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Los regantes celebran el fin del impuesto al sol y Greenpeace pide al Gobierno una reforma de la fiscalidad energética

Europa Press.- Mientras la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) celebra la derogación del impuesto al sol porque supondrá «un impuso» a la competitividad del sector agrario, que podrá reducir sus costes energéticos mediante la autoproducción de energía sin peajes ni cargos, Greenpeace ha celebrado también el fin del impuesto al sol y el resto de barreras al autoconsumo energético pero insta al Gobierno a avanzar en una reforma de la fiscalidad energética bajo la premisa de que quien contamina paga.

Para la ONG es necesario que el Ejecutivo habilite en la legislación española la modalidad del autoconsumo compartido virtual o de proximidad para que las administraciones locales puedan usarlo en la lucha contra la pobreza energética. Por ello, reclama «a la mayor brevedad posible» una reforma fiscal energética ambiental que incorpore el principio de quien contamina paga y avance en la separación horizontal «total y efectiva» entre las actividades liberalizadas y las reguladas del sector eléctrico, de forma que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales.

Además, pide objetivos renovables «más ambiciosos» y un plan de cierre del carbón y de las centrales nucleares con fecha anterior a 2025 y añade que tanto el Plan Integrado de Clima y Energía como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética también deberán ir en línea con la consecución de un sistema energético «eficiente, inteligente democrático y 100% renovable antes de 2050″. En todo caso, tras la aprobación del Real Decreto, la ONG celebra que se ha dado un «paso imprescindible» para acabar con el impuesto al sol, al que define como un «engendro inventado por las eléctricas» y «todas» las trabas al autoconsumo que «nunca tuvieron sentido».

El responsable de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha manifestado que es «hora de que se reconozca este derecho. Ahora la pelota está en el tejado del Congreso de los Diputados». Además, valora las propuestas en favor del autoabastecimiento y «especialmente» que se reconozca el derecho a autoconsumir electricidad «sin ningún tipo de cargo», equiparando por fin el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética. Asimismo, ve positivo que se habilite también la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación porque es «imprescindible» para que este modo energético se pueda desarrollar en el ámbito urbano doméstico.

En el lado negativo, Greenpeace observa que otras medidas como la suspensión del Impuesto del 7% a la generación eléctrica y la del céntimo verde para la generación de electricidad, como únicas medidas fiscales, genera «serias dudas» ya que responden solo al objetivo de bajar la factura de la luz y no al de impulsar cambios estructurales que resuelvan los motivos de base de unos precios de la luz crecientes. Acerca de las medidas fiscales emprendidas, la ONG advierte de que esta medida, si no se produce en el marco de una reforma fiscal ambiental más amplia, acabará favoreciendo a las centrales más contaminantes como las centrales térmicas de combustibles fósiles y a las nucleares.

La competitividad del sector agrario

Por su parte, el presidente de FENACORE, Andrés del Campo, considera que eliminar el impuesto al sol es «bienvenido, pero hay que seguir dando pasos con más medidas de calado». Del Campo considera que eliminar el impuesto al sol muestra la «voluntad política» de ponerse del lado de los consumidores, que se ven obligados a pagar con costes fijos el agujero económico que se deriva de una estrategia errónea en materia energética. De hecho, los consumidores estacionales, como los regantes, han visto cómo el aumento medio de la factura para el regadío haya sido superior al 110% en este periodo.

Por eso, según señala Del Campo muchos regadíos modernizados que ahorran más agua pero demandan más energía no son económicamente viables. Ahora con esta modificación se podrá mitigar siempre que los regantes dispongan de medios económicos y recursos naturales para poder generar autoconsumo, ya sin penalización. También celebra que la medida contribuirá a que España alcance los objetivos de autoproducción de Bruselas, máxime teniendo en cuenta que los regantes son los segundos mayores consumidores de energía sólo por detrás de Adif (Administración de Infraestructuras Ferroviarias).

