Entradas

Nadal convoca al sector minero para abordar su situación y los sindicatos critican que Soria siga «sin dar la cara»

Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, convocó una reunión en la que valorará la situación de la minería junto a los sindicatos CCOO y FITAG-UGT. La reunión tendrá lugar el viernes 26 en la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a las 10.00 horas. CCOO se mostró especialmente crítica con que el ministro José Manuel Soria siga sin «dar la cara» al sector, que tres años después de la marcha del carbón, sigue clamando por soluciones.

La reunión de este viernes se convocó, según FITAG-UGT, gracias a su «insistencia», y estará orientada a «buscar soluciones» a la situación actual de la minería del carbón nacional. En este sentido, la delegación de FITAG-UGT asistirá «con la voluntad de cerrar acuerdos para la aplicación de medidas urgentes que pongan fin a la angustiosa situación y a la incertidumbre por la que atraviesa el sector minero», situación que, a su juicio ha sido provocada por «los incumplimientos del Plan del Carbón». Se trata de unos incumplimientos que han creado un «clima de desasosiego e incertidumbre» entre los trabajadores, sumidos en procesos concursales, expedientes de regulación de empleo y la paralización de la actividad en cada vez más explotaciones mineras.

Soria «no da la cara»

Comisiones Obreras (CCOO) de Industria criticó al ministro de Industria, José Manuel Soria, por «no dar la cara» ante los sindicatos mineros y delegar en el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, la reunión que este viernes tendrá lugar en el Ministerio de Industria con los sindicatos. CCOO señaló que acudirán a la reunión «con el firme propósito de arrancar» a Nadal una solución para «la dramática situación del carbón» y que «no dilate más» la estabilidad del sector.

Además, desde la organización sindical han anunciado que presentarán cinco propuestas al secretario de Estado de Energía. Estas cinco medidas son: una solución para que este año las empresas mineras puedan suministrar carbón a las eléctricas con normalidad, la puesta en marcha «urgentemente» de la orden para el pago por capacidad, que se informe sobre qué empresas eléctricas acometerán la inversión medioambiental, el abono «de una vez por todas» de las ayudas a la producción pendientes de 2015 y el cumplimiento de lo pactado en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018.

Recordando la marcha del carbón

Tres años después de la «marcha negra» que partió de cuatro localidades de las cuencas del carbón, el sector sigue sumido en una profunda crisis y tanto empresas como sindicatos urgen al Gobierno medidas que reactiven una producción prácticamente paralizada en la mayoría de los yacimientos. La «marcha negra» llegó a Madrid en julio de 2012 después de tres semanas como medida de protesta por las decisiones del Gobierno. Entre ellas, la que tomó para reducir el gasto público, que fijó la «eliminación de la financiación de infraestructuras en las comarcas mineras» o el recorte a las ayudas a las empresas mineras en un 63% en los presupuestos de 2012.

Los sindicatos recuerdan que la falta de actividad derivada del bloqueo de consumo de carbón autóctono en las centrales térmicas ha colocado al sector, del que todavía dependen 2.500 familias en Castilla y León, al borde de la desaparición. Además, lamentan y denuncian que tres años después de la última gran movilización del sector, que cosechó un gran respaldo popular, la situación haya empeorado y muchas empresas hayan llegado a una situación insostenible por la «falta de apoyo» del Gobierno.

En el centro de todas las críticas está el ministro de Industria, José Manuel Soria, a quien los sindicatos mineros acusan de mentir cuando afirma que el problema es heredado del la etapa del PSOE en el Gobierno. Recuerdan que lo que el actual Ejecutivo heredó de los socialistas fue un mecanismo de compra de carbón y un plan de cierre ordenado y paulatino, que preveía una «suave» retirada de las ayudas a la producción desde los aproximadamente 300 millones de euros en 2011 hasta su supresión definitiva en 2019.

Las críticas a Soria le han llegado también de las filas de su propio partido, y así el portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó el pasado 28 de mayo que Soria «ha hecho méritos para dimitir o para ser cesado«. El presidente en funciones de la Junta, Juan Vicente Herrera, achacó a la «absoluta insensibilidad y arrogancia» del Ministerio de Industria y su titular, José Manuel Soria, con la minería parte de los resultados cosechados en León en las pasadas elecciones.

