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El Gobierno aprueba la DIA del proyecto de investigación de hidrocarburos que conllevará pruebas sísmicas en Murcia

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto Leo, que prevé prospecciones sísmicas 2D en el marco del permiso para investigar hidrocarburos en Murcia. La DIA concluye que no se esperan efectos adversos «significativos» para el medio ambiente relacionados con practicar pruebas sísmicas en Murcia, una zona con actividad sísmica donde en 2011 tuvo lugar un terremoto de magnitud 5,1 en Lorca que provocó la muerte a 9 personas y dejó cuantiosos daños materiales.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria porque no se esperan efectos adversos significativos si se cumplen ciertas condiciones. Cerca del lugar donde se realizarán las pruebas sísmicas, a 500 metros, se sitúan la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla y la ZEPA Sierra de la Pila.

La DIA contempla medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos como la retirada de residuos que puedan quedar en el medio natural tras los trabajos, camiones vibradores y retirada de geófonos. También se contempla la restauración de los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de los vibrocamiones y por la presión de la placa vibradora que portan para generar las ondas sísmicas.

En cuanto a los acuíferos, no se prevén potenciales afecciones porque no se emite ninguna sustancia química y para paliar la posible afección de hábitats de interés se colocarán puntos de emisión de las ondas sísmicas y se pondrán geófonos en las zonas sin representaciones importantes de los hábitats o, en su caso, en las zonas más degradadas, y siempre se evitarán los hábitats prioritarios.

De cara a la avifauna, la Subdirección General del Medio Natural no prevé que puedan producirse impactos de «entidad importante» siempre que las actividades no se acometan en épocas críticas y señala que el promotor del proyecto se compromete a realizar los trabajos entre septiembre y enero, una época que no supondrá un «incremento apreciable de presión sobre la fauna«. El proyecto Leo abarca poco más de 30.000 hectáreas en Cieza, Calasparra y Jumilla, en Murcia y en Hellín (Albacete).

En esta zona se acometerá sísmica de reflexión 2D, que consiste en generar vibraciones en el subsuelo a intervalos regulares y a lo largo de una línea más o menos recta mediante el empleo de uno o dos camiones. Las ondas sísmicas generadas son captadas por geófonos que se entierran superficialmente y que trasmiten los datos a un registrador instalado en otro vehículo. Los vibrocamiones realizarán registros durante 2 o 3 semanas de entre 1 y 5 minutos de duración.

Por su parte, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto que, a su juicio, debería evaluarse de forma conjunta la suma de impacto de las actividades previstas en el Proyecto Leo junto a los proyectos Aries II, Escorpio y Acuario, en vez de manera fragmentada, ya que estos 4 proyectos están próximos a varios espacios de la Red Natura 2000.

La ONG advierte de que los sondeos exploratorios que se realizarían después de la campaña sísmica requieren perforaciones del terreno y denuncia que esto podría afectar a las aguas subterráneas y superficiales. Es más, añade que es de especial relevancia que el proyecto Leo se asienta sobre un acuífero, el sinclinal de Calasparra, conectado con el río Segura, de modo que alerta de que existe un riesgo de contaminación de las aguas de este cauce.

Asimismo, insiste en que la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking supondría «graves riesgos» para el medio ambiente, la salud y la economía de las poblaciones de la cuenca del Segura. Asimismo, recuerda el potencial riesgo sísmico que conlleva la técnica de la fracturación hidráulica «especialmente en un territorio donde la actividad símica es frecuente de por sí», con terremotos de magnitudes comprendidas entre 3,5 y 5,2. Por ello, pide la denegación «rotunda» del permiso del proyecto Leo así como del resto de proyectos de fracking en la comarca.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión que pesaba sobre algunos artículos de la ley del País Vasco contra el fracking

Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar que se mantenía desde el pasado 3 de mayo sobre algunos artículos de la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o más conocida como ley del fracking. La suspensión se aplicaba desde el momento en el que se admitió a trámite el recurso del Gobierno sobre este asunto, que aún está pendiente de resolverse por el tribunal de garantías.

