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Oriol Castro o Quique Dacosta, entre los chefs que se suman al Círculo de eficiencia energética de Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- Gas Natural Fenosa ha presentado el Círculo de Eficiencia Energética, una iniciativa a la que se han adscrito una docena de chefs de reconocido prestigio internacional como Oriol Castro (dos estrellas), Quique Dacosta (tres estrellas) o Ricard Camarena (una estrella), entre otros, con el objetivo de fomentar la eficiencia energética en el sector de la hostelería, según indicó la compañía.

Asimismo, se han unido a la iniciativa los chefs Marcos Morán (una estrella), Juan Mari Arzak y Elena Arzak (tres estrellas en España y una en Londres), Rodrigo de la Calle (una estrella), Nacho Manzano (dos estrellas), Diego Guerrero (dos estrellas), Mario Sandoval (dos estrellas), Martín Berasategui (ocho estrellas), Ángel León (tres estrellas), y Sergio y Javier Torres (dos estrellas).

De este modo, el proyecto busca ayudar a los propietarios de establecimientos de restauración a tener un consumo de energía responsable, para lo que pone a su disposición diferentes herramientas, entre las que destaca Smart Energy Tool, un servicio que analiza los datos de consumo energético de un negocio para dar información útil que permita ahorrar tiempo y recursos en la gestión de la energía. Además, un equipo de expertos de Gas Natural Fenosa realizará una auditoría «energética» personalizada a cada restaurante, con el fin de aconsejar las mejores prácticas en sus hábitos de consumo energético permitiendo, de esta forma, el ahorro de costes y la reducción del impacto medioambiental.

El PSOE pide un estudio de impacto conjunto del almacén de gas en Doñana y la paralización de las obras

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Europa Press.- El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por parlamentarios, diputados, alcaldes y dirigentes locales del entorno del Parque Nacional de Doñana, ha pedido un estudio de impacto conjunto de los proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona y la paralización de estas obras. De esta forma, los socialistas onubenses han querido “despejar el más mínimo resquicio de duda que pudiera subsistir sobre la postura que el PSOE mantiene en relación al proyecto de gas en Doñana”.

De este modo, el secretario general de la Ejecutiva Provincial, Ignacio Caraballo, criticó el proyecto a las puertas de Marismas Occidental, denominación del primero de los cuatro subproyectos en que ha quedado dividida una actuación que, «a juicio de todos, excepto del Gobierno y de la empresa proponente, requiere un estudio sobre su conjunto y no por separado, para conocer el impacto real, si existe riesgo y si es viable».

Así, la cúpula del PSOE onubense ha querido expresar «su absoluto rechazo» al proyecto y ha pedido que se paralice de manera inmediata «la ejecución de Marismas Occidental, en tanto en cuanto el Gobierno no adopte la decisión de evaluar el impacto ambiental sobre el conjunto de los cuatro subproyectos». «Lo primero es que estamos en contra absolutamente de que Doñana sirva de almacén de gas; lo segundo es que no se puede jugar al engaño permanente, haciendo creer a los ciudadanos que no existe peligro porque la realidad es que el Gobierno no lo sabe con certeza; lo tercero es que es un clamor social, nadie quiere este proyecto, por tanto, el Ejecutivo debe pararse a reflexionar», remarcó Caraballo.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha dicho, en nombre de todos los alcaldes socialistas del entorno, que suscribe la petición de paralización y la exigencia de la declaración conjunta del proyecto. «Pedimos impulsar cuantas acciones legales procedan para detener cautelarmente su ejecución», ha continuado Caraballo. Para los socialistas, «Doñana no es el lugar más idóneo para almacenar gas, nos hemos negado a ello desde el seno del partido y desde la Junta de Andalucía», ha continuado.

En esta línea, ha pedido al Gobierno del PP que «recapacite y dé su brazo a torcer». «Si al PP no le importa Doñana, a nosotros nos importa, y mucho. Pedimos al Gobierno que se rinda. Es la primera vez que una comunidad autónoma deniega una Autorización Ambiental Unificada (AAU) a un Gobierno que ha emitido ya su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, lo que demuestra la seriedad y contundencia con la que ha actuado la Junta de Andalucía», ha afirmado el dirigente socialista.

Según ha sostenido, «las tesis que defienden tanto el Gobierno andaluz como los socialistas onubenses vienen avaladas por las posturas adoptadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, primero, y por el Defensor del Pueblo Español, después, así como de la Delegación del CSIC». Ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido paralizar el proyecto en su conjunto y su impacto, así como estudiar los riesgos sísmicos que podría provocar esta actuación.