Ante esta situación de crisis, el PSOE presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que fija como primera medida de especial urgencia el forzar al Gobierno a aprobar de inmediato la compra de carbón autóctono por parte de las centrales térmicas. De este modo, sostienen los socialistas, se blindaría la continuidad de la actividad minera y el nivel de empleo, y se daría cumplimiento al vigente Plan del Carbón 2013-2018.

Soria defiende los cargos al autoconsumo eléctrico para evitar «una nueva burbuja como la provocada por las energías renovables»

Mientras desde ámbitos diversos como la Fundación Renovables o el nuevo Ayuntamiento de Barcelona defienden el autoconsumo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió en el Senado la regulación del autoconsumo que promueve su departamento, que implica que estos consumidores, los que sigan conectados al sistema eléctrico, paguen por las redes del sistema eléctrico como lo hacen el resto, para evitar «una nueva burbuja como la que provocaron las tecnologías renovables» en años previos a la crisis.

Así lo defendió el ministro en una interpelación de la senadora de UPN Amelia Salanueva, quien admitió que estos consumidores paguen un peaje, pero pidió que lo hagan por el uso efectivo de las redes y negó que el desarrollo de este tipo de consumidores eléctricos ponga en riesgo los costes del sistema. En este sentido, la senadora señaló que «no es de recibo» que el autoconsumidor pague por los costes del sistema cuando no hace uso de los mismos.

En opinión de Salanueva, el texto del proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo es «casi ininteligible para los expertos», «choca con diversas normas aprobadas por las comunidades autónomas», «no está a favor de la normativa europea» y ha «obviado todas las ventajas del autoconsumo». «No nos parece positivo que se plantee una regulación tan negativa para el autoconsumo», concluyó la senadora.

Por su parte, Soria calificó «ficticio» el debate sobre este asunto y rechazó que se critique al Gobierno diciendo que no tiene interés en promocionar el autoconsumo. Al respecto, destacó que este Ejecutivo ha sido el primero en regularlo y en incorporarlo a la normativa sobre el sistema eléctrico. «Se está malinformando a la opinión pública cuando se está diciendo que el Gobierno no quiere el autoconsumo», proclamó el ministro.

Soria señaló que mientras el coste de la energía en el mercado ronda los 50 euros el megavatio hora (MWh), «en el caso del autoconsumo es de 130 euros». Así, indicó que el autoconsumo sólo sería rentable si «se puede prever la posibilidad de engancharse al sistema sin abonar los costes regulados ya que una parte de los costes del autoconsumo los pagarían otros consumidores». El Gobierno elaboró un borrador de normativa de autoconsumo que prevé una serie de cargos para aquellos conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema, algo que rechaza el sector, que apuesta por pagar los denominados peajes regulados sólo por la parte que se consume del sistema.

Soria defiende que todos los autoconsumidores conectados a la red tienen que pagar esos cargos porque, de lo contrario, «el resto de los consumidores estarían financiando» los costes. En ese sentido, consideró que sería «profundamente injusto» que el resto de los consumidores tengan que pagar los costes de alguien que consume su propia electricidad y está conectado a la red para poder acceder al suministro si no produce suficiente o para poder verter a la red la energía que produce pero no consume. A su juicio, los más afectados «serían los consumidores más vulnerables», precisamente, ya que son los que no pueden permitirse los equipos.

El ministro insistió en que quien autoconsuma la electricidad que produzca sin estar conectado a la red no tiene que pagar nada más que la inversión de la instalación, pero no el coste de la energía ni el IVA. Si hay enganche a la red, «hay que pagar porque si no los costes estarían siendo financiados por el resto de los consumidores», recalcó Soria. Por último, señaló que su objetivo es garantizar el desarrollo ordenado del autoconsumo porque tiene que ser compatible con la garantía de sostenibilidad técnica del sistema y con su equilibrio económico-financiero «para evitar que ocurra lo que ha ocurrido entre 2004 y 2011», indicó Soria en relación con el crecimiento del déficit tarifario del sistema eléctrico.

