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El Defensor del Pueblo vuelve a pedir a Industria información sobre el fracking

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo ha vuelto a solicitar al Ministerio de Industria, por segunda vez en lo que va de año, información sobre el fracking, según indicó la organización agraria UGAM-COAG, quien planteó una queja ante esta institución en relación con el permiso de investigación Luena, en el que se prevé el uso de la fractura hidráulica en los Valles Pasiegos (Cantabria), y considera «evidente» que el Ministerio de Industria «está incumpliendo» con su deber de colaboración con el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo ya manifestó previamente que se estaban tramitando permisos de investigación sin que estuviese probado que existan técnicas para minimizar los riesgos derivados del fracking. También ponía en duda que la aplicación de esta técnica supusiese un impacto positivo en la economía española. Por ello, el Defensor del Pueblo requirió en diciembre de 2014 a Industria que le remitiese información en la que acreditase «que existen soluciones técnicas para evitar impactos no deseados que deriven del fracking de manera que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al del empleo de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos».

En su petición, el Defensor también solicitaba al Ministerio la remisión de «estudios concluyentes acerca de la incidencia positiva y significativa» en el modelo energético nacional que tendría la explotación de los yacimientos de gas no convencional existentes en España mediante el empleo del fracking; y que valore y motive la autorización de su uso en relación con los riesgos ambientales y para la salud y seguridad de las personas.

Puesto que el Ministerio de Industria no remitía dicha información, el Defensor del Pueblo se lo volvió a requerir en el pasado marzo, esta vez con carácter de urgencia. Ahora, puesto que Industria continúa sin enviar la información, el Defensor del Pueblo ha emitido una nueva notificación. En este sentido, UGAM-COAG recuerda el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 que establece que «todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones».

Soria defiende su gestión ante la pobreza energética y el PSOE le acusa de preocuparse más por el fracking

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Europa Press / Servimedia.- El PSOE reclamó la «dimisión» o «cese» del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por «no hacer nada» por los dos millones de familias que sufren pobreza energética y por «legalizar por la puerta de atrás el fracking«, mientras que el ministro defendió su gestión argumentado que los precios de la energía bajan.

Así respondió a la pregunta del senador socialista Gregorio Ramón Medina, sobre la valoración del Gobierno ante la situación de pobreza energética en la que se encuentran «cientos de miles de familias» en España. En este sentido, Soria destacó que cuando concluyó mayo, 213.000 personas que antes no tenían para pagar la luz, el agua, la ropa o la alimentación, dejaron de estar en esa situación de pobreza energética al pasar a estar dadas de alta en la Seguridad Social. «Eso se debe única y exclusivamente a la política económica«, subrayó Soria, que destacó que entre 2008 y 2011 se destruían 2.200 empleos al día, mientras que en la actualidad se crean 6.500 empleos diarios.

Además, esgrimió que su Gobierno ha regulado por primera vez el autoconsumo con la nueva ley del sector eléctrico y con un real decreto que establece que si un ciudadano no quiere pagar la energía que consume a ningún operador, es libre para no pagar los costes del sistema eléctrico siempre que instale una placa en su casa y sólo consuma lo que genera. Por otra parte, el ministro defendió que los precios de la energía sufrieron un incremento del 82% entre 2004 y 2012 mientras que en los últimos años, desde 2013, están disminuyendo.

En cualquier caso, Medina insistió en que desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se ha hecho «poco o nada por los ciudadanos que sufren pobreza energética». «Usted es aquel que no quiso implantar el bono social para consumidores de gas natural, el que ha impedido el desarrollo de autoconsumo con una férrea regulación y la imposición del conocido como impuesto al sol, el responsable de que España sea el cuarto país con la luz más cara y el tercero con el gas más caro de Europa, el que se atribuye el mérito de la bajada de la luz y cuando sube, dice que son los fenómenos meteorológicos los causantes de la subida«, denunció.

Shale Gas España destaca que dos informes avalan que el fracking es seguro

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Europa Press.- La asociación Shale Gas España señala que dos informes realizados por «reputadas organizaciones científicas», la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA en sus siglas) y la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería (Acatech) de Alemania, confirman que la técnica de fracturación hidráulica «es segura y se puede desarrollar sin riesgos cuando se aplican las mejores prácticas en la industrias y bajo una regulación adecuada».

El director general de Shale Gas España, David Alameda, destacó que los informes reconfirman que «cuando las cosas se hacen bien, la fracturación hidráulica es tan segura como otras de las técnicas industriales que nos rodean». Según Acatech, de acuerdo con las evidencias científicas y técnicas existentes «no es justificable una prohibición de la técnica de fracturación hidráulica o fracking«.

