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Moody’s prevé que el precio de la electricidad en España no sobrepasará los 47 euros por MWh hasta 2022

Europa Press.- Moody’s prevé que el precio medio de la electricidad del mercado mayorista español se mantendrá dentro de un rango relativamente «estrecho» entre los 42 euros y los 47 euros por megavatio hora (MWh) en los próximos 5 años, debido a un modesto crecimiento de la demanda de energía mientras se reanudan las inversiones en energías renovables.

Así se desprende de un informe realizado por la firma estadounidense sobre los mercados de electricidad en Europa, en el que dedica un apartado para analizar y realizar pronósticos sobre la trayectoria de este sector en la Península Ibérica (España y Portugal). En este sentido, Moody’s subraya que la decisión de España de reanudar la inversión en renovables después de una moratoria de 4 años impulsará la cuota de capacidad instalada de las energías limpias en la región, incluyendo la hidráulica, hasta el 59% aproximadamente para 2022, 6 puntos porcentuales más que la de 2016.

«Esto compensará el cierre de 4,5 gigavatios (GW) de capacidad instalada en centrales de carbón nacional y ayudará a estabilizar los precios de la electricidad», asegura el vicepresidente senior de Moody’s, Niel Bisset. Así, la firma cree que la capacidad eólica y solar en la Península Ibérica tiene perspectivas de crecimiento para los próximos años a medida que España reanude sus inversiones, al compensar el cierre de centrales eléctricas de carbón y estabilizando los precios.

Por otro lado, Moody’s explica que, al igual que sucedió en otros países de Europa, la decisión del Gobierno español de utilizar subastas competitivas para otorgar el derecho a construir nueva capacidad a los operadores privados y la caída de los costes de inversión en tecnologías renovables ha concluido en menos subvenciones. «Parte del riesgo de inversión en renovables se transfiere desde el sistema/consumidor a las empresas eléctricas/operadores, lo cual es un factor negativo para las empresas eléctricas propietarias de estos activos«, asevera la firma, al tiempo que apunta que la exposición de los operadores al riesgo de precios aumentará dado que el rendimiento de las inversiones en nuevos proyectos dependerá de la venta de energía a precios de mercado.

No obstante, Moody’s indica que las grandes compañías como Endesa o Gas Natural tienen un tamaño y una diversidad que les permite gestionar este riesgo, si bien otros operadores más pequeños puede que necesiten adoptar una estructura de capital más conservadora para poder hacer frente a esta situación. Respecto a las compañías con centrales eléctricas renovables construidas después de 2004, como Iberdrola, la firma prevé que continuarán beneficiándose de las subvenciones que han sido preestablecidas por el Gobierno, si bien, estas ayudas suponen aproximadamente el 50% de los beneficios de las renovables y comenzarán a disminuir a mediados de la próxima década, cuando los activos eólicos se acerquen al final de su vida útil regulatoria de 20 años», explica Moody’s.

Moody’s sostiene que los déficits tarifarios del sistema eléctrico en el conjunto de la Península «continúan disminuyendo», lo cual reduce el riesgo de una intervención adversa en los mercados de energía por parte del Ejecutivo. No obstante, cree que la crisis entre el Gobierno central de España y el autonómico de Cataluña puede disminuir los riesgos de intervención. «La crisis catalana incrementó la incertidumbre en el país. Sin embargo, parece más probable que los políticos desvíen su atención de las preocupaciones del mercado energético, reduciendo así la probabilidad de una intervención adversa», señala la firma.

De esta forma, Moody’s prevé que la crisis no afecte a los precios de la energía, excepto en la medida en que la incertidumbre pueda arrastrar el crecimiento de la demanda de electricidad. Asimismo, cree que debe seguir siendo de interés para Cataluña, como receptor neto de energía producida, permanecer integrado dentro del sistema energético ibérico. En 2016, esta comunidad autónoma consumió un total de 46,6 teravatios hora (TWh), lo que la consolida como la autonomía que más energía consume.

