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Ribera suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses y aprueba una exención del céntimo verde

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Europa Press.- El Gobierno, dentro del paquete de medidas recogidas en el decreto-ley aprobado para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ha decidido suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, durante 6 meses, así como introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el impacto de estas medidas en el recibo de la luz será de alrededor del 4% y supondrán «un alivio» para trabajar en medidas de más calado como la revisión del mercado eléctrico, la fiscalidad, «que es compleja y no es la óptima», así como el almacenamiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica señaló que el «mal llamado» céntimo verde, pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta, ya que es trasladado a los precios de la electricidad cuando tecnologías como el gas a través de los ciclos combinados fijan los precios en el mercado mayorista.

Según el gabinete dirigido por Ribera, la evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de 2018, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto al ejercicio anterior. Para un hogar con un consumo de unos 2.600 kilovatios hora (kWh) anuales, la subida podría ser de 23,4 euros para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4 euros en todo el año. Con estas medidas fiscales, el Gobierno prevé ahorrar a los consumidores unos 6,2 euros y unos 8,5 euros según la cuantía de los consumos.

Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico con la generación de déficit de tarifa, el Gobierno eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones anuales. Además, el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico podrá ser aplicado a los desajustes que se pudieran producir en 2018 y 2019.

Por otra parte, el Gobierno también ha adoptado medidas con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos de penetración de energías renovables, fijados por la Unión Europea para 2020 en el 20%. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre. Mediante esta prórroga, hasta marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos, ya que, en la actualidad, apenas se han instalado 100 MW.

Con esta medida, se evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España, según considera el gabinete dirigido por Ribera. En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

Actuar sobre las cargas fiscales

Por su parte, Endesa considera una medida «razonable y positiva» para reducir los costes del sistema y beneficiar de manera directa a los consumidores la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Fuentes de la compañía recuerdan que, para bajar de manera sustancial los precios eléctricos, la vía «más eficaz» es actuar sobre las cargas fiscales que encarecen «notablemente las tarifas y no tienen relación con los costes del suministro».

En lo que respecta al bono social, la energética subraya que siempre ha considerado positivo su existencia para permitir el acceso al servicio eléctrico a los consumidores de rentas más bajas y señala que es también «favorable» a que se definan con rigor las condiciones para su aplicación, «sobre la base de procedimientos simples y eficaces, a fin de que se beneficien de él las familias que realmente lo necesitan».

Además, también recibe de «manera positiva» la intención de crear un marco «estable y duradero» que dé seguridad a su implementación. No obstante, la compañía se suma a quienes consideran que es una medida de política social y que, en consecuencia, «su financiación debe ser asumida por parte de los presupuestos públicos, como señalan diversos informes de expertos y de organismos de la Unión Europea».

En lo que se refiere a la derogación del conocido como impuesto al sol, Endesa afirma que no solo es muy favorable al desarrollo del autoconsumo, sino que ofrece a los consumidores soluciones comerciales de muy diverso tipo para promover su implantación. En todo caso, recuerda que «ese mal llamado impuesto» no afecta en ningún caso a los ingresos de la compañía por cuanto que, tras su eliminación, los costes regulados del sistema serán los mismos». Sin embargo, destaca que en la medida en que los clientes que tengan instalaciones de autoconsumo no asumirán la totalidad del pago de esos costes, «será el resto de los consumidores quien lo haga».

2018 apunta con 59,5 euros/MWh a ser el segundo año con el precio del mercado eléctrico más elevado desde 1998

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Europa Press.- El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en septiembre los 71,3 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un encarecimiento del 45% con respecto al mismo mes del año pasado. Según datos del Barómetro Energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), este precio es un 10,8% superior al registrado el pasado agosto.

