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El Ministerio del Interior abre la convocatoria de subvenciones hasta 1,06 millones de euros a municipios cercanos a centrales nucleares

Europa Press.- Los municipios cercanos a centrales nucleares podrán acogerse a las subvenciones del Ministerio del Interior que tendrán una cuantía total de 1.066.000 euros y que se destinan a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear. Concretamente, podrán acogerse los municipios cercanos a las centrales nucleares de Santa María de Garoña (Burgos), Almaraz (Cáceres), José Cabrera y Trillo (Guadalajara), de Ascó y Vandellós (Tarragona) y de Cofrentes (Valencia), que cuenten con un Plan de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear.

Si bien, los interesados solo podrán presentar una solicitud de subvención en esta convocatoria e incluir un tipo de proyecto entre los 6 definidos expresamente. El importe máximo es de 1.066.000 euros. En concreto, se concederán hasta 60.000 euros si se trata de un contrato de obra según lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Ley de noviembre; 21.500 euros, en caso de otros contratos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para los proyectos destinados a acondicionar viales, la subvención concedida podrá llegar como máximo al 80% del valor del presupuesto total del proyecto y si posteriormente el beneficiario adjudicara el correspondiente contrato por un importe inferior al presupuestado, la subvención abonada se reducirá en cuantía proporcional hasta alcanzar el 80% del importe del contrato adjudicado. Los interesados podrán presentar sus solicitudes durante 15 días hábiles.

Los técnicos de Hacienda (Gestha) advierten de que aplicar un impuesto por desmantelar la nuclear de Garoña puede ser inconstitucional

Europa Press.- Mientras el Grupo Parlamentario Popular ha manifestado en el Senado su rechazo a una moción de Podemos, debatida en la Comisión de Energía, por la que se instaba al Gobierno a desestimar la solicitud de renovación de la autorización de la central nuclear de Garoña, en Burgos. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido de que aplicar un impuesto a las empresas eléctricas por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña «podría ser declarado inconstitucional».

Así, Gestha ha recordado que el artículo 31 de la Constitución dice que cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su renta, de modo que cualquier impuesto que se establezca sobre una industria para mantenerlo en pérdidas e impedir su cierre «podría quedar fuera de los preceptos constitucionales», sobre todo sicomo en el caso de Garoña dicho impuesto «fuese tan elevado como para que sea más rentable prolongar la actividad que desmantelar la central».

Aunque Gestha entiende que el objetivo del Gobierno de Castilla y León es preservar los puestos de trabajo y la actividad económica que genera esta planta en Burgos, recuerda que si una empresa se ve abocada a cerrar porque no es viable, «no es posible que se le imponga un tributo cuando no hay renta o riqueza que gravar». Por otra parte, Gestha cree que el propio Ministerio de Hacienda desaconsejará ese impuesto y podría interponer un recurso de inconstitucionalidad si finalmente se decide aprobarlo.

Alternativamente, el colectivo recuerda que el municipio donde está radicada la central puede aprobar una Ordenanza para exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para gravar al tipo máximo del 4% el coste de ejecución de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia. En cualquier caso, desde Gestha reconocen que España «todavía tiene mucho camino por recorrer para estar en la media del resto de la Unión Europea en materia fiscal medioambiental o fiscalidad verde«.

El PP rechaza desmantelar Garoña

La propuesta de Podemos, que contó con el apoyo del PSOE, pedía que se renunciara definitivamente a la reapertura de la instalación y se procediera al desmantelamiento de la planta nuclear, al tiempo que se elaboraba un plan de reactivación de la zona. Desde Podemos, reclamaron a los parlamentarios escuchar «el clamor popular que se ha dado durante años» para cerrar una planta «vieja, obsoleta, peligrosa, cara e innecesaria». Sin embargo, el PP argumenta que la central es ahora más segura que hace 40 años.

Ecova ve un «problema muy serio» en el cierre de Garoña y augura un reflejo en la factura eléctrica

Europa Press.- Mientras el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, considera que el impuesto anunciado por la Junta para Endesa e Iberdrola asociado al cierre de la central nuclear de Garoña es una «cortina de humo» de la Junta, el decano y presidente del Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova), Juan Carlos de Margarida, considera un «problema muy serio» para Castilla y León que desaparezca Garoña y destaca su importancia en el empleo ya que es una empresa «consolidada».