Por su parte, el informe de la EPA destaca que las actividades de fracturación hidráulica «no se han traducido en la generación sistemática de impactos sobre los acuíferos». Además, señala que en aquellos casos «extremadamente raros» en los que se ha podido producir alguna contaminación ésta obedece a defectos en la construcción de los pozos o en el proceso de tratamiento de las aguas residuales, es decir, «mala praxis que no son inherentes a la técnica de la fracturación hidráulica».

El director general de Shale Gas España añadió a este respecto que «la técnica y la ciencia han hablado y se deben escuchar». «España cuenta con el conocimiento, la legislación y las buenas prácticas para explotar nuestros recursos de gas natural de esquisto de forma segura», subrayó. Según Shale Gas España, las conclusiones de EPA y Acatech siguen en la misma línea que la de otros organismos y universidades de primer orden, tanto en los Estados Unidos como en Europa.

Los expertos creen que España y Europa necesitan más datos científicos para regular el fracking

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Europa Press.- Diversos expertos consideran que España y Europa necesitan una norma que regule la fracturación hidráulica (fracking) basada en datos científicos objetivos y cuantificables. Es la conclusiones del Foro de Encuentro Miedo al fracking, ¿por qué? organizado por la Real Academia de Doctores de España, que señaló que estos datos científicos servirían para confirmar o desmentir ciertas afirmaciones y superar la controversia argumental que enfrenta a detractores y defensores del fracking.

Según Arturo Romero, de la sección de Ciencias Experimentales, Europa, que tiene una gran dependencia exterior del gas natural y es pionera en la reducción del CO2, está dividida respecto a la fracturación hidráulica. Como problemas derivados de esta práctica, apuntó que se consume una gran cantidad de agua que se retrae de otros usos, así como el hecho de que durante la operación se puede liberar gas metano que tiene mayor efecto invernado que el CO2 y que también se pueden contaminar acuíferos subterráneos.

A favor de la fractura hidráulica, José Luis Díaz Fernández, doctor ingeniero de minas, señaló que el agua inyectada en el fracking contiene solo un 0,1% de productos químicos. Por contra, Julio Barea, doctor en Ciencias Geológicas y portavoz de Greenpeace, aseguró que su organización da por seguros los impactos negativos de la fractura hidráulica y recordó que cada vez llegan más informes de Estados Unidos que los corroboran y hay más estados norteamericanos que plantean moratorias a su utilización.

El BOE publica la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos para introducir más competencia entre gasolineras e impulsar al fracking

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Redacción / Agencias.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la norma que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, que fue aprobada por el pleno del Senado la semana pasada tras recibir el visto bueno del Congreso y que busca introducir más competencia en el sector. La nueva ley, que entrará en vigor este sábado, establece la creación de un mercado secundario del gas para obtener precios «más competitivos y transparentes» y facilitar la entrada de nuevos comercializadores.

La norma limita la cuota de mercado de las petroleras en cada provincia al 30% en términos de ventas anuales y no de número de estaciones de servicio como hasta ahora. Los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30% no podrán incrementar el número de instalaciones. Tampoco podrán suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia de quién sea el titular de la instalación. No obstante, podrán renovarse a su expiración los contratos preexistentes aunque con ello se supere dicha cuota de mercado.

Esta limitación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016, tiene como objetivo evitar que los operadores mayoristas reorganicen su red deshaciéndose de instalaciones de su propiedad y adquiriendo otras de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado. Conforme a la nueva Ley, la Dirección General de Política Energética y Minas publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan el porcentaje establecido, que podrá ser revisado por el Ministerio a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen.

Impulso al desarrollo del fracking

Otra de las principales novedades es el impulso a la extracción de hidrocarburos no convencionales de gas y petróleo mediante la técnica del fracking; para ello el Gobierno crea incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle esta actividad. La norma crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, que establece un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra.

La Ley establece que las cantidades recaudadas tanto por el impuesto como por el canon deberán revertir con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen los pozos. Además, las empresas propietarias de las explotaciones deberán abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados en un perímetro en torno a los pozos, aunque esos terrenos se destinen a una actividad diferente a la extracción de gas o petróleo.

Asimismo, se posibilita que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones, fomentando la competencia, ya que actualmente sólo podían realizar las inspecciones los distribuidores. Además se elimina la autorización previa para las empresas comercializadoras de gas natural de países de fuera de la Unión Europea si ya cuentan con el permiso de algún país miembro y se modifica la periodicidad con que las gasolineras envían a Industria sus datos. De igual forma, se igualan las exigencias de existencias de seguridad, que aportan una mayor flexibilidad, para los nuevos operadores a las de los que ya operan en el mercado.