Finalmente, el presidente de Fenacore insiste en la necesidad de un desarrollo del reglamento para aplicar la Ley de Medidas Urgentes para la Sequía, de marzo, que contempla la posibilidad de que los regantes puedan firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima el resto del año para el mantenimiento de los equipos. Esta medida, asegura, les evitará pagar todo el año por un servicio que sólo utilizan durante la campaña de riego, lo que incrementaba injusta e innecesariamente el coste.

Podemos ve «tímida» la ampliación del bono social y reclama revisar la retribución a las eléctricas para aprobar los Presupuestos

Europa Press.- Unidos Podemos exige al Gobierno «compromisos claros y explícitos» para «acabar con los beneficios caídos del cielo» de las centrales eléctricas y nucleares si quiere el apoyo de su grupo a la ampliación del bono social y a los Presupuestos de 2019. En este sentido, Podemos cree que la ampliación del bono social «es un tímido avance», considerando que «se debe ir más allá» en su cobertura y en «conseguir una bajada mucho mayor» en la factura de la luz.

Fuentes de la formación morada han explicado que «la factura se puede reducir mucho más» que el 5% que estima que se puede abaratar el Gobierno con las medidas aprobadas como, entre otras, la anunciada suspensión del impuesto a la generación eléctrica a las empresas. «Es buena noticia que la factura de la luz baje un 5%, pero se puede conseguir mucho más», han aseverado, avanzando que, por ello, «seguirán presionando al Gobierno». Además, han insistido en que no comparten que la factura se abarate reduciendo los impuestos a las compañías eléctricas y, por tanto, la recaudación del Estado. «Se puede hacer de otra forma, se pueden tocar esos beneficios caídos del cielo que tienen las empresas eléctricas», han insistido.

En este sentido, recuerdan que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «ha dicho que el Estado está sobrerretribuyendo a las eléctricas y regalándoles dinero público». «Abordando estos beneficios de las eléctricas se podría conseguir una bajada mucho mayor y que además no la paguemos entre todos los españoles, sino que repercuta en las eléctricas», aseguran.

Por otro lado, Podemos resalta que la derogación del impuesto al Sol era una exigencia al Gobierno y que así se lo habían hecho saber en la negociación que mantienen con vistas a sacar adelante el proyecto de Presupuestos de 2019. «De hecho, Podemos ha conseguido mejorar el planteamiento», apostillan estas fuentes, que cita en este sentido la retribución a los ciudadanos que aporten un exceso de energía en la red de estos kilovatios sobrantes.

Son “un parche totalmente insuficiente”

Por su parte, el portavoz del grupo confederal en la Comisión para la Transición Ecológica, Josep Vendrell, ha asegurado que las medidas aprobadas son «un parche totalmente insuficiente» pues apenas tendrán «escasos efectos en el bolsillo de la gente». «No es el plan de choque que exigíamos», ha criticado. «Emplazamos al Gobierno a negociar. Sabe que para que nosotros aprobemos los Presupuestos, para convalidar este decreto, si quiere nuestro apoyo, tendrá que tomar compromisos claros y explícitos para acabar con los beneficios caídos del cielo, con los privilegios del oligopolioy para cambiar la estrategia contra la política energética», asevera.

En este sentido, Vendrell subrayó la necesidad de fijar un precio máximo a la generación de energía hidráulica y nuclear, ya que sus centrales están totalmente amortizadas y, por tanto, su retribución supera ampliamente el coste de generación. «El diseño del mercado, consecuencia de una mala regulación de los distintos Gobiernos, hace que el precio de la electricidad sea el mismo para todas las fuentes de energía. Y es la más cara la que marca el precio para todas», ha explicado. Es por ello por lo que Unidos Podemos quiere fijarles un precio máximo o bien imponer un cargo impositivo a esta sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz.

Por otro lado, Vendrell ha apostado por un cambio en la tarifa, con el fin de hacerla más progresiva en función del consumo, y ha criticado que los cambios en el bono social «no abandonan el modelo que dejó Álvaro Nadal», predecesor de Ribera al frente de las responsabilidades de Energía, pues mantiene los beneficios a familias numerosas. «No tiene sentido que una familia numerosa con renta alta acceda al bono social», ha denunciado, y sus umbrales de renta son, a su juicio, «excesivamente bajos».

