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La Junta de Andalucía destina 15 millones de euros a ayudas para fomentar el autoconsumo de electricidad

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EFE.- El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, presentó al Consejo de Gobierno un informe sobre los incentivos al autoconsumo eléctrico incluidos en el Programa para el Desarrollo Energético Sostenible 2017-2020, que cuentan con un presupuesto total de 15 millones de euros.

Desde que se abrió la convocatoria en mayo del año pasado, la Junta ha aprobado 502 ayudas por un importe de 11,08 millones de euros, mientras que otras 179 solicitudes se encuentran en tramitación, lo que suma un total de 681, según ha detallado el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco. Del total de las solicitudes, 328 son de particulares, 198 de empresas y 142 de entidades locales, y el 88% del total se vincula a instalaciones en edificios y el resto a procesos industriales. Estos incentivos se enmarcan en el objetivo de la Estrategia Energética de Andalucía 2020 de situar el autoconsumo como responsable del 5% de toda la electricidad que se genere con fuentes renovables en la comunidad.

El informe destaca la importancia de las ayudas en marcha ante las incertidumbres generadas por la normativa estatal del denominado peaje de respaldo, conocido como impuesto al sol, que establece el pago de tasas cuando la energía generada no es suficiente para el abastecimiento y se recurre también al suministro que proporciona la red general. El desconocimiento de que estos peajes sólo afectan a aquellas instalaciones cuya potencia es superior o igual a 10 Kw ha tenido un efecto disuasorio para los consumidores domésticos, que en su mayoría no superan estos niveles, según la Junta.

Los incentivos, gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía, se incluyen en 3 líneas diferentes del Programa para el Desarrollo Energético: para la mejora de edificios (Construcción Sostenible), para el cambio de modelo en las pequeñas y medianas empresas (Pyme Sostenible), e iniciativa de eficiencia y ahorro en las ciudades (Redes Inteligentes). La horquilla de cobertura va desde el 30% de la inversión, en las instalaciones de autoconsumo de forma general, hasta un tope del 90% dependiendo de otros factores. De este modo, la intensidad de la ayuda, que para el consumidor doméstico puede llegar hasta el 45%, se eleva si el autoabastecimiento alcanza el 70% de la energía generada o si se lleva a cabo en viviendas sociales.

El Programa para el Desarrollo Energético Sostenible, en el que se incluyen las ayudas, cuenta con un presupuesto de 243 millones de euros y es una de las piezas fundamentales de la Estrategia Energética de Andalucía aprobada en 2015. Entre otros objetivos para 2020, plantea aportar con fuentes renovables el 25% del consumo final bruto (actualmente alrededor del 20%); reducir en un 25% el consumo tendencial de energía primaria; descarbonizar el consumo en un 30% respecto a 2007; autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables (actualmente 0,4%), y mejorar en un 15% la calidad del suministro.

Greenpeace parodia a Rajoy como Escarlata O’Hara con un cartel en Gran Vía para criticar los cargos al autoconsumo

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Europa Press.- La ONG ambientalista Greenpeace desplegó en el antiguo Palacio de la Música de Gran Vía una pancarta en la que parodian al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, como los protagonistas de Lo que el viento se llevó para criticar su impuesto al sol y la inacción ante el cambio climático.

En la pancarta, con la imagen de la fotografía del cartel del filme, Nadal, en el papel de Rhett Butler, asegura que «jamás» volverá a cerrar una central térmica. «Francamente, querido, el cambio climático me importa un bledo», contesta Rajoy como Escarlara O’Hara. Así, se afirma que «tras su drama el impuesto al sol, presentan Lo que Rajoy nos dejó, un filme con mucho cambio climático y pocas renovables«. Además de la pancarta, un grupo de activistas ha informado a la ciudadanía a pie de calle sobre el motivo de la protesta. Hasta la Gran Vía acudieron Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, para proceder a retirar la pancarta, según indicó un portavoz de Emergencias Madrid.

A través de esta acción, Greenpeace pide al Gobierno que represente a los intereses de las personas y del planeta en el próximo Consejo Europeo de Energía. La organización ecologista critica que el Gobierno sigue anclado en las energías sucias como el carbón y la nuclear aunque suponga incumplir los objetivos europeos de renovables o legitimar el Impuesto al Sol.

