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Energía afirma que una auditoría de las centrales nucleares «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad que cuestiona Iberdrola

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Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que una auditoría de costes de la energía nuclear y la hidráulica, prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad o no de estas tecnologías en el actual marco regulatorio.

Así se pronunció Navia sobre las manifestaciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a su voluntad de no reabrir Garoña debido a la falta de rentabilidad del negocio nuclear. En este sentido, Navia aseguró que «responder a esta cuestión sobre la base de la declaración de una empresa, que es una empresa de las muchas que hay y hay otras que no están diciendo lo mismo, no tendría sentido». «Es una cosa que hay que echar cuentas», añadió al respecto. Así, consideró que hay que cumplir el pacto con Ciudadanos y hacer esa auditoría de las energías no replicables (nuclear e hidráulica). «Esa es la vía que nosotros vemos para resolver esto», indicó.

Navia considera que el cierre definitivo de Garoña «no supondría un cambio respecto a la situación actual», ya que está parada desde hace años. «Esa decisión está por tomar y pensamos que corresponde oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, hacer evaluaciones y llegar a un consenso sobre cuál es la mejor fórmula. En Garoña y, con carácter general, en lo nuclear», añadió al respecto. Asimismo, Navia aseguró no tener conocimiento de que Nuclenor haya remitido ningún informe al Ministerio sobre la inviabilidad de Garoña ni de que la empresa haya solicitado la retirada de la licencia.

En lo que se refiere al bono social, el secretario de Estado afirmó que, una vez que se remitió a las comunidades autónomas el borrador del reglamento, espera que próximamente se pueda dar el siguiente paso, su remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda llevar a cabo su informe y, posteriormente, al Consejo de Estado y, «en paralelo, a Europa». Así, prevé que a principios de verano esté en vigor el reglamento del bono social, aunque dependerá de si se mantiene abierto más tiempo el plazo de aportaciones de las distintas partes.

No obstante, cree que superado el trámite con las comunidades autónomas, a las que corresponden en gran parte la gestión del bono social y con las que hay que discutir los umbrales de ingresos de las diferentes clases de beneficiarios, ya que muchas de ellas cuentan también con sistemas propios de ayuda al consumidor vulnerable, despejará la parte más importante para sacar adelante el reglamento.

Unidos Podemos reclama que Nuclenor «corra con los gastos» de cerrar Garoña ya que se ha enriquecido con su producción

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Europa Press.- El diputado de Unidos Podemos por Burgos, Miguel Vila, exige que la empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, corra con los gastos del cierre ya que se ha enriquecido con la producción. El parlamentario por Burgos se ha entrevistado con la Plataforma contra Garoña para la presentación de enmiendas a los Presupuestos.

El diputado asegura que estará vigilante para que el coste del desmantelamiento de la central de Garoña recaiga «exclusivamente» en Nuclenor, sociedad formada por Endesa e Iberdrola. De esta manera quiere «evitar» que se el cierre definitivo se haga con el dinero de todos y «con garantía de seguridad». Vila recordó que no puede ser que la ciudadanía pague el desmantelamiento millonario de la nuclear cuando «la empresa propietaria ha ganado mucho dinero» durante la vida útil de la central.

El desmantelamiento de la central va a generar empleo, pero Vila ha recalcado que no se conforma con ello. Unido al proceso de cierre, que puede durar una década, cree necesario implementar un plan de reindustrialización para la zona pero basado en «un impulso del mundo rural sostenible que garantice empleo de calidad». «Una segunda pata estaría enraizada en la «revitalización del patrimonio histórico y natural que garantice la llegada de turismo sostenible», ha aseverado.

Unidos Podemos entiende que el dinero de que se invierta en la reindustrialización de la comarca de Las Merindades y en Miranda de Ebro, «debe ir a los ayuntamientos». El diputado alertó de que si no se hace así, puede ocurrir lo que ya pasó hace unos años con el Plan Reindus, cuando el dinero del Estado se fue «a la patronal con una total ausencia de mecanismos de control». 

