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Ecologistas en Acción pide impuestos más altos para los vehículos diésel que, pese a producir más emisiones, reciben rebajas fiscales

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Europa Press.– Ecologistas en Acción ha reclamado un cambio en la fiscalidad que eleve los impuestos de hidrocarburos, de matriculación y de circulación a los vehículos diésel, causantes de la mayor parte de las emisiones contaminantes debidas al tráfico, que suponen el 60% del parque automovilístico español.

El informe Mejor sin diésel de esta organización denuncia que, a pesar de que los diésel son la «principal fuente de contaminación atmosférica» en las ciudades, aún «gozan» de beneficios fiscales que superan los 2.500 euros en toda su vida útil. La ONG afirma que los vehículos diésel reciben una rebaja fiscal del 23% en el impuesto de hidrocarburos, lo que influye en que en España un 60% de los más de 22 millones de vehículos que circulan sean diésel.

Esta ventaja ha contribuido en gran medida a que durante años los diésel supusieran el 70% de las ventas. Ecologistas en Acción lamenta que a pesar del «descrédito» de estos vehículos tras el escándalo de las emisiones, conocido como Diéselgate; de los anuncios de prohibición de circulación de vehículos más contaminantes en las ciudades; o de la clasificación de la OMS de los humos del diésel como cancerígenos, «todavía en 2017 las ventas de diésel rondaron el 50%» en España.

Por ello, la ONG aboga por cambiar la fiscalidad de los vehículos diésel, revisando los impuestos que pagan. En este sentido, lamentan que el impuesto de circulación grava «sobre la base de criterios obsoletos» y con una «enorme disparidad» entre distintos municipios. El estudio compara la situación de España con la de otros países de la Unión Europea y destaca como los países «menos dieselizados» como Holanda o Finlandia tienen una penalización fiscal en los impuestos de matriculación y de circulación para los vehículos diésel.

En concreto, Ecologistas en Acción propone igualar el impuesto de hidrocarburos de la gasolina y el gasoil; actualizar los límites de CO2 en el impuesto de matriculación, de los que actualmente depende el gravamen, además de una penalización a los vehículos diésel. En tercer lugar, plantea una reformulación del impuesto de circulación con criterios ambientales, con la misma base que el de matriculación (los tipos dependientes de las emisiones de CO2 y una penalización para los diésel). En esa línea, proponen invertir la recaudación extra en infraestructuras de transporte sostenible.

El Congreso insta al Gobierno a incluir a las bicicletas eléctricas en el Plan MOVEA para impulsar la movilidad sostenible

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Europa Press.- La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso aprobó, pese a los votos en contra del PP, una proposición no de ley del PSOE para mejorar la fiscalidad de la bicicleta, tanto convencional como eléctrica. Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno a incluir en el Plan MOVEA 2018 a la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería como uno más de los vehículos eléctricos que podrán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adquisición.

Además, pide evaluar la aplicación del tipo reducido del IVA del 10% a las compras de bicicletas convencionales y eléctricas solicitando, en su caso, a las instituciones europeas correspondientes la modificación de la Directiva Europea relativa al sistema común del IVA, para añadir dicho supuesto en la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que pueden estar sujetas a los tipos reducidos del IVA. Igualmente, apunta a la necesidad de analizar la posibilidad de considerar como renta en especie exenta las ayudas que las empresas destinen para la adquisición y/o utilización de bicicletas por parte de sus empleados.

Un 5,4% de la recaudación fiscal de España en 2016 provino de impuestos medioambientales, por debajo de la media europea

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Europa Press.- España recaudó un 5,4% por impuestos medioambientales en 2016, por encima de Alemania (4,6%) y Francia (4,7%), pero por debajo del 6,1% que registra la media de los 28 países de la Unión Europea, según un análisis del IEE a partir de datos de Eurostat.

Entre los impuestos medioambientales destacan los impuestos sobre la energía, que suponen casi un 77% del total, mientras que los impuestos sobre el transporte aportan algo menos del 20% y los que gravan la contaminación y la utilización de recursos alcanzan en torno al 3,4%. En 2016 los impuestos medioambientales alcanzaron una recaudación media del 6,1% sobre el total de ingresos fiscales en la Unión Europea. No obstante, la Unión Europea pretende potenciar la recaudación de los impuestos medioambientales con el fin de lograr una utilización eficiente de los recursos.