Fundación Renovables mira a Bruselas

Por su parte, la Fundación Renovables pide a la Comisión Europea que lance un marco regulatorio comunitario para el autoconsumo que promueva las mejores prácticas y que «evite iniciativas como la del Gobierno español en contra de la democratización de la energía y la cobertura de las necesidades energéticas como bien básico y de primera necesidad».Por ello, llama a la Comisión Europea a trabajar en una iniciativa que ponga a los consumidores «en el centro de la política energética».

«El autoconsumo es un instrumento clave para la democratización de la energía como derecho ciudadano en general», afirmó la Fundación Renovables, antes de considerar que el proyecto de real decreto de autoconsumo «pretende gravarlo y regularlo de forma disuasoria«. «Estos derechos, bien instrumentados deberían garantizarse de forma más urgente para beneficiar a las personas vulnerables tanto a la pobreza energética como a los impactos más devastadores del cambio climático«, señaló.

Ayuntamiento de Barcelona presenta alegaciones

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado alegaciones a la regulación propuesta por Industria para el autoconsumo. El gobierno municipal de Ada Colau entiende el autoconsumo y la autoproducción como «una herramienta esencial para combatir la pobreza energética», y defiende «el impulso de tecnologías de eficiencia como una vía más para garantizar el acceso al derecho a la energía». Según el consistorio barcelonés, el borrador elaborado por el Gobierno español «pone trabas a la promoción de estas políticas«, por lo que la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, entregó a la CNMC una serie de consideraciones contrarias a la propuesta del Ejecutivo.

El documento de alegaciones denuncia que el proyecto «va en contra de las directrices europeas que quieren incentivar la eficiencia energética y las energías renovables, ya que incorpora barreras administrativas, económicas, al tener que pagar un peaje por una energía que no demanda en la red, y técnicas que limitan notablemente este estímulo«. En cuanto a las barreras administrativas, el ayuntamiento denuncia que el decreto exige al autoconsumidor solicitar conexión a la red tanto si inyecta como si no inyecta energía. Además, según el consistorio, la conexión a la red la debe facilitar o denegar la empresa distribuidora, y actualmente este trámite requiere más de 6 meses, «un período demasiado largo que desmotiva la inversión».

Soria recuerda que la interrumpibilidad no sirve para gestionar el empleo sino la demanda eléctrica

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, recordó que el sistema de interrumpibilidad, por el que se paga a determinadas industrias por estar dispuestas a desconectarse del sistema cuando este lo necesita, no es una herramienta más para gestionar el empleo, sino para gestionar la demanda eléctrica, aunque no ha aclarado si tiene intención de convocar una nueva subasta en las próximas semanas ni en qué condiciones.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, la diputada socialista Mariví Monteserín preguntó a Soria si piensa que la subasta de interrumpibilidad es la mejor fórmula para mantener el empleo en las empresas electrointensivas y le reprochó el «sufrimiento» que su falta de respuesta a la situación de estas empresas causa a los trabajadores de las comarcas asturianas y gallegas donde están instaladas empresas como Alcoa. «Sus políticas cortoplacistas producen estrés social a consecuencia de la incertidumbre, la inseguridad y la falta de soluciones a medio plazo, imprescindibles para evitar cierres y deslocalizaciones silenciosas o explícitas», insistió la diputada, que considera que el sistema de subastas anuales de la interrumpibilidad está generando un «gravísimo problema«.

Además, Monteserín criticó que tanto el Ministerio como Red Eléctrica de España (REE) estén «aferrados y enrocados en su error» y mantengan el sistema, anunciando «supuestamente» una nueva subasta para las «próximas semanas«. Y es que, según la diputada, los costes eléctricos en algunas empresas intensivas en consumo pueden llegar a suponer «siete veces el coste laboral», lo que hace «imposible competir en el mercado mundial con este lastre«. «Usted es ministro de Industria, no sólo de Turismo, pero en más de tres años nunca se ha acercado a conocer nuestra realidad. Solucionar este problema depende de su voluntad, desgraciadamente hasta ahora para nosotros», concluyó.