Además, también ha criticado que se limite a las comercializadoras de último recurso este bono social, dejando fuera a pequeñas empresas de carácter municipal, y que la Administración financie parte de ese bono, como el nuevo bono social térmico. «Las empresas deben asumir el coste», esgrime el diputado catalán, que también ha pedido que, como en Portugal, sea una ayuda automática, en función de los datos de la renta y así «se dé sin el calvario de las trabas burocráticas».

La única medida celebrada por Vendrell ha sido la derogación del impuesto al Sol, una medida aplaudida también por otra formación integrada en Unidos Podemos, Equo, que espera que su eliminación contribuya al desarrollo «sin trabas» de la energía fotovoltaica «y a la consiguiente reducción de emisiones de CO2». En todo caso, considera que «quitar el impuesto al Sol es necesario, pero no suficiente», tal y como ha recalcado el portavoz de la formación ecologista en el Congreso, Juan López de Uralde, que ha urgido al Gobierno a poner en marcha un Plan Nacional de energía renovable. «El potencial de la energía solar es impresionante» en el país, ha destacado.

Greenpeace asegura que el autoconsumo de energía puede suponer un ahorro de 1.770 millones de euros en combustibles y CO2

Europa Press.- Greenpeace considera que apostar por el autoconsumo de energía puede suponer para España ahorrar unos 1.770 millones de euros en combustibles, redes y 10 millones de toneladas de CO2. Así, la ONG quiere que el Gobierno promueva el autoconsumo, en línea con la proposición de Ley de Autoconsumo que está en tramitación parlamentaria y asegura que además de pagar impuestos y costes igual que el resto del sistema, los autoconsumidores aportan a la sociedad 59 euros por cada MWh producido.

Entre las medidas urgentes, Greenpeace destaca la necesidad de permitir el autoconsumo virtual compartido que permitiría introducir en España modelos de lucha contra la pobreza energética inspirado en el modelo griego. Además, plantea que la electricidad que exceda de las instalaciones de autoconsumo reciba una remuneración justa, que atienda al análisis de costes y beneficios que esta aporta a la red, la sociedad y el medio ambiente. En este contexto, insiste en que los objetivos de renovables de España deben ser ambiciosos y plasmarse en el Plan Integrado de Clima y Energía así como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, Greenpeace aboga por un sistema energético 100% renovable antes de 2050.

Análisis de costes y beneficios

Greenpeace señala que el retorno de la inversión en autoconsumo sería el doble de rápido si, además de eliminar el impuesto al sol, se remunerase la electricidad excedentaria teniendo en cuenta un análisis de costes y beneficios «justo». Asimismo, asegura que los beneficios del autoconsumo superan con creces los costes incurridos en la red eléctrica o la moderación de ingresos a través de la factura.

La responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, Sara Pizzinato, considera que las personas que luchan contra el cambio climático deberían ser premiadas, no penalizadas. «Hay que reconocer de forma justa el valor de la electricidad generada por los autoconsumidores para acelerar la lucha contra el cambio climático y reducir la factura de la luz para todos los hogares», indicó. Finalmente, la ONG pide al Gobierno que «comience a dar ejemplo» en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética y devuelva a las personas la posibilidad de controlar su propia energía y le anima a que empiece por aplicar el autoconsumo en los tejados de los edificios públicos.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) confía en que las medidas para impulsar el autoconsumo se aprueben «lo antes posible»

Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado las medidas anunciadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Congreso de los Diputados para impulsar el autoconsumo energético y confía en que se aprueben «lo antes posible» para que el autoconsumo fotovoltaico «ayude a España a cumplir sus objetivos en materia de energía y clima».

UNEF destaca la modificación normativa que supone la proposición de Ley de autoconsumo, así como el fomento del autoconsumo compartido, impulsar la simplificación de la tramitación administrativa o la ausencia de cargos ni peaje de respaldo a la energía autoconsumida, entre otras medidas. Asimismo, considera una medida «beneficiosa» el anuncio por la ministra de fijar un calendario de subastas, lo que dará «la previsibilidad necesaria para una penetración ordenada de las renovables en el mercado».