Moody’s estima que la demanda de electricidad en España crecerá a una tasa anual compuesta (CAGR) del 0,8% entre 2017 y 2022. «Estas previsiones incluyen un ligero aumento durante 2017-2018, debido a la mejora macroeconómica y a las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), y un crecimiento gradual a partir de entonces, aunque a un ritmo más lento dado el arrastre acumulado de las medidas de eficiencia energética», explica. «La previsión de que la demanda de electricidad en España será mayor que en otros mercados europeos refleja el impulso económico en curso del país tras haber experimentado una recesión muy profunda», explica Moody’s.

Según apunta, estas estimaciones son muy similares a las del Ministerio de Energía, que sitúan el crecimiento de la demanda de electricidad CAGR en un 0,8% entre 2017 y 2018. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sitúa la tasa de crecimiento en el 0,7%. No obstante, no son tan optimistas como las de Iberdrola o Endesa, las cuales ven el crecimiento de la demanda en una tasa anual del 1,2%, o de Red Eléctrica, que apunta a una tasa del 1,5%.

A toque de corneta

Europa Press.- El nuevo frente jurídico que se abre para el Ministerio de Energía a cuenta del mercado organizado del gas contribuye a agrandar la fama de judicialización permanente y constante que precede al sector energético español. Un frente abierto con la admisión a trámite del recurso de Gas Natural Fenosa contra la reciente resolución de la Secretaria de Estado de Energía para forzar a esta empresa y a Endesa, como operadores dominantes de este hidrocarburo en España, a ser creadores obligatorios de mercado (market makers) en el mercado organizado del gas (Mibgas).

La legislación permite que el Gobierno marque las obligaciones de creador de mercado a los operadores dominantes, aunque únicamente de forma complementaria o adicional a los creadores de mercado voluntarios. Para ello, según la normativa previa, debe constatarse que el Mibgas careciese de liquidez y que no hubiera operadores voluntarios dispuestos a aportarla, antes de poner en marcha este mecanismo obligatorio. En 2017, esta actividad ha sido realizada por Gunvor Internacional y Axpo Iberia. El hecho es que el Gobierno, con esta resolución, aumenta además la obligación por un período de 4 años a los agentes financieros interesados en ejercer voluntariamente de creadores de mercado.

En concreto, Energía quiere que los operadores dispongan en cualquier momento de un volumen de gas negociado suficiente para cubrir sus necesidades. Consecuentemente, estas empresas adquieren como obligación presentar en este mercado ofertas de compra y venta por un volumen de gas fijado por el Ministerio de Energía. Con esta medida, el Gobierno pretende abaratar y aumentar el grado de aprovisionamiento del gas para las centrales de ciclo combinado, intentando cubrirse de la evolución de los precios internacionales que se producen en este hidrocarburo en los momentos de mayor demanda, de forma que su disponibilidad se traduzca en menores precios de la electricidad en el mercado mayorista eléctrico, en momentos de picos de demanda o de falta de generación renovable.

La medida pretende aumentar la liquidez en el mercado organizado del gas, un mercado que comenzó a funcionar en diciembre de 2015 y en el que en la actualidad se negocia un 3,7% de la demanda nacional de gas, aunque en momentos puntales como octubre llegó al 6,3% de la demanda mensual nacional. En lo que se refiere a precios, también busca marcar un precio referencia de este hidrocarburo y forzar su transparencia frente al registrado en los pactos bilaterales de aprovisionamiento. Conocer esos contratos y sus precios siempre ha sido un oscuro objeto del deseo de la Administración, en su voluntad de intervención en la actividad de las empresas.

Ojo a los riesgos financieros

Por su parte, Energía se defiende antes de que su pretensión pueda interpretarse como un intento de bajada artificial de los precios, en la medida en que esto sería ir en contra de la normativa europea, aunque sea el driver más reconocible de la política de este Ministerio. En su lugar, señala que el objetivo es «mejorar el funcionamiento de los mercados para evitar los momentos puntas en los precios».