Concretamente, según fuentes jurídicas, el tribunal de garantías da vigencia a los artículos 2 (sobre los hidratos de metano enterrados en el mar), 3, 5 y 6 (el inciso sobre la reposición de la situación alterada a su estado originario) y las disposiciones transitorias primera y segunda de la citada norma. La ley vasca del fracking se aprobó en junio del 2015 a partir de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

La Ley del País Vasco faculta a las instituciones vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El Tribunal Constitucional ya había anulado anteriormente las leyes de Cantabria, La Rioja y Cataluña. Estas tres normas autonómicas prohibían el uso de esta técnica y el Gobierno central las recurrió, al igual que hizo con la del País Vasco.

La ley del fracking del País Vasco fue aprobada en junio del año pasado por el Parlamento vasco sin el apoyo del PNV, formación que sustenta al Gobierno autonómico. De hecho, el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los jeltzales reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

A pesar de ello, cuando el Gobierno central decidió en abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el gabinete de Urkullu anunció que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias de Euskadi. El Gobierno argumentó que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental. Consideró además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídica al obstaculizar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma.

El PSOE celebra el levantamiento

Por su parte, el PSOE celebró la decisión del Constitucional de levantar la suspensión cautelar de la ley del fracking, que fue recurrida por el Gobierno central y que estará vigente en su totalidad hasta que se resuelva el fondo del asunto. La parlamentaria autonómica socialista Natalia Rojo celebró esta resolución porque «avala la seguridad jurídica» del texto.»Los vascos hemos ganado una nueva batalla utilizando el camino que la propia ley nos ofrecía, sin maximalismos, con los pies en la tierra y haciendo uso de hasta las últimas de nuestras competencias», defendió Rojo aludiendo a que prohibir el fracking de manera literal únicamente hubiera conducido a la «frustración» porque la norma habría sido anulada. 

El Gobierno del País Vasco renuncia al fracking en su estrategia energética 2016-2030 aunque el anuncio resulta insuficiente para Bildu

EFE.- EH Bildu, segunda fuerza política en el parlamento de Vitoria, acusó a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, de no decir «toda la verdad» al asegurar que se renuncia a utilizar el fracking ya que esa «amenaza» sigue «viva». Tapia anunció que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 recoge la renuncia del Gobierno del País Vasco a utilizar el fracking para extraer gas porque no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medio ambiente.

Esta estrategia contiene medidas dirigidas a mejorar la política de ahorro y eficiencia energética de Euskadi para caminar hacia el objetivo de «consumo cero de petróleo para usos energéticos» en 2050, con las energías renovables como principal fuente de suministro energético y con el gas natural como energía de transición. Tapia avanzó que para la extracción del gas natural, el Ejecutivo autonómico «renuncia» al uso de técnicas no convencionales, como el fracking. «Vamos a usar única y exclusivamente técnicas convencionales en exploraciones y posibles explotaciones de gas natural como hasta ahora», ha insistido la consejera.

Esta postura supone que el Gobierno autonómico no utilizará el permiso de exploración que afecta al territorio alavés y burgalés. Según subrayó, esta decisión no implica pérdida económica alguna para las arcas públicas vascas. En esta zona se continuará analizando la posibilidad de extraer gas, pero tal y como hizo hincapié, «trabajando única y exclusivamente con métodos convencionales». Tapia destacó que la estrategia presentada coloca al gas natural como energía de transición entre 2050 y 2100, año en el que para el Gobierno Vasco sería deseable que «desapareciese la dependencia energética de los combustibles fósiles».