El consejo de administración de Nuclenor se reúne el miércoles para decidir el futuro de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El consejo de administración de Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, se reunirá el próximo miércoles 26 de abril para analizar el futuro de la planta, según indicaron fuentes empresariales.

Esta reunión de la sociedad llega en un momento en que está sobre la mesa la petición de Iberdrola a Endesa, como su socio en Garoña, para que respalde la presentación de un escrito de desestimiento de solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. Iberdrola ya había solicitado a finales de marzo a las partes implicadas, Nuclenor y Endesa, la convocatoria de este consejo, así como de una junta general extraordinaria, para el pasado 6 de abril, que finalmente tendrá lugar a finales de mes.

La reunión de este miércoles coincidirá con la celebración de la junta general de accionistas de Endesa y con la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2017 de Iberdrola. Hay que recordar que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aprovechó el marco de la pasada junta de accionistas de la compañía para asegurar que la central nuclear de Garoña «no es viable económicamente, con pérdidas cuantiosas» desde hace años, y anunció que había pedido a Endesa que desista de su explotación.

Por su parte, Endesa remitió a tomar las decisiones en el seno de Nuclenor, «que es la propietaria de la central», cualquier decisión final respecto a la reapertura o no de la planta nuclear de Garoña. Fuentes de la compañía indicaron que todavía se debía conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, sobre la continuidad de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.

Mientras, el Ministerio de Energía continúa el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de Garoña. El Ministerio remitió a las partes interesadas el informe preceptivo aprobado por el CSN para que presenten alegaciones y comentarios. El Gobierno tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Garoña, tras el informe del CSN. No obstante, de ser favorable, la última palabra corresponderá a Iberdrola y Endesa, propietarios de la central a través de Nuclenor.

El Parlamento del País Vasco presentará un recurso si el Gobierno ordena la reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El Parlamento vasco ha aprobado una iniciativa en la que asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición» para impedir la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y, en caso de que el Gobierno ordene la reapertura, faculta a la Mesa de la Cámara a ordenar a los servicios jurídicos parlamentarios la interposición de recursos en contra de la resolución de apertura.

Todos los grupos, excepto el PP, que se abstuvo, votaron a favor de la iniciativa que ha presentado EH Bildu que hace referencia al informe elaborado por la dirección técnica delConsejo de Seguridad Nuclear (CSN) que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones. El pasado 2 de febrero el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley que exige el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la Cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender.

El informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara vasca señala que el Parlamento puede interponer un recurso contra el informe del CSN. Por ello, con esta iniciativa, el Parlamento vasco asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura» y acuerda interponer el recurso para «anular» la resolución del CSN. Finalmente, el texto advierte de que la reapertura de Garoña sería «grave e inaceptable» y, en consecuencia, insta al Gobierno central a no volver a autorizar la reapertura de la central nuclear.

Durante el debate, EH Bildu acusó al PP de «cercenar la posibilidad de la ciudadanía a expresarse», y ha advertido de que, si el Gobierno de Rajoy continúa con la misma actitud, va a llevar a la ciudadanía a un «problema» por «facilitar la apertura de Garoña o de las siguientes centrales» y por «tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía en el oscuro órgano que es el Consejo de seguridad Nuclear». También acusó al PP de «empeñarse en decir que no hay novedades». «¿Ustedes están a favor o en contra de la reapertura?. No me ha quedado claro. Se van a abstener y eso no sé qué significa», criticó.