La cotización del futuro para 2019 del mercado eléctrico español se sitúa en los 60 euros por MWh, un 1,9% más caro que hace un mes, y un 11,1% superior a la cotización del mercado alemán, que era de 54 euros por MWh. Así, considerando la evolución del mercado diario y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio previsto del mercado eléctrico español en 2018 es de 59,5 euros por MWh, un precio un 14,1% mayor que el de 2017. AEGE destacó que, de confirmarse esta previsión, 2018 sería el segundo año con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998, tan sólo por detrás de 2008.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante obedece a impuestos. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

75,37 euros de factura mensual

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supone un aumento en el recibo de electricidad de septiembre de casi el 3,5% con respecto a agosto de los consumidores, encadenando así su sexto mes al alza. En concreto, la factura media para un consumidor doméstico superó en septiembre los 75,37 euros. De este importe de la factura, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este septiembre en el recibo es de un 15,39%, más de 10 euros.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en septiembre la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorar el bono social eléctrico y crear un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

En concreto, esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial. Además, la ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado.

El tercer recibo más caro

Por su parte, Facua destacó que la subida de septiembre convierte a esta factura eléctrica mensual en la tercera más cara de la historia. Según los datos de Facua, 83,55 euros es lo que ha pagado un usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia) con las tarifas reguladas PVPC de todo el mes de septiembre. En cuanto al precio de la energía consumida, en septiembre el kWh se ha situado en 17,58 céntimos (13,83 más impuestos), un 21,7% por encima de los 14,45 céntimos (11,36 más impuestos) de septiembre del 2017.

Los análisis de Facua ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo. Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros de este mes de septiembre. La cuarta factura más elevada fue de 81,18 euros, correspondiente a la tarifa de julio de 2015, y la quinta 80,73 euros, de agosto de 2018.

Facua trasladó al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y luchar contra la pobreza energética. La bajada del IVA de la electricidad es una de las medidas reclamadas. Bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, aunque la principal medida propuesta por Facua es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.

La asociación advierte además de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las compañías eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

La factura de la luz se encarece un 15,39% en septiembre

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Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 75,37 euros en su factura de la luz de septiembre, por lo que esta factura se incrementó en un 15,39% respecto a los 65,32 euros de septiembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10,05 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,37 euros abonados en los 30 días de septiembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de septiembre, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de septiembre subió en un 3,5% respecto al mes anterior, agosto, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,51 euros en septiembre respecto a los 2,43 euros de agosto. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo suma su quinto incremento consecutivo.

Septiembre no ha hecho más que agudizar la espiral alcista en el precio de la electricidad que ya se había pronunciado en agosto y registró uno tras otro los máximos diarios del año en el mercado, tocando su techo el 19 de septiembre, cuando alcanzó una media para el día de 75,93 euros por MWh. Además, la época de verano conlleva una caída en la producción renovable que, en el caso de la eólica, ha sido inferior a la media de este periodo, lo que ha aboca a recurrir a la generación térmica para la cobertura de la demanda, siendo su coste la principal referencia de precio del mercado, que ha sido casi un 11% superior a la de agosto.

Con esta subida interanual en septiembre, el recibo de la luz cerró los primeros nueves meses del año con una subida del 2,36% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en septiembre ha contribuido a que el recibo de los nueves primeros meses del año se haya situado en 626,42 euros, 14,44 euros más frente a los 611,98 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros nueve meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 135,44 euros por el término fijo, de 357,08 euros por el consumo, de 25,18 euros por el impuesto de electricidad y 108,72 euros por el IVA.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

La Fundación Renovables pide a la ministra Teresa Ribera poner «letra y ritmo» a su melodía para la transición energética

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Europa Press.- La Fundación Renovables ha mostrado su satisfacción con las líneas generales que expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Congreso, pero ha subrayado que, «aunque la música suena bien, insta a la ministra a que ponga letra y dé ritmo a sus ideas».