De hecho, en 2016 la recaudación de los impuestos medioambientales superó en algunos países el 10% del total de ingresos fiscales. Letonia ocupa el primer lugar, con un 11,6%, y Eslovenia, el segundo, con un 10,5%. Bulgaria, Croacia, Grecia y Rumania se situaron en el entorno del 9%, en tanto que Chipre, Estonia, Países Bajos, Dinamarca, Malta e Italia superaron el 8%, De su lado, Polonia (7,9%) e Irlanda (7,7%) se quedaron levemente por debajo.

En Finlandia, Portugal, Hungría y el Reino Unido los impuestos medioambientales aportan un 7% de la recaudación, y por debajo del promedio comunitario se sitúan un total de 8 países: Eslovaquia (5,6%), Austria (5,5%), España (5,4%), Suecia (5%), Bélgica y Francia (4,7%), Alemania (4,6%) y Luxemburgo (4,4%). De esta forma, la recaudación por impuestos medioambientales en España se sitúa por debajo de la media europea, pero supera a 5 países.

PP y Unidos Podemos acuerdan condicionar la bajada de impuestos al autoconsumo energético a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico

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Europa Press.- El Congreso, con votos a favor de PP, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH Bildu, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, abstención de PSOE, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias y el voto en contra de Ciudadanos, ha confirmado un cambio en la Ley del Sector Eléctrico introducido en el Senado recientemente para condicionar por ley la reducción excepcional de peajes a determinadas formas de autoconsumo a que el sistema energético sea económica y financieramente sostenible.

Esta condición se incluyó en la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas a su paso por el Senado y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La citada enmienda modifica el apartado dedicado a autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y venía a permitir la posibilidad de reducir los peajes, la carga impositiva que deben hacer frente los autoconsumidores, en sectores intensivos en el consumo energético o de actividad estacional.

Una redacción final más restrictiva

Sin embargo, si en la redacción original esta posibilidad se hacía con el fin de «garantizar la viabilidad económica» de esta producción de energía, la modificación introducida en el Senado, y respaldada por el Congreso ahora, condiciona esta bajada de impuestos a la sostenibilidad económica y financiera. Esto es, «siempre que la modificación propuesta sea consistente con la seguridad y sostenibilidad económica y financiera recogida en la Ley del Sector Eléctrico, así como en la normativa comunitaria de aplicación». Además, la enmienda concreta que esta reducción podrá hacerse «de forma excepcional» y para «determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad«.

La OCDE pide elevar la fiscalidad sobre la energía para combatir el cambio climático

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Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a los gobiernos elevar los impuestos sobre la energía para combatir los efectos del cambio climático, en vista de los lentos progresos registrados en esta materia. En un informe que analiza a 42 países que representan aproximadamente el 80% del consumo de energía global, la organización considera que es necesario endurecer la fiscalidad verde sobre la energía ya que está generalmente dominada por los impuestos indirectos y «sigue estando muy por debajo de su potencial».

En este sentido, el secretario general de la institución, Ángel Gurría, señaló que comparar la evolución de estos impuestos entre 2012 y 2015 arroja «un resultado desconcertante» ya que se han realizado o se están realizando «esfuerzos para aplicar el principio de quien contamina paga, pero los avances hacia el uso efectivo de los impuestos para reducir las emisiones nocivas son lentos». «Los gobiernos deberían hacer más y mejor», añadió.

Fiscalidad insuficiente y cambio climático

Así, en 2015, excluido el transporte por carretera, la OCDE afirma que el 81% de las emisiones no estaban gravadas. Mientras que en aquellos casos en que sí existían tasas impositivas, se encontraban por debajo de la estimaciones de los costes climáticos (30 euros por tonelada de CO2) para el 97% de las emisiones. A este respecto, el informe destaca que el carbón, que se caracteriza por sus altos niveles de emisiones y que representa casi la mitad de las emisiones de carbono en el consumo de energía en los 42 países, está gravado con las tasas más bajas o está totalmente exento de impuestos en casi todos los países.

De esta manera, la organización lamenta que, a pesar del «intenso debate», las tasas reales de impuestos sobre el carbono siguen siendo bajas ya que, aunque la cobertura con algún tipo de tasa aumentó del 1% al 6% en 2015, apenas un 0,3% de las emisiones de CO2 estaban gravadas con un nivel de impuestos que reflejara los costes climáticos.

