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El CSN responde ante el Congreso que los técnicos críticos con su labor ofrecen una «imagen distorsionada» del regulador nuclear

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Europa Press / EFE.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, leyó una carta aprobada por los 5 miembros del pleno del organismo regulador en respuesta a la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN (ATSECSN), que denunció previamente ante los partidos políticos el «grave deterioro» de la función reguladora del CSN por las «actuaciones de sus actuales gestores». En su respuesta, el pleno del Consejo advierte de que ASTECSN ofrecen una «imagen distorsionada» del regulador.

Ante la Comisión de Industria del Congreso, Marti ha leído la carta después de que la mayoría de grupos de la oposición se hayan referido a las críticas de ASTECSN y denunciaran la opacidad, politización y falta de independencia del CSN. Respecto a ASTECSN, señaló que desconoce el número de profesionales que pertenece a la misma y aseguró que no representan a los funcionarios del Consejo. El presidente del CSN se quejó además de que las afirmaciones de los técnicos fueron remitidas directamente al Congreso y no al organismo regulador y aireadas a la opinión pública. En este sentido, recalcó que, pese a ello, el Consejo se ha mantenido callado durante seis meses en aras del «prestigio» de la institución.

El acuerdo del pleno asegura que es partidario de potenciar la crítica y la actitud «cuestionadora», pero manifiesta su «honda preocupación por el contenido de una carta que puede minar de manera grave la confianza de los ciudadanos y la sociedad en el organismo regulador». «Afortunadamente, la realidad interna y las estructuras de funcionamiento del organismo, que este pleno es responsable de gestionar, en nada se asemejan a la situación de caos y alarma que se pretende dibujar. Somos conscientes, no obstante, de que puede haber, y de hecho hay, discrepancias con decisiones del pleno en cuanto a la gestión del organismo y que intentamos resolver o explicar internamente a través de los instrumentos de nuestra organización», añade el texto.

El escrito responde una a una las críticas de los técnicos y, entre ellas, la relacionada con los cambios en la escala INES, que mide la gravedad de los sucesos notificados por las centrales nucleares. El CSN asegura que este cambio no supone «ningún detrimento en la seguridad de las centrales y se hizo a través de un procedimiento reglado que incluye, como siempre, una fase de comentarios internos«. Además, advierte de que las supuestas «presiones, amenazas o cazas de brujas» son incompatibles con los procedimientos con los que el organismo toma sus decisiones técnicas. También rechaza «tajantemente» la «insinuación» de deterioro de la «función reguladora» y rechaza la «comparación injustificada» con el regulador japonés en el accidente de Fukushima.

Por otro lado, Marti se ha referido a los requerimientos de varios diputados en relación a la posibilidad de aumentar la vida útil de las centrales hasta los 60 años y aseguró que ni sabe nada en relación a este asunto que no tiene que ver con las funciones del organismo. El presidente del CSN insistió en que este organismo «sólo tiene responsabilidad en la seguridad y protección radiológica» y no entra en dictar «la política energética» del país, ni sus decisiones en torno a la misma, como el caso de una posible reapertura de la central de Garoña (Burgos).

Sobre esta central ha sentenciado que el CSN «no puede dejar de hacer informes sobre Garoña si el Ministerio de Industria los pide«, si bien esto no indica que este órgano esté a favor o en contra de un reinicio de su actividad, que cesó en diciembre de 2012. La central burgalesa ha contado en los últimos años con «supervisión y seguimiento especifico, adaptado a su situación actual», ha añadido.

Al comenzar la sesión, Marti pidió «sinceras disculpas» por las «especiales circunstancias» que hicieron que no pudiera sustanciarse su comparecencia en la pasada legislatura. También destacó que durante 2014 y 2015 «todas las centrales nucleares funcionaron de forma segura en España», aunque explicó que en el tercer y cuarto cuatrimestre del 2015 se prestó especial seguimiento a la unidad 2 de Almaraz, para la que propuso a Industria la apertura de un expediente sancionador por una cuestión relacionada con los dispositivos de seguridad ante incendios. «La calidad ambiental de las centrales nucleares se mantuvo sin riesgo para las personas», indicó.