Representando a los intereses vascos

Por su parte, el parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramirez-Escudero, ha reconocido que «no es habitual» que una asamblea legislativa se persone como parte interesada en un procedimiento administrativo, como sería la prórroga de la explotación de Garoña, pero ha indicado que el Parlamento tiene «plena legitimación» para personarse «como depositario del mandato representativo de los vascos y en defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía vasca». «Votamos a favor de la presentación de este recurso», insistió, para defender que, «aunque se ve cada vez más cerca el cierre de Garoña, no podemos sentarnos con los brazos cruzados», sino que «tenemos que estar vigilantes».

Desde Podemos, José Ramón Becerra criticó que el Gobierno central «no ha hecho nada en estos años» para cerrar Garoña, y ha agradecido la «diligencia y profesionalidad» de los servicios jurídicos de la Cámara a la hora de «concretar las vías más adecuadas para hacer frente al entramado jurídico-administrativo que el propio oligopolio eléctrico y sus puertas giratorias han ido urdiendo en torno a la reapertura y que han quedado al descubierto en el informe».

La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, ha defendido que la iniciativa de EH Bildu responde a la posibilidad de la Cámara de personarse «en el caso de que al PP se le ocurra continuar con la reapertura de Garoña y acudir a un procedimiento administrativo». Rojo ha defendido que el Consejo de Ministros «puede poner punto y final a la reapertura de Garoña» ya que es «el secretario de Estado quien puede decir lo que puede pasar con la central». «Iberdrola dirá lo que quiera, pero no exime la responsabilidad del Gobierno de Rajoy para tomar la decisión final. Álava y Euskadi no quieren la central, independientemente de lo que diga Iberdrola», ha advertido Rojo.

El parlamentario del PP, Carmelo Barrio, asegura que «estamos más cerca que nunca del cierre de Garoña y de su desmantelamiento», y recuerda que, en la actualidad, la central nuclear está cerrada, por lo que no ve «ninguna novedad en el trámite político o jurídico». Tras recordar las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegurando que la central «no es viable», ha señalado que la única «novedad» está en que Nuclenor «reconoce que la continuidad es inviable económicamente».

Además, ha afirmado que el Gobierno central «no puede cercenar unilateralmente un procedimiento administrativo, al que tiene derecho las sociedades mercantiles Iberdrola y/o Nuclenor» porque se enfrentaría a sanciones que beneficiarían a las propietarias de la central. Asimismo, anunció su abstención a la propuesta y ha contestado a las críticas del PSOE sobre las distintas posiciones que han mantenido los populares ante los debates sobre Garoña, recordando que fue el presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el que «impulsó la prórroga» de la central burgalesa.

La cuestión nuclear en la España de hoy

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Todo el acontecer alrededor de la reapertura o no de la central nuclear de Santa María de Garoña, todo el debate sobre el futuro de los otros 7 reactores del parque nuclear español y su participación en la estrategia de transición energética, si es que hubiera dicha estrategia, todo, en definitiva, del mensaje que lanzó Iberdrola gira alrededor de una cuestión que es la fiscalidad energética y. en concreto, de la propia fiscalidad de las actividades nucleares en combinación con otros factores.

El framing para esta tecnología lo constituye la combinación de la fiscalidad vigente, resultante del ajuste contable perpetrado por las medidas Soria, con los requerimientos de nuevas inversiones en materia de seguridad derivados de la revisión de exigencias postFukushima. Ambos puntos unidos, en el caso español, con la proximidad de estos reactores a los 40 años de vida técnica del diseño inicial de las instalaciones (erróneamente denominada vida útil, en un ejercicio de comunicación política para hacer semejantes, de forma interesada, dos conceptos diferentes: vida útil y vida de diseño).

Tampoco hay que abstraerse del conflicto ideológico de trasfondo en lo que se refiere a las actividades nucleares. Mientras los detractores y apologistas antinucleares han visto el devenir del atrabiliario proceso de Garoña como el principio del fin de lo nuclear en España, por otra parte los pronucleares abrigan la posibilidad de que, en unas circunstancias razonables, esta tecnología pueda servir a la transición energética en su proceso de descarbonización, siguiendo el modelo Obama (nuclear más renovables, ahora cuestionado por Trump, pero por la parte renovable), al tratarse de una tecnología no emisora. Una posibilidad que choca con los intereses de abrir huecos de capacidad en el parque de generación.