Una asamblea contra el fracking alerta a la UNESCO de posibles daños en las cuevas rupestres de Cantabria

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Europa Press.- La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria remitió al centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en París un documento en el que se alerta de los daños «irreparables» que puede causar los sondeos de fracking en las 10 cuevas cántabras declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Este colectivo envió a la UNESCO este documento ante el «inminente comienzo» en Cantabria de sondeos para determinar la ubicación de los pozos de extracción de gas mediante la fractura hidráulica y las «posibles repercusiones» que esto puede tener en el conjunto del patrimonio arqueológico cántabro. En ese escrito, la Asamblea insta a la UNESCO a poner en marcha todos los mecanismos que tenga a su alcance para defender este patrimonio, así como que sea interlocutor en el debate sobre el uso del fracking que se ha generado tanto en Cantabria como en el país.

En este sentido, los miembros de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, Josue Bilbao y Adrián Lavín, presentaron el documento, titulado Arte paleolítico rupestre y fracking en Cantabria. Evidencias sobre posibles daños en el Patrimonio de la Humanidad, en base a la información del Ministerio de Energía sobre los permisos concedidos en la región y diversos estudios sobre el fracking. En este escrito, explicaron que el texto denuncia las «repercusiones» de esta práctica de extracción de gas no convencional puede tener sobre el patrimonio de Cantabria porque «en ningún caso se han tenido en cuenta estos enclaves y su preservación ni a la hora de solicitar permisos ni a la hora de concederlos«.

Adrián Lavín recordó que en Cantabria hay seis permisos activos, tres de ellos en fase de solicitud: Los Basucos en Santillana del Mar, Gran Enara entre Burgos, Cantabria, Álava y Vizcaya y el Galileo en la zona oriental de Cantabria y por la cuenca del Asón hasta Burgos; y tres de ellos concedidos: el Luena en los Valles Pasiegos, el Bezana-Bigüenzo en la zona de Valderredible, y el Angosto I que toca parte de Soba. Así, detalló que, para determinar los riesgos, se han cruzado estos permisos con la ubicación de las 10 cuevas Patrimonio de la Humanidad en Cantabria.

«Si cruzamos en un mapa estos datos, se observa que el permiso solicitado de Los Basucos afecta a Altamira y El Pendo; que la cueva de Covalanas se encuentra dentro del área del permiso Galileo; y que el conjunto de cavidades de Monte Castillo y la cueva de Hornos de la Peña están en los límites del permiso ya concedido Luena», ha indicado Lavín. Por ello, ensalzó que la Asamblea alertó a la UNESCO que los riesgos para estas cuevas «se pueden convertir en daños irreparables» en las demostraciones artísticas de más de 20.000 años de antigüedad que acogen muchas de esas cavidades y que son el «legado de los primeros habitantes» en la Comunidad.

En concreto, el documento evidencia que estas cuevas deberán enfrentarse a dos factores de riesgo: la contaminación química que, según aseguró, el fracking causa en las aguas subterráneas hará «más vulnerables» a las cuevas y tendrá efectos «impredecibles» sobre sus pinturas. «Los contaminantes pasarían a formar parte del régimen hídrico de la cueva atacando la roca soporte de las pinturas y dañándolas de forma irreparable», denunció. En cuanto a la sismicidad inducida, señalan que «un terremoto puede causar diversos daños en la pintura rupestre como desprendimientos de la roca soporte de la pintura, aparecer grietas o fisuras o en el peor de los casos, la cueva podría colapsar y hundirse».

Shale Gas España pronostica grandes beneficios para las comunidades locales

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Europa Press / EFE.- La asociación Shale Gas España considera que la modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos aprobada en el Senado introduce importantes novedades que beneficiarán a los municipios en los que se realicen trabajos de exploración, investigación o producción de hidrocarburos no convencionales mediante técnicas como el fracking, cuestionadas socialmente.

En este sentido, el director general de Shale Gas España, David Alameda, indicó que la nueva ley «acerca los beneficios de la exploración y producción de hidrocarburos a las comunidades que conviven con estos proyectos«, y al mismo tiempo «es un reconocimiento a la contribución que esta actividad supone para el conjunto de la sociedad». Para la asociación de empresas productoras y exploradoras de estos recursos, la nueva norma «mejorala seguridad de los suministros energéticos, contribuye a lamejora de la competitividad de las empresasy crea riqueza mediante la generación de actividad económica, empleo y pago de impuestos«.