El presidente del CSN enumeró la existencia de 7 expedientes sancionadores en 2014, 7 en 2015 y 5 en lo que va de año. Marti también ha negado la falta de transparencia en la gestión del CSN denunciada y ha advertido de que su intención sería «desacreditar» al organismo regulador. No obstante, también ha pedido disculpas a los diputados por no haber presentado el plan de comunicación para mejorar la información pública sobre la actividad del CSN prometido en el Parlamento para hace un año, y sobre el que ha dicho que «estará en breve».

Greenpeace exige cesar a Marti

Por otro lado, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN para que el regulador pueda recuperar la «independencia y la transparencia». La ONG destacó que todos los diputados salvo los del PP han denunciado la «opacidad y falta de independencia» del organismo «a causa de su presidente». Por ello, Greeenpeace considera «imprescindible» el cese de Marti para empezar a recuperar la confianza en el organismo que debe garantizar la seguridad nuclear, así como la redistribución de los miembros del pleno del CSN para que esté mejor representado el actual arco parlamentario.

Para la ONG, Marti no ha respondido «con claridad» las preguntas que se le han formulado. En su comparecencia, Marti reiteró que continuará con la renovación de la central de Garoña, a pesar de la petición casi unánime del Congreso. El CSN se debe, según Marti, al Gobierno en funciones que le ha encomendado la evaluación de la central y, aunque esta sea en contra de la opinión del Parlamento, él continuará con el proceso.

Los ecologistas urgen a Rajoy a ratificar el Acuerdo de París mientras la Eurocámara pide mayor recorte de emisiones

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Redacción / Agencias.- Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el Acuerdo del Clima de París es «de incuestionable interés general», al tiempo que es de suma «importancia y trascendencia» para la población, por lo que urgieron al Gobierno a su rápida ratificación pese a estar en funciones. El PSOE también ha solicitado al Ejecutivo que ratifique el acuerdo pese a estar en funciones ya que podría justificar que se trata de un asunto de especial interés general.

Por ello, enviaron una carta al presidente en funciones, Mariano Rajoy, en la que le explican que España «debe estar en primera fila de la lucha contra el cambio climático» puesto que es uno de los países «más vulnerables» a sus efectos. «La importancia y trascendencia de este acuerdo aconseja que este proceso se desarrolle con carácter urgente», subrayan. En este sentido, lamentan la que la demora en la ratificación del Ejecutivo en funciones, de un Acuerdo que entrará en vigor el 4 de noviembre, impida a España participar como miembro de pleno derecho en los órganos de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático que se celebrará en el próximo noviembre en Marrakech (COP22).

España firmó el Acuerdo del Clima de París el pasado 22 de abril en la sede de Naciones Unidas, pero aún no lo ha ratificado, algo que debe pasar por el Congreso de los Diputados tras serle remitido un informe a instancias del Consejo de Ministros. Según las organizaciones, la votación favorable «parece segura» de acuerdo a las posiciones manifestadas por todos los grupos parlamentarios “incluido el PP, pero añaden que la ratificación no llega por el «actual bloqueo institucional» y a que diversas voces cuestionan «la urgencia o incluso la legalidad de tramitar un asunto de este tipo antes de la formación de un Gobierno», según explica la carta.

En la carta señalan que a España le interesa «ser visible y situarse en primera fila» en la lucha contra el cambio climático. «Somos uno de los Estados europeos más vulnerables a sus impactos, pero al mismo tiempo uno de los mejor posicionados para avanzar en la mitigación y adaptación, y así estimular la innovación, la transición hacia un nuevo modelo económico y la creación de empleos sostenibles y de calidad», manifiestan. En definitiva, piden a Rajoy «mayor contundencia» en la lucha contra el cambio climático y una «apuesta firme» por las renovables y la eliminación de los combustibles fósiles. También hay opiniones políticas que estiman que con apoyar la ratificación a nivel europeo es suficiente, según criticaron las organizaciones.