Además, la OCDE apunta que los aumentos significativos de la fiscalidad verde se limitan en gran medida al sector transporte. Así, valora que en algunos países, como Francia, se están eliminando las tasas impositivas más bajas para el diésel en comparación con la gasolina, aunque considera que estos impuestos siguen «muy por debajo» de los niveles necesarios para cubrir los costes externos no relacionados con el clima en casi todos los países. Para Gurría, «el daño al clima y la calidad del aire por la combustión de combustibles fósiles puede contenerse, pero cuanto más tarde se demore, más difícil y costoso será afrontar este desafío».

España remite a Bruselas las medidas adicionales de Madrid para mejorar la calidad del aire

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Europa Press.- El Gobierno contestó a la Comisión Europea para remitir la documentación sobre las medidas que han puesto en marcha las administraciones competentes para mejorar la calidad del aire, según indicaron fuentes ministeriales, que precisaron que la Comisión Europea ya disponía de esta documentación que ahora se ha completado con las nuevas medidas que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid y con el compromiso de las administraciones competentes para agilizar todas las medidas puestas en marcha.

Respecto a las medidas propias del Gobierno, la Administración General del Estado, en función de sus competencias, ha indicado que remitirá el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), que se aprobó el 15 de diciembre de 2017 y que es la continuación del Plan Aire I, de 2013. El Plan Aire II cuenta con un presupuesto de 276 millones de euros e incluye 52 medidas agrupadas en ocho áreas (información, fiscalidad ambiental, movilidad, investigación, agricultura y ganadería, sector residencial, sector industrial y transporte). La Comisión Europea espera medidas encaminadas combatir la contaminación atmosférica que eviten una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El sector del transporte público pide al Gobierno nuevas medidas en movilidad para mejorar la calidad del aire en España

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Europa Press.- Mientras la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegura que su departamento está «supliendo las carencias y dejadez» de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona en sus competencias en materia de calidad del aire, desde la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) reclaman al Gobierno que impulse nuevas medidas que fomenten la movilidad pública para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en España.

Para ATUC el problema tiene que ver con la «falta de una apuesta decidida por el transporte público» por parte del Gobierno, al que critica por limitarse a «medidas estrella» como el Plan Aire II, que se dirige principalmente a renovar el parque de vehículos y a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Asimismo, García Tejerina ha limitado el problema a Madrid y Barcelona.

ATUC lamenta que no se dé la importancia que se debería al transporte público a la hora de reducir los niveles de contaminación y que en el Plan Aire II, que estará vigente hasta que entre en funcionamiento el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica no promueve el uso del transporte colectivo. «No hay actuaciones específicas para el fomento del uso de autobuses, metros y trenes de cercanías, que además de descongestionar el tráfico en las grandes ciudades y evitar los atascos sirve como filtro para limpiar el aire urbano», critica la asociación.

En este contexto recuerda que una de las principales causas de la contaminación atmosférica está en el tráfico rodado, que es responsable del 50% de las emisiones contaminantes de las ciudades y, de estas, más del 90% corresponden al tránsito de coches y motos. De este modo, ATUC propone a las administraciones que inviertan claramente por el transporte público y les insta a que la Ley de Cambio climático y Transición Energética incluya un apartado específico para el transporte público.

«Dejadez» de Madrid y Barcelona

«El control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos. Aún así, el Gobierno está aportando soluciones para reducir la contaminación de suelo, agua y aire todo lo posible, supliendo la carencia y dejadez de otras administraciones responsables», aseguró Tejerina durante su intervención en el Pleno del Congreso, tras ser preguntada por la contaminación en Madrid y Barcelona por la portavoz de En Comú en la Cámara Baja, Lucía Martín.

La diputada de la formación catalana ha cuestionado a la ministra por sus declaraciones sobre los problemas «puntuales» de contaminación en España, que Tejerina ha centrado en Madrid y Barcelona, asegurando que sus gobernantes «se están poniendo de perfil» en este tema. Para Martín, Tejerina no quiere «poner en valor las medidas que, desde hace dos años ambos consistorios han puesto en marcha», como son las restricciones de circulación, aparcamiento y velocidad puestas en marcha en Madrid. En este sentido, la diputada ha recordado las críticas que estas iniciativas recibieron por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que las calificó de «exageradas».

Para Martín, «España es hoy líder en infracciones medioambientales de toda la Unión Europea» por la «nefasta gestión» de Tejerina. «Sólo saben ser líderes en aquello que avergüenza a la ciudadanía», ha declarado, para después pedirle que, como le han sugerido en la Unión Europea, el Gobierno también haga algo en esta materia en cuestiones en las que sí tiene competencias, como en «revertir el recorte en inversión de transporte público» o en la «fiscalidad de los vehículos más contaminantes«.