La Fundación valora de «forma muy positiva» el anuncio de impulsar el autoconsumo con la eliminación del conocido como impuesto al sol, el fomento de la modalidad compartida y el acceso a contadores bidireccionales, así como su decisión de suspender el impuesto del 7% para la generación de electricidad. Sin embargo, considera que las medidas que expuso para afrontar el problema del alto precio de la luz «no se pueden quedar ahí, ya que se trata de un problema que hay que abordar con una visión estructural y no coyuntural«.

Además, la Fundación considera que llega «el momento de la acción«, por lo que insta a Ribera a que concrete sobre el calendario las medidas anunciadas en estos más de 100 días de Gobierno, como la derogación del impuesto al sol, el cierre de centrales térmicas de carbón para 2025 o de las nucleares en 2028, cuando la última cumple 40 años, o el fin del diésel, además de la intención de acometer los cambios estructurales que sean necesarios para lograr una evolución racional de los precios de la electricidad.

Facua asegura que suspender el impuesto a la generación bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café»

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Europa Press.- Facua ha advertido que la medida anunciada por el Gobierno de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café«. En este sentido, su portavoz, Rubén Sánchez, calificó de «bochornoso» que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «haya anunciado con tanta grandilocuencia una medida que venían reclamando las propias compañías eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de Rajoy«.

Asimismo, Facua subraya que en septiembre la factura de un consumidor medio se ha encarecido un 3,4%, unos 2,74 euros, por lo que el incremento interanual es del 15,4%. Por ello, la asociación considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya afirmado que su medida va a «aliviar la factura eléctrica a los consumidores«. Hay que recordar que Facua entregó sus propuestas sobre el suministro eléctrico al secretario de Estado de Energía, José Domínguez. La asociación pide la bajada del IVA al 4%, desde el 21% actual, lo que, según sus cálculos, ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Asimismo, propone crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada.

«Sólo beneficiará a la industria»

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige una «revisión completa» del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz, ya que considera que la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica «sólo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores«. En este sentido, la organización afirma que es necesaria esta revisión completa del sistema, «en la que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas accesibles para todos los hogares».

Asimismo, considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, «que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019». Al menos, OCU valora «positivamente» el avance que supone que el Ministerio para Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee «la necesidad de revisar el bono social, ampliándolo también a la calefacción».

Sin embargo, la OCU considera que la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera «serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor». Así, pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan «una factura más justa», entre las que figuran la retirada o limitación de los conceptos que incrementan artificialmente la factura, así como la asignación de una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores y la aplicación de mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el pool.

Hacienda compensará los 1.000 millones sin recaudar del impuesto a la generación con lo obtenido por los derechos de emisión

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que el paquete de medidas relativas al coste de la electricidad, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, queda «integrado» en una parte con los ingresos obtenidos en las subastas de derechos de emisión y también por los Presupuestos. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 1.000 millones de euros la pérdida de ingresos por la suspensión «temporal» del impuesto.

Montero ha recordado que la eliminación temporal de este impuesto supondrá un recorte en la factura de la luz de entre el 2% y el 4%. La ministra destacó que con esta medida el Gobierno se muestra «sensible» a la realidad de los hogares españoles, que han visto incrementado el precio de la luz, y advirtió de que estará «vigilante» para que la supresión de este impuesto «repercuta realmente» en la factura que pagan los usuarios de la energía eléctrica. Por otro lado, la titular de Hacienda ha descartado rebajar el IVA de la factura eléctrica achacándolo a que “el IVA es un impuesto muy regulado a nivel europeo y tenemos que ir en armonía, no podemos salirnos del reglamento».

Recaudación de derechos de emisión

Por su parte, Ribera reiteró la importancia que tenía para el Gobierno tomar medidas para la bajada de la factura de la luz y que la irracionalidad del mercado energético «no repercuta en el consumidor final». En este sentido, ha incidido en que tras analizar las opciones que podían generar un «efecto directo más inmediato», lo esperan lograr con la eliminación del impuesto a la generación, ya que debería repercutirse directamente en la factura final.

