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El PSOE en su laberinto negacionista renovable

La política renovable está causando estragos importantes en las formaciones políticas españolas. Por una parte, el PP está siendo hostigado  por parte de los afectados por la reducción de la retribución de las instalaciones renovables, operada en el marco de la reforma eléctrica. Su consecuencia principal está siendo que en las capas intermedias del denominado capitalismo popular de propietarios de huertos solares se ha desatado una formidable campaña contra los populares en varias regiones del país, afectando a parte de su electorado “natural”.

Por otra parte, la actual dirección del PSOE está azuzando el fuego con el tema renovable; en parte por la búsqueda de réditos electorales, en parte por el propio zarandeo y desmembración de sus posiciones en materia de energía que sufre internamente: ora antinuclear, ora renovables con retribución a todo trapo, ora procarbón. De hecho, recientemente Cristina Narbona afirmaba que el Gobierno de Zapatero se había equivocado en su segunda legislatura con el recorte de las primas a las renovables. Omitía, en esa misma intervención, cualquier referencia al descontrol y a los sistemas de incentivos que empujaron la burbuja renovable mientras ella ocupaba su puesto en el Consejo de Ministros.

Hace seis meses el propio Pedro Sánchez se conminaba, en esa especie de rueda de promesas electorales devastadoras en las que se enreda quién está en la oposición, a reimplantar las primas a las energías renovables, concretamente en un encuentro con productores fotovoltaicos en el feudo popular de la Región de Murcia, estableciendo así un puente emocional entre el pasado y el presente, incidiendo en el modelo de generación de burbujas, ilusión monetaria y fiebre del oro. Política de decir a cada uno lo que quiere escuchar en cada mitin.

En todo caso, con estos titulares se produce la entrada en el charco del PSOE, haciéndole el juego al PP respecto a sus críticas sobre la gestión de las renovables llevada a cabo por los socialistas, de despilfarro y burbuja renovable. Todo ello agravado por la inanidad de la propuesta realizada porque en el fondo todo el mundo sabe que ya nada será igual en el desarrollo renovable español futuro.

Quizá, bajo un atisbo de responsabilidad, lo que se tenga que plantear quien aspira a formar Gobierno no es tanto la reinstauración de un sistema retributivo endiablado, generador de burbujas, sino cómo acometer los reveses judiciales que se van a derivar de los cambios regulatorios realizados en la retribución de las mismas, operadas por cierto con altas dosis de riesgo regulatorio, inseguridad jurídica y poco diálogo con los agentes económicos de todos los sectores concernidos.

Por eso no es de extrañar cuando Felipe González se remueve actualmente desde sus posiciones de retaguardia del partido, cuando advierte del negacionismo socialista del pasado en su ejercicio de acción de Gobierno así como del adanismo de la actual dirección del partido y su desconexión con una visión de Gobierno, de Estado y de país. Algo que en energía empieza a ser altamente inquietante.

Ennera construye una planta fotovoltaica en Jordania

EFE.- La empresa guipuzcoana Ennera, filial del Grupo CAF, construyó una planta fotovoltaica de 3 MW para el Gobierno de Jordania, que fue inaugurada en la localidad de Azraq. La planta, adjudicada por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, tiene un ciclo de vida de 25 años y una garantía de tres años.

La planta se compone de un total de 10.186 paneles de 295 W, según informó Ennera, que asegura que las grandes dimensiones de esta planta «marcan un punto de inflexión para las energías renovables en Jordania, ya que se estima que genere una energía de 5.447 MWh anuales«. Ennera se hizo cargo de todo el proceso: desde los trámites previos hasta la ingeniería, construcción, entrega y garantía de la instalación.

Las obras comenzaron en noviembre de 2014, mientras que en marzo se inició el periodo de pruebas, tras lo que Ennera entregó la planta a las autoridades jornadas. El proyecto fue financiado a través de fondos para la internacionalización de la empresa, gestionados por la Secretaría de Estado de Comercio, con el respaldo de los Gobiernos de Jordania y España.

Ennera, filial de energías renovables del Grupo CAF, se fundó en 2007 y se dedica al desarrollo de proyectos de energías renovables, como plantas fotovoltaicas, torres de telecomunicaciones, mini redes y alumbrado público con tecnología LED y aerogeneradores de pequeña potencia. Ha realizado diversos proyectos en España y también en el extranjero, en países como Jordania, El Salvador y Japón.

Enel Green Power construye una nueva planta fotovoltaica en Chile

EFE / Servimedia.- La empresa de energías renovables Enel Green Power comunicó que inició la construcción de su nueva planta solar fotovoltaica en Chile, un proyecto que costará unos 180 millones de dólares, aproximadamente unos 161 millones de euros, y que será financiado con recursos propios de la compañía.

La planta, denominada Carrera Pinto, tendrá una capacidad total instalada de 97 megavatios (MW), una vez se encuentre en pleno funcionamiento. Además, Enel Green Power informó de que esta instalación será capaz de generar más de 260 Gigavatios/hora (GWh) al año, una cantidad que equivale al consumo anual de electricidad de, aproximadamente, 122.000 hogares chilenos. De esta manera, según Enel, se evitará la emisión a la atmósfera de más de 127.000 toneladas de CO2 anualmente.