Así, la consejera subrayó que las líneas de actuación claves para avanzar hacia un modelo energético más sostenible son la eficiencia energética y las energías renovables. Para lograrlo, la estrategia apunta medidas para las que serán precisas inversiones por valor del 4.930 millones de euros, 920 provenientes de fondos públicos. La apuesta por las renovables se traduce en que el Gobierno Vasco planea alcanzar en 2030 una cuota de esta fuente de energía en consumo final del 21% y que llegue al 40% en 2050.

Tapia ha subrayado que la administración pública debe dar ejemplo con la reducción del consumo energético en sus edificios en un 25% en 10 años, con la implantación de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables en el 25% de sus inmuebles, y con la incorporación de vehículos alternativos en su parque móvil. De cara al transporte por carretera, el Gobierno de Iñigo Urkullu se plantea alcanzar una cuota del 25% de energías alternativas. Con todo ello, Tapia ha considerado que Euskadi puede contribuir a frenar el cambio climático con la reducción de gases de efecto invernadero. Esto supondría la reducción de las emisiones con respecto al 2005 en al menos un 40% en 2030 y en un 80% a 2050.

Bildu critica al Gobierno vasco

Tras estas afirmaciones de la consejera, el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que Tapia «intenta confundir» a la opinión pública porque mientras los permisos de exploración de gas natural estén en vigor «la amenaza del fracking seguirá viva«.En opinión de Maeztu, si el Gobierno Vasco quiere tener credibilidad contra el fracking «debe renunciar a los permisos que posibilitan esta técnica».»Lo que tienen que hacer es cerrar Shesa, la empresa pública que crearon para promover el fracking y renunciar a los permisos de exploración que contemplan el uso de esa técnica», que siguen vigentes, insistió el parlamentario.

Greenpeace exige al PP un pacto energético que apueste por las energías renovables

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha reclamado al Partido Popular que cualquier pacto sobre política energética al que llegue con otras fuerzas políticas debe incluir el abandono de las energías sucias, incentivar las de origen renovable, el cierre progresivo de las centrales nucleares y prohibir los proyectos de fracturación hidráulica.

La ONG reacciona así al anuncio del PP, cuando ha dicho que diseñará una estrategia energética a medio y largo plazo a la que pretende que se sumen PSOE, Ciudadanos y PNV.

Además, reclama que en ese diseño se incluya en concreto el cierre de las centrales térmicas de carbón, junto con un plan de cierre justo para las cuencas mineras y la aprobación urgente del Plan Nacional Transitorio (PNT), de modo que se pueda asegurar el cumplimiento de las normativas europeas y el Acuerdo de París.

En este contexto, la responsable de la campaña Clima y Energía de Greenpeace, Tatiana Nuño, considera que estos son los «ejes imprescindibles» en los que deberá fijarse cualquier partido que «pretenda apoyar o diseñar un posible pacto de Estado» en materia energética deberá tener en cuenta lo que votó la mayoría en las recientes elecciones del 26 de junio.

Además, exige que cualquier pacto o estrategia energética se establezca teniendo en cuenta el cumplimiento del Acuerdo del Clima de París e insta al futuro Gobierno a su ratificación urgente.

En toco caso, Greenpeace ve «positivo» e «inevitable» que las renovables sean el principal eje en el que se basará el sistema eléctrico. Sin embargo, no ve «apropiado» ni «justo» que estas sean las únicas energías que se queden sin ayuda, cuando «todas» las fuentes sucias de energía aún perciben «subvenciones encubiertas» como los incentivos a la inversión, los pagos por disponibilidad o se les permite no hacerse cargo de todos sus costes sociales y ambientales.

«Decir que sólo operarán las térmicas de carbón que cumplan con los límites de emisión es una obviedad, pero es imprescindible asegurar que no se darán subvenciones ni bonificaciones a las empresas propietarias para ese cumplimiento. Además debe definirse el plan de cierre de todas las térmicas de carbón, como ya han hecho o acordado otros países como Austria, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Reino Unido o Finlandia», ha añadido Nuño.

