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La Junta de Andalucía pide al IGME el informe que alerta de riesgo en el proyecto de gas de Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la Junta de Andalucía va a pedir «de inmediato» el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), «una institución del propio Estado», en el que «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización«, ha advertido.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

El consejero ha asegurado que «si esto es así, no cabe más remedio que hacer caso a lo que le ha pedido la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un requerimiento que se le envió en diciembre para que paralice inmediatamente la ejecución de Marismas Occidental y haga una declaración de impacto ambiental nueva del conjunto de los 4 proyectos». En este sentido, Fiscal ha recordado que eso es lo mismo que ha pedido el Defensor del Pueblo andaluz y español y ha insistido en que «si este informe es así, que lo hemos solicitado, no hay otro camino más que la paralización, no vemos otra cosa«.

Maíllo (IU) arremete contra Díaz

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno la suspensión cautelar del proyecto, ya en marcha, así como también que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se posicione al respecto. Maíllo ha defendido que «no puede cernirse sobre Doñana un proyecto que es una bomba en su subsuelo, de alto riesgo para el parque nacional, toda la zona y todos sus habitantes». Este informe es, según Izquierda Unida Andalucía, «una razón más, y de peso, para que se paralice este proyecto».

Maíllo ha anunciado que su formación solicitará en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que haga una valoración del informe del Instituto Geológico y Minero» que alerta de la «alta peligrosidad» de uno de los mencionados almacenes. Para el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, es necesario que el Gobierno de Susana Díaz «se posicione» ya que tras este informe existe «una base que ratifica lo que numerosos colectivos, entre ellos Izquierda Unida, han advertido: el alto riesgo del gaseoducto». Asimismo, ha recordado que varias entidades y la propia Universidad de Huelva alertaron de los peligros de este proyecto, un posicionamiento «ratificado ahora por el informe del IGME.

Facua quiere paralizar Marismas Occidental

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el IGME, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorios para la autorización de puesta en servicio. Dicho informe, según expone Facua, fue pedido por el Ministerio de Energía, tal y como exige la autorización administrativa del proyecto y el IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio.

6,3 millones subvencionando el proyecto

La asociación ha recordado la subvención concedida por el Gobierno a Gas Natural Fenosa de 6,3 millones de euros para el 2018, que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas y critica que se destinen cantidades millonarias de dinero pública a proyectos que pueden resultar perjudiciales para la salud humana o su entorno.

Del mismo modo, Facua cuestiona que el Gobierno, a la hora de conceder subvenciones a los proyectos de Gas Natural Fenosa, no tenga en cuenta informes presentados como el de la Unesco que señalaba este tipo de actividades en Doñana como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como patrimonio de la Humanidad y el Defensor del Pueblo que criticó en un informe, publicado el pasado noviembre, que el emplazamiento de este tipo de proyectos no es una actividad propia de este entorno ante el riesgo sísmico.

Asturias se convierte en el laboratorio mundial del primer tren de viajeros que utiliza gas natural licuado (GNL)

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Europa Press.- El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha inaugurado en Asturias la «primera experiencia en el mundo» de un tren con gas natural licuado (GNL) en el sector ferroviario de viajeros, entre Mieres y Figaredo (Asturias). El objetivo del proyecto, encabezado por Renfe junto con Gas Natural Fenosa y Enagás, y en colaboración con Bureau Veritas, es verificar la viabilidad de una solución con potenciales ventajas ambientales y económicas para los tráficos que se desarrollan actualmente con tracción diésel en España.

El proyecto se enmarca dentro del plan de descarbonización y eficiencia energética en el que trabajan Renfe y Adif y en la estrategia de impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020, en línea con la aplicación de la Directiva 2014/94 sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en Europa. Este proyecto está en línea con los objetivos de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno. La citada ley marcará el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio climático y energía de forma eficiente. En el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, el ferrocarril juega un papel fundamental.