Además, Greenpeace exige al Gobierno que retire el borrador de Real Decreto con el que quiere evitar el cierre de las centrales térmicas de carbón y nucleares en España y que deje de boicotear en Bruselas los intentos de la Unión Europea para dotarse de una política energética sin subvenciones a los combustibles fósiles, con el Planeta en el centro del sistema energético. Greenpeace ha indicado que con «las energías renovables en manos de la ciudadanía se podrían generar 8 veces más beneficios locales, mayor creación de empleo e ingresos fiscales superiores para los municipios».

Blanco (PSOE) plantea impedir desde la Unión Europea los cargos al autoconsumo con una regulación impulsada a nivel comunitario

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Javier Angulo / Bruselas.- El eurodiputado socialista y ponente de la directiva de energías renovables, José Blanco, ha avanzado que el Parlamento Europeo impulsará una regulación del autoconsumo que impida cargos como el denominado impuesto al sol (término rebatido recientemente por el Tribunal Supremo), en los que el autoproductor tiene que contribuir a los costes del sistema como las redes. Blanco propone que la energía autoconsumida no tenga que afrontar estos cargos, abonando el uso de las redes cuando se pretenda verter energía al sistema.

De todos modos hay que recordar que el papel de Blanco es el de conseguir que las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo fijen una posición desde la que negociar a lo largo de 2018 con la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Por tanto conviene subrayar que cualquier cambio regulatorio no será en el corto plazo ya que a nivel comunitario no entrarán en vigor hasta 2020. El 28 de noviembre se votarán en la Comisión de Energía 7 informes para definir el sector energético de Europa en la próxima década, entre ellos el informe sobre renovables de Blanco, aunque la postura del Parlamento no será definitiva hasta que se apruebe en pleno en la primavera del 2018.

En lo que respecta a los objetivos de Energía y Clima para 2030, la propuesta de Blanco es conseguir una cuota de renovables del 35% sobre el consumo de energía final, lo que supondría añadir más ambición a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que fija esta meta en el 27%. Según Blanco, hay un mayoritario consenso en las instituciones europeas respecto a que el avance tecnológico ha dejado desfasada la cifra del 27% y desde el Parlamento Europeo han insistido a la Comisión para actualizar los datos de la inversión que supondría este avance hacia las renovables y la descarbonización de la economía. De hecho el comisario Miguel Arias Cañete ya ha hablado de un mínimo del 30%.

En este punto el eurodiputado socialista ha arremetido contra “la hipocresía de muchos Gobiernos, que aplauden los acuerdos de París sin poner en marcha la senda adecuada para cumplir esos objetivos”. Precisamente Blanco subrayó que el PP Europeo y países como España son los que están mostrando mayores reticencias a esta meta para 2030. “Un país con un gran potencial de renovables como es España no puede trabajar a la contra de este objetivo con las interconexiones como excusa”, subrayó Blanco, que tampoco quiso restar relevancia a las conexiones energéticas de la Península con Europa ya que desde el Parlamento Europeo se pretende fijar una meta del 15% de interconexión respecto a la potencia instalada del sistema eléctrico en 2030.

Por otro lado, en este encuentro con periodistas españoles y portugueses previo a la Conferencia de Energía que se celebra este martes en Bruselas, Blanco insistió en que los objetivos de Energía y Clima para 2030 deben mantener su carácter vinculante para los Estados miembros, no solo en lo que respecta al objetivo europeo sino también en los específicos de cada país, tal y como se fijaron para 2020, ya que es un instrumento “que ha funcionado bien”, propiciando un avance tecnológico que ha bajado considerablemente los costes de las energías renovables. “Renunciar a establecer objetivos vinculantes supondría introducir incertidumbre en el sistema”, aseveró Blanco.

El eurodiputado socialista ha avanzado que se pretenden introducir medidas para reforzar la seguridad jurídica para los inversores, evitando medidas que supongan perjuicios con carácter retroactivo. Blanco reconoció que se pretende introducir “clausulas de penalización” para los Estados miembros que incumplan lo establecido sobre retroactividad en las futuras directivas europeas, pero descartó cualquier opción de resarcir a los inversores afectados por medidas del pasado. En clave española denunció que los arbitrajes internacionales sí que van a resarcir a los inversores extranjeros por los recortes retributivos realizados a las renovables en la reforma eléctrica de 2013, por lo que demandó que “ante el mismo hecho, los tratamientos tienen que ser iguales pues, en caso contrario, se estaría consolidando una injusticia insoportable”.