Cita al Defensor del Pueblo

Por su parte, relató que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los 4 subproyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, además de sugerir que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas. De esta manera, como ha reiterado, se pretende valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas y garantizar que Doñana y su entorno no se vea negativamente afectado. Este organismo se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos.

La emisión de estos informes de estos organismos se produce después de analizar la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España en la que se advertía de la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los mismos por separado». Además, este informe también generaba dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados, además de considerar que las evaluaciones individuales de los mismos «no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico«. De esta manera, el Defensor ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar, así como la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su permiso la Junta.

Por su parte, Caraballo ha subrayado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ya está dando pasos para emprender acciones legales con que paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana. De hecho, ha presentado un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente como paso previo a un futuro recurso contencioso administrativo.

Esta decisión se ha adoptado tras ser «desoída la exigencia de la Junta de que el Gobierno central modifique las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos en que se ha dividido el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana y de que se instase al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que llevara a cabo la paralización de Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos».

Tras tener conocimiento de que el Instituto Geológico y Minero ha advertido en un informe interno de que Gas Natural «rebajó la peligrosidad por inundaciones al acuífero en su estudio de riesgos obligatorio para la autorización de puesta en servicio y se avisa de que la nueva normativa que limita los usos en el dominio hidráulico puede afectar al proyecto, hemos solicitado oficialmente, desde la Junta, la remisión de dicho informe. Que no se demore más. Celeridad es lo que necesita este asunto», ha concluido.

Salvemos Doñana se reúne con la Junta de Andalucía para impulsar acciones que cancelen el almacén de gas

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Europa Press.- La Plataforma Salvemos Doñana ha mantenido recientemente una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para intercambiar información sobre las diferentes acciones que la administración ambiental y la plataforma ciudadana han realizado y tienen previstas para lograr un objetivo que es «común al 100%» para ambas entidades, que es la cancelación definitiva del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural en Doñana, incluidos todos y cada uno de sus 4 subproyectos.

En esta segunda reunión, ya que la primera fue en 2017 según ha precisado el colectivo, Fiscal ha informado a la plataforma de que la Junta ha elevado un requerimiento al Gobierno central y considera que tiene las herramientas necesarias para abrir la vía contencioso-administrativa, a la cual «el consejero se ha mostrado totalmente convencido de que van a llegar«.

Salvemos Doñana, por su parte, informó al responsable autonómico de que va a seguir apostando por las acciones para informar a la ciudadanía y lograr la movilización tanto de los habitantes de la comarca como de la sociedad en general. Para ello, se han abierto de nuevo las diversas páginas de recogida de firmas digitales, que permiten a todas las personas apoyar de forma «eficaz» la petición a los gobiernos autonómico, central e incluso europeo de que sea cancelado. A primeros de febrero se hará entrega en registro oficial de los «muchos miles» de firmas y apoyos recogidos para proteger Doñana, «que está amenazado de contaminación y deterioro, así como de riesgo sísmico y otros perjuicios ocasionados por este proyecto«.

Asimismo, Salvemos Doñana está organizando una hoja de ruta con acciones participativas, propuestas de movilización y encuentros informativos «para que nadie se quede con la duda sobre la importancia de cancelar el almacén gasista en Doñana, la necesidad de proteger los recursos naturales y que la oportunidad de lograrlo viene de la mano de la unión de todo el mundo para proteger el humedal y el paraíso andaluz que es Doñana». El colectivo ciudadano apoya un cambio de enfoque en esta comarca para impulsar la lucha contra el cambio climático con un modelo energético que cree empleo verde en sus municipios y base el desarrollo local en las energías limpias y renovables, «un enfoque viable, novedoso y de gran potencial».

CCOO lamenta que el Ministerio de Energía tardara 6 meses en convocar a los sindicatos para buscar solución al carbón

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Europa Press.- CCOO de Industria ha lamentado que el Ministerio de Energía «haya tardado 6 meses» en volver a convocar a los sindicatos para buscar una solución «al cierre desordenado» del carbón y que siga sin entender que la situación del sector es «dramática». El sindicato acudió «con la esperanza de avanzar en cada uno de los temas que se han incumplido del Marco de Actuación de la Minería del Carbón 2013-2018».