Según datos del Ministerio de Energía, el ferrocarril consume prácticamente la mitad de toda la electricidad utilizada en el sector del transporte en España (el 45,8% frente al 20,1% de la carretera). Además de continuar con la electrificación del ferrocarril, es conveniente apostar por alternativas. Y el gas natural, aseguran, es el combustible alternativo con mejores condiciones para protagonizar una transición segura y eficiente en el corto plazo, por motivos de disponibilidad, precio y estabilidad.

El proyecto de innovación en tracción ferroviaria analizará la viabilidad de la adaptación de vehículos ferroviarios para su funcionamiento con motores y depósitos de GNL y el correspondiente análisis técnico, legal, económico y ambiental para la red ferroviaria española y europea. Las pruebas con motor GNL están programadas en un tren autopropulsado del parque diésel de Feve (2600). Para ello, se sustituyó el motor diésel de una de las dos unidades automotoras pareadas por otro que consume gas natural para su propulsión y se instalaron los depósitos en los que se almacenará el GNL junto con los elementos auxiliares necesarios.

Las circulaciones permitirán contrastar los resultados obtenidos, tanto para tecnología diésel como para la de gas, ya que se mantiene una cabeza tractora con cada tipo de combustible en el mismo tren. De estas pruebas se extraerán conclusiones sobre requisitos técnicos de espacio, peso, refrigeración, y autonomía para la tracción de gas natural, además de otras consideraciones y variables comparativas en emisiones y economía operativa.

El proyecto contempla la incorporación de motores GNL a una serie de trenes en las Cercanías asturianas para prestar servicio en la línea de Cercanías F8 (Baíña-Collanzo). Como parte de su estrategia hacia una mayor descarbonización de los tráficos, Renfe también trabaja en otros proyectos de sustitución de motores diésel con tecnologías alternativas, como el hidrógeno o las baterías alternativas.

Las ventajas que el uso del gas natural puede tener como combustible ferroviario responden a varios factores. Puede contribuir a reducir la contaminación medioambiental respecto al diesel al disminuir en un 20%/30% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), en un 99% las de óxidos de azufre, en un 90% las de materia particulada (PM) y en un 70%/90% las de monóxido de carbono (CO), la contaminación acústica y los gases invernadero, así como abrir opciones ante posibles nuevas exigencias ambientales en el sector ferroviario.

Desde el punto de vista económico, el Ministerio de Fomento sostiene que puede contribuir a reducir costes operativos por un mejor escenario de precios en general respecto a los combustibles derivados del petróleo, reducir la dependencia energética de esta fuente y ofrecerse como alternativa a la inversión en electrificación de tramos no electrificados. España cuenta con una larga experiencia de gestión de GNL y su logística está considerada dentro de los marcos de acción que los Ministerios de Energía y Fomento desarrollan al amparo de las directivas comunitarias, factores que pueden garantizar la seguridad de suministro para este mercado potencial.

La Junta de Andalucía lamenta que el Gobierno central «apoye económicamente» al proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana

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Europa Press.- Mientras los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción, referentes en el espacio natural de Doñana, denuncian la subvención a Gas Natural por 6,3 millones de euros para el 2018 señalando que así se fomenta el «agravar» los problemas del parque, el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal, lamenta que el Ministerio» siga apoyando económicamente el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Martínez Vidal asegura que esta actuación contrasta con lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio llevó a efecto recientemente, refiriéndose a que la Junta «ha formulado un requerimiento previo al ejercicio de acciones judiciales en el Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente para que revise las declaraciones de impacto ambiental que se dieron a los 4 subproyectos en los que se divide este gran proyecto de almacenamiento de gas».

El director general de Prevención ha explicado que «estas declaraciones se dieron entre 2010 y 2013 y el único proyecto que cuenta con autorización es el de Marismas Occidental«, para el que solicitan que «se paralice la ejecución del proyecto«. «Nuestra petición se ampara en que recientes informes que se han conocido del IGME y del CSIC, que entienden que la evaluación que se hizo de manera fragmentada ni cuenta con el efecto acumulativo ni hace una valoración de riesgo de sismicidad inducida», ha indicado.