Desde el sector se advierte de la posible vulnerabilidad derivada de la entrada en competición con los traders internacionales, lo que conlleva más riesgos financieros para las empresas. El papel de estos traders internacionales podría presionar a los precios del gas que tendrían que satisfacer los operadores obligatorios, con la imposición legal de comprar y vender para ofrecer determinados volúmenes. Según distintos medios de comunicación, Gas Natural Fenosa, estaría preparando ya un equipo profesional especializado para operar en estas condiciones.

También argumentan desde el sector que el componente principal de los precios del gas son las oscilaciones del mercado internacional y aseguran que la variación del precio que pagan los consumidores en sus facturas del gas no depende de los creadores de mercado. Es decir que su efecto pretendido va a ser escaso. Por ello, consideran la medida innecesaria, desproporcionada y no adecuada para conseguir esta pretensión. En su lugar, desde el sector se defiende como alternativa establecer un modelo que incentive a planificar el almacenamiento más que imponer estas obligaciones por un período tan largo a los operadores empresariales.

Por tanto, la conclusión es que Energía fuerza la obligatoriedad de la actuación de las empresas a las crisis coyunturales. Con Nadal al frente del Ministerio, el sector energético camina hacia la intervención permanente, que se materializará de forma diferente en cada una de las actividades del mismo. Una intervención donde el fin justifica los medios, desde el ejercicio coactivo de la obligatoriedad, el tratar de esquivar la normativa europea o superar las funciones de los agentes y operadores privados.

En este sentido, el conflicto relativo a los operadores obligatorios del mercado gasista comparte con el conflicto derivado de la solicitud de cierre de las centrales de carbón la concepción del Ejecutivo de que las empresas deben ser sujetos al servicio de la política (que no de las políticas, dado que no existen, más allá de todos los virajes cortoplacistas dedicados a contener los precios de la electricidad, sin atreverse a evaluar qué partes de la tarifa deberían estar en los Presupuestos). Y ahí seguimos.

Unicredit destaca que la demanda de gas en España continuará particularmente alta en los próximos meses

Europa Press.- Unicredit Research ha destacado que la demanda de gas del consumidor español «continuará siendo alta en los próximos meses» debido los bajos niveles de producción hidroeléctrica registrados, particularmente en el sur de Europa. En España, concreta el informe, el agua está en niveles «críticamente bajos». «España ha estado importando gas natural licuado (GNL) de Argelia y ha llenado al máximo sus reservas de GNL», afirma la compañía, para la que estas medidas «sugieren una preocupación real sobre este invierno«.

En su análisis, Unicredit también destaca las huelgas en las plantas nucleares francesas como otro factor determinante en la alta demanda de gas, además de las altas temperaturas de octubre y noviembre. «Los balances del gas están estrechamente relacionados con la meteorología», resume. El Gobierno aprobó recientemente el acuerdo por el que Gas Natural y Endesa ejercerán en el mercado organizado (Mibgas) como creadores de mercado obligatorios, dando así acceso a las compañías a una mayor liquidez que, según explicó el Ministerio de Energía, contribuirá a reducir los episodios puntuales de volatilidad y a suavizar los picos de precios en situaciones de escasez de oferta.

Andalucía agradece el informe del Defensor del Pueblo autonómico contra el almacén gasista de Doñana y trabaja en el recurso

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, agradeció que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, haya abogado por la «suspensión definitiva» del proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental, a la par que ha avanzado que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz continúan trabajando en el recurso contra el mismo.

En este sentido, Fiscal ha valorado «positivamente» esta postura del Defensor y ha resaltado que «conecta claramente con la intención que viene expresado la Junta», que entiende que «existen herramientas legales para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana«. «Tenemos informes y legislación suficiente para impedirlo», ha agregado el consejero, que ha defendido que el entorno de Doñana «no es la mejor zona para una instalación de este tipo, un argumento que también hace suyo el Defensor».