En materia de las renovables en el transporte, Blanco defendió fijar un objetivo entre el 10% y el 12% de biocombustibles para 2030, aunque parece una meta más difícil de lograr por las reservas que expresa la izquierda europea y los sectores ecologistas hacia la sostenibilidad de los biocombustibles. En este sentido, la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, se mostró más partidaria de fijar objetivos sectoriales que cifró en un 9% de renovables en el transporte por carretera y de un 6,8% en el sector de la aviación. Finalmente, la eurodiputada lamentó que desde instancias europeas no se puedan tomar medidas efectivas contra la pobreza energética por la negativa de la derecha a tramitarlas.

La Alianza por el Autoconsumo pide al comisario Arias Cañete su mediación para lograr una regulación más favorable en España

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Europa Press.- La Alianza por el Autoconsumo, conformada por 40 organizaciones sociales, ha reclamado al comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, que medie ante el Gobierno español para propiciar un cambio regulatorio más favorable para el autoconsumo y para que deje de oponerse a que la Unión Europea asuma medidas efectivas para garantizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía de estar en el centro del sistema energético.

La organización, conformada por asociaciones como APPA, Anpier, CECU, COAG, CCOO, Adicae o Amigos de la Tierra, entre otras, señala que ha remitido a Arias Cañete una carta en la que piden que interceda ante el Ejecutivo de España para que solucione con urgencia «las barreras artificiales que la regulación actual impone al desarrollo del autoconsumo«. Asimismo, traslada al comisario europeo su preocupación por la posición contraria al autoconsumo y a la participación ciudadana en la energía que está mostrando el Gobierno de España en las negociaciones europeas sobre la política energética comunitaria a 2030.

Además, la Alianza por el Autoconsumo destaca la «preocupante parálisis» del sector, que está perjudicando el desarrollo de instalaciones de autoconsumo, tanto en viviendas como en empresas, debido a las barreras administrativas, técnicas y económicas establecidas por parte del Gobierno. Asimismo, subraya la importancia del autoconsumo como elemento clave para el cambio hacia un nuevo modelo energético y para el cumplimiento de la legislación europea.

El Supremo avala los cargos al autoconsumo que aprobó el Gobierno en 2015 y niega que haya impuesto al sol

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) contra el Real Decreto 900/2015, conocido como impuesto al sol y que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

La sentencia no sólo desestima los argumentos de los recurrentes, sino que entra a enjuiciar el término de impuesto al sol que se le había dado a la normativa. Así, el Alto Tribunal considera que «no hay por tanto impuesto al sol propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite».

De esta manera, el fallo pone de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada, por lo que no existe impuesto al sol propiamente como tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso, como es lo habitual, la consume efectivamente.

En lo que se refiere a las cuantías de las sanciones, otros de los temas que los recurrentes criticaban, el Supremo destaca dos extremos. Primero, que una instalación de autoconsumo no tiene por qué ser una instalación pequeña o de un sujeto particular, sino que puede ser una empresa con una considerable entidad económica e industrial. Y, en segundo lugar, que existe una horquilla para imponer las sanciones, sin que ello exija que se aplique siempre las de cuantía superior. De esta manera, indica que existiría vulneración del principio de proporcionalidad si los mínimos fuesen claramente exorbitantes, siendo 600.001 euros para las infracciones graves y 6.000.001 para las muy graves.

Respecto a la retroactividad, el tribunal considera que la aprobación de un nuevo régimen pro futuro para un determinado tipo de instalaciones no puede en puridad ser calificado de norma retroactiva. Asimismo, sobre la vulneración de la normativa comunitaria por no existir un procedimiento autorizatorio, rechaza la alegación señalando que existe un procedimiento simplificado de autorización para instalaciones de pequeña potencia de vertido a red en el Decreto 1699/2011. El Gobierno aprobó el decreto sobre autoconsumo eléctrico en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad.

El ‘fake’ del impuesto al sol y la polémica sobre la metodología de los costes de acceso

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Recientemente se ha conocido como el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Anpier contra el Real Decreto 900/2015 conocido como impuesto al sol y que regula el autoconsumo. La sentencia ha sido criticada en el sentido de su alineación con las tesis políticas del Gobierno y su impacto más llamativo se deriva del esclarecimiento jurídico de que el impuesto al sol como figura tributaria no existe, dado que es una contribución de este tipo de consumidores al sistema por su respaldo.