Por ello, ha señalado que, según el artículo 44 de la ley 21/2013, se ha solicitado la revisión de estas vías por «concurrir estas nuevas circunstancias y que se han puesto de manifiesto en los procedimientos de quejas que los defensores del pueblo, a nivel nacional y andaluz, tienen abiertos». De esta forma, ha asegurado que «el parecer de la Junta contrasta radicalmente con la forma de actuar del Gobierno que sigue apostando económicamente por este proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, un espacio natural único».

“Pagando para agravar los problemas”

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, incide en que la subvención a Gas Natural «es inmoral e incongruente».Y es que, agrega, se abona una subvención, que supone «la mitad del presupuesto anual para todo el parque», por el almacenamiento de una energía no renovable cuya utilización «agravará los problemas de cambio climático«.Por ello, el colectivo ecologista sigue reclamando la paralización del subproyecto ya en marcha y que se impidan los otros tres, así como una apuesta «clara» de las administraciones por la energía renovable «en todo su espectro y con cabeza».

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha manifestado que su asociación tiene «todas las esperanzas» puestas en los tribunales, al haber recurrido judicialmente todo el procedimiento administrativo.»Hay un informe del Defensor del Pueblo donde se pone de manifiesto que la iniciativa adolece de un estudio hidrogeológico, con una valoración de impacto incompleta. Lo más triste es confirmar cómo todo el mundo coincide en que hay que hacer una evaluación conjunta y ver la sinergia acumulativa de los proyectos y, sin embargo, el Gobierno central hace oídos sordos».

El Gobierno ordena la devolución a las compañías eléctricas del bono social del ejercicio 2014 con cargo a los superávits

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las compañías eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en el ejercicio 2014, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Según una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ejecuta así las sentencias del Tribunal Supremo que habían dado la razón a las compañías eléctricas respecto al sistema de financiación del bono social.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El pasado octubre, el Ministerio ya aprobó otra orden para la devolución de las cantidades abonadas por las compañías eléctricas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, después de que otro fallo del Supremo estimara que estas indemnizaciones a las compañías debían realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o a las comercializadoras.

A finales del 2016, el Supremo ya había reconocido el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social. Las cantidades correspondientes a 2014 estaban pendientes del fallo del Tribunal Supremo. Así, el tribunal ha estimado los recursos presentados por Endesa, Iberdrola, Viesgo, Gas Natural, Estebanell y Pahisa, Electra del Maestrazgo, Fuciños Rivas, Cooperativa Popular de Fluido, Eléctrico de Camprodón y la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).

El bono social eléctrico en 2014 rondó los 200 millones de euros y fue asumido en su mayor parte por Endesa (41,61%), Iberdrola (38,47%) y Gas Natural (14,18%). Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo, acumulando más de 1.440 millones de euros de superávit. En concreto, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros y en 2016 421 millones de euros.

A este respecto, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de Presupuestos de 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios extrapeninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. 

La CNMC abre expediente a Gas Natural Fenosa y a Endesa por indicios de alteración de precios de la luz

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Gas Natural Fenosa Generación y a Endesa Generación, que ya anunciaron la presentación de alegaciones, tras observar indicios de alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017. En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada abrió dicho proceso sobre ambas compañías por una presunta infracción grave de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

A la vista de los precios que se registraron en el mercado de generación eléctrica, en febrero de 2017 se requirió información a Endesa y Gas Natural sobre sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, de suministro a centrales de ciclo combinado y a otros clientes, así como operaciones de compra y venta dentro del sistema gasista en el mercado OTC, previsiones de consumo y desviaciones entre previsiones y consumo real. Sobre la base de la información reservada realizada, la Dirección de Energía ha observado indicios de posible alteración del llamado despacho de generación del pool para obtener ingresos superiores en mercados de restricciones (ajustes que se realizan por motivos de seguridad en el suministro).