Así las cosas, ha hecho hincapié en que esta postura del Defensor del Pueblo andaluz se suma a otro pronunciamiento en el mismo sentido de su homólogo a nivel estatal, cuando ambos piden la paralización del subproyecto Marismas Occidental, «el único que teóricamente está en obras, aunque en la práctica las informaciones apuntan a que apenas hay movimiento». Fiscal explicó que ambos pronunciamientos serán tenidos en cuenta al presentar ante los tribunales el recurso correspondiente contra este proyecto que, por el momento, continúan estudiando los servicios jurídicos de la Junta.

Con todo, el consejero ha explicado que el Ministerio de Medio Ambiente contestó recientemente a la carta que la Junta le remitió sobre este asunto y, en su respuesta, según ha explicado, «se reafirma en que no va a realizar una evaluación conjunta de los proyectos y remite la responsabilidad al Ministerio de Industria, la administración sustantiva sobre el proyecto». «No van a mover ficha», ha lamentado Fiscal, quien ha explicado que, ante esta contestación, los servicios jurídicos de la Junta «trabajan para determinar la manera en la que pedir en los tribunales la paralización del proyecto» pues quieren hacerla «con la máxima garantía jurídica».

En cuanto a la indemnización reclamada por Gas Natural, Fiscal ha dicho que «sigue su curso en los tribunales» y que el Gobierno andaluz está respondiendo a todos los requerimientos que le hacen en este sentido, si bien ha defendido que la responsabilidad patrimonial que reclama, a su juicio, «no ha lugar». «Siempre hemos actuado con informes jurídicos en la mano, con la ley en la mano, según se ha entendido desde la Junta, y si ha habido discrepancia lo dirimirá el tribunal», ha zanjado el consejero de Medio Ambiente.

Urge actuar a Susana Díaz

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Andalucía, Mercedes Barranco ha urgido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a «paralizar» el proyecto «como le está pidiendo el Defensor del Pueblo Andaluz» y le lleva solicitando la formación morada «desde hace más de un año«. La diputada de Podemos asevera que en su grupo comparten «el diagnóstico» de Maeztu y del Defensor del Pueblo estatal, y ha subrayado que desde Podemos estaban «defendiendo» la tesis de la paralización inmediata del proyecto «cuando PP y PSOE iban de la mano en la defensa» de la citada iniciativa de Gas Natural.

En esa línea, ha reclamado a la presidenta de la Junta y al consejero de Medio Ambiente que «abandonen la pasividad en el tema de Doñana», punto en el que ha subrayado que el Parlamento andaluz aprobó «hace ya casi un año una proposición no de Ley (PNL) en la que instábamos al Gobierno andaluz a buscar las vías legales que nos permitieran la paralización del proyecto» de Gas Natural, algo que aún no se ha hecho, según ha criticado.

Tras apuntar que el Defensor del Pueblo Andaluz ha venido a «corroborar las tesis de Podemos Andalucía desde un principio», Mercedes Barranco ha pedido al consejero de Medio Ambiente que «deje de marear la perdiz y demuestre que realmente quiere paralizar el proyecto de gas natural en Doñana«. «Defender a Andalucía es defender Doñana», algo que «hasta ahora no han hecho» desde el Gobierno andaluz, según ha abundado la diputada de Podemos, que recordó que preguntó al consejero José Fiscal en comisión parlamentaria sobre «las medidas legales que han implementado» para la paralización del proyecto, si bien Podemos cree “que no hay ninguna medida legal».

Sedigas valora la entrada de Gas Natural Fenosa y Endesa en el Mibgas «para evitar picos» y «dar más liquidez»

Europa Press.- El presidente de Sedigas, Antonio Peris, ha resaltado que el acuerdo por el que Gas Natural y Endesa ejercerán en el mercado organizado (Mibgas) como creadores de mercado obligatorios «va en la línea de dar más liquidez» a un mercado en el que el gas natural licuado (GNL) «fija en su mayoría el precio» y no ha entrado a valorar si existe suficiente demanda; BME anunció recientemente que ampliará del mismo modo su segmento energético para ofrecer derivados de gas.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital destacó, tras la aprobación de estas medidas por el Consejo de Ministros, que la mayor liquidez prevista contribuirá a reducir los episodios puntuales de volatilidad y a suavizar los picos de precios en situaciones de escasez de oferta. Peris ha valorado esta medidas en el marco del XIX Encuentro Especializado del sector gasista español, organizado por Expansión, donde se han debatido cuestiones relativas al papel del gas en el nuevo modelo energético y en el que los principales agentes del sector público y privado han abogado por la conversión de España en centro suministrador gasístico de Europa.