Colectivos cántabros, vascos y burgaleses exigen al Gobierno vasco paralizar toda actividad relacionada con el fracking

Europa Press / EFE.- La Asamblea anti-fracking de Las Merindades y Norte de Burgos, formada por colectivos sociales cántabros, vascos y burgaleses, pidieron al Gobierno vasco la paralización de toda actividad de exploración y explotación de gas mediante la técnica del fracking por parte de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), dependiente del Ente Vasco de la Energía y que se encarga de la búsqueda del gas.

Miembros de la asamblea se concentraron en Bilbao, donde leyeron un comunicado en el que advirtieron a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, de las consecuencias que «para la salud y el medio ambiente de Castilla y León, Euskadi, Cantabria y otras regiones, así como para el suministro de agua potable al Valle de Mena, las Encartaciones y a todo el Gran Bilbao pueden tener las perforaciones proyectadas en la localidad burgalesa de Merindad de Montija». Los manifestantes portaban pancartas en las que se leían frases como Porque el agua y el aire no entiende de fronteras, fracking no, o Prohibición de fracking en Castilla y León.

«El pozo Angosto A, en la localidad de Loma de Montija, además de afectar seriamente y de forma negativa la forma de vida de esta zona, eminentemente agrícola, ganadera y turística, también pone en peligro el agua de ríos y acuíferos«, indicaron. En este sentido, incidieron en que esta actividad afectará a las dos vertientes de aguas de esta zona, el agua del Pantano de Ordunte y el río Cadagua. «También es necesario recordar que los permisos solicitados por SHESA en las áreas de explotación Enara 1 y 2 afectarán directamente al espacio Red Natura 2000 del río Zadorra y, además, al acuífero de calizas de Subijana, principal reserva de agua subterránea de Euskadi», auguraron.

Por otro lado, también aseguraron que existe otro peligro adicional como es la proximidad a estos permisos de la central nuclear de Garoña. «Las Merindades han sufrido movimientos sísmicos en más de una ocasión y se han registrado terremotos de intensidad nada despreciable y atribuidos al fracking en áreas en que con anterioridad a la aplicación de esta técnica se desconocían por completo», apuntaron. Por todo ello, exigieron al Gobierno vasco el cese total e inmediato de toda actividad relacionada con la exploración y explotación del fracking, sea dentro de Euskadi o en otros territorios.

Shale Gas España afirma que la aportación del fracking a la economía española equivaldría a unos 40.000 millones de euros

Europa Press.- La presidenta de Shale Gas España, María Jesús Gallego, estima que la aportación potencial del fracking a la economía española «equivaldría a unos 40.000 millones de euros», con lo que sumadas estas cifras al sector de los hidrocarburos convencionales sería equivalente al sector turístico. Gallego señaló que el impacto sobre el empleo en España, según las estimaciones conservadoras, «sería de 260.000 empleos, con un gran impacto en las comunidades locales».

Asimismo, destacó que el fracking podría ser «una gran fuente» de recursos también para las administraciones, «pues los ayuntamientos recibirían por cada pozo entre 300.000 y 600.000 euros en concepto de tasas e impuestos locales, más otros 125.000 euros en cánones por cada sondeo exploratorio». Además, Gallego destacó que España es el tercer país con la energía más cara para el consumidor doméstico, tan sólo por detrás de dos islas: Irlanda y Malta. Sin embargo, Estados Unidos logró bajar el precio del gas un 70% en 5 años y ser energéticamente autosuficientes, mientras que el precio en la Unión Europea es casi cuatro veces mayor que en los Estados Unidos.

Por su parte, José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo y profesor de la Universidad de Oviedo, afirmó que prohibir el fracking «es como prohibir la lamparoscopia». «Es prohibir una técnica como de hecho se ha hecho en Galicia, donde la técnica de fracturación no tiene ninguna aplicabilidad para la extracción de gas ni hidrocarburos, pero donde sí hay grandes posibilidades para la geotermia, una energía limpia, rentable y respetuosa con el medio ambiente, pero que también usa de la técnica de la fracturación, motivo por el cual dicha fuente de energía ha sido desechada», señaló la plataforma en un comunicado.