Es decir, según la CNMC, habrían realizado una oferta «anormalmente elevada» para que dichas centrales participaran en el mercado de restricciones y obtener así mayores ingresos. De esta manera, habrían llegado a impedir su programación durante días, a pesar de que el contexto generalizado de precios elevados debería haber conducido justo a la situación contraria, con pleno conocimiento de la empresa de la alta probabilidad de que las centrales acabarían siendo programadas por restricciones técnicas (por motivos de seguridad en el suministro). Dicha conducta podría haberse producido por parte de Gas Natural Fenosa Generación en cinco centrales (Sagunto, San Roque, Málaga; puerto de Barcelona y Besós) y por parte de Endesa Generación en la central de ciclo combinado de Besós.

Endesa alegará contra la CNMC

Por su parte, Endesa presentará alegaciones contra el expediente sancionador abierto por la CNMC contra la filial de Generación de esta compañía. «Acabamos de recibir el expediente, lo vamos a estudiar y presentaremos alegaciones», anunciaron fuentes de la compañía, que asegura que presenta sus ofertas «por igual» en todos los ciclos combinados con los precios referenciados al Mibgas. Asimismo, expresa su extrañeza y malestar por la incoación por parte de Competencia de este expediente sancionador, al considerar un contrasentido que quiera incrementar los precios del gas cuando esa estrategia perjudica a su cuenta de resultados.

Concretamente se trata de una infracción prohibida en el artículo 65.34 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que tipifica «la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado«. El periodo por el que ha abierto este expediente la CNMC corresponde al invierno pasado, en el que se registró una espiral alcista en los precios de la electricidad, especialmente en enero, en el que se llegaron a registrar cotas en algunos momentos puntuales de más de 100 euros por megavatio hora (MWh).

Ante este hecho, el Gobierno adoptó un paquete de medidas para fomentar la competencia en el mercado del gas con el fin de aumentar su oferta y que repercutiera en un abaratamiento de la electricidad. En concreto, se aprobó la creación de la figura de un creador del mercado en el sector del gas, y se anunció la obligatoriedad para que los operadores dominantes, precisamente Gas Natural Fenosa y Endesa, hagan también estas ofertas dentro del mercado del gas (Mibgas). Esta medida, a pesar de ser anunciada hace un año, entró en vigor recientemente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una obligación que ya ha sido recurrida por Gas Natural Fenosa.

El sistema eléctrico cerró 2016 con un superávit de 421,45 millones de euros

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Europa Press.- El sistema eléctrico arrojó en el ejercicio 2016 un superávit de 421,45 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este excedente se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos, señala el organismo en su informe.

En concreto, en la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se han ingresado 696,3 millones de euros por aplicación de la Ley 15/2012, de los cuales 196,1 millones de euros se corresponden con el canon por utilización de aguas continentales. De este modo, el superávit definitivo en el ejercicio es superior en 396,6 millones de euros al previsto en la Orden IET/2735/2015 (24,9 millones de euros) y en 310,6 millones de euros al de la Orden ETU/1976/2016 (110,9 millones de euros).

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo. Concretamente, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros. De esta manera, acumula más de 1.440 millones de euros de superávit. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

De todas maneras, el Gobierno acordó el pasado mes de octubre devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ejecutaba así las sentencias y autos que habían dado la razón a las eléctricas respecto al anterior sistema de financiación el bono social. Estas indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros.

Por otra parte, Gas Natural Fenosa presentó alegaciones para la incorporación en esta liquidación definitiva de 2016 de la devolución del bono social descontado por las comercializadoras de referencia en el periodo del 1 de septiembre al 24 de diciembre de ese año, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de que tumbaba el anterior esquema de bono social y hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre.