De Margarida ha evitado valorar la posibilidad de que la Junta grave con un impuesto a las compañías Iberdrola y Endesa, copropietarias de la planta burgalesa, si optan finalmente por el cierre de Garoña, pero se ha mostrado comprensivo con que la comunidad quiera poner «todos sus medios encima de la mesa» para evitar el desmantelamiento de la central. En este contexto, ha lamentado también el anuncio de clausura de la central térmica de Compostilla (León) por parte de la italiana Enel y ha augurado que, de confirmarse ambos cierres, esto tendría su reflejo en la factura de la luz.

Impuesto: “una cortina de humo”

Por su parte, Luis Tudanca ha acusado al Ejecutivo regional de plantear una política fiscal propia “de los hermanos Marx”. «Desde hace muchos años se ha opuesto a que se pusiera un impuesto a la actividad de Garoña que permitiera obtener recursos suficientes para hacer un tejido industrial alternativo cuando lo proponía el PSOE en los Presupuestos», ha reseñado Garoña.Así, ha considerado que «no tiene mucho sentido» que desde la Junta se plantee ahora gravar el cierre de una empresa que ya no va a generar beneficio económico. «Es una cortina de humo ante su incapacidad de cumplir promesas y para responder ante los trabajadores y ante las comarcas que van a sufrir el cierre de Garoña», ha manifestado.

De este modo, Luis Tudanca ha insistido que en el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, «volvieron con las manos vacías» de su reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y «soltaron este anuncio absurdo y sin sentido«.»Como con todo lo que hace la Junta se demuestra su irrelevancia con el Gobierno central», ha manifestado, tras lo que se ha referido al pacto sobre el cupo vasco, sobre el que ha reiterado que es «lamentable» que los diputados del PP, 18 de Castilla y León, consigan «menos para los suyos» que los cinco diputados del PNV para España.

Manifestación en Miranda de Ebro

Ante la situación actual de posible reinicio de la central nuclear, la Coordinadora contra Garoña convocó una manifestación en Miranda de Ebro (Burgos) por la reindustrialización y desmantelamiento de Garoña y el resto de centrales nucleares. Acudieron las diferentes coordinadoras de Burgos, Cantabria, Euskadi, Aragón y Rioja. El objetivo de la manifestación fue “dejar clara la oposición social a la reapertura e impedir que el Gobierno del Partido Popular firme la reapertura a 20 años, después del incomprensible voto favorable del Consejo de Seguridad Nuclear».

A su juicio, esta decisión «afecta a toda la población, dejando la gestión de la vieja central en manos de las empresas, que sólo tienen en cuenta la rentabilidad económica, y no la salud y el riesgo a los que someten a la población y el medio ambiente». Además remarcan “la actual división del consejo de administración de Nuclenor, donde Iberdrola (propietaria junto a Endesa) reconoció que no tienen ninguna intención de reabrirla, apelando a la inviabilidad económica, dadas las reformas a acometer». Por ello, consideran que la central “carece de viabilidad alguna por mucho que lo pretendan el CSN y el Gobierno del PP«.

“Garoña lleva años cerrada y no se ha conocido problema alguno en el suministro eléctrico en la zona que abastece, por lo que la necesidad técnica de su suministro es totalmente irreal, salvo la del negocio para sus propietarios a costa de la seguridad de los habitantes de la zona, de las provincias limítrofes y del claro riesgo para el medioambiente», denunciaron. La Coordinadora contra Garoña recuerda que la movilización social contra ésta y todas las centrales nucleares «siempre ha estado y seguirá en la calle mientras no den pasos efectivos cerrando y desmantelando las centrales nucleares, dejando de producir peligrosos residuos y trabajando en el nuevo modelo energético sin combustibles fósiles ni centrales nucleares».