Es cierto, el impuesto al sol como tal no existe, en la misma medida que todos los costes de acceso y peajes que soporta un consumidor doméstico o industrial no son “impuestos”. Ahora, lo que sí es cierto es que es una formidable campaña de comunicación política, de creación de marcos en términos del lingüista americano Georg Lakoff, que además se vio reforzada por una importante campaña de publicidad con coches funerarios y placas solares.

Podemos decir así que ha sido la última gran campaña de comunicación y de creación de concepto mediático en el ámbito energético en la que se combinaban elementos que no podían fallar: la aversión a los impuestos (próxima al libertarismo del Tea Party incluso en el autosuministro energético), la consideración de su aplicación a un recurso natural inagotable pero no gestionable (la luz solar), tercero, el derecho a decidir la fórmula de suministro eléctrico individualmente. Si hiciéramos un paralelismo, esta idea bien podría aplicarse con relación a los impuestos que gravan la generación hidráulica y, en ese caso, no se habla de impuesto al agua o, en el caso de la producción eólica, no se habla de impuesto al viento.

El fondo de toda la controversia, eso sí, es la contribución de los autoconsumidores al sistema, que el Gobierno determinó en el decreto 900/2015 de forma que debían contribuir igualmente que un consumidor convencional. Esta solución tiene además una lógica primaria de no discriminación entre consumidores, la propia existencia de un impuesto a la generación de electricidad (del que estarían exentos los autoconsumidores) y la necesidad de que todos participen en los costes del sistema. Y, esta es la clave, el modelo español se basa en un sistema de suministro articulado que precisa unos costes para su funcionamiento (además de absorber otros que no están relacionados directamente con el suministro).

Consecuentemente, se establece que el autoconsumidor pague por los peajes de acceso a redes y demás cargos del sistema, es decir todo el término fijo de la factura con el agravante de que el Gobierno no hace pública la metodología de cálculo de los peajes. Y la clave está en esa cuantificación que sigue coagulando una liberalización completa del recibo. En realidad, esta contribución en los mismos términos que los consumidores generales (domésticos o industriales) no es una barrera o una discriminación en el sentido de ser una mayor contribución sino que, al tratarse en términos de igualdad, las cuentas del retorno de la inversión no salen para estas instalaciones.

Y la condonación de estas contribuciones lo que implicaba “de facto” es una subvención encubierta. En todo caso, lo que queda claro es que el impuesto al sol es un fake en términos informativos. La inconsistencia de la definición de esa contribución unida a la laguna existente en torno a los costes de acceso es lo que ha proporcionado munición para configurar una de las campañas de comunicación política más potente de los últimos años, nunca bien contrarrestada por una comunicación abierta, clara y pedagógica de nuestro sistema eléctrico y de los costes de acceso.

Ahora bien, en este sentido, la sentencia desmonta esta idea desde la ortodoxia jurídica y tributaria. Lo que pasa es que la aceptación e instalación social del término ya es imparable y es poco propensa a los matices, si además, en medio se trata de instrumentalizar en términos de las políticas energéticas con sus beneficiarios y perjudicados. A la vez, esa polémica y ese éxito comunicacional, de marketing energético, ha desvirtuado la cuestión mollar de la metodología de costes de acceso, verdadero punto débil de la cuantificación de esas contribuciones.

El Gobierno de Baleares anuncia que aprobará el próximo año una «ley pionera» en España para impulsar la transición energética

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Europa Press / EFE.- El Gobierno balear abordará una normativa autonómica en materia de cambio climático y transición energética que será «pionera» en el Estado «porque no quedará tan sólo en una declaración de intenciones, sino que irá ligada a una serie de obligaciones» para hacer posible el tránsito energético hacia las renovables y avanzar hacia el compromiso de cero emisiones contaminantes en 2050 con «medidas urgentes y vinculantes«.

La previsión es que el Gobierno apruebe el proyecto de ley en el primer trimestre de 2018 para su posterior tramitación parlamentaria. Así lo ha señalado el consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, acompañado por el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard, quien han explicado los objetivos de la futura ley del cambio climático y transición energética de Baleares y los resultados del proceso participativo realizado previo al inicio de la redacción de la normativa.

El consejero ha remarcado que la elaboración de esta normativa será una «prioridad» del nuevo curso político en respuesta a las «evidencias científicas y la concienciación de la ciudadanía» que, según ha dicho, «pide poner dentro de la agenda política la lucha contra el cambio climático y la transición energética». En este sentido, ha precisado que en el otoño e invierno esta materia se convertirá en «un elemento de debate y de aportación de propuestas» con el propósito de aprobar una normativa «ambiciosa y perdurable» en el tiempo que fije un calendario de de actuaciones relacionado con el Acuerdo de París, para conseguir alcanzar reducción de gases contaminantes en 2050.