Marcar precios europeos de GNL

Así lo ha propuesto, entre otros ponentes, el subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Sergio Pérez, que en la apertura ha sugerido avances en la regularización de mercado doméstico para alcanzar este objetivo. «España debería aspirar a marcar los precios de GNL en Europa», apuntó, señalando que «tiene todos los elementos para ello», haciendo referencia a las infraestructuras de almacenamiento y gasificación en España.

Sobre esta cuestión, Peris ha coincidido en que «desde el punto de vista logístico y de infraestructuras, esto tiene sentido, ya que España tiene más plantas que cualquier otro país y estamos en el lugar donde más barcos llegan procedentes de Oriente Medio y la costa de Estados Unidos«. Así, ha abogado por aprovechar las infraestructuras de almacenamiento «para que puedan utilizarse para buscar acceso para el resto de Europa».

Gas Natural realiza una emisión de ‘bonos verdes’ de 800 millones

Servimedia.- Gas Natural Fenosa cerró este miércoles una emisión de ‘bonos verdes’ por un importe de 800 millones de euros, vencimiento en mayo de 2025 y con un cupón anual del 0,875%.

Se trata de la primera emisión de un bono verde realizada por Gas Natural Fenosa, cuyos fondos se destinarán a financiar proyectos de energías renovables eólicas y solares.

El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,77% de su valor nominal, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, lanzada dentro del programa ‘Euro Medium Term Notes’, fue sobresuscrita en casi 2 veces y recibió órdenes de unos 130 inversores institucionales de 19 países.

Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 15 de noviembre, servirán para «optimizar» la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, diversificar la base de inversores con foco en sostenibilidad, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.

La reforma del gas, que se aprueba el viernes, convierte a Gas Natural y Endesa en creadores de mercado

Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes la reforma del gas, que obligará a los dos operadores dominantes del sector gasista, Gas Natural Fenosa y Endesa, a actuar como creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas, informaron en fuentes del Ministerio de Energía.

Esta medida fue anunciada el pasado mes de enero por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en plena escalada de precios de la electricidad en invierno.

En concreto, la normativa obligará a los operadores dominantes del mercado de gas, Gas Natural Fenosa y Endesa, en proporción a su cuota en los aprovisionamientos, a tener ofertas permanentemente disponibles en el mercado del gas con unas condiciones de volumen y precio final reguladas.

Una vez aprobado este acuerdo, Energía remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una resolución por la que se regulará el funcionamiento concreto de la obligación.

El Ministerio de Energía prevé que la normativa, una vez pase el trámite de la CNMC, esté ya en marcha a finales de noviembre o principios de diciembre.

Con esta medida, se pretende aumentar la liquidez del mercado organizado del gas y conseguir que exista una menor volatilidad con el fin de evitar su impacto en los precios de esta materia prima.

Asimismo, el Gobierno trabaja también en modificaciones en el conocido como Plan de Invierno para elevar las exigencias de almacenamiento de gas para los operadores en la época invernal.

En concreto, esta revisión del plan pasa por aumentar la obligación de los dos días de consumo actual a 3 días y medio, lo que facilitará una mejor gestión en el caso de nuevas olas de frío.

Mercado eléctrico

En el mercado eléctrico, la principal reforma en la que trabaja el Ejecutivo se basa en hacer más eficiente el servicio de interrumpibilidad, de manera que pueda actuar como mecanismo económico en el mercado y tener presencia cuando sea más barato que la potencia terciaria, lo que podría evitar episodios de máximas puntuales en el precio de la electricidad.

Además, el Ministerio ha remitido a la CNMC una primera propuesta para la reforma de las reglas del mercado europeo, que afectaría al mercado intradiario y a la casación en tiempo continuo de la oferta y la demanda.