El objetivo del Acuerdo de París, adoptado en la capital francesa por 195 países y la Unión Europea, es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC y lo más cerca posible de los 1,5ºC con respecto al nivel de la era preindustrial con el fin de aumentar la capacidad de la economía y de la sociedad de adaptarse a los extremos climáticos, y dirigir la escala y la velocidad de los flujos financieros a encontrar el camino adecuado hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. Para ello se han comprometido a reducir sus emisiones de gases efecto invernadero con el objetivo de frenar el «ya inevitable» proceso de cambio climático.

Piden mayores recortes de emisiones

Por su parte, el Parlamento Europeo reclamó a los países firmantes del Acuerdo de París que aumenten sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para lograr el objetivo de limitar el calentamiento global a «bastante menos» de dos grados centígrados. En una resolución aprobada por el pleno de la Eurocámara con 467 votos a favor, 94 en contra y 55 abstenciones, los eurodiputados lamentan que la suma de los compromisos nacionales «no permite ni siquiera acercarse» al objetivo de los 2 grados centígrados y han subrayado «la urgencia y la crucial importancia» de que todas las partes, incluida la Unión Europea, eleven sus promesas de recorte.

El Parlamento Europeo destacó que la Unión Europea debe aspirar a recortes adicionales para 2030, dado que la trayectoria de reducción no está en línea con los compromisos adquiridos en París. En la misma línea, instó a la Comisión Europea y al Consejo a animar a otros actores globales a hacer lo mismo. En relación con los deberes del bloque comunitario, los eurodiputados defienden que la Unión Europea debe revisar también sus objetivos e instrumentos de política climática a medio y largo plazo, y piden al Ejecutivo comunitario que prepare «una estrategia para alcanzar la emisión cero en la mitad de siglo que trace un itinerario rentable hacia la consecución del objetivo adoptado en París».

Técnicos del CSN denuncian una «caza de brujas» en el organismo regulador atómico y advierten de su “grave deterioro actual”

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EFE / Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha denunciado, en una carta dirigida a los grupos parlamentarios, «una caza de brujas» por parte del presidente del CSN, Fernando Martí, hacia los profesionales del mismo, que afecta a la «seguridad nuclear«.

La misiva, dirigida a todos los grupos políticos, fue registrada en las Cortes por parte de la Asociación, con representación sindical en la Junta de Personal del CSN, en la que cuentan con 3 de los 13 delegados existentes. ASTECSN alerta en la carta de que desde la llegada del exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí, a la presidencia del CSN en 2013 «se vienen sucediendo hechos preocupantes para la seguridad nuclear», y piden a los diputados «que tomen cartas en el asunto y promuevan un cambio urgente en el regulador«. Por su parte, fuentes del CSN aseguran que el escrito de la citada asociación «tiene un trasfondo político» impropio de «un órgano técnico».

Los denunciantes afirman que la gestión de Martí está «marcada por la instauración del miedo, la ocultación interna y externa de información, y las presiones sobre los técnicos evaluadores e inspectores». Los técnicos también aseguran que hay informes «secretos» referentes a las evaluaciones de la central nuclear de Garoña (Burgos) o al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. En el caso concreto de la posible reapertura de la central burgalesa, el CSN ha contestado que ya remitieron una explicación a Greenpeace en la que subrayaban que al Consejo «no compete adoptar ninguna posible decisión de paralización del procedimiento de renovación de licencia», y que su labor se limita a un «asesoramiento de carácter técnico».

«Grave deterioro» en función reguladora

ASTECSN expresó sus «inquietudes» por el «deterioro progresivo» en el funcionamiento del CSN desde la renovación de su cúpula directiva en 2013, que «trajo cambios organizativos» en el relevo de mandos en el CSN. Por ello, cuestionan nombramientos y ceses que ASTECSN entiende que suponen un «desprecio» a la necesidad de conocimientos específicos y experiencia en los puestos técnicos y un mensaje «claro» de «lo efímero» de los cargos de libre designación y acusa a esta cúpula de forzar «más que nunca a una sintonía con los objetivos políticos establecidos».