Sin embargo, José Manuel Soria recordó a la portavoz socialista que la política de interrumpibilidad es «una herramienta para la gestión de la demanda eléctrica» y no para la gestión del empleo, que requiere de «políticas económicas para corregir los desequilibrios, tales como la consolidación fiscal, y de reformas estructurales, entre ellas la energética«. En este sentido, defendió que la Ley del Sector Eléctrico de 2013 permitió convertir el déficit energético en superávit, estabilizar y bajar posteriormente los precios de la energía, congelar los peajes que financian las actividades reguladas del sistema y que no dejaban de subir, o bonificar el 85% del Impuesto de la Electricidad a las empresas electrointensivas, sean grandes o pequeñas.

Además de estos avances, la industria también cuentan con el sistema de interrumpibilidad, que el año pasado pasó de un procedimiento administrativo a una subasta «a petición del propio sector», que temía que sucediera como en Italia, a la que la Unión Europea multó con 300 millones de euros por un sistema similar que fue considerado ayudas de Estado. «Por eso se hizo el sistema de subastas, que gestiona el operador del sistema bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que tiene la enorme bondad de ser un mecanismo competitivo al que se pueden presentar todas las empresas electrointensivas», concluyó Soria, sin aclarar si convocará una subasta próximamente ni en qué condiciones.

Los pagos por interrumpibilidad antes se asignaban «administrativamente», como ha explicado Soria, pero desde el pasado año se conceden mediante una subasta, por la que los distintos lotes van a parar a las industrias que realizan pujas más competitivas. Esto generó cierta polémica porque algunas grandes industrias que tradicionalmente habían disfrutado de esta retribución no lograron entrar en la primera fase de la puja, por lo que amenazaron con cerrar sus plantas. Finalmente, se realizó una segunda fase para asignar los lotes que no se habían adjudicado e Industria planteó que la subasta para el próximo año se realizaría con más tiempo, antes del verano.

Soria dice que los 100 millones de euros de superávit eléctrico de 2014 se destinarán a disminuir el déficit acumulado

Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, cifró en torno a 100 millones de euros el superávit registrado en el ejercicio 2014 en el sistema eléctrico, y aseguró que este mayor volumen de ingresos se destinará a disminuir los más de 22.000 millones de euros de déficit acumulado y no a abaratar el recibo de la luz.

La cifra definitiva no se conocerá hasta el próximo mes de noviembre cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publique la cifra definitiva. En todo caso, Soria recordó que, en los años en los que se ha registrado déficit, este endeudamiento del sistema eléctrico generaba un coste adicional por amortizaciones e intereses que se iba incorporando a la factura eléctrica de familias y empresas. Por ello, subrayó Soria, «de acuerdo con la ley del sector eléctrico, cuando haya superávit en el sistema no puede ir encaminado a disminuir la tarifa mientras siga existiendo déficit acumulado desde 2001«, que en la actualidad se sitúa por encima de los 22.000 millones de euros.

Asimismo, auguró que conforme a los ingresos y la evolución de los costes en lo que va de año «lo normal» es que en 2015 el sistema vuelva a arrojar un superávit, aunque no se aventuró a concretar posibles cifras. Para cuantificar el superávit final de 2015 será necesario esperar a la liquidación definitiva del ejercicio en noviembre de 2016. «Es una buena noticia que en el sistema eléctrico por primera vez en los últimos 14 años no estemos hablando de generación de déficit en términos de diferencia entre ingresos del sistema y costes de actividades reguladas sino que estemos hablando de un superávit«, añadió.

Repsol estudia desarrollar nuevos yacimientos en Rusia y abonará 0,48 euros por acción como dividendo

Redacción / Agencias.- La multinacional Repsol estudia el desarrollo de nuevos yacimientos de crudo en Siberia, en las zonas oriental y occidental, lo que supondría uno de los principales proyectos en el marco de la colaboración que pretenden impulsar España y Rusia en materia de producción, investigación y explotación, tratando de recuperar las relaciones existentes comerciales en 2013 y esquivar la crisis entre Rusia y la Unión Europea. Novak añadió que se reforzará el acuerdo entre Repsol y la rusa Rosneft en cooperación, exploración y explotación de crudo.