No obstante, Energía precisó que estas medidas no están diseñadas para «abaratar artificialmente» el precio de la electricidad, ya que es algo que no se puede hacer.

El recibo de la luz, un 12% más caro en lo que va de año

Según fuentes del Ministerio, el recibo de la luz de un consumidor medio acogido al Precio Voluntario Para el Pequeño Consumidor (PVPC) -la tarifa regulada- se ha encarecido un 12% en lo que va de año, unos 74 euros, con respecto a 2016, situándose en niveles ligeramente por debajo de 2015.

En el caso del gas, para un consumidor medio sin calefacción (TUR 1) el recibo ha ascendido en estos diez primeros meses del año a 255 euros, 8 euros más que el año pasado y 9 menos que en 2015, mientras que para un consumidor con calefacción se ha elevado a 794 euros, 34 euros más que hace un año (+4,47%) y 39 euros menos que hace dos ejercicios.

Energía considera que este aumento se debe principalmente a las condiciones climatológicas, que han hecho que con la sequía la participación de la generación hidráulica haya caído hasta la mitad, del 15% en 2016 al 7,5% este año, y que el peso de la eólica en el ‘mix’ también haya descendido del 19,1% hace un año al 17,8%.

Asimismo, el peso de las tecnologías térmicas ha aumentado, pasando el carbón, gas y cogeneración y fueles a ocupar un 45% del hueco térmico, frente al 36% del año pasado en los diez primeros meses, y se ha producido un repunte en los precios de las materias primas (Brent, gas natural y carbón).

Villaseca (Gas Natural) no contempla ninguna operación corporativa «en estos momentos», pero no descarta «nada»

Servimedia.- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, aseguró este martes que en la compañía «no estamos contemplando en estos momentos ninguna operación corporativa singular relevante», pero «no descartamos nada».

Villaseca hizo esta consideración durante la rueda de prensa para presentar los resultados de Gas Natural Fenosa, que obtuvo un beneficio neto de 793 millones de euros en los nueve primeros meses de 2017, lo que supone una caída del 14,7% con respecto a idéntico periodo del año anterior.

El consejero delegado de la compañía destacó que el objetivo es focalizarse en el crecimiento orgánico y en el negocio de redes.

Aunque reconoció el «empeoramiento del negocio de gas», destacó que «su fortaleza es notable a pesar de la coyuntura desfavorable» en los meses de julio y agosto con un exceso de gas.

Respecto a la venta de los activos de Gas Natural Fenosa en Italia el pasado mes de octubre y la venta de parte de la distribución en España, desde la compañía indicaron que las plusvalías esperadas de ambas operaciones estarían por debajo de los 190 millones de euros después de impuestos.

Por otra parte, Villaseca fue preguntado por la situación de Electricaribe, la filial colombiana, ante informaciones que apuntan a que Colombia podría tener interés en devolverla a Gas Natural, tras nacionalizarla.

Villaseca respondió que no tienen información al respecto y que «la situación actual es que prosigue nuestro arbitraje» por la intervención y liquidación de Electricaribe.

Gas Natural Fenosa recorta un 14,7% su beneficio a septiembre, hasta 793 millones

Europa Press.- Gas Natural Fenosa obtuvo un beneficio neto de 793 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa una caída del 14,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía.

No obstante, la energética presidida por Isidro Fainé señaló que mantiene su previsión de beneficio neto anual de entre 1.300 y 1.400 millones de euros para este año, sujeto eso sí al calendario de cierre de la venta de operaciones en Italia que acordó el pasado mes de octubre con 2i Rete Gas y Edison por un importe total de 1.020 millones de euros, que le generará unas plusvalías netas de unos 190 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Gas Natural Fenosa a cierre de septiembre se situó en los 3.140 millones de euros, lo que supone una caída del 12,3% con respecto al período enero-septiembre de 2016.

Los resultados del grupo se vieron lastrados por el negocio de electricidad en España, cuya evolución se ha visto condicionada por los factores climatológicos, con una elevada contracción de la producción hidráulica, que cayó un 72,4%, y por el impacto de los desastres naturales, principalmente en Chile y México.