No obstante, la CNMC señala que en cumplimiento, entre otras, de la sentencia del Supremo, así como de su auto de ejecución de septiembre, se dictó la Orden ETU/929/2017 y, como consecuencia de ésta, el organismo aprobó la resolución de devolución de las cantidades financiadas por las sociedades o grupo de sociedades en concepto de bono social correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes.

Así, indica que no cabe en absoluto lugar a confundir los descuentos que las comercializadoras de referencia efectúan a sus clientes en cumplimiento de la obligación legal establecida en el artículo 45.3 de la Ley 24/2013, con las cantidades satisfechas por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollasen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización, en virtud de su obligación de financiación. Por ello, la CNMC considera que no se puede concluir la incorporación en la liquidación de 2016, como coste del sistema eléctrico, de estas cantidades descontadas por las comercializadoras a sus clientes en concepto de bono social en ese periodo.

La eficiencia energética en las viviendas podría abaratar hasta un 40% la factura de luz y gas, según Gas Natural

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Europa Press.- La Fundación Gas Natural Fenosa cree posible abaratar hasta un 40% la factura energética en caso de tomarse determinadas medidas dirigidas a incrementar la eficiencia energética, logrando un ahorro estimado en más de 5.300 millones de euros. Según su estudio Rehabilitación exprés para hogares vulnerables, los hogares podrían ahorrar de media un 27% en su factura del gas y la electricidad simplemente con cambios en sus usos y costumbres diarias, así como la mejora del equipamiento energético de las viviendas.

Sin embargo, este porcentaje podría incrementarse hasta un 40% de ahorro energético con la implantación de medidas dirigidas a la rehabilitación de viviendas, tales como el aislamiento de paredes y techos, instalación de vidrios dobles, carpintería con rotura de puente térmico o la colocación de burletes en ventanas. «Reducir la factura energética de nuestros domicilios durante los meses de invierno es posible con una combinación de modificaciones en nuestros hábitos de consumo, así como en intervenciones concretas en nuestra viviendas», explica el director general de la Fundación, Martí Solà, que en su estudio propone 77 medidas de rehabilitación de hogares vulnerables con un coste de entre 50 y 7.000 euros.

Mejor uso de los electrodomésticos

Entre estas soluciones destacan la instalación de toldos, la colocación de alfombras, la sustitución de ventanas, el aislamiento térmico en muros, o, en el caso de los hábitos de consumo, medidas como ajustar el termostato entre 19º y 21º grados durante al día y entre 15º y 17º por la noche o un uso eficiente de la lavadora y el lavavajillas, llenándolas antes de ponerlas, y en el caso de la primera, lavar en frío.

Asimismo, también proponen ajustar la potencia contratada a las necesidades de cada vivienda, configurar la temperatura del frigorífico en el intervalo de 3º a 7º grados y el congelador a -18º, ya que cada grado menos supone un 7% más de consumo, señalan, y el doble acristalamiento en ventanas, pues subrayan que el 40% de las pérdidas de calor se producen por las ventanas. Por último, sugieren el apagado del ordenador y la televisión si estos no van a ser utilizados en los siguientes 30 minutos, y la utilización de regletas con interruptor para agrupar varios aparatos y poder desconectarlos durante la noche o en momentos de ausencia del hogar.

El consumo de energía en el hogar descendería dos tercios tras una reforma exprés en eficiencia, según Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- El consumo de energía en un hogar español, sin incluir los gastos fijos, podría descender cerca del 70% después de aplicar una serie de reformas a las viviendas en las que actualmente existe pobreza energética, según un estudio de la Fundación de Gas Natural Fenosa.

En el marco del Plan de Vulnerabilidad que ha lanzado la eléctrica, con un coste de 4,5 millones de euros, su Fundación ha querido trasmitir la importancia de ejecutar reformas en aquellos hogares vulnerables. Actualmente, hasta un 90% del parque de viviendas español no cumple con los requisitos impuestos en el último Código Técnico. Además, teniendo en cuenta que hasta un 23% de los hogares en Madrid o un 15% en Cataluña están bajo una situación de pobreza energética, la reducción del consumo es vital para que estas familias puedan mantener su vivienda en unas buenas condiciones para su habitabilidad.