La Fundación Renovables pide a la ministra Teresa Ribera poner «letra y ritmo» a su melodía para la transición energética

Europa Press.- La Fundación Renovables ha mostrado su satisfacción con las líneas generales que expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Congreso, pero ha subrayado que, «aunque la música suena bien, insta a la ministra a que ponga letra y dé ritmo a sus ideas».

La Fundación valora de «forma muy positiva» el anuncio de impulsar el autoconsumo con la eliminación del conocido como impuesto al sol, el fomento de la modalidad compartida y el acceso a contadores bidireccionales, así como su decisión de suspender el impuesto del 7% para la generación de electricidad. Sin embargo, considera que las medidas que expuso para afrontar el problema del alto precio de la luz «no se pueden quedar ahí, ya que se trata de un problema que hay que abordar con una visión estructural y no coyuntural«.

Además, la Fundación considera que llega «el momento de la acción«, por lo que insta a Ribera a que concrete sobre el calendario las medidas anunciadas en estos más de 100 días de Gobierno, como la derogación del impuesto al sol, el cierre de centrales térmicas de carbón para 2025 o de las nucleares en 2028, cuando la última cumple 40 años, o el fin del diésel, además de la intención de acometer los cambios estructurales que sean necesarios para lograr una evolución racional de los precios de la electricidad.

Aelec, nueva denominación de Unesa, recuerda que gran parte de la factura de la luz son costes e impuestos

EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), nueva denominación de la patronal Unesa, analizará las medidas que adopte el Gobierno para moderar los precios de la electricidad, y ha recordado que buena parte de lo que pagan los consumidores en su factura son costes y fiscalidad. Su presidenta, Marina Serrano, ha señalado que aguardarán a conocer las propuestas que anuncie la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pronunciarse sobre una posible reforma del mercado eléctrico y la factura.

Ha señalado que la ministra ha consultado y ha pedido opiniones para ver qué soluciones se pueden dar a la subida de los precios de la luz, originada por el incremento del precio de los derechos de dióxido de carbono (CO2), de las materias primas que utilizan para generar electricidad algunas centrales, a una mayor demanda por el calor y a una menor generación eólica. Serrano ha indicado que los clientes con tarifa regulada sufren la volatilidad del mercado mayorista, aunque una parte muy importante de lo que pagan los consumidores en su recibo son costes y fiscalidad, y algunos elementos que se incluyen en la factura deberían tener otro tratamiento a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha añadido que a veces se confunde lo que realmente es el precio de la electricidad y lo que supone el coste del suministro por una serie de elementos que se han incluido en la factura que pagan los ciudadanos. La presidenta de Aelec ha recordado que la eliminación de algunos de esos conceptos del recibo de la luz se ha planteado en numerosas ocasiones, incluso en el informe que encargó el Gobierno a una comisión de expertos para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Respecto a la alarma que causa la subida de los precios de la electricidad y no al de otros servicios, ha indicado que ello se debe a que la luz es un elemento cotidiano, básico. No obstante, ha dicho que en un modelo como el de España hay un supervisor de los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa los precios y un ordenamiento jurídico para reaccionar, si hay una actuación que no es correcta. «El sistema permite esos mecanismos que deberían tranquilizar a los ciudadanos», ha apuntado Serrano que, además, ha señalado que existen vías para modificar leyes y reglamentos para corregir elementos que no estén bien diseñados o adaptarse a circunstancias nuevas.

Preguntada si las subidas de la luz benefician a las eléctricas, Serrano ha recordado que hay que distinguir los ingresos de los beneficios, pues una parte de lo que se ingresa son impuestos y los costes de las compañías no son para todas iguales, pues dependiendo de cómo sea su mix de generación (diferentes fuentes de energía con las que producen electricidad), tienen una mayor o menor exposición a la subida de materias primas como el gas o el carbón.

Nueva etapa en la patronal                                                                                                                

Por otro lado, la patronal de las cinco mayores empresas eléctricas presentes en España inicia una nueva etapa con el fin de ser más austera, tras haber recortado el presupuesto en el marco de su apuesta por un nuevo contexto de electrificación en el que la transición ecológica y el autoconsumo jueguen un papel más relevante. Así, Serrano espera que el cambio no les haga «más débiles», sino «diferentes». De este modo, la patronal eléctrica busca defender con transparencia y rigor los intereses de las compañías eléctricas ante la Administración y los reguladores, facilitar la toma de decisiones internas de la asociación y abrirse al resto de agentes del sector.