La carta de siete páginas, expone las deficiencias que para la asociación se están produciendo en materia de supervisión de centrales nucleares, relata la sobrecarga de trabajo y los enfrentamientos internos entre los técnicos y sus superiores. Respecto a la información al público sobre los incidentes en las centrales nucleares lamentan la reducción de los sucesos que se publican y que «no resultan del agrado de los titulares de las centrales nucleares», cuestionando así la falta de independencia del regulador.

«Es fundamental que los inspectores mantengan su capacidad para identificar incidencias y poder solicitar a los titulares que emitan las correspondientes notificaciones. En la situación actual se ha ido perdiendo esa potestad y los inspectores residentes en las centrales nucleares han llegado a recibir indicaciones para que no pierdan el tiempo buscando estas incidencias», añaden. Del mismo modo, resaltan la reducción del número de expedientes sancionadores por la falta de transparencia y una desregulación implícita.

En la carta, firmada por la presidenta de la asociación, Nieves Sánchez Guitián, se añade que la lista de quejas trasladada a la ASTECSN por problemas para ejercer su independencia profesional es «larga», incluido el impedimento al realizar alguna inspección reactiva que debe hacerse en las instalaciones radiactivas tras determinados incidentes. También ha recibido quejas por «presiones» y «amenazas» hacia los técnicos para que cambiaran las conclusiones de sus informes o las actas de inspección cuando no son del agrado de los titulares y denuncia que quienes no se han prestado a ello fueron excluidos de la firma del informe.

Respecto a los ceses y nombramientos, lamenta que en el seno del organismo regulador, «discrepar es motivo suficiente para ser cesado alegando pérdida de confianza» y ven con preocupación este asunto porque el sistema de libre designación permite cubrir más del 30% de los puestos ocupados por los técnicos.  Por otro lado, se refiere también a la «actitud huidiza» y a la ausencia del control institucional que se plasman en la no comparecencia del presidente del CSN ante la Cámara Baja el pasado abril. «No es más que una constatación de la degradación institucional», lamenta.

Respecto al clima interno, explica que está «peor que nunca porque el regulador está capturado y debilitado por la connivencia y laxitud de su superioridad jerárquica, que cede a las presiones del sector en busca de una desregulación que va en detrimento de la seguridad nuclear«. Por último, insiste en que los controles externos están «anestesiados», no solo por las incomparecencias ante la Comisión de Industria y por la desactivación en la práctica del comité asesor y considera que es deber y conciencia de responsabilidad poner en conocimiento de la comisión esta preocupación porque la función pública que están desempeñando desde el CSN es «mejorable».

Una docena de ciudades se comprometen con Greenpeace a reducir al 50% las emisiones del transporte para 2030

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Europa Press / Servimedia.– Una docena de grandes ciudades españolas se han comprometido con Greenpeace a reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero causados por la movilidad urbana y metropolitana para el año 2030, según comunicó Greenpeace en vísperas del comienzo de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre.

Este compromiso es el resultado de unas negociaciones llevadas a cabo con algunos Ayuntamientos y, de cumplirse, supondría un cambio radical en la forma de desplazarse en las urbes, según Greenpeace, que añade que, entre los firmantes de este acuerdo figuran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Bilbao, pero también otras como La Coruña, Oviedo, León y Santiago de Compostela. La organización ecologista también está en conversaciones con otras ciudades como Palma de Mallorca y Cádiz, y confía en que el resto de municipios de más de 50.000 habitantes se vayan sumando en las próximas semanas a esta iniciativa, que busca poner en marcha medidas encaminadas a que el vehículo privado deje de ser el dueño de las calles.