La planta solar se encuentra situada en la región de Atacama y es propiedad de Parque Solar Carrera Pinto S.A., sociedad filial de Enel Green Power Chile Ltda. Según la empresa, la instalación estará completada y comenzará a ser operativa en el segundo semestre de 2016. En Chile la sociedad opera actualmente los parques eólicos, de Talinay Oriente, Valle de los Vientos, Taltal y Talinay Poniente, con una capacidad total instalada conjunta de 340 MW, así como las plantas solares fotovoltaicas de Diego de Almagro (36 MW), Lalackama (60 MW) y Chañares (40 MW). Enel Green Power también opera las centrales hidroeléctricas de Pullinque y Pilmaiquén, con una capacidad total instalada conjunta de 92 MW.

Los fabricantes europeos de paneles solares denuncian de nuevo a China ante Bruselas por dumping

«Hasta un 30% de las importaciones solares chinas escapan a las medidas a la importación de la UE mediante una elusión fraudulenta. La industria europea ya ha quedado devastada por las prácticas ilegales chinas y la UE y los Gobiernos europeos han perdido ingresos fiscales sustanciales en tiempos de gran necesidad», ha dicho Milan Nitzschke, presidente de EU ProSun y portavoz de la empresa alemana SolarWorld, la que ha presentado la denuncia.

La industria europea sostiene que China envía sus paneles solares a Taiwan y Malasia para que se exporten desde estos dos países a la UE con el fin de evitar las tarifas comunitarias. Por ello reclama a Bruselas que imponga también recargos arancelarios antidumping a las importaciones solares de Taiwan y Malasia.

En 2013, la UE y China acordaron un precio de importación mínimo para los paneles solares con el fin de evitar una guerra comercial. A las compañías que respetan los precios mínimos, no se les aplican los aranceles antidumping.

Sin embargo, los fabricantes europeos sostienen que este precio a menudo sólo se observa en papel, porque los pagos se devuelven y el precio neto queda por debajo del umbral. De hecho, la propia Comisión ha indicado que excluirá a tres de los mayores fabricantes chinos de este sistema por no respetar los precios mínimos.

Los fabricantes europeos reclaman a Bruselas que refuerce la eficacia de las medidas contra el dumping chino, tal y como ha hecho EEUU, y que las prorrogue más allá de finales de 2015, plazo en el que está previsto que expiren.

El Tribunal Supremo avala la obligación de que las renovables financien también el déficit de tarifa

Concretamente, el Supremo rechaza los recursos presentados por más de 40 productores fotovoltaicos en contra de esta obligación e impone el pago de las costas judiciales a los recurrentes hasta un máximo de 4.000 euros, tras rechazar los siete argumentos utilizados por los abogados de estas empresas. Los productores renovables habían recurrido la orden de peajes de acceso de electricidad de 2014 con el argumento de que la financiación del eventual déficit tarifario debería corresponder a las eléctricas integradas, como ocurría antes de esta normativa, y no a todos los agentes del sistema, como ahora.

Sin embargo, el Supremo no comparte esta pretensión ya que no existe discriminación porque la obligación de financiar el déficit no se distribuye a partes iguales entre los agentes del sistema, sino «de modo proporcionado» a su tamaño. El Tribunal rechaza igualmente el resto de argumentos presentados por las empresas y no encuentra «razones que nos induzcan a plantear ni la cuestión de inconstitucionalidad» sobre la Ley del Sector Eléctrico «ni las cuestiones prejudiciales sugeridas».

La Ley del Sector Eléctrico

Esta Ley, de 2013, indica que los desajustes del sistema eléctrico a partir de 2014 no podrían superar el 2% de los ingresos estimados, al tiempo que la deuda acumulada por los nuevos déficit no podría rebasar el 5% de estos ingresos. Si se superan estos umbrales, se subirían los peajes de forma automática. Los déficit que se produzcan y sean inferiores a estos porcentajes deben ser financiados por todos los agentes del sector eléctrico «de forma proporcional a los derechos de cobro por la actividad que realizan», aspecto que rechazan desde las empresas fotovoltaicas.

Los productores argumentan que el nuevo esquema de reparto de costes contradice «la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a los sujetos que deben ser obligados a la financiación de los desequilibrios temporales y del déficit de tarifa». También consideran que se vulnera el principio constitucional de no discriminación «en cuanto se aplica el mismo trato a sujetos con situaciones y características diferentes» y en cuanto «el coeficiente de cobertura no se aplica a todos los costes del sistema eléctrico«. Esta discriminación se produce además, conforme a sus argumentos, «en cuanto a la capacidad de solvencia» de las distintas empresas y conforme al Derecho comunitario. Los tipo de interés a los que se financia el déficit también son discriminatorios, aseguran.

El Supremo tampoco aprecia la existencia de una «discriminación por indiferenciación», consistente en la aplicación de «una regulación unitaria que no hubiera introducido distingos ante situaciones diferenciadas». El Tribunal rechaza otros fundamentos de la denuncia por su «muy escaso desarrollo argumental», entre ellos el que indica que la norma «beneficia a las empresas sujetas con anterioridad a la Ley del Sector Eléctrico a la financiación del déficit», esto es, a las eléctricas integradas en Unesa.