Castilla y León, defensora de la continuidad de Garoña, se plantea ahora crear un impuesto a Nuclenor si hay desmantelamiento

Europa Press.- La Junta de Castilla y León podría imponer un impuesto que gravase a las empresas energéticas Endesa e Iberdrola en compensación por el posible desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, (Burgos), tal y como aseguró la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, tras mantener una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

La consejera ha defendido la energía nuclear y el carbón, una defensa que ha afirmado que comparte con el Gobierno ya que «abarata» el recibo de la luz de los españoles. «Tanto el Ministerio como la Junta defendemos que tiene que haber una participación en el mix energético nacional; tiene que entrar el carbón y por supuesto la nuclear, ya que en ambos casos son las energías más baratas«, aseguró.

«De no existir el carbón o la energía nuclear, el recibo de la luz se dispararía más del 30%», indicó Del Olmo, reiterando la defensa del Gobierno castellano y leonés al sector minero. Por ello, la Junta se plantea impulsar una figura impositiva que, «de una u otra manera», grave el desmantelamiento de Garoña ya que «supone la pérdida de un millar de empleos». El impuesto iría dirigido a las empresas titulares de la central, Endesa e Iberdrola: «si les sale mucho más barato cerrar que continuar con la producción, con este impuesto a lo mejor se lo piensan», subrayó.

Por su parte, la Dirección de Nuclenor, el titular de la central nuclear de Garoña, no tiene «conocimiento oficial» del impuesto que le plantea imponer la Junta de Castilla y León en «compensación» por el posible desmantelamiento del reactor y la pérdida de empleo que conllevaría. Fuentes de la empresa han confirmado que no tiene «conocimiento oficial de esta iniciativa» pero que, en todo caso, «Nuclenor no hará valoraciones sobre las declaraciones» de Del Olmo.

Críticas a planes de Enel

Tanto el Ministerio como la presidencia de Castilla y León han mostrado su «preocupación» por el anuncio de Enel respecto al futuro de las centrales térmicas de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), del que Del Olmo ha confesado que el ministro no tiene «constancia oficial«. La pasada semana Enel, principal accionista de Endesa, confirmó el cierre de sus centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) el 30 de junio de 2020 durante la junta general de accionistas celebrada en Roma.

«No tiene ningún sentido, hay que englobar la producción de las centrales térmicas y las centrales nucleares en la política energética nacional, y no puede depender del anuncio de una empresa», ha señalado. «La política energética nacional depende del Gobierno y de los grupos con representación en el Congreso de los Diputados», sentenció Del Olmo. Así, en la reunión se ha planteado la necesidad de lograr un pacto por la energía entre todas las fuerzas parlamentarias, donde tanto carbón como las energías nucleares tengan cabida.

Greenpeace lamenta que Iberdrola y Endesa no sepan aún qué hacer con Garoña mientras el alcalde de Vitoria pide desmantelar

Europa Press / EFE.- El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), está convencido de que a Endesa «no le importa nada» la seguridad y ha pedido al Gobierno central que «desmantele» de manera «definitiva» la central nuclear de Garoña. Por su parte Greenpeace ha lamentado que Iberdrola y Endesa, que comparten al 50% la planta, no hayan llegado a una postura común respecto a su solicitud de renovación hasta 2031, cinco años después de que ésta parase por motivos económicos, en diciembre de 2012.

«Parece mentira que estas decisiones no se tomen con mayor claridad y transparencia», señaló la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que recomienda a ambas empresas, «una vez creado el cisma», que sean capaces de llegar a un acuerdo después de que el consejo de administración y la junta de accionistas de Nuclenor no consiguieron acordar si seguir adelante con la solicitud de renovación o bien desistir de la misma, pues Endesa tiene voluntad de seguir adelante frente a Iberdrola, que quiere echar el cierre al reactor.

«Respecto a la central nuclear más vieja de Europa es inaceptable que la empresa no llegue a un acuerdo ni tenga claro lo que quieren hacer cuando está cerrada por razones económicas desde hace cinco años y antes de reabrir debería acometer inversiones superiores a 200 millones de euros», ha valorado. Montón ha reiterado su petición a ambas empresas de «respeto» a los ciudadanos y al medio ambiente por considerar que «están jugando» y, por ello, extiende su petición al Gobierno para que «ponga orden».