El retorno de las inversiones

Así las cosas, el anuncio del presidente de Iberdrola ante los accionistas de la compañía en relación a la situación deficitaria de los activos nucleares ha venido a dibujar el terreno de juego que, por otra parte, adquirirá repercusión en los próximos meses en este complicado escenario político y económico. Sánchez Galán ha puesto, con su intervención, el centro de gravedad de la decisión empresarial en la cuestión nuclear en la rentabilidad para el retorno de las inversiones. Mientras desde ciertos sectores interpretan que ha dejado el campo libre al Gobierno, otros consideran que incrementa la presión para el cumplimiento de los compromisos ambientales con Europa, ante la predatoria política fiscal de los populares en relación a la tecnología nuclear.

No es nuevo; los sucesivos gobiernos han comulgado con la teoría retroprogresiva respecto a una rentabilidad cuasi infinita de la energía nuclear que, supuestamente, habilita a la propia Administración a la fijación de impuestos a dicha tecnología también de forma ilimitada. La teoría de los activos amortizados, que “olvida” las inversiones sucesivas realizadas, de mantenimiento y/o futuras, ha servido para situar el conjunto de tasas y gravámenes en cerca del 45% de los ingresos de las nucleares: tasas Enresa del 18%; impuesto sobre combustible gastado del 15%, impuesto a la producción eléctrica del 7% y resto de cánones y tasas (IBI, etc…) en un 5%.

En estas condiciones, hay muchas formas de participar en el debate ideológico/maniqueo antinuclear. Con un escenario socialmente menos virulento ante lo nuclear, pero probablemente más militante en lo político, incluyendo con sus diferencias a PP, PSOE y Ciudadanos (incrementar la fiscalidad es otra forma de participar), el desenlace de la cuestión nuclear vendrá, seguramente, de la parte empresarial. Y lo hará con unas consecuencias económicas y medioambientales para el sistema eléctrico que precisan de un mayor análisis por la Administración.

Las instituciones vascas y ecologistas creen que el futuro de la central nuclear de Garoña está más cerca del cierre

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EFE / Europa Press.- Al igual que la Diputación de Álava o el Ayuntamiento de Vitoria, Greenpeace o Ecologistas en Acción, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, cree que las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a que su compañía eléctrica, copropietaria del 50% de Nuclenor junto a Endesa, no tiene interés en volver a operar la nuclear burgalesa, es algo que constata que «el futuro de Garoña está más cerca del cierre«.

Garoña es la central nuclear más antigua de España. Tapia asevera que la sociedad y las instituciones vascas «estaban demandando este paso que ha dado Iberdrola», aunque ha recordado que todavía queda por conocer las decisiones que tomarán “tanto Endesa como Nuclenor». La consejera ha señalado además que «en este momento el posicionamiento del Ministerio de Energía es crucial y, aunque hasta ahora podía haberse posicionado en contra de la continuidad, este nuevo escenario se lo pone aún más fácil».

Tras reclamar a todas las partes implicadas en el futuro de la central burgalesa que actúen de «manera rigurosa y responsable», la consejera ha concluido que «aunque hay gente que no lo quiera ver, Iberdrola es una empresa vasca que hace una clara apuesta por las energías renovables, que además se alinea perfectamente con la estrategia vasca 2030». En definitiva, el Gobierno del País Vasco ha acogido de forma «muy positiva» las palabras de Galán porque «coincide con el criterio» del propio Ejecutivo de que la central burgalesa está “obsoleta” y constituyen una «buena noticia».