Varias peticiones sobre el carbón

Asimismo, CCOO reclama que la generación eléctrica con carbón siga teniendo su espacio en el mix eléctrico; que se establezcan mecanismos para que las centrales de generación que usan carbón nacional realicen las inversiones medioambientales; que se dinamicen las comarcas mineras a través de proyectos empresariales y que se promueva la investigación, el desarrollo y la innovación en proyectos de generación eléctrica con carbón autóctono y captura de CO2. Además, el sindicato afirmó que pidió al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, información sobre la solicitud de cierre de las centrales de Lada y Velilla, propiedad de Iberdrola, y Anllares, de Gas Natural Fenosa.

Las principales compañías eléctricas financiarán el 95,4% del coste del nuevo bono social de electricidad

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Europa Press.- Las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, se harán cargo de casi el 95,4% del coste del nuevo bono social, frente al 96% que soportaban con el anterior sistema. Según el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Ministerio de Energía, Endesa asumirá el 37,14% del total; mientras que Iberdrola correrá con el 35,04%, correspondiéndoles así más del 72% del total entre las dos empresas.

Por su parte, Gas Natural Fenosa se hará cargo de la financiación del 15,81%, mientras que EDP, contando Cide, sufragará el 5,17% y Viesgo el 2,2%. En total, la CNMC ha incluido en la lista para participar en la financiación del bono social eléctrico de 2018 a un total de 232 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica sin que formen parte de ningún grupo y 18 matrices del grupo de sociedades que desarrollan esta actividad. Al resto de empresas, fuera de las principales compañías eléctricas, les corresponde porcentajes inferiores al 1%. Así, Fenie Energía, la comercializadora de las empresas instaladores, será la que más aporte de las pequeñas, con un 0,88%.

El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó el nuevo bono social de electricidad, basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supone descuentos del 25%, el 40% y el 100% en la factura de la luz, según los casos. Este nuevo decreto regula la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiar el bono social, en función de su cuota de clientes.

No obstante, las grandes eléctricas, e incluso algunas más pequeñas, ya han presentado sus recursos contenciosos-administrativos contra este real decreto. En octubre de 2016, el Supremo ya tumbó el anterior mecanismo de financiación del bono social al estimar los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo y reconocer el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. Este fallo del Supremo anuló el mecanismo de financiación del anterior bono social eléctrico, circunstancia que obligó al Gobierno a diseñar este nuevo sistema.

El PSOE seguirá pidiendo paralizar los proyectos de almacén gasista en Doñana porque “los ciudadanos están antes que la especulación»

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Europa Press.- El senador socialista por Huelva, Amaro Huelva, asegura que el PSOE va a seguir pidiendo al Gobierno central en las distintas Cámaras la paralización de los proyectos para el almacenamiento de gas natural en el subsuelo del entorno de Doñana ya que «los ciudadanos deben estar antes que la especulación».

Amaro Huelva ha remarcado que «el Gobierno tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos y no por el de Gas Natural», por lo que asegura que el PSOE «seguirá en la brecha para pedir que se paren», sobre todo tras las peticiones de los Defensores del Pueblo, del CSIC y el reciente informe realizado por el Instituto Geológico y Minero (IGME) sobre los estudios aportados por la empresa, cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido».

«No sabemos qué organismos tienen que pronunciarse más al respecto», ha señalado el socialista, que ha dejado claro que realizarán más acciones para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, «dé la cara», para lo que insta también al PP onubense y al andaluz, ya que «no pueden ser cómplices de las aberraciones contra Doñana». Amaro Huelva expresó su preocupación por «la obsesión del Gobierno por seguir adelante con el proyecto del gas haciendo caso omiso a todas estas sugerencias», incidiendo en el convencimiento de que el proyecto en conjunto «es perjudicial y contrario a la integridad del espacio natural«.

Tras recordar que su grupo ha presentado una proposición no de Ley para pedir la paralización de estos proyectos, el socialista ha asegurado que el Gobierno, con estos subproyectos, «quiere convertir a Huelva en un gran almacén de gas porque se convertiría en receptora de casi la tercera parte del gas almacenado en España». En esta línea, ha dejado claro que el PSOE ya alertó de que «la división en 4 subproyectos era un gravísimo error y ha supuesto que no valoren el impacto ambiental del proyecto en su conjunto».

La OCU se persona en los expedientes de la CNMC a Endesa y Gas Natural por supuestas alteraciones del pool

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Europa Press.– La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado su personación en los expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Endesa y Gas Natural, con el objetivo de que en los mismos se acredite de forma adecuada el perjuicio que, en su opinión, se generó a los consumidores.

El pasado 18 de diciembre, la CNMC anunció la apertura de un expediente sancionador a Endesa y otro a Gas Natural Fenosa por la alteración indebida de los precios mayoristas de la electricidad, que llegó a alcanzar los 90 euros MWh y que tuvo como consecuencia una fuerte subida del precio de la electricidad para los usuarios durante diciembre de 2016 y enero de 2017.