Shale Gas España asegura que el CSN ve compatible la explotación de fracking cerca de Garoña

EFE.- La plataforma española de exploración y desarrollo del gas pizarra, Shale Gas, ha asegurado hoy que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha considerado que los proyectos presentados en el norte de Burgos, en el lugar en el que se ubican, son compatibles con la actividad de la central nuclear de Garoña.

En un comunicado, el director general de Shale Gas España, David Alameda, ha asegurado que, desde 2013, con la nueva Ley de Impacto Ambiental, los proyectos de exploración de gas no convencional están supeditados a múltiples requerimientos técnicos, entre ellos un detallado Estudio de Impacto Ambiental que es analizado por técnicos cualificados de distintas instituciones y de las Administraciones, y también por asociaciones, sindicatos, partidos políticos, ONGs y ciudadanos.

David Alameda ha asegurado que entre los organismos que han sido consultados está el CSN, la instancia oficial que posee las competencias en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Tras las últimas críticas de Ecologistas en Acción, que apuntan al riesgo añadido de que el uso de la técnica de la fractura hidráulica -fracking- a pocos kilómetros de Garoña pueda provocar un riesgo de accidente nuclear, Alameda ha explicado que los organismos técnicos toman decisiones fundamentadas y basadas en hechos científicos, por lo que pide «responsabilidad para aportar claridad y no confusión» al debate sobre los proyectos de exploración.

David Alameda ha asegurado que hay consenso en la comunidad sobre el hecho de que los trabajos de exploración, incluyendo la técnica de fractura hidráulica, «son seguros si se desarrollan bajo la legislación adecuada y aplicando los estándares de la industria». En su opinión, en España se cumplen ambos requisitos, ya que las empresas que forman parte de Shale Gas España saben que «el éxito de los proyectos requiere hacer todo lo necesario para que éstos se desarrollen con total seguridad.» En todo caso, ha añadido que la «sismicidad inducida» por fractura hidráulica es menor que la producida por otras actividades tales como la minería o el llenado de embalses.

De hecho, considera que la sismicidad inducida provocada por el fracking entra normalmente en el rango de los microsismos, con menos de tres grados en la escala de Richter, lo que no es detectable por el ser humano, sólo por sismógrafos, y está un punto por debajo del nivel de riesgo que señalaba hace unos días el portavoz para temas nucleares de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

Además, el representante de la compañía ha asegurado que solo en tres ocasiones, de los dos millones de fracturas que se han realizado en el mundo, se han detectado microsismos, en todos los casos por debajo de esta magnitud

Los ayuntamientos del norte de Burgos se proponen retrasar los proyectos de ‘fracking’

Efe.-Los ayuntamientos del norte de Burgos, donde más avanzados están los proyectos para realizar sondeos para buscar gas mediante fractura hidráulica, intentarán retrasar estos proyectos con la esperanza de que un cambio de gobierno en noviembre suponga la prohibición del uso de esta técnica en España.

Las empresas ya han presentado los estudios de impacto ambiental para pedir la autorización de varios sondeos en el norte de Burgos mediante esta técnica de fractura hidráulica o fracking, que consiste en la inyección de agua y productos químicos a gran profundidad para fragmentar la roca de pizarra y liberar pequeñas bolsas de gas y petróleo, que de esta manera se puede extraer.

El vicealcalde de Villarcayo, José Casado, ha recordado que la práctica totalidad de ayuntamientos de la zona se han declarado libres de fracking, pero la ley no les permite prohibir el uso de esta técnica en sus territorios.Sin embargo, los ayuntamientos tienen competencias para la concesión de ciertas licencias y permisos, como las de obras, uso de suelo público e incluso paso de ciertos vehículos pesados. En declaraciones a la agencia Efe, Casado ha explicado que la intención de los ayuntamientos de la zona afectada es endurecer al máximo su normativa ambiental y retrasar o no conceder todos los permisos que puedan. De forma paralela, retomarán en septiembre las movilizaciones contra el uso de la fractura hidráulica en la zona.