De este modo, las ciudades se comprometen a reorientar sus políticas de movilidad y los planes de urbanismo que se apliquen en los municipios ya que la iniciativa tiene por objetivo mejorar la situación detectada por Greenpeace y marcar el camino a seguir hasta 2030 para contribuir a los esfuerzos que se derivan del Acuerdo de París mediante un objetivo homogéneo y ambicioso, que sirva de referencia para los Planes de Movilidad, las Estrategias Climáticas, Planes de Calidad del Aire y todos los planes o estrategias que actúen sobre el transporte urbano y metropolitano. Greenpeace denuncia que los objetivos climáticos exigidos en la actualidad al transporte en las ciudades «o no existen o son insuficientes».

A juicio de la organización ecologista, este objetivo de reducción, respecto a los niveles de 2012, «es totalmente viable y alcanzable en un plazo de 14 años», tal y como demuestra el estudio El transporte en las ciudades: un motor sin freno del cambio climático, publicado por Greenpeace hace tres meses. Para lograrlo, considera que tan sólo se requeriría “orientar y dirigir las políticas de movilidad y urbanismo para que se reduzcan, al menos, en un tercio los desplazamientos que actualmente se realizan en coche, aumenten entre un 15 y un 30% la ocupación de todos los medios de transporte motorizados, y se mejore la eficiencia de los vehículos, en parte por una mayor electrificación”.

«Esta meta es relativamente sencilla de alcanzar si existe voluntad política para lograrlo», ha destacado el responsable de la Campaña de Transporte de Greenpeace, Mariano González, que señala que la movilidad urbana genera el 10% de las emisiones totales en España y subraya que, de reducir el tráfico, se aumentaría «significativamente la calidad de vida en las ciudades al disminuir las 33.000 personas que cada año fallecen prematuramente en España como consecuencia de la contaminación».

“Además más de 73.000 personas sufrieron un accidente de tráfico en vía urbana, y este número podría reducirse significativamente, además de reducir los impactos en causados por el ruido del tráfico. En definitiva, hacer de las ciudades lugares mucho más habitables y saludables», ha añadido González. Por otro lado, con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, Greenpeace llevará a cabo diferentes actividades en numerosas ciudades de España entre los que destacan los actos del día 16 de septiembre, cuando se celebrará el Park(ing) Day, y del día 22, cuando tendrá lugar el Día sin Coches.

Greenpeace afirma que 8 proyectos pueden seguir con destrucción de litoral español

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EFE.- Greenpeace alerta de que la ejecución de proyectos como el de Gas Natural en el Parque de Doñana y la proyección de una refinería iraní en el entorno del Parque de las Marismas del Odiel en Huelva, pueden contribuir a la destrucción de la costa del Mediterráneo y el Atlántico Sur, informa en un comunicado.

Greenpeace ha hecho un análisis de los daños en el litoral español basándose en el informe presentado por el Observatorio de Sostenibilidad (OS), realizado gracias al Instituto Geográfico Nacional (IGN), con datos recogidos por el proyecto CORINE Land Cover (Coordination of Information on the Environment), CLC, dirigido por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA).

Tras el análisis del informe, Greenpeace añade su preocupación por proyectos como: las Salinas de Roquetas de mar y la Ribera de Algaida en Almería; el proyecto de Gas Natural en el Parque Nacional de Doñana y la proyección de una refinería iraní en el Parque de las Marismas del Odiel y el Tinto o la Bahía de Algeciras.

También preocupan a Greenpeace, la Ciudad del Surf en Tarifa (Cádiz) de Metrovacesa; dos planes para dotar a dos playas naturales de la costa de Mogán (Gran Canaria) de diques sumergidos, hamacas y sombrillas por los que pugnan dos empresas hoteleras.

Así mismo, la proyección de un hotel de lujo en la playa de La Tejita (Tenerife) o la reactivación del plan para urbanizar Cala Reona, junto al Parque Regional de Calblanque, promovido por el Ayuntamiento de Cartagena (Murcia).