Respecto a cómo afrontará el Gobierno la pérdida de los ingresos que genera dicho impuesto, más de 1.000 millones de euros anuales, ha aseverado que «está ya integrado» en una parte por lo obtenido en las subastas de derechos de emisión y también con la contribución de los PGE. En todo caso, precisó que todo ello está a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el paquete de medidas, entre las que también se incluyen otras acciones «prioritarias» para reforzar los mecanismos de lucha contra la pobreza energética, pues ha insistido en que «uno de los focos de atención» son los colectivos vulnerables.

AEE pide reformar el pool

Asimismo, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que la suspensión del impuesto a la generación es «una medida oportuna» que tendrá «efectos directos» sobre el precio de la electricidad y que aliviará el incremento de la factura de la luz que se ha producido últimamente, aunque cree que debe «ir acompañada de una reforma del mercado eléctrico«. El director general de AEE, Juan Virgilio Márquez, señala que esta reforma «es necesaria y debe ser fruto de un consenso social y político, que garantice su estabilidad».

En este sentido, la patronal eólica valora «positivamente» la puesta en marcha de las medidas concretas anunciadas por la ministra así como el planteamiento de una reforma estructural del mercado eléctrico. Así, celebra el mensaje de «apoyo sin fisuras al desarrollo y aportación de las energías renovables, y a la eólica en particular, como tecnologías de futuro», con el que la ministra puso «sobre la mesa medidas de aplicación inmediatas y avanzó señales que apuestan por un modelo energético enfocado al proceso de transición energética del país, donde las renovables son el eje principal», subraya.

Además, coincide con Ribera en la urgencia de emprender una reforma energética «que perdure en el tiempo, sea transversal en toda la economía del país y esté consensuada». Para ello, considera que el sector precisa de «visibilidad en el tiempo y una estabilidad regulatoria» que no suponga una merma en los resultados de las plantas existentes y permita la planificación y puesta en marcha de nuevas instalaciones renovables. De esta manera, cree que es necesaria una planificación energética que establezca qué tecnologías necesita el país en el mix energético, así como garantizar la seguridad jurídica, eliminando aspectos como la modificación de la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años.

Mientras, para reducir la volatilidad del precio del mercado eléctrico, la AEE propone la introducción de más generación renovable autóctona, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles importados y del precio del CO2, así como aumentar la aportación de las renovables e incrementar la electrificación de la economía. Asimismo, la patronal pide eliminar de la factura eléctrica los costes ajenos al suministro llevándolos a los PGE o financiándolos con una fiscalidad medioambiental trasversal sobre los combustibles fósiles, así como establecer mecanismos estables de retribución y simplificar y agilizar los procesos administrativos con ventanilla única para la tramitación de permisos.

El Gobierno suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el recibo bajará un 4% como máximo

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Europa Press / EFE.- El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP con la Ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del impuesto del 7% a la generación «es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso». Ribera anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en «las próximas semanas» para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que espera que se pueda tramitar con agilidad y este invierno esté vigente.

A este respecto, Ribera indicó que el nuevo bono social eléctrico aprobado en 2017 por el PP, cuyo plazo para su solicitud tuvo que ser ampliado hasta el próximo mes de octubre debido a la confusión para su renovación entre los usuarios, recogía «avances», aunque ha habido «problemas» en su ejecución, por lo que el objetivo es adoptar medidas que sean aplicables «desde ya» para proteger a consumidores vulnerables como las «personas mayores y las familias monoparentales, «que no quedaban cubiertos en el marco actual«. Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre.

Ha explicado que el impuesto a la generación no se suprimirá, sino que se suspenderá para quedar «prácticamente a cero» temporalmente, lo que supondrá, según fuentes del Ministerio, que se quede en un tipo residual (entre el 0% y el 0,5%), que determinará la Abogacía del Estado.Esta medida podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea. Esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial, según Ribera.

La ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. Así, indicó que se opta por esta suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta definir «una propuesta de reforma fiscal más global» que, eso sí, subrayó que «debe hacerse con cuidado».

A este respecto, consideró que una rebaja en el caso del IVA que se aplica a la luz, situado en el 21%, es un tema «más complicado, ya que es un ingreso propio de la Unión Europea y no es partidaria de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor». «Forma parte de esas cuestiones que son contraintuitivas ¿Cómo es posible que haya un IVA del 21% para un consumidor que por definición es vulnerable? Pero como es un impuesto que no depende de nosotros, no es tan fácil», añadió al respecto Ribera, reconociendo que le hubiera gustado poder ‘tocar’ este impuesto, ya que el impacto sobre el consumidor sería «obvio».

Ribera considera que el sistema actual del mercado eléctrico «no emite las señales adecuadas», con un sistema de fijación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas, en el que conviven tecnologías antiguas, como el carbón, la nuclear y el gas, con nuevas, como las renovables, mostrando «el inmenso coste» de los combustibles fósiles y en el que la volatilidad de precios es una tónica, por lo que «se debe de actuar«. Por ello, destacó que el abandono de los combustibles fósiles puede permitir ahorrar 400.000 millones de euros a la economía española hasta el horizonte de 2030, «repercutiendo en la factura eléctrica», y recordó que la transición energética puede movilizar inversiones por hasta 100.000 millones de euros.

Dentro de estas medidas para recuperar el «impacto positivo» que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables. «España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales», añadió al respecto. Además, también consideró necesario implementar medidas en materia de ahorro y eficiencia energética.

Respecto al autoconsumo, en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. «No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura», añadió.

Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento. «Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir», ha argumentado.

Para Ribera, durante el anterior Gobierno se «perdió el tiempo», abandonando la senda renovable e impulsando medidas «poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización». Así, afirmó que «los parches» del Ejecutivo anterior han supuesto «una gran litigiosidad» que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. «Los cambios están en marcha y tenemos la clara voluntad de impulsarlos», añadió Ribera.

De esta manera, consideró necesario definir objetivos «ambiciosos» de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, «sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad». A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía «en blanco» por el anterior Ejecutivo.

Por otra parte, Ribera, que considera que «la prioridad» de su departamento es, en estos momentos, «abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética», anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos 6 meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito. Además, señaló que se propondrán medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, reclamó al Ejecutivo medidas para frenar la escalada en el precio de la luz, advirtiendo además de que «si no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen» la tarifa «va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario«. Belarra ha destacado que el Gobierno deberá «elegir si está con las eléctricas o con la gente»: «Nos gustaría saber si van a romper los lazos con las grandes eléctricas», ha espetado. Por ello, Belarra ha instado al Ejecutivo a «apostar por las renovables», a «quitar las trabas al autoconsumo», o a impulsar planes de rehabilitación energética de viviendas.

Folgado (REE) aboga por replantear los impuestos especiales que paga la electricidad y propone prorrogar 10 años más las nucleares

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EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, expuso la conveniencia de que el Gobierno central se replantee los impuestos especiales con los que se grava la electricidad. En este sentido, Folgado indicó que se debe pensar «para ver cómo, con mentalidad fiscal global, la energía eléctrica no paga impuestos especiales» como los que también soportan el alcohol, el tabaco o el petróleo.

«Nos jugamos mucho» por el peso de la electricidad en los costes empresariales y su incidencia en la competitividad, ha señalado Folgado, que recordó que ahora no solo se paga un tributo por energía generada sino también otro del 5% que se estableció en su día para «subvencionar el carbón», y «aunque esto ha ido cayendo el impuesto sigue». Asimismo, Folgado se ha referido al escenario que debe afrontar España en una situación económica que le «permite» abordar este reto, que tiene a su juicio como primer pilar la eficiencia.