Así, el consejero ha recordado que en esta legislatura se han dado algunos pasos que marcan el camino y ha explicado que actualmente toda la energía que consume el Gobierno balear procede de fuentes renovables, se han iniciado líneas de subvención de placas fotovoltaicas y se han ido aumentado los puntos de carga de vehículos eléctricos hasta conseguir que Baleares sea la comunidad autónoma «donde tenemos la ratio más elevada de puntos de recarga por ciudadano», ha destacado. Con todo, ha insistido en que estas medidas «no son suficientes», por lo que se necesita de «un marco legal y jurídico que fije las actuaciones futuras».

Respecto al proceso participativo previo, el consejero de Energía señaló que de forma prácticamente unánime se reclaman cuestiones concretas; como que la futura ley sea transversal y que los objetivos de reducción de emisiones sean «vinculantes» para todos los sectores. Del proceso participativo también se concluye que la normativa tenga una capacidad sancionadora antes los incumplimientos y se propone fomentar la educación ambiental e todos los niveles de formación reglada, así como realizar campañas de sensibilización. Además, entre las propuestas surgidas tras la participación ciudadana está la creación de un fondo de carbono que financie e incentive con ayudas la reducción de emisiones y la eficiencia energética en edificios y maquinarias, y la reducción de incentivos a los combustibles fósiles.

La necesidad de contar con recursos específicos para la ley, crear un fondo climático que permita su desarrollo efectivo, avanzar hacia un sistema 100% basado en renovables, combatir el conocido como impuesto al sol, reducir el consumo energético global, fomentar la eficiencia energética en los viviendas, sustituir combustibles y un programa de cierre de centrales térmicas, blindar Baleares contra las prospecciones de fósiles son algunas de las propuestas apuntadas en materia de energía. Priorizar el transporte público, impulsar planes de movilidad en empresas, avanzar hacia el 100% de coches eléctricos, en especial de alquiler, y trabajar en las emisiones del transporte aéreo y marítimo son algunas de las iniciativas sobre trasporte de la futura ley.

 Simplificar la burocracia en la tramitación de sistemas de energía renovables y que la administración dé ejemplo en el liderato del cambio con la apuesta del transporte sostenible y eficiencia energética son otras de las propuestas. Tras el proceso participativo se redactará la ley, irá a exposición pública y pasará como proyecto de ley al Parlamento, que se prevé para el primer trimestre de 2018, tras la aprobación del Gobierno.

«Es necesario que la ley tenga vocación de permanencia y vaya acompañada de recursos económicos y humanos para hacerla viable», añadió Groizard, quien recordó que en Baleares en la actualidad tan sólo un 2% de la producción eléctrica proviene de renovables, frente al 40% nacional, por lo que es preciso, indicó, fijar una estrategia que permita avanzar en los objetivos de 2050 en materia energética.

El Defensor del Pueblo consumirá energía renovable los dos próximos años con el suministro de la comercializadora eléctrica verde Gesternova

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Europa Press.- Todas las instalaciones del Defensor del Pueblo consumirán exclusivamente energía verde durante los dos próximos años, después de que la comercializadora de electricidad de origen 100% renovable Gesternova se adjudicara el pasado mes de junio la licitación del suministro eléctrico de las dependencias de la institución, según indicó la empresa.

La oferta de Gesternova ha resultado la mejor valorada tras pasar los análisis económicos y técnicos. El contrato tiene una duración de 2 años prorrogable a otros 2 más en los que el Defensor de Pueblo evitará al año la emisión de 200 toneladas de CO2 y 408 kg de residuos radiactivos con el consumo de 800 MWh anuales. El Defensor del Pueblo tiene una larga tradición reivindicando las energías renovables, como demuestran sus reiteradas manifestaciones en contra del impuesto al sol, sus enmiendas al Decreto de Autoconsumo y su amparo a las familias que sufrieron los recortes retroactivos a la retribución de la fotovoltaica.

Romper mitos sobre las renovables

Por este motivo, para Gesternova es un «paso simbólico» que la institución encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos dé el paso de consumir exclusivamente energía de origen 100% renovable y, a la vez, consiga reducir su gasto en suministro eléctrico, «rompiendo el mito que une lo renovable a lo caro», según destaca el presidentede la comercializadora eléctrica verde, José María González Vélez.