A estas acusaciones, la ministra ha contestado que «la calidad del aire es de máxima preocupación» para su departamento, porque es un problema medioambiental y también de salud pública. Sin embargo, ha insistido en que «los responsables» en esta materia, es decir, los gobiernos municipales, son quienes deben «asumir y responder» sobre este problema. «Su partido no se ha enterado de que las competencias sobre el control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos», insistió. Aún así, recordó que el Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire, que ha invertido más de 2.000 millones en eficiencia energética en viviendas, entre otras medidas.

Madrid y Barcelona exigen lealtad al Estado frente a la contaminación y piden eliminar las ventajas fiscales al diesel

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Europa Press.- Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han exigido «lealtad» al Estado y que emplee sus competencias para unirse en la lucha contra la contaminación con la revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diesel, o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad «alcanzando como mínimo los niveles de 2010».

La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la concejala responsable en Barcelona de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, han presentado más de una decena de exigencias dirigidas al Gobierno central. Sabanés y Sanz han coincido en que la contaminación es un «problema de Estado», razón por la que ambas ediles han exigido «el máximo nivel de lealtad y que cada cual cumpla con su obligación».

Las exigencias planteadas al Gobierno central incluyen la modificación del impuesto de matriculación para priorizar los menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO; la obligatoriedad de la identificación mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante, así como su perfeccionamiento con las etiquetas para motocicletas, ciclomotores no eléctricos y vehículos industriales hibridados de bajas emisiones; o el desarrollo de programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en NO2 y PM y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.

Las dos ciudades plantean la aplicación de descuentos en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal; la priorización de inversiones vinculadas a las infraestructuras ferroviarias; la habilitación de BUS VAO; y modificar la Ley de tráfico para incluir como infracción grave o muy grave el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales.

También proponen modificar el Reglamento de Circulación para prever medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales; la revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación y promover medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como el control de calderas, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.

Revisar la fiscalidad del diesel

Inés Sabanés, por su parte, ha defendido que los planes municipales de lucha contra la contaminación, como el Plan A, «requieren la coordinación con el resto de administraciones porque hay cuestiones que las ciudades no pueden resolver» como, por ejemplo, la afección en los aeropuertos, los carriles Bus VAO o medidas relacionadas con la fiscalidad de los coches diésel, asunto que ha calificado de nuclear.

Janet Sanz puso el foco en que la contaminación es «un problema de Estado» y de salud pública que genera 24.000 muertes al año en España según un estudio ambiental de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, ha elaborado un estudio que cuantifica las muertes prematuras en 600/700 al año, unidas al incremento de ingresos hospitalarios. «La inacción no es alternativa porque está en juego la salud de la gente», esgrime.

La edil ha cargado con el «sin sentido» de que haya incentivos fiscales para la compra de vehículos diésel por parte del Estado cuando las ciudades limitan el acceso de este tipo de coches en determinados episodios contaminantes. Además, Madrid y Barcelona han defendido el transporte público exigiendo que el Gobierno central no sólo no siga recortando en esto sino que aumente su contribución, como hacen los ayuntamientos. La concejala de Barcelona también se ha referido al coste que le supone al municipio la recarga de vehículos eléctricos, unos 4.000 euros al año el kw/h.

Polémica de Madrid con Tejerina

Por otro lado, Sabanés ha defendido la coordinación de su cartera con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en materia de contaminación y ha asegurado que las nuevas medidas de su plan, que restringen el uso del coche privado en Madrid, estaban «más que anunciadas«. Así, Sabanés respondió a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, que admitió que le «chocó» que el Ayuntamiento de Madrid no les informara de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante la Unión Europea.

La edil de Ahora Madrid ha defendido que desde el Consistorio de la capital han hecho «todos los esfuerzos de coordinación con el Gobierno y la Comunidad». Asimismo, Sabanés señaló que la reunión con la Comisión Europea trataba fundamentalmente de medidas «que va a tomar y que debe tomar» el Gobierno de España, y no de planes anticontaminación municipales, que asegura que ya han sido presentados a la Unión Europea.

Galán (Iberdrola) pide que se haga una política energética «de verdad» y no «política con la energía»

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido hacer una política energética «de verdad» y «no hacer política con la energía«. A este respecto, insistió en que en los años que lleva en el sector ha visto pasar a distintos políticos que han cometido «los mismos errores», que al final «los pagan los consumidores y los accionistas».