El alcalde Urtaran contra Endesa

Por su parte, el alcalde de Vitoria considera que el «riesgo» para la población y el medio ambiente de reabrir Garoña es «inasumible para el Estado» y por ello ha lamentado la postura de Endesa. «Ya conocemos la postura de Endesa y sabemos que no le importa nada nuestra seguridad», aseveró respecto a las explicaciones del presidente de la compañía eléctrica, Borja Prado. Por ello, indicó que «ahora la decisión» sobre la continuidad de la central burgalesa «la tendrá que tomar el Gobierno español». «Esperemos que desmantele de manera definitiva la central de Garoña», concluyó.

El alcalde de Vitoria se ha mostrado «indignado» por la postura del presidente de Endesa de esperar a que se pronuncie el Gobierno sobre la reapertura de la central burgalesa. Ha considerado que con este asunto ha habido un juego de pasarse «la patata caliente» del Consejo de Seguridad Nuclear a las empresas y ahora éstas al Gobierno, al que ha pedido que sea «valiente», no espere a agosto y anuncie el cierre definitivo de Garoña. Por ello insiste en reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que anuncie el desmantelamiento de la central nuclear.

Urtaran ha reconocido que el objetivo legítimo de cualquier empresa, como Endesa, es obtener el «mayor rendimiento» a su actividad, pero ha aclarado que esto no puede estar «por encima del interés general, de la seguridad de la ciudadanía y del respeto al medio ambiente». Por último, ha considerado que la postura de Endesa «desprecia» la opinión de la mayoría de los vascos, así como de otros ciudadanos, que han exigido en innumerables ocasiones el cierre de esta central nuclear.

La Diputación de Álava pide al Gobierno decidir ya sobre Garoña y el PP quiere que prevalezcan los informes técnicos

Europa Press / EFE.- La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, es partidaria de «depositar y residenciar la base de las decisiones» en torno al futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos) «en aquellos informes que emitan los técnicos». Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha manifestado su «profunda decepción» tras la decisión de Endesa de rechazar la propuesta de Iberdrola de cerrar Garoña, e instó al Gobierno central a «resolver de una vez por todas esta cuestión».

Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, celebró un consejo de administración y una junta general en las que Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, según indicó la sociedad. Sin embargo, los consejeros de Endesa, socios de la eléctrica vasca en la central nuclear, rechazaron la propuesta y defendieron la opción de esperar a conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto para decantarse sobre la continuidad o no de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.

Al respecto, González ha asegurado que mantenía la «esperanza» o el «deseo» de que, finalmente, Iberdrola y Endesa «se pusieran de acuerdo para no optar a la reapertura de la central nuclear». «Yo creo que era más deseo que otra cosa», ha dicho. El diputado general señaló que «lo que plantea» ahora Endesa es que «se debe esperar» a que, «finalmente», el Gobierno central «tome su decisión». Según explicó, él mismo defiende «desde hace tiempo» que es el Ejecutivo de España el que «tiene que resolver esta cuestión de una vez por todas«. «La verdad es que es una profunda decepción, tengo que reconocerlo», sentenció.

Tomar decisiones sobre informes técnicos

Amaya Fernández considera que los partidos no han de inmiscuirse en las decisiones empresariales, sobre las que deben ser «absolutamente respetuosos», en alusión a los propietarios de la central, Iberdrola y Endesa. La dirigente popular piensa que la decisión de la reapertura de la central corresponde a las empresas y ha abogado por que en asuntos de «indudable complejidad» como éste las decisiones se apoyen en informes técnicos. A su juicio, el Gobierno central «apoyará su decisión en lo que determinen» los técnicos que estén elaborando los correspondientes informes. «Supongo que adoptará una postura en función de los informes», indicó.

Diputación de Burgos descarta subvenciones

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, expresó sus dudas respecto a la posible concesión de ayudas a la propietaria de Garoña, Nuclenor, para mejorar las condiciones económicas de la planta nuclear. En este sentido, Rico recordó que hay limitaciones europeas para conceder este tipo de ayudas del Estado, tanto en forma de mejora del tratamiento fiscal como en subvenciones de otro tipo. No obstante, ha reconocido que vería bien alguna medida de este tipo, aunque la rentabilidad económica de las empresas debe basarse en el momento actual y no en subvenciones, que pueden abocar al fracaso tarde o temprano.

