la empresa, cuya situación es «extremadamente delicada», y recordó que no son épocas en las que el Estado pueda inyectar capital en una empresa privada.

Desde la oposición, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, pidió al Gobierno que «ponga todo de su parte» para buscar una salida, mientras que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, subrayó que las entidades financieras «no pueden fallar», del mismo modo que «España se implica con el sistema financiero en los momentos de dificultad«. El candidato de Unidad Popular-IU a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, abogó por que la administración pública rescate a Abengoa y «fuerce» también a la banca a salir en su ayuda para preservar los puestos de trabajo.

Desde los sindicatos, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, manifestó su preocupación por el empleo, mientras que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, pidió al Gobierno que se «comprometa políticamente» en la búsqueda de una solución y, si no hay resultados, ha demandado la intervención directa a través del ICO y Bankia. En este punto, el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, señaló que la participación pública, a través de préstamos del ICO, es «muy limitada» y «muy minoritaria».

Mientras, la dirección de la empresa envió a sus empleados, a través de un comunicado interno, un mensaje en el que ha dado explicaciones sobre la situación y transmitió tranquilidad. Además, su filial Abengoa Yield ha comunicado a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) la marcha de su director general, Javier Garoz, y su intención de seguir centrados en ejecutar su estrategia y el plan recientemente aprobado. Los títulos B de Abengoa, los de mayor liquidez y que hasta este jueves cotizaban en el Ibex-35, se han desplomado un 40% en la jornada, una caída que ahonda en el descenso del 53% que se apuntaron ayer.

El precio de la electricidad entra en campaña

Sostenemos en Energía Diario que el tratamiento, en general, de los precios de la energía en España es puramente político. No que sea puramente política desde el punto de vista de disponer de una política energética de Estado, sino del proceso de política politizada española, con todos sus aditamentos, presiones sociales y tertulianos. Desde que el franquismo, en su debilidad, controló los precios del petróleo en la crisis de 1973, coincidiendo con el final de la dictadura y el temor de sus protagonistas, la historia tiene reversiones y actualizaciones en este campo.

Llegamos ahora al período previo a las elecciones del 20 de diciembre y nos encontramos con las promesas de José Manuel Soria de bajada del precio de la electricidad para 2016 y, a la vez,  con la aparición consunta, en modo contrarréplica desde la CNMC, de las estadísticas de evolución de las tarifas de los últimos 10 años y de la última legislatura popular. Se presenta esta dicotomía como una lucha de sumo para imponer el «marco» de comunicación sobre los precios de la electricidad.

Aprovechando  el clima de presión social en torno al precio de la electricidad (intentando ponerlo a su favor) y el desconocimiento general, se instrumenta una bajada de tarifas a partir de los recortes a las renovables, se fijan nuevos peajes y se bajan pagos por capacidad a las centrales térmicas y nucleares. A esto se une la fijación de los denominados “peajes vascos”, que experimentan bajadas para las industrias ubicadas en País Vasco y Navarra, disolviéndose entre el resto de consumidores. Por su parte, el remanente del ejercicio de los ingresos del sistema eléctrico en 2015 no se aprovecha para reducir la deuda acumulada, que no desaparecida, del déficit tarifario.

Por su parte, los nuevos partidos entrantes, en lo que se refiere a la electricidad, ni huelen dónde están realmente los problemas regulatorios de los precios eléctricos ni el grave problema de la fiscalidad energética y su efecto sobre los precios del kilovatio, por lo que el debate burdamente se queda en si es cara o si es barata la electricidad en España y en bramar al respecto. Las propuestas programáticas son toscas y remedos idelologizados, anticosas o procosas, de las que ya todos sabemos.

Y José Manuel Soria, al que los medios más conspicuos lo dan como sustituto de Luis de Guindos como Ministro de Economía en un futuro Gobierno, con el BOE en una mano y la ingeniería contable de las tarifas y los peajes en la otra, vuelve a la carga y actúa en línea con lo que es el resto de su “programa electoral”: seguir por la misma senda cuatro años más en el convencimiento de que el uso político de la energía es el camino.

Es temerario suponer que la opinión pública va a considerar estas medidas mejor que la percepción creada durante todo este tiempo. Es cierto, a veces, la mente juega  malas pasadas.

Vivimos en el franquismo cool.