El directivo, que defendió así la necesidad de impulsar la descarbonización de la economía mundial para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, señaló respecto a la transición energética que los cambios profundos no son un problema «sino una oportunidad». Así, afirmó que la descarbonización y la rentabilidad son totalmente compatibles y puso como ejemplo a la misma Iberdrola que, después de haber invertido 100.000 millones de dólares (unos 81.623 millones de euros) en renovables, redes y tecnología hidroeléctrica de bombeo, ha multiplicado por 5 su base de activos y triplicado sus resultados y dividendos. «Hemos pasado de ocupar el puesto 20 por capitalización bursátil entre las utilities a situarnos entre las cuatro primeras del mundo», añadió.

Además, Galán explicó que para dar respuesta a una demanda creciente con un modelo energético descarbonizado es imprescindible desarrollar más generación renovable, mayor capacidad de almacenamiento, más redes inteligentes y más vehículos eléctricos. A este respecto, aseguró que la tecnología necesaria ya está disponible y que sus costes se están reduciendo rápidamente. En este sentido, indicó que la inversión requerida por el sector eléctrico durante los próximos 25 años asciende a 19 billones de dólares (unos 15,5 billones de euros).

Galán, que hizo hincapié en que sean todos los actores los que se impliquen en la lucha contra el cambio climático, también consideró necesario para avanzar hacia un modelo económico descarbonizado que se implementen marcos legales estables y predecibles, que deben ir acompañados de una reforma de la fiscalidad ambiental bajo el principio de quien contamina, paga, así como de la eliminación de los costes no energéticos incluidos en la tarifa eléctrica. En este sentido, señaló que no todos los países que suscribieron el Acuerdo de París están desarrollando políticas para cumplir los compromisos asumidos.

En Asturias preocupa la descarbonización

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha reiterado que su comunidad autónoma tendrá «un problema» si finalmente se cierran sus centrales térmicas de carbón «antes de tiempo«. En este sentido, ha subrayado que España va «a cumplir el objetivo de 2020» en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 se refiere y ha garantizado que también lo hará en 2030 si no se va «más allá en las exigencias» que ya se «autoimponen» los países de la Unión Europea.

El barón socialista ha aseverado que le parece «bien» todo avance en energías renovables y que «nadie es enemigo de combatir el cambio climático», pero ha advertido de que si actualmente no existiesen las centrales de carbón el precio lo marcaría exclusivamente el gas y, por lo tanto, la electricidad resultaría «mucho más cara». En este sentido, ha puesto en duda que España pudiese garantizar «un precio razonable» de la electricidad y esgrimió que el encarecimiento de la electricidad será «un problema general para el conjunto de la industria española».

El Tribunal de Cuentas analizará durante este año la gestión del cuestionado canon hidroeléctrico en los ejercicios 2015 y 2016

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Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó, dentro de su programa de fiscalización para 2018, un informe sobre la gestión del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, conocido como canon hidroeléctrico, durante los ejercicios 2015 y 2016.

De esta forma, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda analizará la gestión de esta tasa, aprobada en 2012 y lanzada en 2013 por el Gobierno de Rajoy tras la reforma energética con el fin de aplacar el déficit de tarifa. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando el Gobierno publicó el desarrollo del canon, gravando con un 22% la producción en instalaciones hidroeléctricas.

Contemplado como un impuesto medioambiental, el Gobierno justificó que «la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección» y que, para reforzar las políticas de protección, se hacía necesaria «la obtención de recursos que deben ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su utilización privativa o aprovechamiento especial al posibilitar la producción eléctrica en centrales hidroeléctricas«.

La legalidad de este canon fue cuestionada el pasado junio por el Tribunal Supremo, que elevó tres cuestiones a la Justicia Europea antes de resolver los recursos de Unesa y Acciona contra el mismo, poniendo en duda si respondía a razones medioambientales, su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación en la Directiva europea sobre el mercado eléctrico, y si no constituía una ayuda de Estado a terceros competidores.

El Supremo denunció que únicamente el 2% de la recaudación del canon repercute en cada Confederación Hidrográfica, frente al 98% que se ingresa en el Tesoro Público, por lo que lo considera «un ingreso más del sistema eléctrico, al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público». Posteriormente, el Gobierno elevó la tasa del 22% hasta el 25,5%, dentro de las medidas impulsadas para paliar los efectos de la sequía en algunas cuencas hidrográficas. El proyecto de ley, tramitado en el Congreso, fue aprobado en noviembre.