Y por último, la construcción de un centro comercial en Ses Fontanelles sobre un humedal costero muy amenazado en Palma (Mallorca) con el levantamiento de la moratoria urbanística, o el nuevo «BCN World» en Tarragona, en el supuesto abandonado proyecto de Eurovegas que cambia de nombre, según Greenpeace.

Greenpeace programa para Halloween la Nuclear Running Dead, una carrera popular «zombi» en municipios próximos a cinco centrales nucleares

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EFE.- Greenpeace ha organizado cinco carreras populares simultáneas de temática zombi en torno a otras cinco centrales nucleares para el 30 de octubre. Las carreras, a las que denomina Nuclear Running Dead, van a tener, según la organización, “carácter lúdico, deportivo, muy visual y abierto a todos los públicos”. Las pruebas, que se celebrarán en la víspera de la fiesta de Halloween, se han programado en Miranda de Ebro (Burgos), L’Ametlla de Mar (Tarragona), Gárgoles de Abajo (Guadalajara), Saucedilla (Cáceres) y Valencia.

Greenpeace, que convoca un acto de este tipo por primera vez en España, aseguró que no se trata de una protesta o manifestación, sino de carreras con las que quiere hacer visible el lado más «zombi» de la energía nuclear, «acabada a pesar de los esfuerzos del sector y sus beneficiarios para mantenerla viva». Los participantes, que pueden inscribirse en la página web http://www.nuclearrunningdead.org/., podrán competir en dos categorías en las distancias de 10 y 4 kilómetros, respectivamente, y caracterizados del tema zombi, ya que la organización pondrá a su disposición un servicio de maquillaje.

En España aún operan seis centrales, incluida Garoña, “cuya vida útil terminó hace más de tres años y que no produce electricidad pero que no ha sido definitivamente clausurada”. Greenpeace considera que el parque nuclear debería ser sustituido por energías limpias cuando termine su vida útil, algo que sucederá al principio de la próxima década. La organización identifica la energía nuclear como una energía «zombi» ya que “además de los esfuerzos por querer mantener las centrales vivas cuando termina su vida, deja un legado tóxico de toneladas de residuos radiactivos, que permanecerán durante miles de años como una amenaza para las personas y el medioambiente”.

Fukushima admite que no puede evitar al 100% la filtración de agua radiactiva mientras Greenpeace denuncia contaminación en los ríos

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EFE.- Las riberas de los ríos de la prefectura de Fukushima, donde se sitúa la central nuclear accidentada en 2011, presentan altos niveles de contaminación radiactiva, según denunció Greenpeace en un informe publicado al tiempo que TEPCO, la propietaria de Fukushima, admitió por primera vez que el muro helado subterráneo que levanta alrededor de sus reactores para evitar que se filtre agua a su interior no podrá bloquear el 100% del líquido, lo que complica el desmantelamiento de la planta nuclear.

En este sentido, Tokyo Electric Power (TEPCO) reconoció que «el objetivo al construir el muro congelado, reducir el flujo de agua que penetra en el sótano de los edificios» de los reactores, no impedirá su completa entrada. En una reunión celebrada con la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), TEPCO admitió que solo había conseguido reducir en unas 30 toneladas adicionales el volumen diario de agua que penetra en los reactores procedente de los acuíferos naturales, por lo que se calcula que unas 80-100 podrían seguir filtrándose. Un técnico de la empresa reconoció que no es técnicamente posible «mantener fuera todo el agua subterránea al 100%».

Desde principios de junio la construcción de este muro de hielo subterráneo ha entrado en su segunda y penúltima etapa. El muro tiene como meta aislar el subsuelo alrededor de los cuatro reactores afectados por el terremoto y tsunami de 2011 para evitar así que penetre en ellos el flujo de los acuíferos naturales y a la postre se produzcan vertidos contaminantes al mar. Y es que estas aguas subterráneas se mezclan en los sótanos con el refrigerante radiactivo y por efecto del rebalsamiento se filtran después al océano Pacífico.