Diputación: todo apunta al cierre

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), asegura que todo apunta al cierre definitivo de Garoña tras las declaraciones en las que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que la planta «no es viable«. González ha recordado que la postura de Iberdrola «era más o menos conocida», pero ha subrayado que «la confirmación» de la posición de la eléctrica «es una buena noticia».

«Todo lo que suponga la no apertura es una buena noticia», ha defendido el diputado general, quien ha opinado que «un pronunciamiento tan claro» como el de Sánchez Galán «aboca a la toma de decisión de Nuclenor de no reabrir la central». Así, ha indicado que «el camino que se va viendo» es el del cierre definitivo, por lo que ha advertido de que sería «incomprensible» que el Gobierno central concediese la licencia de reapertura. «El siguiente paso debe ser la toma de posición de Endesa. Pero lo realmente importante es que el Gobierno español no prorrogue la vida útil de la central», ha concluido.

El alcalde habla con Rajoy

Por otro lado, ubicado a 40 kilómetros de la central burgalesa, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), le ha indicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si le quedaba «alguna duda» sobre el desmantelamiento de Garoña la tiene «resuelta» después de las palabras de Galán. Se ha pronunciado así en las redes sociales tras esas afirmaciones de Sánchez Galán, que también ha pedido a Endesa, su socio en Nuclenor, que desista de solicitar el permiso para reabrir Garoña.

La central de Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, cuando se desconectó de la red por la nueva fiscalidad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió recientemente un informe favorable para que pueda reanudar su actividad y ahora el Gobierno tiene hasta principios de agosto para tomar su decisión. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha afirmado que no tomará una decisión sobre el futuro de la nuclear burgalesa hasta que haya escuchado a todas las partes.

Ecologistas ven «el fin definitivo»

En el mismo sentido, Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que el desinterés de Iberdrola en volver a operar Garoña supone «el fin definitivo de Garoña» y deja al Gobierno y a Endesa «sin coartada» ahora que la pelota está «en su tejado».»Es lo que esperábamos. Iberdrola había manifestado su desinterés por reiniciar la central, pero esta vez lo ha hecho de una forma más evidente», según considera el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. A su juicio, esto «pone muy difícil y hace casi imposible» que Garoña vuelva a funcionar porque no cree que Endesa compre la otra mitad de Nuclenor.

Además, respecto a la posibilidad de que el Estado tenga que indemnizar por lucro cesante, Castejón ha señalado que si Nuclenor por sí misma no acepta un posible permiso y decide no reabrir, entonces no habría lugar a lucro cesante. Sin embargo, si el Gobierno otorga permiso para volver a operar y después lo retira, entonces la empresa sí podría reclamar, por lo que para evitar esa situación, «que rayaría la prevaricación y el servilismo completo a Iberdrola», recomienda al Ejecutivo no autorizar la reapertura.

En ese sentido, insiste finalmente en que no lo haga porque «quedaría fatal», después de lo mal que ha salido ya parado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, en su opinión, ha demostrado «ir más allá de la seguridad nuclear y la protección radiológica y se ha situado más allá de los intereses de Nuclenor, puesto que ha autorizado un permiso a una central que está tan mal que ni siquiera a sus propietarios les merece la pena abrir».

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, estima que las palabras de Sánchez Galán dejan al Gobierno y a Endesa «sin coartada» y les pide que ahora que «la pelota está en su tejado», el Ejecutivo «no puede ignorar» al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos, a los ecologistas y ahora también a Iberdrola que «ya se han posicionado contra Garoña». Por su parte, apunta a Endesa que «no puede delegar en Nuclenor el reto que le ha planteado su socio» porque Endesa e Iberdrola mandan «al 50%», por lo que les pide que retiren «definitivamente» su solicitud de reapertura» del reactor de Burgos.