Después de subrayar que «no hay energía más sostenible que la que no se consume», ha recordado que en 2016 el 80% del déficit comercial español fue por el coste energético, de ahí la importancia de las renovables. Folgado ha indicado además que tanto administraciones como empresas y particulares deben adoptar sistemas que permitan un menor consumo y aplicar tecnologías que optimicen el que se realiza, al tiempo que apuesta por «un cambio masivo en la sostenibilidad de la edificación».

Avance de la movilidad eléctrica

Ha defendido también el desarrollo de una movilidad sostenible con un desarrollo del ferrocarril para el transporte de mercancías, y del automóvil eléctrico e híbrido para personas, algo que ha augurado que contará con el impulso de los ayuntamientos, que para 2025 pondrán «claras limitaciones» al coche tradicional. A estas medidas añadió la necesidad de aplicar «políticas sociales» al consumo eléctrico, como se hace en distintos países europeos mediante «una bajada de tarifas para las menores rentas». Todo ello sin olvidar la «importancia» de contar con redes de interconexión para el transporte de la energía.

En referencia a su origen ha recordado que la renovable debe ser para 2020 el 27% de la primaria, lo que supone el 62% de la producción eléctrica, un ratio que ya alcanzó una comunidad autónoma como Navarra el año pasado. «Pero la generación renovable también puede ser nuclear», ha puntualizado, aseverando que «lo más razonable es alargar la vida de las centrales nucleares 10 años», pese a que los «efectos colaterales» que puede acarrear el uranio. En todo caso subrayó que para 2040 «prácticamente todo será energía renovable sin nucleares» y eso conlleva otros retos, como el del almacenamiento.

Salida de las renovables navarras

Por otro lado, Folgado aseveró que, «con la objetividad propia de quien ve todo el parque nacional», la salida de Navarra a su producción de energía renovable «obviamente es por el País Vasco y Europa». «Antes podía evacuar sus energías excedentarias a Castilla y León y Aragón, pero es que ellas se han desarrollado mucho en eólicas, en mayor cantidad de lo que demandan, y por lo tanto no hay mucha salida por ahí», argumentó.

Y ha añadido que si se quiere «el desarrollo de Tierra Estella y no tener restricciones al crecimiento en sectores como automoción, biomedicina, agroindustria, industrias químicas o papelera, se necesita no tener la espada de Damocles de minicortes o falta de capacidad de evacuación de la energía«. «Eso es lo que permite capitalizar la energía renovable siempre y a un determinado precio», ha subrayado Folgado.

Red Eléctrica pide aprovechar la Ley de Cambio Climático para reducir la fiscalidad de la energía en España

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Europa Press / EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, ha pedido al Gobierno una serie de medidas para realizar la transición energética, como establecer planes sectoriales, cuantificar costes de inversión y revisar los impuestos que hay sobre la energía, replanteando el impuesto del 7% sobre la energía generada. Folgado también indicó que habría que replantearse, por ejemplo, el impuesto al carbón del 5% que perciben las comunidades autónomas, aunque ha reconocido las dificultades para proponerles a las autonomías quitarles ese dinero.

«Los impuestos específicos tienen que implantarse por razones que los justifiquen, como el del tabaco o el del alcohol, pero el impuesto a la energía debe ser reconsiderado, que pueda modularse para que España no incumpla sus objetivos de déficit, pero es una cuestión que debe estar en los estudios que hagan desde la comisión de expertos que está elaborando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética», señaló Folgado, que felicitó al Gobierno por su iniciativa de elaborar una ley para regular la transición energética y recordó las diferentes iniciativas internacionales y europeas al respecto, como el Acuerdo de París o el Paquete de Invierno de la Unión Europea.