Según recuerda la OCU, el efecto de esta subida afectó directamente tanto a los consumidores acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) como al resto de consumidores en el mercado libre, ya que ambos contratos y sus renovaciones tienen muy en cuenta las señales de precios de este mercado mayorista. La OCU ya pidió en enero la apertura del expediente al entender que la escalada de precios del mercado mayorista no se podía explicar por un funcionamiento normal del mercado, y que solo unas alteraciones artificiales de las condiciones del pool podían justificar ese elevado incremento de los precios, precisamente lo que ahora señala la CNMC en los expedientes.

El PSOE pide a Nadal comparecer en el Senado tras el informe del IGME sobre el proyecto gasista en Doñana

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Europa Press.- Al tiempo que los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, expresaron su contrariedad al proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana y han incidido en que tienen más motivos tras el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), que alerta del «riesgo de inundación en uno de los almacenes», el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Senado para que dé las explicaciones correspondientes.

Así lo aseguró el parlamentario autonómico andaluz del PSOE por Huelva, Jesús Ferrera, que ha remarcado que el grupo socialista respalda las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que siempre ha incidido en la necesidad de que la evaluación del proyecto se hiciera de manera conjunta y no fraccionada. En esta misma línea, el socialista indicó que quieren que comparezca el ministro para conocer «la situación real que emana de ese informe», al tiempo que subraya que, si se deja claro que «corre un riesgo» el espacio medioambiental, solicitarán la paralización inmediata y espera que el PP se sume a esta defensa de Doñana.

Así, Ferrera ha reiterado su apoyo a la postura del consejero José Fiscal, que aseguró que va a pedir «de inmediato» el informe del IGME, «una institución del propio Estado», en el que, señaló, «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización», apuntó el consejero. Según ha proseguido Ferrera, «querer hacer una evaluación por partes es una chapuza cutre» que busca «intentar hacer negocio en la joya de la corona medioambiental» que es Doñana.

Por todo ello, el parlamentario ha recordado que desde hace casi dos años la administración regional, y en concreto la Consejería de Medio Ambiente, ha mostrado «su total rechazo» a este proyecto «por la forma en la que se está desarrollando». En su opinión, «el Gobierno ha utilizado una estrategia dañina para salvar la cara de la especulación de una empresa», que quiere «convertir el entorno de Doñana en un almacén de gas». Tras remarcar todas las iniciativas impulsadas por el grupo parlamentario socialista sobre esta cuestión, Ferrera ha recordado los informes del Defensor del Pueblo, tanto a nivel estatal como regional, que manifestaban la necesidad de una evaluación conjunta.

Posturas contrarias de los alcaldes

Por su parte, los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, han remarcado que la evaluación del proyecto debe realizarse de manera conjunta y no fraccionada, por lo que han respaldado la postura de la Junta de Andalucía en este sentido. El alcalde hinojero ha demandado «claridad y transparencia» en este asunto, sobre todo con los municipios de la comarca, porque este proyecto de almacenamiento de gas «pone en riesgo un espacio emblemático y el Parque Nacional más importante de Europa«, así como ha subrayado también el riesgo para las poblaciones del entorno de Doñana.

En esta misma línea se ha manifestado Rocío Espinosa, que ha expresado su preocupación ya que «este proyecto se desarrolla, fundamentalmente, en el Almonte», a la par que ha reiterado que, en reiteradas ocasiones, incluso con iniciativas en el pleno, han mostrado desde el Ayuntamiento su rechazo. «Antes nos mostrábamos en contra pero tras el informe del IGME tenemos más motivos», ha proseguido la alcaldesa, que ha pedido al Ministerio de Energía que, si se reafirman los riesgos, paralice el proyecto. «Este proyecto es contradictorio con Doñana y el modelo económico sostenible que se impulsa desde hace 25 años en la comarca», han concluido, por lo que esperan que «se cuente con todas las garantías para la preservación de Doñana».