Para el presidente de la Diputación de Burgos, el futuro de Garoña «tiene la puerta medio abierta» tras la reunión de de Nuclenor en la que no se tomó una decisión definitiva respecto al futuro de la planta. En este sentido, recordó que el Gobierno ha evitado el «cierre político» de Garoña que había decidido el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ha dejado la decisión en el plano empresarial. En todo caso, demandó que esa decisión se adopte «lo antes posible» para dar certidumbre a los trabajadores de la planta y marcar el escenario posterior.

Respecto a la necesidad de un plan de reindustrialización para el entorno de la planta nuclear, Rico considera que sería «bienvenido» para las comarcas afectadas (La Bureba, Merindades y Miranda de Ebro) aunque confía en que no sea un plan alternativo a Garoña sino complementario. Ha recordado que, aunque se decida el cierre de la instalación atómica, «no se trata de dar un clavijazo, sino que conllevará un periodo de actividad importante para el desmantelamiento».

La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

El consejo de Nuclenor confirma el distanciamiento de Endesa e Iberdrola sobre el futuro de Garoña y esperará al Gobierno

Redacción / Agencias.- Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, celebró un consejo de administración y una junta de accionistas en las que no se alcanzó un acuerdo entre sus dos socios, Endesa e Iberdrola, sobre la propuesta de Iberdrola de desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, informó la sociedad, lo que supone de momento mantener la petición de reapertura de la central aunque mantiene las incógnitas respecto a su futuro.

La reunión de los órganos rectores de la sociedad propietaria de Garoña confirmó el distanciamiento entre Endesa e Iberdrola, sus dos coproprietarios, respecto al futuro de la planta. La convocatoria llegaba a petición de Iberdrola para solicitar a Endesa, como su socio en Garoña, el respaldo a la presentación de un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. El resultado final rubricó la situación total de bloqueo ante las posiciones antagónicas sobre el futuro de Garoña, según indicaron fuentes conocedoras.

Iberdrola defendió su petición de presentar el escrito de desistimiento de la renovación de la autorización de Garoña con informes, tanto internos como externos, que demuestran la inviabilidad de la central nuclear, señalaron las mismas fuentes. Sin embargo, los consejeros de Endesa rechazaron la propuesta y defendieron la opción de esperar a conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, para decantarse sobre la continuidad o no de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de Garoña.

Fuentes próximas a Nuclenor han señalado que la razón de la falta de acuerdo es que varios de los participantes en la Junta de Accionistas han abogado por esperar a que se clarifique la situación del sector eléctrico. Además, aunque ya hay un informe favorable a la petición de prórroga de Garoña hasta los 60 años de funcionamiento, condicionado a una serie de inversiones de mejora en la planta, el Gobierno tiene de plazo hasta agosto para decidir si autoriza esa prórroga, ya que tiene la última decisión tras el informe técnico. Mientras, el Ministerio de Energía afirmó que mantenía abierto el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de la central nuclear.

La reunión del órgano rector de Nuclenor no hizo más que certificar el distanciamiento que ya habían demostrado Iberdrola y Endesa en las figuras de sus presidentes, Ignacio Sánchez Galán y Borja Prado, respectivamente. En la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Galán ya había subrayado que el negocio nuclear del grupo sufre «graves pérdidas» debido a los impuestos y obligaciones que afectan a esta tecnología. «La situación es muy clara, nuestra filial Iberdrola Generación Nuclear tiene graves pérdidas debido a los nuevos impuestos y obligaciones que han modificado el modelo original y el plan de negocio original. Lo que no podemos saber es cuándo van a desaparecer estas pérdidas», añadió.

Por su parte, Prado había dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva sobre la central nuclear. «La posición nuestra no va a ser de tomar una decisión, sino de esperar a que haga las consultas el Gobierno», afirmó Prado, subrayando que Endesa tiene respecto a este asunto «la misma posición que tenía el año pasado». «Respeto mucho los comentarios y las opiniones del señor Galán, como espero que él respete las mías», ha puntualizado Prado.