La norma crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, que establece un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, se fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra. La Ley establece que las cantidades recaudadas tanto por el impuesto como por el canon deberán revertir con «especial intensidad» en las Comunidades Autónomas y en los municipios donde se ubiquen los pozos.

Además, las empresas deberán abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados en un perímetro en torno a los pozos, aunque esos terrenos se destinen a una actividad diferente a la extracción de hidrocarburos. En el caso del gas natural no convencional ese 1% supondrá una cantidad de entre 2 y 4 millones de euros por emplazamiento, según los cálculos de Shale Gas España. Estas nuevas tasas e impuestos se unen a las cantidades que los ayuntamientos recaudan por sus impuestos municipales, que oscila entre los 300.000 y los 600.000 euros por sondeo.

Las empresas indican que a este importe se debe añadir la actividad económica directa que genera a nivel local la construcción de un pozo de exploración, que requiere una inversión de entre 10 y 20 millones de euros y crea entre 50 y 150 puestos de trabajo en sectores como la construcción, la maquinaria auxiliar, el transporte, el suministro de materiales, la construcción o la hostelería. «En la fase de producción estas cifras se multiplican exponencialmente«, de modo que esta actividad «puede contribuir a dinamizar las economías locales en municipios que carecen de un sector industrial o de servicios», añade.

Soria afirma que el fracking es una «cuestión de seguridad energética nacional»

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Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sostuvo en el Congreso de los Diputados que el desarrollo de las técnicas de facturación hidráulica para obtener gas, el fracking, es «una cuestión de seguridad energética nacional». Así se expresó Soria con motivo de una interpelación del diputado del grupo mixto Iker Urbina, quien denunció «el rechazo social a este tipo de método de extracción de la energía» y pidió que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de su regulación.

Soria indicó que el Plan de seguridad Nacional contempla que «la energía tiene que ser segura, equilibrada y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico» y que no se descarta ningún tipo de fuente. Por ello, según defendió, la regulación de esta técnica es potestad del Estado y no de las autonomías, lo que explica que el Tribunal Constitucional haya fallado siempre a favor del Ejecutivo en esta materia. Sobre la capacidad de las autonomías para no permitir extracciones, admitió que pueden hacerlo ya que deben dar la autorización, aunque advirtió que si lo hacen sin respetar la normativa estatal se verán expuestas a que los inversores las denuncien ante los Tribunales con una gran probabilidad de perder.

Por otro lado, afirmó que «la verdadera revolución en materia de energía es la que ha supuesto el fracking en Estados Unidos», lo que le permite atraer empresas europeas gracias a que su gas cuesta 3,5 dólares, mientras en el viejo continente se triplica este coste. En cuanto a las actuaciones del Gobierno en esta materia, Soria explicó que ha consistido en aumentar los requisitos medioambientales para poder llevar a cabo este tipo de actividades.

En este sentido, el ministro sostuvo que «no se conoce ningún tipo de actividad industrial que esté exenta al 100% de riesgo» por lo que «las instituciones deben legislar para minimizar la posibilidad y la probabilidad de que haya y se materialicen estos riesgos». Además, recordó que la modificación de la ley de hidrocarburos contempla compensaciones tanto para los propietarios de los terrenos como para las comunidades autónomas y los entes locales próximos al territorio.

Iker Urbina (Amaiur) propuso al ministro apostar por «otro modelo energético que respete los recursos naturales» y a las personas. «¿Otro modelo energético? ¿Qué modelo?», cuestionó el ministro para defender el mix de energías existentes en España: nuclear, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, biomasa, solar, carbón, gas. Además, sobre un mayor peso de las renovables, recordó que en 2014, del total de generación de la energía eléctrica, un 43% provenía de renovables.

En cualquier caso, Soria matizó que detrás de estas energías limpias debe haber otras «de respaldo». «El discurso de ‘todo renovables’ me parece muy bien, pero digamos cuál es la realidad del sistema energético, que si se produce todo con viento o sol tiene que tener una tecnología de respaldo y pagarla, se utilice o no y ese pago se envía a final de mes en el recibo de la luz a todos los españoles», aseveró. Finalmente, Urbina acusó al Gobierno de velar «por los intereses de ciertos lobbies económicos», un extremo que Soria negó, para afirmar que actúan » para reducir «los 100 millones de euros que diariamente los españoles emplean en importaciones energéticas».

El Senado aprueba de forma definitiva y sin cambios la Ley de Hidrocarburos

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EFE.- El pleno del Senado aprobó el proyecto de Ley de Hidrocarburos sin introducir ningún cambio respecto al texto salido del Congreso de los Diputados, con lo que la normativa se publicará en el BOE en estos términos sin necesidad de volver a la Cámara Baja. La ley se aprobó con 121 votos a favor, 39 en contra y cuatro abstenciones, sin ningún cambio tras rechazarse los cinco vetos, dos del Grupo Mixto, dos por la Entesa y uno por el PSOE, y las 256 enmiendas parciales presentadas.