El negocio de distribución de gas aportó el 42,8% del Ebitda total consolidado, la distribución de electricidad un 25,9%, la actividad de gas un 17,4% y la actividad de electricidad un 15,2%.

Así, el Ebitda de las actividades internacionales del grupo representó el 50% del total consolidado, frente al 45,2% en el mismo periodo del año anterior.

En lo que se refiere a las inversiones, la cifra total entre enero y septiembre ascendió a 1.134 millones de euros, destinándose el 38,7% de ellas a la actividad de distribución de electricidad y el 32,9% a la distribución de gas.

Por ámbito geográfico, las inversiones en el exterior del grupo representaron el 61% del total, mientras que en España bajaron su contribución al 39%.

A 30 de septiembre, la deuda financiera neta del grupo alcanzaba los 15.723 millones de euros y situaba su ratio de endeudamiento en el 46,5%, ligeramente inferior al del 2016, que se situaba en el 46,9%. El 93,3% de esta deuda financiera neta tiene vencimiento igual o posterior al año 2019, y la vida media de la deuda neta se sitúa en 5,5 años.

Además, a principios de agosto, la compañía acordó la venta del 20% del negocio de distribución de gas en España a un consorcio formado por Allianz y CPPIB por 1.500 millones de euros, una operación que al tratarse de una transmisión sin pérdida de control, se mantiene su integración global en el consolidado, estimándose un impacto positivo en reservas por 1.040 millones de euros. Se espera que la transacción se complete antes del 31 de enero de 2018 una vez se obtengan las correspondientes autorizaciones.

Por otra parte, la energética aumentó el peso de las energías renovables en su ‘mix’ con adjudicaciones de más de 900 megavatios (MW) de eólica y fotovoltaica, que supondrán una inversión agregada de unos 900 millones de euros, de los cuales aproximadamente 500 están previstos para 2018.

Dividendo

Asimismo, la compañía destacó que mantiene su compromiso de remuneración de un euro por acción. La propuesta de remuneración al accionista, aprobada por la junta general de accionistas el pasado 20 de abril, supuso destinar 1.001 millones de euros a dividendos, el mismo importe que el año anterior.

El consejo de administración aprobó el dividendo a cuenta del ejercicio 2017, de 0,330 euros por acción, que fue pagado íntegramente en efectivo el pasado 27 de septiembre.

La Junta de Andalucía prepara el recurso para pedir en los tribunales la paralización del proyecto de gas en Doñana

Europa Press.– El consejero de Medio Ambiente de Andalucía, José Fiscal, anunció que el gabinete jurídico de la Junta «está preparando» el recurso que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir la paralización del proyecto de almacén de gas natural en el entorno de Doñana, si finalmente el Ministerio de Medio Ambiente no se pronuncia en esa línea porque «debe realizarse una evaluación conjunta» del impacto ambiental del proyecto ya que «es solo un proyecto y no cuatro».

Fiscal se ha referido al requerimiento que hizo este verano la Consejería al Ministerio para que realizara una evaluación conjunta de los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana. De este modo, ha asegurado que por ahora no tiene constancia de que se haya producido la respuesta ministerial pero ha señalado que la Junta envió su escrito y el plazo para responder empieza a contar desde que se produce el registro de entrada.

Administrativamente 4, pero uno real

Por ello, ante la proximidad de la respuesta ministerial, ha apuntado que la Junta «está preparando» ya su recurso para «pedir en los tribunales que se paralice este proyecto». En esta línea, ha recordado el informe del CSIC que alerta de la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona, así como ha reiterado que el estudio de su afección se haga de manera conjunta. Por todo ello, el consejero ha indicado que se trata de una cuestión que les «preocupa» y ha dejado claro que «la realidad es tozuda» y todo apunta a que la evaluación debe realizarse de manera conjunta y no por separado porque, aunque «administrativamente» sean cuatro proyectos, «es uno solo», ha zanjado.