«No pretendemos presionar, sino defender nuestros intereses en un Estado plural en el que la fuerza será la legitimidad de la manera de actuar, si se expone con claridad o no». Así ha resumido Serrano la nueva filosofía de la renovada patronal. «Nos desprendemos de 74 años de denominación para cumplir el papel que nos encomiendan nuestros asociados», añadió. Los cambios efectuados en los estatutos de la asociación han ido encaminados a concretar su actuación, que pasarán por centrarse en las actividades reguladas, en particular en la distribución eléctrica con el fin de garantizar un desarrollo «adecuado» que permita obtener una rentabilidad «razonable», y en los aspectos técnicos y regulados de las actividades eléctricas liberalizadas.

En este sentido, Serrano hizo alusión a la fase de alegación en la que se encuentra la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), organismo que, en el ámbito de sus funciones reguladoras, emitió el pasado mes de julio un borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores de esta actividad.

Utilizar el WACC en retribución

Pese a que ha valorado positivamente que el regulador, en línea «con lo que se hace en otros países», haya emitido una propuesta «determinada» respecto a la tasa de rentabilidad haciendo uso de un análisis basado en el WACC (coste medio ponderado de capital), avanzó que harán alegaciones ya que considera que algunos elementos «podrían considerarse de otra manera», teniendo en cuenta que la rentabilidad para las redes de distribución eléctricas es «inferior» a la vigente en el entorno europeo.

Respecto a las decisiones anunciadas por el nuevo Gobierno en materia energética, la presidenta se ha escudado en ese cambio de estatutos, que ahora se centran en actividades reguladas, para evitar opinar sobre el posible cierre de centrales térmicas, de carbón y nucleares, un tema sobre el que las distintas empresas que conforman la Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP) tienen opiniones diferentes. «Las decisiones empresariales y estratégicas son de cada compañía con la sujeción al marco normativo de cada momento; tenemos una perspectiva neutra tecnológicamente», ha apuntado Serrano.

En cuanto a la apertura de la asociación a nuevos socios, tanto por movimientos corporativos en el sector, como la compra por parte de Repsol de activos eléctricos a Viesgo, como de nuevos actores, ha indicado que la entrada de nuevos miembros «se analizará en cada caso», si bien ha reconocido que el sector está en un momento de apertura.

Por otra parte, en relación a la eliminación del llamado impuesto al sol, algo que, según anunció la ministra recientemente se realizará mediante un anteproyecto de ley antes de fin de año, Serrano ha apuntado al autoconsumo como una de las nuevas características del nuevo modelo al que se dirige el sector. «Estamos dispuestos a facilitar el servicio necesario para el autoconsumo y la implementación del mismo», ha asegurado, al mismo tiempo que ha afirmado que estarán atentos a los nuevos requerimientos en caso de que finalmente se modifique el decreto que regula esta normativa.

 

El Gobierno actuará a golpe de Decreto en favor del autoconsumo si no logra consenso parlamentario para aprobar una Ley

Europa Press / EFE.- El Gobierno aprobará un Real Decreto de Acceso y Conexión antes de final de año en el que se recoge el apoyo expreso al autoconsumo energético, en caso de que no salga adelante en el Congreso de los Diputados la proposición de ley presentada en mayo por varios grupos parlamentarios. En este sentido, la ministra Teresa Ribera subrayó que «el compromiso con el autoconsumo del Gobierno es muy claro» y que por eso se regulará antes de que acabe 2018.

PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias presentaron entonces en la Cámara Baja una proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético, con la derogación del impuesto al sol como principal medida. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el Ejecutivo tiene «a tiro» un Real Decreto que garantiza la conexión de toda la potencia renovable tras las subastas y que tendrá que ser aprobado en diciembre. «Es un buen espacio para incorporar el autoconsumo», avanzó. No obstante, para Ribera la opción «favorita» del Gobierno es que se apruebe en el Parlamento la proposición de ley presentada por esos grupos parlamentarios ya que significaría un «respaldo transversal» de la mayoría de fuerzas políticas.