Para construir el muro se han insertado en la tierra, en torno a los cuatro reactores, más de 1.500 tuberías hasta una profundidad de unos 30-35 metros. A través de estas tuberías se inyecta una solución salina a una temperatura de menos 30 grados que congela la tierra en contacto con las canalizaciones y crea así una barrera helada. La NRA mostró su preocupación por el hecho de que TEPCO no consiga reducir las aproximadamente 60.000 toneladas de agua que aún hay dentro de los sótanos de los reactores y advirtió que un nuevo tsunami podría provocar que ese agua radiactiva se esparciera tierra adentro.

Greenpeace denuncia contaminación en ríos

Por otro lado, la organización ecologista tomó 19 muestras de sedimento en tres ríos de la región, el Abukuma, el Niida y el Ota en febrero y marzo de este año y, según los resultados, 18 arrojaron niveles de más de 1000 becquereles de material radiactivo por kilo. Una de ellas, recogida a unos 30 kilómetros al noroeste de la planta nuclear, llegó a indicar la presencia de 29.800 becquereles de cesio 134 y cesio 137 por kilo de sedimento. El estándar del Gobierno japonés para el agua potable es de un máximo de 10 bequereles de cesio por kilo.

«El impacto radiológico de la catástrofe nuclear de Fukushima en el medio acuático, con consecuencias tanto para la salud humana como del medio ambiente, no se limitan sólo a los primeros años tras el accidente», explica el informe. «Existen amenazas presentes y futuras, principalmente los vertidos continuados de agua radiactiva desde la planta en sí» y la progresiva diseminación de la contaminación que existe en el suelo de la región a través de «bosques, ríos, lagos o estuarios costeros», añade Greenpeace. Fukushima ha sido el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986.

Bélgica pospone la votación de la ley para prolongar el funcionamiento de los reactores nucleares Doel 1 y 2

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EFE.- El Parlamento de Bélgica ha pospuesto la votación de la ley para prolongar la vida de los reactores nucleares Doel 1 y 2 hasta después de julio. El último día de este mes era la fecha límite establecida hasta ahora para debatir la norma que permitiría a las dos centrales nucleares seguir en funcionamiento hasta 2025. El retraso de la votación obligará al Estado belga y a Electrabel a fijar un nuevo plazo como fecha límite.

Tanto el Gobierno como la oposición acordaron retrasar la votación debido a la cargada agenda del Parlamento durante las próximas semanas. Así, los partidos de la oposición aceptaron no bloquear una quincena de iniciativas del Ejecutivo si la prolongación de Doel se abordaba tras el verano. En 2015, Greenpeace consideró que el riesgo de accidentes nucleares en Bélgica podría reducirse si no se alargaba la vida útil de estos dos reactores, los más antiguos del país. El Gobierno y Electrabel acordaron que las plantas continuaran con su actividad el pasado diciembre para garantizar «la seguridad del suministro«, según afirmó entonces el primer ministro Charles Michel.

Greenpeace exige al PP un pacto energético que apueste por las energías renovables

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha reclamado al Partido Popular que cualquier pacto sobre política energética al que llegue con otras fuerzas políticas debe incluir el abandono de las energías sucias, incentivar las de origen renovable, el cierre progresivo de las centrales nucleares y prohibir los proyectos de fracturación hidráulica.

La ONG reacciona así al anuncio del PP, cuando ha dicho que diseñará una estrategia energética a medio y largo plazo a la que pretende que se sumen PSOE, Ciudadanos y PNV.

Además, reclama que en ese diseño se incluya en concreto el cierre de las centrales térmicas de carbón, junto con un plan de cierre justo para las cuencas mineras y la aprobación urgente del Plan Nacional Transitorio (PNT), de modo que se pueda asegurar el cumplimiento de las normativas europeas y el Acuerdo de París.

En este contexto, la responsable de la campaña Clima y Energía de Greenpeace, Tatiana Nuño, considera que estos son los «ejes imprescindibles» en los que deberá fijarse cualquier partido que «pretenda apoyar o diseñar un posible pacto de Estado» en materia energética deberá tener en cuenta lo que votó la mayoría en las recientes elecciones del 26 de junio.