Así lo avanzó el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, tras la sesión de la Comisión Intergubernamental Mixta Hispana-Rusa de Cooperación Económica e Industrial, que también contó con la presencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Novak explicó que por el momento hay «conversaciones» para la participación de Repsol en el desarrollo de nuevos yacimientos en Siberia occidental y oriental, con el posterior traslado del petróleo y derivados a España en buques. «Apoyaremos la cooperación y el contacto», afirmó Novak, quien detalló que en la sesión de la comisión bilateral, la primera desde 2010, se trazaron propuestas «muy concretas» y se firmaron varios acuerdos y memorándums para la realización de proyectos en sectores como el energético.

En junio del 2014, Repsol anunció el mayor descubrimiento de hidrocarburos de Rusia de los dos últimos años en Siberia Occidental. Las reservas encontradas podrían alcanzar los 240 millones de barriles o equivalente de petróleo. Aparte de estos hallazgos, la compañía completó hace meses tres sondeos de exploración y evaluación en el mismo área, cuyo resultado fue positivo. Repsol opera en el país a través de AROG, una sociedad conjunta con Alliance Oil, que en 2014 se fusionó con la compañía NNK. La joint venture trabaja en la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento mediante la adquisición de activos de petróleo y gas en Rusia.

En este sentido, Novak recordó también que Gas Natural Fenosa firmó en 2013 con la rusa Novatek un contrato a largo plazo, por 20 años, para el suministro de 2,5 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL). Ahora, precisó que la parte rusa propuso ampliar la cooperación en este ámbito y sugirió aprovechar la posibilidad de la energética española como «gran compañía a nivel mundial», junto a Novatek, que planifica concluir otra planta de gas licuado. Soria destacó que se posibilita que España «pueda aparecer como plataforma de distribución de GNL ruso para ser exportado desde España a otros países europeos» y para utilizar España como plataforma de redistribución de ese gas hacia otras áreas geográficas como Latinoamérica.

El ministro Soria subrayó la importancia de la comisión tras dos años con «algunas dificultades» derivadas de las «diferencias políticas» entre Rusia y la Unión Europea, por lo que abogó por impulsar «al máximo» los contactos bilaterales en aras de superar esas dificultades «coyunturales». De hecho, esta comisión hispano-rusa tendrá continuidad con el foro empresarial entre empresas rusas y españolas, donde se concretarán las oportunidades en los sectores, así como otra nueva sesión de la comisión en 2016 en Rusia.

Un dividendo de 0,48 euros

La petrolera española entregará a sus accionistas un segundo pago de dividendo correspondiente al año 2014, equivalente al antiguo dividendo complementario, de 0,484 euros brutos por acción o un título nuevo por cada 34 antiguos, una cantidad similar a la ya abonada en enero a cuenta del mismo ejercicio 2014. En virtud del dividendo flexible, los accionistas recibirán un derecho de asignación gratuito por cada título que posean, que podrán conservar para canjearlo por nuevas acciones o venderlo en el mercado o a la propia Repsol, según la información que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los accionistas que decidan vender los derechos a Repsol recibirán 0,484 euros brutos por cada acción el próximo 8 de julio, para lo que tendrán de plazo hasta el 26 de junio para solicitar la retribución en efectivo. Por su parte, los accionistas que opten por conservar los derechos obtendrán una acción nueva por cada 34 antiguas, para lo que el calendario recoge como fecha estimada de inicio de cotización el 15 de julio. Repsol realizará una ampliación de capital para sufragar las nuevas acciones de hasta 40,43 millones de euros, equivalente al mismo número de acciones de un euro de valor nominal, aunque el importe final dependerá del volumen de accionistas que decida finalmente cobrar el dividendo en especie.