La nueva Ley de Hidrocarburos establece la creación de un mercado secundario del gas y de varios impuestos para la exploración y explotación de hidrocarburos, que beneficiarán al territorio donde se ubican los yacimientos y a los dueños del terreno. Durante su trámite en el Congreso, se incorporaron varias enmiendas del PP para limitar la cuota de mercado de las petroleras en cada provincia al 30% en términos de ventas anuales y no de número de estaciones de servicio como hasta ahora. Además, modifica la periodicidad con que las gasolineras envían a Industria sus datos.

El senador del PP José Ignacio Palacios rechazó todos los vetos y enmiendas presentadas al entender que la normativa es «necesaria» y que es recomendable que «exploremos nuestro subsuelo, tanto en tierra como en el mar, para saber con qué recursos contamos«. Frente a esto, el senador socialista Jesús Alique tachó la regulación de «insuficiente y carente de enfoque integral», que apuesta por los hidrocarburos frente a las renovables y que «beneficia al oligopolio energético».

El senador de CiU Pere Maluquer compartió con el PP la necesidad de una normativa que «pone al día» la Ley de Hidrocarburos, pero criticó «el principio de recentralización» que subyace y la «poca voluntad para dialogar». Desde la Entesa, José Montilla (PSC) abogó por preservar el medio natural frente al fracking, mientras que Joan Saura (ICV) tachó la normativa de «climáticamente irresponsable», de «medioambientalmente inaceptable» y de «socialmente injusta».

El senador del grupo vasco Iñaki Anasagasti considera que se trata de una «ley relevante» aunque lamentó que el PP no haya aceptado sus enmiendas para mejorar las reformas fiscales y aprovechar las infraestructuras ya existentes en el País Vasco para la creación de un mercado secundario del gas. Por su parte, la senadora de ERC Ester Capella acusó al Gobierno central de legislar «con vendas en los ojos», sin tener en cuenta a los ciudadanos y con el fin de «perpetuar las energías fósiles cuando lo más lógico sería invertir en renovables», algo en lo que coincidió el senador Jesús Enrique Iglesias (IU), que también cargó contra el fracking.

El 58% de estadounidenses apoya que los municipios puedan optar a prohibir la técnica del fracking

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El estudio, que segrega los resultados por estados, también revela que el 53% de los ciudadanos de Texas apoya esta medida.

La UT difundió estos resultados en un momento en el que los legisladores estatales de Texas promulgan una ley que, precisamente, impediría a los municipios regular o prohibir el «fracking» en sus límites.

La ley es una respuesta al referendo celebrado en noviembre del año pasado en Denton, un municipio cercano a Dallas, y en el que sus ciudadanos optaron en un 58,62% por prohibir la práctica. Es por eso que la iniciativa legislativa se conoce como «Ley del ‘Fracking’ de Denton».

La prohibición del «fracking» Denton está impugnada en los tribunales, que aún no han fallado si la ciudad tiene competencias o no para prohibirlo. «La mayoría de estadounidenses cree que los municipios deberían tener el derecho a decidir si quieren prohibir el ‘fracking'», dijo en un comunicado la directora del estudio, Sheril Kirshenbaum.

El sondeo también revela que el 44% de los encuestados está familiarizado con el «fracking» y de este porcentaje, el 42% lo apoya y el 44% está en contra.

En Texas, uno de los estados que más utiliza esta técnica, el porcentaje de conocimiento sube hasta el 50%, mientras que los partidarios también representan el 50% y los detractores el 41%.

Estos resultados llegan una semana después de que un estudio del Servicio Geológico de EEUU y de la Universidad Metodista del Sur, con sede en Dallas, vinculara el «fracking» con cerca de 30 terremotos que sacudieron las inmediaciones de la ciudad de Azle, en Texas, entre 2013 y 2014 El estudio se realizó entre el 4 y el 17 de marzo a 2.078 personas y tiene un margen de error del 3%.

El auge de la «fracturación hidráulica» se encuentra detrás del «boom» energético en EEUU, cuya producción nacional se ha disparado en los últimos años gracias a esta técnica que permite el acceso a bolsas de petróleo y gas a las que anteriormente no era posible llegar.

Esta polémica técnica de extracción inyecta en el subsuelo una mezcla de agua y productos químicos a altas presiones para romper las rocas porosas que almacenan los combustibles y así liberarlos.