La central nuclear de Garoña (Burgos) es la más antigua del parque nuclear español desde que se clausuró la de Zorita (Guadalajara), en 2006. Garoña operó durante 42 años (1970-2012) con un reactor de agua en ebullición (BWR)diseñado por General Electric y similar al de la accidentada central de Fukushima, en Japón, y desde diciembre de 2012 está en situación de parada segura por decisión de Nuclenor. El aval otorgado por el CSN para operar hasta 2031 está condicionado a cuantiosas inversiones en seguridad, que podrían superar los 100 millones de euros, y deberá de ser revalidado por el Ministerio de Energía, que es quien debe determinar el plazo de la autorización, si la concede.

Si Nuclenor decide cerrar Garoña o si el Gobierno no autoriza la reapertura, las eléctricas tendrían que pedir la autorización de desmantelamiento de la planta, que según expertos consultados podría superar los 300 millones de euros. Ese proceso lo llevaría a cabo la empresa pública Enresa, y sería financiado en parte con las tasas que pagan las nucleares y en parte con el dinero de los contribuyentes. Ante el retraso del ATC de Villar de Cañas (Cuenca), Nuclenor inició la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos nucleares (ATI), que está prácticamente concluido y al que irían las miles de toneladas de residuos que generaría el desmantelamiento, un proceso que incluirá desmontaje y descontaminación, y podría demorarse diez años.

El PP pide que el Parlamento Europeo no se pronuncie sobre Garoña porque «compete exclusivamente al Gobierno de España»

Europa Press / EFE.- El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, defendió ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que esta institución no debe pronunciarse sobre la situación de la central nuclear de Garoña (Burgos), ya que se trata de una cuestión que «compete exclusivamente al Gobierno de España». La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitará información al Gobierno tras debatir este asunto a raíz de una petición del alcalde de Valle de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, próximo a la central.

Díaz de Mera ha recordado que Asensio «no pudo argumentar que haya ningún incumplimiento legal», por lo que la petición de que este tema se aborde en la Comisión de Peticiones «debería ser archivada». «Esta petición sobre Garoña no tiene ningún sentido sin una decisión previa de reapertura de la central, cosa que de momento no ha ocurrido, y para lo que es competente el Gobierno español», ha añadido. «Se pretende usar a las instituciones europeas como una alerta preventiva, usando argumentos puramente ideológicos«, criticó Díaz de Mera, que recordó además que el déficit energético de España «es del 80%».

La Eurocámara insta al Gobierno a aclarar si la central nuclear de Garoña cumple los requisitos de seguridad para reabrir

Europa Press / EFE.- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta al Gobierno español para saber si la central nuclear de Garoña cumple «todos los criterios de seguridad nuclear» para poder reabrir después de que la Comisión Europea haya confirmado que no recibió «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista» para las mejoras exigidas en el caso de que se reabra y se prolongue su vida útil.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, tras discutir la petición del alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, para pedirle «al Gobierno español que no reabran la central de Garoña», «una central obsoleta», «parada desde diciembre de 2012» y cuyo ciclo vital finalizó «hace seis años», tras cumplir «sobradamente su cometido» y que se debía desmantelar «por mandato gubernamental».

El alcalde de Valle de Zamanzas ha defendido que la planta de Nuclenor, a su juicio conocida como «la central de las mil grietas«, «es una central peligrosa» que tiene que cerrarse «para siempre» a fin de «salvaguardar la seguridad de las personas» de la zona, tras recordar que “se han notificado 136 incidentes, arrastra desde hace 30 años fallos estructurales de diseño» en la vasija del reactor e «incumple» los parámetros «mínimos» de seguridad.

Además, ha dejado claro que su reapertura no se justifica porque no hay «ningún problema» de abastecimiento eléctrico en España y representa menos del 1% de la generación eléctrica. «No es necesario reconectarla a la red», ha defendido, al tiempo que ha instado al Gobierno «que deje de multar por usar la energía solar«. Por ello Asensio ha defendido la necesidad de revisar el modelo energético. A su juicio, el Gobierno debería apostar por energías renovables y limpias, en lugar de «improvisar» licencias que solo benefician a las grandes eléctricas.