El PSOE exige a Soria que informe al Congreso sobre cómo se aplicará la nueva tarificación eléctrica por horas

Europa Press / EFE.- El portavoz socialista de Energía en el Congreso, José Segura, registró en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, informe sobre los pormenores del nuevo sistema de tarificación eléctrica inteligente, que empezará a aplicarse este verano, en aras a facilitar la adaptación a los consumidores, explicándoles las consecuencias que tendrá.

El diputado explica que «los consumidores deben saber que la nueva norma incorporará la facturación eléctrica por horas para los usuarios que ya dispongan de contador con telemedida, que permite valorar en qué franja horaria sale más a cuenta programar sus hábitos de consumo«. «Una buena comunicación a los consumidores posibilitará tomar conciencia y ajustar su conducta en materias como, por ejemplo, delimitar las franjas horarias para utilizar determinados electrodomésticos aprovechando los horarios en los que la electricidad tenga un coste más reducido«, insiste Segura.

A juicio del diputado socialista, esta nueva tecnología debe orientarse a «buscar automatismos para que el contador con telemedida aporte instrucciones a los dispositivos electrónicos, especialmente de calefacción o aire acondicionado, para activarse cuando más barata sea la energía, favoreciendo en consecuencia no sólo las economías familiares sino también la eficiencia energética del país«. Por eso, reitera José Segura, es «fundamental» que el ministro dé explicaciones en sede parlamentaria sobre el procedimiento técnico para que las comercializadoras comiencen a aplicar de manera real el precio de la corriente eléctrica doméstica por horas así como el nuevo sistema de tarifa protegida.

Esta semana Segura también registró otra solicitud de comparecencia del ministro Soria ante la Comisión parlamentaria de Industria para que dé cuenta del, a su juicio, «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» que está preparando su departamento con el borrador de decreto de Regulación de las condiciones de suministro y de producción de energía eléctrica con autoconsumo que mantiene los peajes de respaldo y establece «un cargo asociado al resto de sistema», lo que, según Segura, «desincentivará aún más las inversiones en autoconsumo con medidas disuasorias«.

El PSOE reclama explicaciones de Soria en el Congreso sobre el «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico»

Europa Press / EFE.- El portavoz socialista de Energía en el Congreso, José Segura, registró una solicitud de comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que dé cuenta del «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» que está preparando su departamento. Una propuesta de decreto que cuenta también con el rechazo de la Fundación Renovables.

Segura considera que el proyecto de ley remitido la pasada semana por el Gobierno a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supone «un nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» al mantener los peajes para este tipo de instalaciones y «además, establece un cargo asociado al resto de sistema, con lo que se desincentivarán aún más las inversiones en autoconsumo con medidas disuasorias». «Una medida que choca frontalmente con la normativa europea y nacional de promoción de la producción individual y la eficiencia energética», reprochó el portavoz socialista.

El Gobierno considera que quienes instalen equipos de autoconsumo eléctrico y estén conectados a la red tendrán que pagar por el uso de la misma. «Si el usuario, aparte de autoconsumir, quiere tener enganche a la red, tiene que pagar esas infraestructuras, porque, de lo contrario, el resto de consumidores estarían pagando por ese usuario», ha insistido últimamente el ministro de Industria, Energía y Turismo.

La Fundación Renovables lo rechaza

La Fundación Renovables rechaza en su totalidad la regulación del autoconsumo propuesta por ser «antidemocrática» y denuncia que en el texto «subyace el intento de perpetuar el oligopolio del sistema eléctrico y negar la misma capacidad de decisión de la ciudadanía que la Unión Europea defiende como el centro de la Unión Energética». Así, considera que el Gobierno «obstaculiza de facto el derecho a autoproducir energía en contra de lo que afirma en la exposición de motivos«. Además, pide a todos los partidos políticos que «sean coherentes» con los compromisos adquiridos en las campañas electorales e impidan la aprobación de este decreto. Para la Fundación Renovables, el autoabastecimiento de electricidad podría cubrir el 50% de la demanda energética en 2050.