También indicó que la futura norma tiene que ser una oportunidad para impulsar la actividad y el desarrollo tecnológico, a través de la puesta en marcha de «incentivos valientes». Además, apuntó que tendrán que fijarse planes sectoriales para la edificación, del que proviene un 25% de las emisiones de CO2 en España, o el transporte, responsable de un 40% de las emisiones. Por ello pidió el desarrollo de un programa de rehabilitación de edificios. En cuanto a la sustitución de vehículos convencionales por eléctricos, cuya introducción considera que es una «tendencia imparable» en el mundo, está en contra de que la Ley de Cambio Climático establezca medidas de prohibición a los convencionales, aunque sí para estimular la producción de eléctricos.

En cuanto a la introducción de las renovables, ha señalado que habrá que contemplar en la futura norma mecanismos cómo garantizar la seguridad del suministro, dado el carácter intermitente de esas fuentes de energía, dependientes de la climatología. Para ello insistió en la necesidad de que se hagan interconexiones desde «el norte de Europa al norte de África», pues «no deja de hacer viento o sol al mismo tiempo» en toda esa vasta zona, si toda Europa quiere alcanzar el objetivo de que el 100% de toda la energía que consume tenga origen renovable en 2050. Finalmente, se mostró partidario de dar protagonismo al ciclo combinado con gas y advirtió de la necesidad de mecanismos de gestión de la demanda.

Nadal no ve «mal» una revisión de los impuestos creados en 2012 a la nuclear para comprobar si son «adecuados»

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Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que «no está mal» que se acometa una revisión que permita establecer cómo de «adecuados» son los impuestos establecidos por el Gobierno en 2012 a la tecnología nuclear. «Hay que hacer un análisis serio. No está mal que hagamos una revisión y veamos qué adecuados son los dos impuestos que pusimos», afirmó el ministro.

Desde su punto de vista, resulta conveniente realizar un análisis económico «serio» sobre las tecnologías hidráulica y nuclear «que revele quién tiene razón» acerca de si son rentables o no lo son. «No comparto la idea de que las nucleares no son rentables», ha apuntado el ministro, para quien esto se comprueba al ver las cotizaciones en Bolsa de las empresas propietarias.  «Las nucleares son las que hay en España. Si se pudiera poner una nuclear cuando se quisiese, se podría ver la rentabilidad», inquirió Nadal, para quien al afirmar que las centrales nucleares no son rentables «se juega con la falta de conocimiento del regulador, que no tiene un mecanismo de mercado que revele cuánto de rentable es eso«.

Los dos impuestos a los que aludió el ministro se refieren a los de la Ley 5/2012, que entraron en vigor en enero de 2013 y que, entre otras cosas, condujeron a Iberdrola y a Endesa a detener la actividad de la central nuclear de Garoña. La ley contemplaba varios impuestos a las actividades del sector eléctrico con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa. De los gravámenes, dos afectan a la nuclear, que son el que se aplica específicamente a los residuos y el del 7% a la producción de electricidad. Este último impuesto será analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el Tribunal Supremo haya planteado dudas sobre su constitucionalidad.

Por otro lado, Nadal ha afirmado que la energía nuclear debe mantenerse en el mix energético porque, de no ser así, el recibo de la luz se encarecería un 25%. Según ha dicho, es un coste «excesivo» para la sociedad liberarse de los residuos nucleares a cambio de encarecer el recibo de la luz en un 25%. «Sube un 25% porque esa oferta ahora es insustituible con la tecnología que tenemos hoy y con la que tendremos los próximos años».

Para Nadal, lo primero es «la decisión pública de qué mix queremos para los próximos años». «Desde mi punto de vista la energía nuclear tiene que contar», ya que, según ha explicado, no existe ninguna tecnología que consiga trabajar continuamente sin emitir CO2 y a precio de mercado. Según el ministro, su objetivo es «que no suba el precio» de la electricidad, así como cumplir los objetivos medioambientales. «El objetivo de otros sí es que suba el precio», ha apuntado Nadal, que considera que «eso es lógico» pero que no se pueden «poner de acuerdo».