La Fundación Gas Natural Fenosa ha estimado que, de media, el coste para realizar una reforma exprés en este tipo de viviendas tomando todas las medidas básicas sería de entre 5.000 y 6.000 euros y permitiría reducir en dos tercios el consumo de energía. Además, en el caso concreto de Madrid, gracias a estas medidas los días de bienestar en un hogar sin consumir energía podrían aumentar en un 22%, evitando las temperaturas por debajo de los 10 grados en invierno y reduciendo el número de días por encima de los 29 grados en verano.

Entre las medidas a tomar, la principal sería el aislamiento de los muros, lo que en una vivienda de unos 100 metros cuadrados tendría un coste de 1.000 euros. Por su parte, el cambio de los vidrios en las ventanas implicaría un gasto de 800 euros. Gracias a este tipo de reformas, los españoles se ahorrarían entre 300 y 650 euros anuales, dependiendo del tipo de medidas incluidas en su reforma exprés. Un 8% de los hogares de Madrid presenta una situación «mala» o «deficiente», inferior al 14% de Barcelona.

Energía aprueba el nuevo plan invernal, que eleva de 2 días a 3,5 días las exigencias de almacenamiento de gas

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Europa Press.- El Ministerio de Energía ha aprobado el plan de actuación invernal de este año para la operación gasista, que eleva la obligación de exigencias de almacenamiento de gas para los operadores a 3,5 días, frente a los 2 días anteriores. En la elaboración de este plan se han tenido en cuenta «las tensiones producidas en el mercado gasista durante el invierno 2016-2017 como consecuencia de las olas de frío y del incremento de la demanda de gas para generación eléctrica».

De esta manera, se ha incrementado un 75% el volumen de reservas que se han de aportar, pasando de los 2 días que hasta ahora estaban establecidos a 3,5 días de la capacidad contratada. Asimismo, se ha establecido un mecanismo flexible para la movilización de la reserva invernal, previa nota de la operación del Gestor Técnico del Sistema (GTS), Enagás, que permite que cada usuario emplee el volumen autorizado en función de sus necesidades, favoreciendo la libre actuación del mercado.

Finalmente, se establece una exención para aquellos usuarios para los que la suma de obligaciones de suministro sea inferior a 15 gigavatios hora (GWh), debido a que en su mayor parte se abastecen directamente en el punto virtual de balance (PVB), y no realizan habitualmente operaciones en las instalaciones en las que se requiere constituir las reservas. Se trata de otra más de las medidas adoptadas por el Gobierno, como obligar a los dos operadores dominantes del sector gasista, Gas Natural Fenosa y Endesa, a actuar como creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas, con el objetivo de aumentar su liquidez y conseguir que exista una menor volatilidad que logre así evitar su impacto en los precios del gas.

La Junta de Andalucía destaca el compromiso de «llegar hasta el final» para frenar el almacén de gas de Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que «se están analizando todos los datos que obran en poder» de su departamento para presentar el tipo de recurso «más conveniente» para frenar el proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana, desde el compromiso de «llegar hasta donde haya que llegar» para paralizar una iniciativa que «no convence a nadie» porque «pone Doñana en riesgo».

Fiscal ha afirmado que «es un tema muy serio» y explica que se han pedido todos los datos en los que se apoyan los últimos informes del Defensor del Pueblo Estatal y de su homólogo andaluz. En este sentido, y preguntado sobre si hay colaboración suficiente por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Fiscal ha apuntado que «en absoluto», porque «a tenor de los últimos informes» de las dos Defensorías, que «han pedido la paralización del proyecto», la respuesta en lo que respecta al Gobierno central es que «se sigue hacia adelante, con lo cual no podemos hablar de colaboración».