De hecho, ya han pedido a la Subdelegación del Gobierno en Burgos el permiso para formar el 12 de septiembre una cadena humana que una las dos localidades más importantes del entorno donde se pretenden instalar los sondeos de fracking; Villarcayo y Medina de Pomar, separadas unos 7 kilómetros. Para Casado, los proyectos de fracking no son solo una molestia o un riesgo, sino una auténtica amenaza para la zona. Considera que el uso de esta técnica perjudicaría al turismo y los cultivos de huertas y frutales, que son las principales fuentes de riqueza del norte de Burgos, basada en el medio natural.

El vicealcalde de Villarcayo se queja de que las empresas dicen que quieren hablar con los habitantes de la zona pero no lo están haciendo. Cree que son empresas con estructuras muy complejas y difíciles de seguir, a las que no se podrá pedir responsabilidades si el uso del fracking provoca daños en la zona décadas después.

En este sentido, ha precisado que son empresas con escaso capital social y un accionariado complejo relacionado con capital procedente de Holanda, Estados Unidos o Canadá, por lo que «sería casi imposible saber a quien reclamar si aparecen daños ambientales en el futuro por el uso de esta técnica.Casado considera que la comarca de Las Merindades ya ha contribuido al interés general en el plano energético de forma más que suficiente al recordar la existencia en la zona de la central nuclear de Garoña y varias instalaciones de generación eólica y fotovoláica.

El pleno de la Diputación de Albacete declara a la provincia «libre de fracking»

Europa Press.- El pleno de la Diputación de Albacete declaró a la provincia albaceteña «libre de fracking» tras aprobar una moción presentada conjuntamente entre los grupos del PSOE, Ganemos-IU y Ciudadanos en contra de esta técnica de extracción. El vicepresidente de la Diputación, Agustín Moreno, explicó la «problemática» de estas prácticas, recordando que «en otros puntos de Europa se han declarado zonas libres de fracking«. Asimismo, ha recordado que el Gobierno regional «tiene la intención de conseguir la declaración institucional para que Castilla-La Mancha sea libre de fracking«.

El PSOE murciano pide la revisión de la autorización y de los permisos de investigación de varios proyectos de fracking

Europa Press.- El diputado regional del grupo parlamentario socialista, Jesús Navarro, presentó una moción en la Asamblea Regional de Murcia en la que pide la revisión de la autorización de los proyectos Aries I y II, Escorpio, Leo y Acuario, que prevén la técnica del fracking. Navarro pidió, asimismo, que se paralicen de forma cautelar los permisos de investigación de los mismos, así como de otros posibles proyectos de extracción de gas mediante esta «agresiva» técnica extractiva.

El diputado aludió que «han sido muchas las voces de científicos, profesores, grupos y asociaciones que alertan sobre los graves problemas que el uso del fracking como sistema extractivo puede plantear, sobre todo, en lo que respecta a contaminación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases efecto invernadero (metano), enrarecimiento del aire, las posibles afecciones a la salud, la alteración que puede producir en el paisaje y en el terreno, la corrupción de suelos y el probable riesgo sísmico producido por la fracturación subterránea de materiales geológicos».

Navarro agregó que junto a los ayuntamientos de Calasparra, Bullas, Mula, Totana, Alhama y Jumilla, que ya lo aprobaron con anterioridad, también Yecla y Cieza aprobaron por unanimidad de todos los grupos políticos su oposición a la utilización de esta técnica y a los proyectos de estudio y a los permisos de investigación ya aprobados. El último municipio de Murcia en sumarse ha sido Cehegín.