«Es la primera vez que Sánchez Galán afirma públicamente que ha pedido a Endesa desistimiento de la solicitud de licencia», ha subrayado. Finalmente, destaca que en la acción de protesta realizada ante la sede de Endesa, Greenpeace asegura que la empresa confirmó su intención de no reabrir en ningún caso la central de Garoña, pero que se resistía a hacerlo público. «Tras el pronunciamiento por parte de Iberdrola, a Endesa solo le cabe hacer pública la decisión que ya tiene tomada, de manera que Nuclenor retire definitivamente la solicitud de reapertura de Garoña», concluye Montón.

Iberdrola asegura que Garoña «no es viable económicamente» y pide a Endesa desistir de la reapertura de la central

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que la central nuclear de Santa María de Garoña «no es viable económicamente» y ha pedido a Endesa, su socio en la sociedad Nuclenor, propietaria de la planta, que desista de su explotación.

En la junta general de accionistas de la compañía, Galán quiso ser «muy claro» sobre Garoña y la estrategia en materia nuclear de la energética y subrayó que las empresas «no hacemos política energética, lo que hacemos es distribuir energía con las normas de los países, de una manera segura y eficiente». No obstante, señaló que Nuclenor ya ha afirmado que Garoña es una instalación que «no es viable económicamente, con pérdidas sustanciosas» y que lleva desde hace cuatro años fuera de funcionamiento.

A este respecto, recordó que Iberdrola no es el único propietario de la central nuclear, ya que participa al 50% en Nuclenor con Endesa, socio al que ha pedido «el desistimiento de la explotación» de la planta y con el que, aseguró, espera «llegar a un acuerdo, ya que no es viable económicamente«. Respecto al resto de activos nucleares del grupo, Galán consideró que se encuentran en una situación idéntica a Garoña, ya que «se encuentran en pérdidas», por lo que se puede considerar que tampoco son viables.

El presidente de Iberdrola aseguró que «los impuestos y obligaciones» que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones. Por ello, pidió «analizar el marco regulatorio y fiscal» en esta materia de cara al futuro, ya que en estas condiciones es un negocio no viable. Además de Garoña, Iberdrola tiene participación en las centrales nucleares de Cofrentes (100%), Almaraz (53%), Trillo (49%), Vandellós II (28%) y Asco II (15%). El Gobierno tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Garoña, tras el informe del CSN favorable a prolongar la vida útil de la planta. No obstante, la última palabra corresponde a Nuclenor.

López de Uralde (Equo / Unidos Podemos): “Ya no quedan excusas para reabrir la central nuclear de Garoña”

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EFE.- El portavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, asevera que «ya no quedan excusas para reabrir» la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña y ha pedido al Gobierno de España que decrete de forma inmediata su cierre. López de Uralde ha recordado que en las últimas semanas la oposición política y social contra Garoña «no ha dejado de ampliarse y manifestarse» y añade que además ahora se sabe que su continuidad «económicamente es inviable».

«Las afirmaciones de representantes de Nuclenor, propietaria de la central, reconociendo que la continuidad de Garoña es inviable económicamente debería ser justificación concluyente para el cierre definitivo de la instalación», considera López de Uralde. Varios diarios han informado de que Nuclenor, sociedad compartida al 50% por Iberdrola y Endesa, debería asumir una inversión de 205 millones añadidos a los 330 millones inyectados desde 2013 para volver a reabrir la central, lo que hace «inviable» la operación económicamente. López de Uralde ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que «no dilate más» la situación de Garoña y cierre definitivamente esta central.

Nuclenor reivindica que la central nuclear de Garoña es «más segura» que la media, con 3 revisiones en 10 años

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Europa Press.- El director de la central nuclear de Garoña, Miguel Ángel Cortés, ha defendido que la planta burgalesa es «más segura» y fiable que la media del resto de centrales nucleares en el mundo y ha recordado que ha pasado 3 revisiones exhaustivas en 10 años. Cortés repasó las actuaciones de la central para mantener la planta en «las mejores» condiciones de seguridad, ante el «doble escenario» al que se enfrenta, la continuidad de la operación, o bien, el cese definitivo.