Motivo de mofa en Europa

La ministra ha agregado que esto supondrá «llevar a la práctica un compromiso del Partido Socialista, eliminando trabas burocráticas y eliminando el peaje de respaldo, que se conoce como impuesto al sol«. Un impuesto al sol, que, ha recordado, «ha sido en gran medida un elemento de mofa en el conjunto de los países de nuestro entorno y una distorsión que no tenía ningún tipo de sentido». Además, Teresa Ribera ha señalado que la solución será compatible con las decisiones que se incorporan en el paquete de invierno de la Unión Europea «para que haya un reconocimiento de ese vertido eléctrico que los productores de autoconsumo vuelcan en la red«.

Por otro lado, Ribera afirmó sobre el diésel que tiene un recorrido «limitado» en el medio plazo y que hay que buscar una movilidad sin emisiones, aunque alabó la «extraordinaria» trayectoria de los motores de gasóleo. En este sentido, destacó que la industria de la automoción, que representa el 11% del PIB de España, se enfrenta a un proceso de modernización y transformación, en el que la gasolina y el diésel no tengan un trato fiscal diferente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció que los Presupuestos del Estado de 2019, que el Ejecutivo presentará entre noviembre y diciembre, recogerá una subida de impuestos al diésel, pero que no afectará a los conductores profesionales.

Greenpeace pide al Gobierno «hechos» como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras cumplir sus primeros 100 días

Europa Press.- Greenpeace ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez, que cumple 100 días desde que asumió el Ejecutivo, que pase de las «buenas intenciones» a los «hechos» concretos para proteger el medio ambiente como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la introducción de impuestos verdes para que esta no sea otra «legislatura fallida». La ONG recuerda también al Ejecutivo que debe abolir el impuesto al sol, pese al «reiterado» anuncio de su derogación.

El balance de Greenpeace sobre estos primeros 100 días de Gobierno es que a pesar de los gestos positivos, las medidas tomadas en materia de protección del medio ambiente en este período han sido «pocas y no están a la altura de la amenaza del cambio climático«. Por ello, insiste en que es «necesario» acometer acciones concretas y contundentes antes de que finalice el año.

En el lado positivo, la ONG valora el cambio de posición española en las negociaciones europeas del Paquete de Invierno inmediatamente tras formar Gobierno, pero advierte de que tres meses después «aún no se ha abolido el impuesto al sol» ni hay una hoja de ruta para desbloquear el autoconsumo. También considera positiva la decisión del Gobierno de paralizar el permiso de construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Por el contrario, insiste en la falta del borrador de la Ley de Cambio Climático ni del Plan de Energía y Clima con fecha de cierre para el carbón y la nuclear antes de 2025.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, denuncia que en estos 100 días se ha hablado mucho pero no se ha tomado ninguna decisión efectiva para la reducción de la demanda de petróleo para el transporte y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, que debería empezar con el fin de los privilegios fiscales para el diesel, tal y como anunció Pedro Sánchez, y determinar un calendario para el fin del uso de combustibles fósiles en automoción.

Reyes Maroto, ministra de Industria, apuesta por las energías renovables y asegura que el Gobierno derogará los cargos al autoconsumo

Europa Press / EFE.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha recalcado la apuesta del Gobierno de España por las energías renovables y la economía verde y ha asegurado que el Estado va a derogar los cargos al autoconsumo de energía, el denominado impuesto al sol. Maroto visitó las instalaciones del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), gestionado conjuntamente por los Gobiernos de España y de Navarra y ubicado en Sarriguren.

Reyes Maroto ha sido recibida en las instalaciones por el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra y presidente de CENER, Manu Ayerdi, y por su director general, Pablo Ayesa. También ha participado en la visita el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti. Tras escuchar una presentación sobre las principales actividades y proyectos que actualmente desarrolla Cener, la ministra visitó algunas de las infraestructuras de investigación del centro, como es el caso del Laboratorio de Electrónica de Potencia, el Laboratorio de Células Fotovoltaicas o el de Biomasa.