Además, exige que cualquier pacto o estrategia energética se establezca teniendo en cuenta el cumplimiento del Acuerdo del Clima de París e insta al futuro Gobierno a su ratificación urgente.

En toco caso, Greenpeace ve «positivo» e «inevitable» que las renovables sean el principal eje en el que se basará el sistema eléctrico. Sin embargo, no ve «apropiado» ni «justo» que estas sean las únicas energías que se queden sin ayuda, cuando «todas» las fuentes sucias de energía aún perciben «subvenciones encubiertas» como los incentivos a la inversión, los pagos por disponibilidad o se les permite no hacerse cargo de todos sus costes sociales y ambientales.

«Decir que sólo operarán las térmicas de carbón que cumplan con los límites de emisión es una obviedad, pero es imprescindible asegurar que no se darán subvenciones ni bonificaciones a las empresas propietarias para ese cumplimiento. Además debe definirse el plan de cierre de todas las térmicas de carbón, como ya han hecho o acordado otros países como Austria, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Reino Unido o Finlandia», ha añadido Nuño.

El nuevo presidente de Greenpeace defiende el éxito de campañas como la realizada para cerrar Garoña

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Europa Press.- El nuevo presidente de Greenpeace-España, Daniel Fernández, elegido a mediados de este mes de junio, ha destacado las campañas y las «muchas batallas» de la organización en defensa del medio ambiente, que han logrado «bastantes resultados» visibles como el «cercano» fin de Garoña o la demolición del Algarrobico o su cooperación para sensibilizar a la sociedad que ha llevado a la firme el Acuerdo de París contra el cambio climático.

En una entrevista con motivo de su nombramiento, Fernández ha lamentado que no se ha logrado ganar la guerra por el medio ambiente y la paz. «Las principales amenazas siguen ahí y el principal problema en España es el cambio climático», ha advertido.

A nivel social, cree que la población es cada vez más consciente de la importancia de proteger el planeta porque de la naturaleza depende su salud y bienestar. Sin embargo, ha señalado que el fallo está en que no se está transmitiendo realmente a los ciudadanos la conexión entre los problemas sociales, económicos y la justicia ambiental.

Daniel Fernández es psicólogo, madrileño, y ocupaba el cargo de vicepresidente de la junta directiva hasta la salida de Sol Solá, a quien ha relevado.

La receta ambiental para el nuevo gobierno

Ante el resultado electoral, receta al Gobierno que está por formarse que se tome el medio ambiente como eje «trasversal» en «todas» sus políticas pues de ello depende «supervivencia» de los ciudadanos.

En concreto, opina que «el peor» problema ambiental de España es el cambio climático porque el país no solo no favorece su mitigación sino que es uno de los que más puede sufrir sus efectos.

Además, lamenta las tasas de contaminación «excesivas» de España porque afectan «increíblemente» a la salud de las personas, así como el modelo energético y la «amenaza nuclear» porque una de las centrales más «viejas» de Europa –Santa María de Garoña– sigue abierta. También ha denunciado que el Tratado de Libre Comercio que negocian la UE y Estados Unidos supondría una «reducción muy significativa» de la protección ambiental.

Acabar con el cáncer medioambiental del planeta

Igualmente, insta al Ejecutivo a ser «más valiente» para lograr la «auténtica revolución verde» y un cambio de sistema económico y social para no tener que estar combatiendo constantemente «este cáncer medioambiental del planeta». «Hay que mitigar su enfermedad o lograr su cura», ha apostillado.

En lo que a él respecta, ha prometido que Greenpeace trabajará para lograr la «máxima aplicación y ambición» del Acuerdo de París mientras espera que España sea «cada vez más ambiciosa» con las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, de las ciudades y del transporte, por ejemplo con medidas sencillas como reducir el tráfico urbano en un 50 por ciento.