Cortés expuso que Garoña «se ha sometido en los últimos 10 años a tres revisiones» que han concluido que «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central», ya que la prioridad y «premisa» de Nuclenor, su titular, «ha sido y es la seguridad de la instalación, la protección de los trabajadores y el público y el respeto al medio ambiente». «Toda nuestra gestión se desarrolla en torno a este principio y la principal motivación de nuestras actividades es el mantenimiento de las adecuadas condiciones para el funcionamiento seguro y fiable de la central», ha manifestado. Cortés ha elogiado a los 242 trabajadores de Nuclenor porque «se han enfrentado de modo ejemplar al reto que esta situación representa».

Respecto a las tres evaluaciones pasadas por Garoña, subrayó la «fiabilidad» de la central «por encima de la media del resto de centrales nucleares en el mundo». La primera de estas revisiones se prolongó durante tres años, entre 2006 y 2009, tras la que el Consejo de Seguridad Nuclear se mostró favorable para que la planta pudiera operar hasta 2019. Posteriormente, entre 2011 y 2012, Garoña realizó las pruebas de resistencia a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima Daichi, igual que las otras instalaciones nucleares españolas y, según Cortés «se puso de manifiesto que Garoña está al mismo nivel» que las demás.

En este contexto, expuso a los diputados que las pruebas sirvieron para evidenciar las «grandes diferencias existentes» entre Garoña y la de Fukushima, desde las obvias por localización y sismicidad, hasta las propias de diseño. La tercera de estas evaluaciones se ha realizado desde 2014 a 2017 y según Cortés ha sido «rigurosa y exhaustiva» pues ha incluido entre otros la revisión de la vasija y de sus elementos internos. En definitiva, el director de Garoña recordó que el CSN aprobó «la viabilidad» de que la central opere «con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones».

Del mismo modo, Cortés ha insistido a los diputados que desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la instalación». Finalmente, ha dicho que las actividades en la planta se centran en la gestión de los residuos, la construcción del almacén temporal individualizado y las actividades preparatorias del desmantelamiento, mientras se trabaja en el mantenimiento de la reversibilidad así como en el refuerzo de la formación.

Endesa advierte a los diputados que suprimir las centrales nucleares pondría en riesgo la seguridad de suministro

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EFE.- El director general de energía nuclear de Endesa, Juan María Moreno, subrayó en el Congreso que no es posible prescindir de la energía nuclear a corto o medio plazo sin poner en riesgo la seguridad del suministro. Durante su comparecencia, a puerta cerrada, Moreno aseguró que prescindir anticipadamente de las nucleares supondría también un aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y una subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, según fuentes que asistieron a su exposición.

A juicio del directivo de Endesa, no es posible atender la punta de demanda en el sistema eléctrico sin contar con la energía nuclear, sobre todo por el menor peso paulatino del carbón nacional por motivos medioambientales. En su opinión, el cierre del parque nuclear reduciría el índice de cobertura por debajo del 1,1 aconsejado e incluso de la unidad. Además, ha explicado Moreno, la sustitución de la energía nuclear por centrales térmicas (de carbón o gas natural) supondría un incremento cercano al 50% en las emisiones de CO2, unos 28 millones de toneladas al año, un efecto que ya se aprecia en Alemania, que renunció a las plantas nucleares tras el accidente de Fukushima (Japón) en marzo de 2011.

El directivo de Endesa subrayó que es posible sustituir las centrales nucleares por energías renovables, pero no en un periodo de tiempo corto. Según Moreno, además de los 30.000 megavatios renovables necesarios para cumplir los objetivos medioambientales hasta 2030, la supresión de los 7.573 megavatios nucleares exigiría la instalación de 22.000 megavatios eólicos, 7.000 megavatios fotovoltaicos y 21.000 megavatios de baterías adicionales, un esfuerzo que no sería viable ni técnica ni económicamente en una década.