Energía ya ha remitido el informe del IGME sobre Doñana a Gas Natural mientras Izquierda Unida exige que se publique

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Europa Press.- La diputada de Unidos Podemos en el Congreso Eva García Sempere (IU) exige al Gobierno una copia del informe elaborado por el Instituto Geológico Minero de España (IGME), cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla en Doñana tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido». En este sentido, la Dirección General de Política Energéticas y Minas, perteneciente al Ministerio de Energía, ya ha remitido a Gas Natural el informe.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

Fuentes del Ministerio han explicado que la resolución de la Dirección General de Política Energéticas y Minas de marzo de 2016, en línea con los requerimientos del IGME sobre Marismas Occidental, señala que «con anterioridad a la solicitud del acta de puesta en servicio el promotor, en este caso Gas Natural, deberá realizar una serie de estudios complementarios, necesarios según el IGME para la operación de la instalación, pero no para la fase de construcción».

Gas Natural ya presentó los citados estudios, que fueron remitidos al IGME. A su vez, el IGME emitió un informe al respecto el pasado diciembre donde se realizan «una serie de observaciones de carácter técnico». Tras esto, Energía ya ha remitido este informe a Gas Natural y «le ha indicado que procedan según lo indicado por el IGME» o, en su caso, «formulen las observaciones oportunas». En estos momentos, según las fuentes consultadas, el Ministerio de Energía se encuentra «a la espera de la contestación del promotor«. Por otro lado, las fuentes ministeriales recordaron que, según lo previsto en la autorización, este no podrá funcionar en tanto el IGME «no dé su plena conformidad «.

IU pide paralizar los proyectos

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha pedido a la Comisión Europea que paralice «de inmediato» los proyectos que afectan al Parque Natural de Doñana y avisa de que «podemos estar ante un nuevo caso Castor«. Esta ha sido también la línea seguida por Sempere en el Congreso de los Diputados, que además de una copia del informe del IGME ha solicitado al Gobierno una valoración del documento así como la «posible paralización cautelar del proyecto gasístico».

Sempere detalló que, según el informe filtrado, en la zona del proyecto conocida como Marismas-3, Gas Natural atribuye «peligrosidades por inundaciones de carácter baja o media», mientras que los técnicos del IGME consideran la zona «al límite de lo establecido por inundaciones peligrosas para las personas«. Igualmente, el informe señala que el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico introduce restricciones que pueden afectar al proyecto de Gas Natural en Doñana.

En lo que se refiere a Bruselas, Albiol, en una nueva pregunta sobre Doñana a la Comisión Europea, ha puesto sobre la mesa el informe del IGME y también el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en julio del año pasado «alertó del riesgo sísmico en la zona que acarreaba el proyecto gasístico». «Además del daño medioambiental irreparable, nos tememos que estamos ante un nuevo caso Castor, ante un nuevo favor del Gobierno a las empresas que financian al PP y que luego se lo devuelven vía sobres», denunció.

Repsol confirma «muestras de interés» de diversos inversores, entre ellos el fondo CVC, por su participación en Gas Natural Fenosa

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Europa Press.– Repsol ha recibido «muestras de interés» de diversos inversores, entre los que se encuentra el fondo CVC, por su participación del 20% en Gas Natural Fenosa, aunque ha asegurado que no ha tomado decisión alguna respecto a una posible desinversión.

En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la petrolera señaló que este interés se encuentra en «fase preliminar» y destacó que «no existe acuerdo suscrito, ni se ha contratado asesoramiento jurídico o financiero, ni se ha tomado decisión alguna al respecto por parte del consejo de administración». En el marco de su vigente plan estratégico 2016-2020, y como parte de «una gestión dinámica permanente» de su cartera de negocios, Repsol indicó que analiza «regularmente» diferentes alternativas, entre las que se incluyen aquéllas relativas a su participación en Gas Natural.

De esta manera, la petrolera, que afirmó que «no tiene como política comentar noticias no contrastadas que puedan aparecen en los medios de comunicación», responde a la solicitud del supervisor bursátil tras las informaciones publicadas. En septiembre de 2016, Repsol y La Caixa, a través de Criteria Caixa, acordaron la venta de un 20% de Gas Natural Fenosa al fondo estadounidense GIP por unos 3.802 millones de euros mediante un acuerdo en el que cada uno de los socios se desprendió de un 10% del capital. Con esta operación, Repsol y Criteria Caixa ponían fin al pacto para el control conjunto de Gas Natural Fenosa suscrito en enero de 2000.

La actual participación del 20% de la petrolera en el capital de Gas Natural Fenosa está valorada, a precios de mercado, en más de 4.100 millones de euros. En mayo, ante la junta de accionistas, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, señaló respecto a la participación en Gas Natural Fenosa que «siempre ha sido un activo estratégico», aunque subrayó que se consideraba «como un activo más, sometido a cualquier tipo de reflexiones en todo momento». «No tenemos ninguna fidelidad a ningún activo«, añadió al respecto.