El presidente de Endesa, Borja Prado, cree que hay margen para replantearse algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno, una vez que hay superávit en el sistema eléctrico, y asegura que impuestos como el 7% a la producción eléctrica “carecen de sentido” y su supresión aliviaría la factura, “dando prioridad a la competitividad industrial y al bienestar del consumidor”. Asimismo, Prado plantea que el bono social de electricidad se otorgue solamente siguiendo unos criterios de renta mínima.

Desde la compañía han propuesto un rediseño del bono social de electricidad, que actualmente supone un descuento del 25% sobre la factura, de tal manera que sólo se otorgue a los “hogares con unos niveles de renta mínimos”. Según sus cálculos, evitar que se aprovechen del bono social consumidores que no se encuentren en situación “crítica” podría liberar fondos para otro tipo de ayudas “que podrían incluir el pago completo de las facturas de los hogares identificados como insolventes por los servicios sociales”. Por otro lado, Prado reivindicó que la compañía “reaccionó con responsabilidad” ante la problemática de la pobreza energética mediante los convenios firmados con ayuntamientos y comunidades autónomas, que según indicó cubren un 75% de los hogares españoles.

También ha planteado que una parte del Fondo de Eficiencia Energética, dotado con unos 200 millones anuales, se dedique a rehabilitación y aislamiento térmico de viviendas. El bono social es una tarifa especial que actualmente sólo está disponible para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus integrantes en desempleo. De acuerdo a los últimos datos ofrecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hay 2,4 millones de consumidores acogidos al bono social.

Ajustar tarifa a “costes reales”

El presidente de Endesa señaló que se reduciría el número de consumidores vulnerables si el próximo Gobierno revisa los componentes de la tarifa eléctrica y la ajusta a los “costes reales” del suministro. En este sentido destacó el impuesto del 7% a la generación eléctrica, una de las primeras medidas puestas en marcha por el Ministerio de Industria cuando arrancó la legislatura de Mariano Rajoy para atajar el déficit de tarifa. A juicio de Prado, se trata de una carga impositiva que, ahora que hay superávit en el sistema eléctrico, “carece de sentido” ya que contribuye a encarecer la factura que soportan tanto la industria como los consumidores, por lo que desde la compañía solicitan ahora al Gobierno su supresión.

En cuanto a la incertidumbre política, Prado pidió a los partidos atajar las «desigualdades sociales que fueron provocadas por la crisis, no por las reformas implementadas para salir de ella”. Además, ante la tesitura de que el país está en «un momento crucial» por las «decisiones políticas colectivas» que se deben tomar en las próximas semanas, el presidente de Endesa reivindicó un Gobierno «estable» y que se despeje «lo antes posible» la actual situación política, por lo que implica para la estabilidad del país, por el crecimiento económico, por el descenso del paro y, desde luego, por las necesidades de regulación propias del sector energético.

En este sentido, el consejero delegado de la compañía, José Bogas, subrayó que el sector necesita un marco regulatorio «basado en criterios de certidumbre, de estabilidad y de seguridad jurídica, pero con ello «no basta”. Por ello pidió «despejar las incertidumbres» respecto «al futuro inmediato» de las centrales eléctricas ya existentes, especialmente las que pueden «ser viables, competitivas y sostenibles, desde el punto de vista económica y medioambiental, si cuentan con un razonable marco regulatorio». Para Endesa, estas centrales serán «indispensables» para asegurar el tránsito hacia el nuevo modelo energético, hasta que «maduren plenamente» las tecnologías en las que debe basarse. Una forma indirecta, la de Bogas, de hablar de las centrales térmicas y nucleares así como de las renovables.

Además, Bogas apuntó la necesidad de «limpiar» progresivamente la tarifa eléctrica de extracostes y cargas impositivas, «ajenos al suministro, que actualmente pesan sobre ella y que representan más de la mitad del precio que pagan los consumidores». El ejecutivo aseguró que la electricidad, «el vector energético más limpio y eficiente», no puede estar «penalizado» con todas las cargas derivadas de «antiguas decisiones de política energética que le restan competitividad respecto de otras energías que son más contaminantes y menos eficientes en el consumo energético final».