Soria ve su gestión «más que aceptable» aunque admite que es «mejorable»

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hizo un balance «mejorable», pero «más que aceptable», de la política de su departamento en esta legislatura, al tener España «más industria», ser «más digital», «haber eliminado el déficit de tarifa junto con una reducción de los precios de la luz» y volver al «pódium mundial» en turismo.

Así lo señaló el ministro durante su intervención en el pleno del Congreso, ante una pregunta de la parlamentaria socialista Pilar Lucio, quien acusó al ministro de tomar decisiones «contrarias a los intereses de nuestro país» y le recordó que «incluso su propio partido ha llegado a pedir su dimisión», en alusión al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.

Soria dijo hacer un balance «mejorable, pero más que aceptable», de la gestión de Industria desde 2011, ya que «en España hay más industria que hace cuatro años» y la energía es «más sostenible» desde el punto de vista medioambiental, económico y financiero que entonces, como se aprecia en la evolución del déficit de tarifa». Además, el titular de Industria recordó que la evolución alcista de los precios de la electricidad entre 2004 y 2012 se saldó con un incremento acumulado del 82%, mientras que los precios bajaron en 2013 y 2014 «por primera vez en los últimos 12 años».

Por su parte, Lucio acusó a Soria de aplicar una «política letal» con las renovables y de tomar «decisiones en la dirección contraria a los intereses del país, de las empresas grandes y pequeñas, y de los consumidores». «Amparándose en informes inexistentes perpetró el hachazo a las renovables, un engaño sin precedentes para un sector puntero», y «el real decreto de autoconsumo parece una propaganda disuasoria» que hace «imposible para la ciudadanía» lo que «debería ser un derecho civil», afirmó.

En este sentido, José Manuel Soria subrayó que «estamos metiendo el autoconsumo en un decreto» que por primera vez regula esta actividad. Al respecto, el ministro explicó que aquel usuario que se decante por el autoconsumo «no tiene que pagar energía al operador, ni impuestos ni peajes por la red» en instalaciones que permanezcan aisladas, pero el autoconsumidor que quiera eventualmente engancharse a la red para abastecerse cuando no esté generando «tiene que pagar las infraestructuras energéticas porque de lo contrario el resto de consumidores estarían pagando lo que consume».

De esta manera Soria respondió a las críticas vertidas desde distintos ámbitos en los últimos días después de que se enviase a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de real decreto de regulación del autoconsumo. Esta normativa, tal y como estaba previsto desde la aprobación de la reforma energética en 2013, prevé que los autoconsumidores conectados a la red paguen un peaje para contribuir a sufragar los costes del sistema, un cargo que el sector considera inasumible porque elimina toda rentabilidad de la actividad.

Soria descarta retirar a Repsol su permiso para explorar en Canarias porque habría que indemnizarla

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, descartó retirar a Repsol de forma anticipada la autorización para buscar hidrocarburos en aguas cercanas a Canarias, porque supondría tener que indemnizar a la petrolera. Por ello, Industria no se ha planteado retirar a Repsol su autorización para realizar prospecciones «por el hecho de que no tramite formalmente esa renuncia».

Soria indicó que es un procedimiento reglado y que ningún Gobierno puede actuar al margen del procedimiento. El ministro explicó que, en virtud de la autorización administrativa, Repsol tiene tres años para perforar dos pozos en aguas cercanas a Canarias y que a partir de ese momento el permiso se consideraría extinguido. Por ello, Soria indicó que si el Gobierno unilateralmente «fuera a obligar esa renuncia sería el Gobierno quien tuviera que indemnizar al operador si se hiciera antes de esos tres años» en los que está vigente la autorización.

Repsol anunció en enero la «mala noticia», según Soria, de la renuncia a continuar con el proyecto tras la realización de un único sondeo, después de hallar gas con una calidad y cantidad insuficiente para su explotación comercial, y como consecuencia, no continuará con un segundo sondeo. Por su parte, el senador Fuentes (PSOE) señaló que ha habido un incumplimiento en la concesión, que no hay derechos «indemnizatorios» y que la empresa se ha marchado unilateralmente una vez no ha encontrado nada en esa zona.