El experto jurídico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Andrei Ionut Florea, ha dejado claro que la decisión para operar plantas nucleares compete a los Estados miembro dado que «la primera responsabilidad de la seguridad nuclear es de los operadores bajo la supervisión de las autoridades nacionales«. Eso sí, subrayó que si España tomara una decisión para reabrir «a largo plazo» la central de Garoña «todas las mejoras de seguridad necesarias tendrán que ser implementadas» en virtud de la normativa europea y ha dejado claro que «hasta la fecha la Comisión no ha recibido» un plan de inversiones para Garoña, que deberán notificarse, y “cumplir todos los criterios de seguridad nuclear que fija el Tratado Euratom”.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha alertado de que «la situación en Garoña es verdaderamente alarmante» porque se ha excedido su vida útil, recordando su forma y composición «similar» a un reactor de la central de Fukushima y ha reclamado que la Comisión de Peticiones envíe una carta a las autoridades españolas «pidiendo que informen sobre el estado de seguridad de la central» porque las medidas se deben tomar «antes» de que «lleguen los problemas». «La prórroga significa una chapuza del Gobierno», valoró, dejando claro que su cierre «no supone un problema para el abastecimiento energético» de España.

Reapertura de Garoña sentaría precedente

Su colega, Marina Albiol, aseguró que la reapertura de la central «no son rumores» dado el dictamen «favorable» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura de Garoña y alertó del «precedente» de avalar una central nuclear hasta los 60 años de vida y sin «una revisión integral cada 10 años» sino a los 14. «Estamos hablando de una revisión para el año 2031», indicó, denunciando que las centrales se han construido para 25 años, se ampliaron hasta los 40 y ahora se quiere extender hasta los 60 años. Por ello instó a la Comisión Europea a realizar «un estudio de todas las centrales nucleares de más de 40 años en toda Europa» para ver sus condiciones de seguridad.

El eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, ha apoyado el cierre «definitivo» de Garoña y ha rechazado que el Gobierno alargue su vida por criterios «puramente políticos» y «no de seguridad ciudadana y ecológica» como precedente para «dejar abiertas otras centrales al final de su vida útil». «España ya sobreproduce electricidad» y hay que apostar por las energías limpias, indicó. Además, el eurodiputado considera «bastante grave» que España no haya notificado los planes de inversión en la central ni el dictamen del CSN y ha apoyado el envío de la carta al Gobierno español para «tener toda la información en torno a Garoña» y que la Comisión estudie la seguridad de las centrales en Europa que han superado su vida útil.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, ha denunciado que con «este permiso» para reabrir «la tercera central nuclear más antigua de Europa» en su opinión «se está vulnerando la legislación europea» porque las medidas de seguridad exigidas «no se han instalado aún» y ha considerado «legítimo pedir que la Comisión Europea estudie esto y que actúe ante esta situación de atropello a la legislación» teniendo en cuenta el «riesgo alto» para la población «sólo por el 1% de la electricidad en España» que generaba la planta, al tiempo que ha incidido también en que España durante este año exporta electricidad.

El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, reclamó archivar la petición porque el peticionario «no presenta pruebas de ningún incumplimiento» de la legislación europea y ha explicado que en caso de el Gobierno decida reabrir la central «tendrá que comunicar mejoras de seguridad realizadas» pero «sólo si son de cierta entidad y sobrepasan ciertos umbrales«. Asimismo, ha rebatido que España sí tiene «déficit energético» para defender la central de Garoña. «Compramos el 80% de la energía que necesitamos», argumentó. La autorización de la renovación de la licencia solicitada por la propietaria, Nuclenor, está ahora en manos del Gobierno central.

La presidenta de la Comisión de Peticiones ha anunciado al término del debate que se mantendrá abierta la petición y se enviará una carta al Gobierno español para pedirle «información precisa» y «rápida» para «saber si todos los criterios de seguridad nuclear» que exige el Tratado Euratom se cumplen en el caso de Garoña teniendo en cuenta que la Comisión no ha recibido «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para volver a poner en servicio la planta de Garoña». «Tenemos que saber si esto es verdad o no», apunta la Comisión, que quiere conocer  los cambios que se han llevado a cabo en las instalaciones ante una hipotética reactivación de la producción, paralizada desde 2012.