Moreno ha explicado que la eliminación de la energía nuclear elevaría el precio de la electricidad en el mercado mayorista en más de 10 euros por megavatio hora, lo que supondría una subida del 26% y un sobrecoste anual en el sistema de más de 2.500 millones. Moreno ha asegurado que, en contra de lo que se dice, las centrales nucleares de Endesa no están amortizadas, ni a efectos contables ni financieros. Según Moreno, una auditoría realizada por Ernst&Young ha mostrado que la rentabilidad de las nucleares no ha sido suficiente para recuperar la inversión.

El directivo de Endesa ha precisado que el inmovilizado neto pendiente de amortizar al cierre del pasado ejercicio asciende a 3.039 millones. Esta cifra tan elevada se debe, según Moreno, a las fuertes inversiones realizadas desde la puesta en operación de las nucleares. Desde 1997, la inversión en las plantas de Almaraz, Ascó y Vandellós asciende a 3.656 millones de euros en moneda de 2016, casi un 60% del coste inicial de las centrales. Sobre el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Moreno ha dicho que, en ocasiones, plantea un exceso de regulación y tiene un enfoque demasiado prescriptivo, lo que se obliga a las plantas a un esfuerzo excesivo para cumplir los requisitos.

Operar hasta los 60 años

Según algunos diputados, los directores de energía nuclear de las empresas Endesa e Iberdrola (Francisco López), operadoras ambas de centrales atómicas, mostraron su convencimiento de que habrá alargamiento de la vida útil de las plantas hasta «al menos» los 60 años. «Han dado por sentado que explotarán las centrales como mínimo hasta los 60 años», ha señalado la portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, que indicó que ambos responsables empresariales han abierto incluso las puertas, en respuesta a las preguntas planteadas por los diputados, a operar las centrales más allá de esos 60 años.

Según lo relatado por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el director de energía nuclear de Iberdrola, señaló en esta ponencia que están «convencidos de que las centrales pueden operar 60 años». Ambas empresas han reclamado a los parlamentarios «certeza regulatoria en un horizonte temporal amplio para poder hacer sus inversiones«. Las centrales nucleares españolas, en la actualidad hay 5 plantas operativas y 1 en parada segura (Garoña), fueron diseñadas con una vida útil de 40 años, sin embargo, la legislación no establece un calendario de cierre de las plantas a medida que vayan cumpliendo esos años.

La Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno socialista en 2011 estuvo a punto de recogerlo, pero finalmente acabó eliminando la referencia temporal e indicando que las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y el CSN lo avale, que es lo que ocurre actualmente Respecto a la reapertura de Garoña, central operada por Endesa e Iberdrola al 50%, los representantes de ambas empresas han señalado que están pendientes de la autorización del Gobierno para tomar una decisión. Según las mismas fuentes, los portavoces de las empresas también han manifestado a los parlamentarios que les gustaría participar en el próximo plan de residuos nucleares que tiene pendiente elaborar el CSN.

También compareció el director de la central de Garoña, Miguel Ángel Cortés, quien ha dicho que «los informes de todas las evaluaciones a las que se ha sometido la planta en los últimos diez años ponen de manifiesto que no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central«. Cortés ha recordado que el regulador, el CSN, «ha aprobado la viabilidad de las instalaciones para operar con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones tras una rigurosa y exhaustiva evaluación». Según Uralde, el director de Garoña les ha relatado que la central trabaja tanto para un escenario de continuidad de las operaciones como de cierre.

Ha comparecido también Marcel Coderch i Codell, exvicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y experto en energía nuclear, quien señaló respecto a la afirmación de Endesa de que las centrales no están amortizadas, que «eso depende de lo que incluyas en la amortización». Coderch i Codell aseveró que las nucleares son un buen negocio para las eléctricas en tanto que ni tienen que asumir la gestión de los residuos ni los costes de un potencial accidente nuclear.