Los regantes piden al Gobierno que promueva la energía solar fotovoltaica en zonas regables y elimine los cargos al autoconsumo

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Europa Press.- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) reclamó al Gobierno que promueva la energía solar fotovoltaica, realizando una revisión «en profundidad» del decreto de autoconsumo que elimine los cargos a las instalaciones de más de 10 kilovatios de potencia. La federación asegura que al «evitar los gravámenes variables» en función de la energía autoconsumida «se impulsará la producción entre los medianos y grandes consumidores».

El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha señalado que España es «uno de los países con mayor irradiación solar», y que «sólo» hace falta que se den las condiciones de financiación «necesarias para hacer viable la inversión» y la voluntad política «para fomentar su desarrollo». En este sentido, ha apuntado que la modernización y la tecnología en el ámbito rural «van a ser la base de la seguridad alimentaria en el futuro», y que las zonas «menos reguladas» serán puntos «más sensibles a los efectos negativos del cambio climático».

Por su parte, la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Isabel Orellana, señaló que la Estrategia Nacional del Regadío «pretende orientar toda la actuación futura» en materia de regadío, fijando unos «objetivos concretos» teniendo en cuenta el cambio climático y el coste energético. «La Estrategia Nacional del Regadío establece unas líneas de actuación teniendo en consideración la sostenibilidad, la innovación, la tecnología, el capital humano y las energías alternativas», subrayó Orellana, al tiempo que ha pedido «buscar la fórmula de producción más con menos, a través de un proceso de modernización del regadío».

Fenacore ha aconsejado al Gobierno que se apoye en el regadío para alcanzar los objetivos europeos de uso renovables ya que, según indicó, en España el 16% de la energía consumida es de origen renovable, mientras que Bruselas ha fijado el objetivo en el 20% para 2020. Asimismo, la federación destacó que se debe ver en el regadío «un aliado contra los efectos adversos del cambio climático», ya que, según aseguró, por cada megavatio de energía solar producida se evita la emisión de 267 kilos de CO2 a la atmósfera.

Según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), recogidos por Fenacore, el sector de la agricultura concentra el 25% de las plantas fotovoltaicas para autoconsumo en España y, en los últimos tres años, se han instalado en el sector agrícola español centrares solares con una capacidad de producción total cercana a los 25 megavatios. Sin embargo, Fenacore advierte que la apuesta fotovoltaica en Europa es «mucho más decidida» ya que países como Francia o Alemania instalaron, «sólo durante el año pasado», más de 550 y 1.500 megavatios de potencia respectivamente.

La patronal fotovoltaica UNEF pide que en la próxima subasta de renovables todas las ofertas que empaten entren como adjudicatarias

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que lo más adecuado es que todas las ofertas que en la próxima subasta de renovables empaten, y que no supongan un sobrecoste para el sistema, entren como adjudicatarias. Por ello, solicita que no se repita «el mismo error» que en la subasta verde celebrada en mayo, en la que la fotovoltaica quedó excluida por el criterio de las horas de funcionamiento «a pesar de haber ofertado al mismo precio que la otra tecnología».

Asimismo, respecto a las licitaciones que se celebren en los territorios extrapeninsulares (Canarias y Baleares), UNEF pide que tengan «el diseño adecuado«. Además, la patronal reclama a las administraciones públicas «una mayor implicación en el desarrollo de la energía fotovoltaica, como fuente inagotable, sostenible y limpia» para cumplir los compromisos definidos en el Acuerdo de París, y del autoconsumo. De esta manera, pide a la administración pública un compromiso para recuperar la seguridad jurídica y conseguir mantener la retribución para los proyectos fotovoltaicos al 7,3%.

Por otra parte, recuerda también las posibilidades que se abren en el desarrollo del autoconsumo tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional «avalando su uso colectivo y atribuyendo a las comunidades autónomas las competencias para su regulación». A este respecto, la patronal insta a las comunidades autónomas a que sigan el ejemplo de Cataluña, definiendo la regulación necesaria para fomentar el desarrollo de instalaciones de autoconsumo compartido en edificios de viviendas y urbanizaciones «para que se mejore la eficiencia energética de los mismos y se contribuya a la lucha contra el cambio climático». Además, señala la importancia de acabar con las barreras económicas, como el impuesto al sol, y administrativas definidas por la actual regulación.