EFE.- La industria de las renovables volverá a repartirse otros 3.000 megavatios (MW) de potencia instalada con la convocatoria de una nueva subasta que anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las jornadas para abordar la Ley de Cambio Climático. El anuncio se produce después de que el pasado 17 de mayo se celebrara otra puja por 3.000 MW, en la que los adjudicatarios ofertaron descuentos máximos, con lo que no percibirán primas o ayudas a la inversión, tan sólo la retribución del mercado.
El presidente del Gobierno señaló queesta nueva subasta, que se celebrará antes del verano, tampoco tendrá «un coste añadido para el consumidor» y ha afirmado que los trámites para llevarla a cabo ya se han iniciado. De hecho, el Ministerio de Energía ya ha elaborado el borrador de real decreto, que se tramitará con carácter de urgencia, para la convocatoria de la subasta, en la que sólo se otorgará nueva capacidad para nuevas instalaciones de energía eólica y fotovoltaica.
Según explica el borrador, en la puja celebrada el pasado mayo, en la que se presentaron ofertas por el triple de los 3.000 MW que se han adjudicado, no lograron asignación proyectos eólicos y fotovoltaicos que suman un alto volumen de potencia y que podrían ponerse en funcionamiento, si consiguen incluirse en el marco retributivo de una subasta que les facilitaría la financiación. Por ello, el Ministerio ha decidido que esta vez la convocatoria sea sólo para esas dos tecnologías, y que se mantenga el procedimiento y las reglas de asignación utilizados en la subasta de hace una semana, que considera que fue «muy satisfactorio».
Sin embargo, las normas que los recogían fueron recurridas ante el Tribunal Supremo por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que afirma que el criterio para resolver empates en las ofertas, el mayor número de horas de funcionamiento de una instalación, les discriminaba frente a la eólica, que obtuvo en esa subasta 2.979 MW, frente al único con que se hizo la fotovoltaica y los 20 MW logrados por otras tecnologías.
El Gobierno, que después de la moratoria que aprobó a principios de 2013 a la concesión de ayudas a las renovables ha celebrado dos subastas, una de 700 MW y otras de 3.000 MW, pretende avanzar en el cumplimiento del objetivo europeo de que en 2020 el 20% del consumo de energía provenga de fuentes renovables. Sólo con la entrada en funcionamiento de los proyectos que se adjudicaron la semana pasada para instalaciones que tienen que estar en marcha antes de 2020 el Ministerio estima que la capacidad renovable de España se incrementará un 10%.
El anuncio de una nueva subasta renovable ha sido acogido de manera desigual por el sector, pues mientras desde la industria eólica se ve como una buena noticia, a las asociaciones fotovoltaicas les suscita dudas. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) cree que la nueva convocatoria es buena para todo el sector renovable, mientras que la UNEF, aunque también la considera positiva, cree que hay reformar su diseño con respecto a la anterior para que sea «verdaderamente competitiva» y sirva para abaratar los precios al consumidor.
En el caso de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, su presidente, Miguel Martínez-Aroca, ha expresado sus sospechas de que con ella se trate de beneficiar a alguna gran compañía, como Iberdrola, que no se adjudicó megavatios. Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energía Renovables (APPA), José María González Moya, ha pedido una planificación de convocatorias que acabe con la «improvisación», que haya cupos por tecnologías (solar, eólica y otras) y que se modifique el mecanismo de adjudicación, que perjudica a la fotovoltaica.
Un modelo bajo en carbono
Rajoy anunció que su equipo va a activar los mecanismos necesarios para llevar a cabo la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono, en el que se ha comprometido a que habrá una apuesta firme por las energías renovables. Rajoy ha subrayado que España «estará a la altura» del reto que presenta la lucha contra el cambio climático, y que para ello va impulsar «un cambio de modelo», destacando también que esta transición «es el futuro y España no puede quedarse atrás», ya que «la descarbonización de los sectores productivos abre todo un campo de posibilidades para estimular el empleo y la competitividad».
«Vamos a seguir apostando por las renovables de manera más eficiente, pero también por usar menos energía, por reforzar la transparencia y por mantener la estabilidad para evitar el déficit de tarifa del pasado», añadió. El Gobierno, subrayó, elaborará un plan a largo plazo para avanzar hacia la descarbonización, que tendrá objetivos renovables y de eficiencia, y en el que se tomarán «decisiones coherentes entre sí, adaptadas a los avances tecnológicos«. Decisiones que «contarán con la participación» de todos los actores implicados porque «la causa lo exige y lo merece».
Ha apuntado también que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética conllevará un «nuevo modelo productivo y de consumo», e implicará la protección de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático. El presidente ha concluido que la lucha contra el calentamiento es «una de las encrucijadas más importante en la historia», y que «hay que tomar medidas urgentes». «La lucha contra el cambio climático es una responsabilidad tan grande que nos va a dar la medida de cada sociedad. La respuesta está en nuestras manos», sentenció.
Por su parte, el comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, felicitó al Gobierno por haber puesto en marcha esta ley, que junto a los planes integrados de Clima y Energía y la estrategia de descarbonización a 2050, será «un instrumento fundamental» para el cambio de modelo en España. El comisario subrayó que el cumplimiento del Acuerdo de París requiere «una transición energética de gran magnitud, que implicará la sustitución de los combustibles fósiles por un desarrollo masivo de las energías renovables».
Datos como que la capacidad de generación renovable añadida a nivel global supera a la de cualquier otro tipo de energía desde 2015 o que 146 países cuenten ya con medidas de apoyo a las renovables indican que «estamos ante una transición irreversible», ha insistido. El comisario ha resaltado que la futura Ley de Cambio Climático «es política a largo plazo» y «requiere de un gran acuerdo». «Estamos ante políticas que exigen altura de miras y que no pueden estar sujetas a los avatares electorales», ha indicado, por lo que el proceso para acordarlas debe ser «transparente, abierto y participativo».