Maroto ha destacado que la “recuperación” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo responde a que el nuevo Gobierno de España «tiene en su hoja de ruta impulsar la política industrial» del siglo XXI porque «se estaba perdiendo el posicionamiento» de este sector que «genera mucho valor, una economía más intensiva en conocimiento y un empleo de calidad». En este sentido, ha indicado, el objetivo del Ejecutivo, como establecen los objetivos europeos, es que la industria alcance el 20% del PIB en el año 2020.

La ministra ha explicado que acude a Navarra porque «es un referente en materia industrial» y el Gobierno quiere «reforzar nuestra apuesta por la industria». Asimismo, Maroto ha trasladado la apuesta del Gobierno central por el impulso de las energías renovables y la economía verde e indicó que su Ministerio va a promover la incorporación de este ámbito en la hoja de ruta de las agendas sectoriales, un punto que, a su juicio, lo diferencia claramente del anterior Gobierno central del PP. La ministra ha destacado que éste «es un sector estratégico» y asegura que «se ha perdido mucho tiempo».

«El anterior Gobierno no tenía una apuesta clara por las renovables, de hecho lo que hizo fue paralizar las energías renovables«, ha indicado Maroto, que ha señalado que en la comunidad foral «se han perdido empleos como consecuencia del cierre de empresas que estaban apostando por este sector». Asimismo, Maroto ha asegurado que el Gobierno va a derogar «el impuesto al sol«. «No podemos hacer una apuesta por las energías renovables sin permitir que se desarrolle el consumidor y el productor en esa materia», concluyó.

El sindicato UGT pide al Gobierno negociar una transición energética “justa” y «atemperar» la alarma social generada alrededor del diesel

Europa Press.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un proceso de negociación «que permita hacer los cambios necesarios» y una transición energética «justa» para pasar de un modelo a otro. Asimismo, exige al Gobierno que «atempere» la alarma social que se ha generado en torno a la desaparición del diésel.

«A una persona que ha comprado un diésel hace 3 meses, con unos grados de contaminación bastante equiparables a los de la gasolina, ahora no se le puede decir meses después que su situación ha cambiado radicalmente», apuntó el líder de UGT. Álvarez también aboga por suprimir «de manera inmediata» el conocido como impuesto al sol, porque es un “absurdo” que «solo beneficia a las empresas eléctricas». También apuesta por impulsar las energías renovables, especialmente la eólica y la solar. “Las nuevas generaciones de energía no fósiles tienen un abanico de posibilidades de creación de empleo muy importantes«, ha precisado.

«Queremos que nuestro país impulse las energías renovables y queremos saber cuál es la política que vamos a desarrollar desde ese punto de vista», afirmó. Por ello, ha apostado por «pasar de las declaraciones a los hechos» para conseguir un medio ambiente «sano»; un precio de la energía que permita mantener el desarrollo industrial, manteniendo los precios al consumidor «de acuerdo con el coste de la vida»; y unos precios a la industria que tengan «una relación» con lo que ocurre en Europa, ya que los grandes consumidores de energía están pagando en España «en torno a un 30% más».

Asimismo, el sindicalista ha criticado que algunos sectores industriales «han creado alarma social» desde el punto de vista de todo el proceso energético. Así, ha defendido introducir cambios «con justicia social y medioambiental«. En este sentido, ha pedido una coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica, el de Industria y el de Trabajo, para «sumar esas sinergias» y ser un país que «tenga peso» y «se visualice» en las nuevas generaciones de energías no fósiles.

Por otro lado, sobre la decisión del Gobierno de paralizar los trámites del ATC de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), Álvarez considera que los residuos deben tenerse en España, en una ubicación “segura, con la suficiente información para que no genere alarma social” y donde existan compensaciones para el desarrollo de la zona desde el punto de vista industrial y económico. «Lo que es muy difícil es mantener un canon como el que pagamos», advirtió Álvarez respecto a los 74.000 euros diarios que se pagan a Francia para el almacenaje de estos residuos.