Redacción / Agencias.- Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, celebró un consejo de administración y una junta de accionistas en las que no se alcanzó un acuerdo entre sus dos socios, Endesa e Iberdrola, sobre la propuesta de Iberdrola de desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, informó la sociedad, lo que supone de momento mantener la petición de reapertura de la central aunque mantiene las incógnitas respecto a su futuro.

La reunión de los órganos rectores de la sociedad propietaria de Garoña confirmó el distanciamiento entre Endesa e Iberdrola, sus dos coproprietarios, respecto al futuro de la planta. La convocatoria llegaba a petición de Iberdrola para solicitar a Endesa, como su socio en Garoña, el respaldo a la presentación de un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. El resultado final rubricó la situación total de bloqueo ante las posiciones antagónicas sobre el futuro de Garoña, según indicaron fuentes conocedoras.

Iberdrola defendió su petición de presentar el escrito de desistimiento de la renovación de la autorización de Garoña con informes, tanto internos como externos, que demuestran la inviabilidad de la central nuclear, señalaron las mismas fuentes. Sin embargo, los consejeros de Endesa rechazaron la propuesta y defendieron la opción de esperar a conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, para decantarse sobre la continuidad o no de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de Garoña.

Fuentes próximas a Nuclenor han señalado que la razón de la falta de acuerdo es que varios de los participantes en la Junta de Accionistas han abogado por esperar a que se clarifique la situación del sector eléctrico. Además, aunque ya hay un informe favorable a la petición de prórroga de Garoña hasta los 60 años de funcionamiento, condicionado a una serie de inversiones de mejora en la planta, el Gobierno tiene de plazo hasta agosto para decidir si autoriza esa prórroga, ya que tiene la última decisión tras el informe técnico. Mientras, el Ministerio de Energía afirmó que mantenía abierto el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de la central nuclear.

La reunión del órgano rector de Nuclenor no hizo más que certificar el distanciamiento que ya habían demostrado Iberdrola y Endesa en las figuras de sus presidentes, Ignacio Sánchez Galán y Borja Prado, respectivamente. En la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Galán ya había subrayado que el negocio nuclear del grupo sufre «graves pérdidas» debido a los impuestos y obligaciones que afectan a esta tecnología. «La situación es muy clara, nuestra filial Iberdrola Generación Nuclear tiene graves pérdidas debido a los nuevos impuestos y obligaciones que han modificado el modelo original y el plan de negocio original. Lo que no podemos saber es cuándo van a desaparecer estas pérdidas», añadió.

Por su parte, Prado había dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva sobre la central nuclear. «La posición nuestra no va a ser de tomar una decisión, sino de esperar a que haga las consultas el Gobierno», afirmó Prado, subrayando que Endesa tiene respecto a este asunto «la misma posición que tenía el año pasado». «Respeto mucho los comentarios y las opiniones del señor Galán, como espero que él respete las mías», ha puntualizado Prado.

La central nuclear de Garoña (Burgos) es la más antigua del parque nuclear español desde que se clausuró la de Zorita (Guadalajara), en 2006. Garoña operó durante 42 años (1970-2012) con un reactor de agua en ebullición (BWR)diseñado por General Electric y similar al de la accidentada central de Fukushima, en Japón, y desde diciembre de 2012 está en situación de parada segura por decisión de Nuclenor. El aval otorgado por el CSN para operar hasta 2031 está condicionado a cuantiosas inversiones en seguridad, que podrían superar los 100 millones de euros, y deberá de ser revalidado por el Ministerio de Energía, que es quien debe determinar el plazo de la autorización, si la concede.

Si Nuclenor decide cerrar Garoña o si el Gobierno no autoriza la reapertura, las eléctricas tendrían que pedir la autorización de desmantelamiento de la planta, que según expertos consultados podría superar los 300 millones de euros. Ese proceso lo llevaría a cabo la empresa pública Enresa, y sería financiado en parte con las tasas que pagan las nucleares y en parte con el dinero de los contribuyentes. Ante el retraso del ATC de Villar de Cañas (Cuenca), Nuclenor inició la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos nucleares (ATI), que está prácticamente concluido y al que irían las miles de toneladas de residuos que generaría el desmantelamiento, un proceso que incluirá desmontaje y descontaminación, y podría demorarse diez años.